La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo. Mientras los organizadores esperan una convocatoria masiva, el Gobierno confirmó a TN que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad.

La movilización tendrá su acto central -con la lectura de un documento con críticas a Milei- a las 17 y se replicará en distintas ciudades del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y todavía sin ejecución efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la convocatoria oficial.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que desplegarán el operativo en los principales accesos y arterias del microcentro porteño. El objetivo oficial será mantener liberada la circulación vehicular durante el desarrollo de la protesta.

La Universidad de Buenos Aires confirmó a este medio que concentrará desde las 14 en Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, para marchar hacia Plaza de Mayo. La CGT convocó a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, llamaron a movilizarse desde las 15.30 en Diagonal Sur y Perú, y el Frente Renovador, en avenida de Mayo y 9 de Julio.

Una protesta que vuelve a cruzar al Gobierno con las universidades

La nueva movilización llega después de meses de conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario. La disputa atravesó el Congreso, derivó en fallos judiciales adversos para el Gobierno y terminó escalando hasta la Corte Suprema.

La ley de financiamiento universitario fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada semanas después por Javier Milei y ratificada por el Congreso el 2 de octubre. El Gobierno suspendió luego su aplicación mediante el Decreto 759/2025 con el argumento de que la norma afectaba el equilibrio fiscal, pese a que la propia ley habilitaba adecuaciones presupuestarias.

El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la norma y el Ejecutivo decidió apelar. En febrero de este año, además, envió al Congreso un proyecto para modificarla.

“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo a TN Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario sufrió un ajuste de 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025 y la caída llegó al 41,6% si se toma el presupuesto vigente de 2026 respecto de 2023. El mismo informe señala que los salarios docentes y no docentes perdieron 34,2% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta abril de este año.

Gremios y oposición confirmaron su participación

La marcha volverá a mostrar una convocatoria amplia alrededor del reclamo universitario. La CGT, las dos CTA, ATE, Conadu, Conadu Histórica, UOM, Aceiteros, Satsaid y gremios aeronáuticos, entre otros sectores sindicales, confirmaron su presencia. “El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos.

Además de las distintas corrientes peronistas, la UCR y la izquierda también se sumarán. El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas es tal vez el más transversal respecto de las representaciones políticas.

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La oposición en Diputados intensificó sus reclamos para que el Gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei en agosto de 2025. En paralelo, legisladores, agrupaciones estudiantiles y sectores sindicales acompañarán las movilizaciones universitarias previstas en todo el país.

Desde el radicalismo crítico, que integra la bancada Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano cuestionó la postura oficialista. “Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha ni quiere escuchar. Es muy difícil conversar las reglas del juego con los libertarios cuando fingen demencia institucional”, sostuvo.

Reclamos por el presupuesto universitario

Sectores vinculados con Franja Morada y con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), liderados por Luis Cerini, advirtieron sobre el impacto del ajuste en las universidades nacionales. Según expresaron, “la falta de presupuesto universitario no es una restricción administrativa, es un ‘ajuste deliberado’ que está asfixiando nuestra educación pública”.

En el mismo pronunciamiento señalaron que “la universidad está en emergencia” y enumeraron las consecuencias de la falta de financiamiento: salarios deteriorados, ausencia de becas suficientes, problemas de infraestructura, falta de insumos en hospitales escuela y dificultades para sostener los servicios estudiantiles.

La ley aprobada por el Congreso

La norma ratificada por el Congreso garantiza el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y contempla mecanismos para asegurar las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes.

El texto establece que el Poder Ejecutivo debe definir partidas presupuestarias destinadas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”, orientadas a fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología y formación de personal universitario.

Sin embargo, la Casa Rosada rechazó esa legislación y presentó en febrero de este año una nueva propuesta en la Cámara de Diputados. El proyecto, firmado por Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, todavía no fue tratado en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

La propuesta del Gobierno

La iniciativa oficialista busca compatibilizar el financiamiento universitario con las previsiones del Presupuesto 2026. El proyecto garantiza el acceso gratuito a la educación superior mediante el aumento de fondos para becas estratégicas y programas de estudio destinados especialmente a los sectores más vulnerables.

Además, contempla mecanismos de recomposición presupuestaria cuando la inflación supere las previsiones utilizadas para elaborar el Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

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El texto también incluye partidas para hospitales universitarios y prevé actualizaciones salariales para docentes y no docentes. No obstante, el oficialismo aún no consiguió respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas. Desde el Ministerio de Capital Humano reconocen que “este proyecto no logró querer ni los radicales, ni algunos integrantes de Provincias Unidas”.

La defensa oficial

En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política presupuestaria del Ejecutivo. “El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos”, afirmó.

También rechazó las denuncias de desfinanciamiento de los hospitales universitarios realizadas por la Universidad de Buenos Aires. “El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026. La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país”, planteó.

El reclamo de Unión por la Patria

Desde Unión por la Patria, la diputada Blanca Osuna aseguró que las universidades “están al borde del colapso” por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el congelamiento de las becas Progresar.

La legisladora, integrante de la Comisión de Educación, mantuvo reuniones en las últimas semanas con rectores, docentes y estudiantes universitarios. Según advirtió, los hospitales universitarios “están funcionando al 50% por falta de financiamiento”, pese a las declaraciones oficiales.

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“Lo más importante es escuchar a los estudiantes, rectores, docentes y sindicatos”, señaló Osuna al justificar los encuentros impulsados desde la oposición.

Un nuevo debate en Diputados

Tras la movilización de este martes, en la oposición estiman que podría reabrirse el debate parlamentario sobre el financiamiento universitario en las comisiones de Diputados. Mientras tanto, continúa la expectativa por el pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre la validez de la ley sancionada en 2025.

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El Gobierno convocó para este martes a otra reunión de mesa política de La Libertad Avanza, en un escenario atravesado por la situación judicial de Manuel Adorni y la necesidad de retomar la iniciativa política. El encuentro se realizará a las 16 en Casa Rosada.

Participarán Karina Milei, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. También estará Patricia Bullrich. Será la primera vez que se vea con Adorni después de haberle pedido que presente su declaración jurada de bienes para aclarar su situación judicial.

El oficialismo busca concentrarse en la agenda parlamentaria y acelerar una serie de proyectos que considera prioritarios para correr el eje de Adorni. El oficialismo espera que el Congreso empiece a debatir el proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

Además, en Diputados, LLA intentará avanzar este martes con el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que quedó trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.

Si consigue destrabar ese debate, el oficialismo planea llevar al recinto la próxima semana otros proyectos, entre ellos la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.

La agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni. Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.

La reunión en Casa Rosada estará atravesada por la causa Adorni. Este lunes, el juez federal Ariel Lijo solicitó información sobre contratos entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti —esposa de Adorni— y empresas contratistas del Estado. La medida forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano para determinar si existieron irregularidades en adjudicaciones vinculadas con la compañía de coaching.

En paralelo, continúa abierta la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Días atrás, Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa para avanzar sobre movimientos patrimoniales vinculados con la compra y remodelación de una propiedad en Exaltación de la Cruz.

Pese al avance de las investigaciones, Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó el Presidente en una entrevista televisiva, donde sostuvo además que Adorni tiene “todo en regla”.

Las negociaciones abiertas en el Senado

En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.

Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni.

Javier Milei, Manuel Adorni, La Libertad Avanza