POLITICA
El kirchnerismo arremetió contra el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno y Bullrich salió al cruce

La discusión por la reforma laboral de Javier Milei se coló este martes en el Senado durante la audiencia pública en la que siete postulantes defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos. El foco estuvo puesto en Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que solicitó una prórroga de cinco años para continuar en el cargo una vez que cumpla los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para los magistrados.
Pesino quedó en el centro de los cuestionamientos del Partido Justicialista (PJ) por dos decisiones que lo enfrentaron con el mundo sindical: el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía aspectos centrales de la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro y terminó con una encendida defensa de Patricia Bullrich, que anticipó el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) a su continuidad.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
La semana pasada, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue recibido por el bloque de senadores del PJ. El dirigente rechaza el fallo de Pesino que declaró nulas tanto la elección nacional del gremio como la de la seccional Campana y estuvo presente durante la audiencia.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
Pesino también rechazó cualquier tipo de injerencia externa en las causas más sensibles que tramitó la Sala VIII. Ante preguntas sobre presiones, llamados o beneficios indebidos vinculados con la causa de la CGT contra la reforma laboral, respondió de manera tajante: “No”.
El momento más tenso llegó cuando Recalde mencionó que en los pasillos de Tribunales circulaba el apodo “Bonnie and Clyde” para referirse a Pesino y a la camarista María Dora González, con quien firmó el fallo que favoreció la entrada en vigencia de la reforma laboral. La referencia provocó la inmediata reacción de Bullrich.
La jefa del bloque libertario acusó a la oposición de basarse en rumores y versiones sin sustento para desacreditar al magistrado y reivindicó especialmente su actuación en la causa de la reforma laboral. “Tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan”, afirmó. Y fue más allá: anunció que LLA votará a favor de la continuidad de Pesino por otros cinco años.
La defensa de Bullrich no impidió, sin embargo, un gesto de acercamiento hacia el sector sindical que cuestiona al magistrado. Al finalizar la exposición de Pesino, la senadora se acercó a conversar con Furlán, de la UOM.
Durante el intercambio, Furlán le explicó los detalles del expediente judicial que derivó en la intervención del gremio y en la anulación de las elecciones que lo habían ratificado al frente de la organización. Según reconstruyó , Bullrich se comprometió a revisar el caso, le facilitó un contacto telefónico y la conversación concluyó en términos cordiales.
Reforma laboral y demoras en expedientes
Buena parte de la audiencia también giró en torno al fallo que modificó los efectos de la cautelar obtenida por la CGT contra la reforma laboral. Pesino defendió la decisión y sostuvo que la Cámara no resolvió el fondo del asunto sino una cuestión procesal. “Ningún juez de la Nación tiene aptitud para impedir la entrada en vigencia de una ley de alcance general”, argumentó al invocar jurisprudencia de la Corte Suprema.
Consultado por las demoras de la Sala VIII, atribuyó el problema a la acumulación de vacantes y al volumen de causas que ingresan al fuero. “Estamos recibiendo aproximadamente 600 expedientes mensuales y es materialmente imposible resolver esa misma cantidad para evitar que siga creciendo el stock de causas”, explicó.
Además de Pesino, defienden sus pliegos otros cinco candidatos para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).
La nominación de Pisacco se miró con lupa. Es la esposa del periodista de TN Adrián Ventura. El antecedente del pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, que Javier Milei objetó, generó incógnitas. No obstante, las preguntas que se le formularon se centraron en cuestiones jurídicas.
La nómina se completa con Leopoldo Rago Gallo, que también solicitó una renovación por cinco años al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.
@BJusticialistaS,pic.twitter.com/Ex3UYTUpvW,May 27, 2026,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Senado. Con la reforma electoral en terapia intensiva, Bullrich trata de ordenar la agenda oficialista,,Derrota en el Senado. La ira presidencial y los desplantes de Patricia Bullrich,,Tensión oficialista. El pliego de Michelli desató las peores sospechas y dejó a la conducción de Bullrich a su hora más crítica
POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
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Nuevos crujidos con Bullrich por la reforma electoral y las teorías sobre los dardos de un gobernador cercano

Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.
Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.
“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.
Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.
En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.
Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.
En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.
“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.
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