El próximo miércoles, el presidente Javier Milei emprenderá el sexto viaje a España desde que asumió en el cargo. Un encuentro con empresarios “interesados en invertir en la Argentina” y una charla en una universidad privada son, hasta el momento, las actividades confirmadas. Al igual que en todas sus visitas anteriores, no se espera contacto alguno con el gobierno del socialista Pedro Sánchez, con quien Milei ha tenido no pocos roces y divergencias en los dos años y medio que lleva su mandato.

En medio de un cerrado hermetismo, desde el Gobierno confirmaron a este diario que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañará al Presidente en el vuelo a Madrid. Se les sumará en la capital española el canciller Pablo Quirno, proveniente de Panamá y Nueva York. Junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Quirno es uno de los pocos nombres que circula como eventual reemplazo de Adorni, aunque el Presidente y su hermana mantienen la decisión de sostener al ministro coordinador, y cerca del canciller descartan la idea.

En principio, de la confección del listado de invitados a la reunión con empresarios se encarga el embajador Wenceslao Bunge, promovido a ese cargo durante la gestión del entonces canciller Gerardo Werthein, y de buen vínculo con su sucesor Quirno. El actual intercambio comercial entre ambos países es moderado y superavitario para la Argentina, unos U$S 1400 millones de exportaciones contra U$S 1000 millones de compras a España.

El viernes 26, a las 10 de la mañana y ante un auditorio a priori afín, Milei dará una clase de economía en el Centro de Estudios Europeos (CEU) San Pablo. Allí trabaja el académico Javier Morillas Gómez, el mismo que organiza cursos del colegio del Escorial. El CEU le otorgará además a Milei una medalla de honor, según contaron fuentes oficiales. Al día siguiente, el Presidente estará de regreso en Buenos Aires.

Académico de orientación liberal, Morillas es consejero del tribunal de cuentas de España, y escribió un libro donde reclama la titularidad española de la región del Sahara, que abarca la mayor parte del Norte de Africa, libro que Milei tiene en su biblioteca. Morillas es a la vez muy cercano a Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y expresidente de Pro en ese municipio, hoy agregado para inversiones de la embajada, y autodefinido como menemista, mileísta y anarcocapitalista.

Desde el Gobierno afirmaron que la charla se acordó con el rectorado de la entidad, y negaron cualquier participación de Nimo, quien sostiene una relación áspera con el embajador Bunge, y denunció en abril que el embajador le había quitado el despacho en la sede diplomática desde el cual “trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina, la que se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia de los admiradores de [del presidente] Javier Milei”. Autodefinido discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, Nimo estará en Buenos Aires el lunes junto a inversores españoles y para presentar su libro, Asistencia Social de la Libertad.

La última visita de Milei a España se dio a mediados de marzo, cuando fue el orador de cierre en el ultraderechista Madrid Economic Forum, y participó de un encuentro con el diputado Santiago Abascal, líder de Vox. En una entrevista con un medio español, afirmó por entonces que no le sorprendería que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, haya intentado boicotear su viaje.

Ni en ese ni en sus anteriores visitas, Milei tomó contacto con autoridades españolas. De hecho, desde la embajada de España en Buenos Aires prefirieron no hacer comentarios sobre la visita. Unos y otros recuerdan las declaraciones de Milei en un foro de Vox, en mayo de 2024, cuando aludió a “la mujer corrupta” en relación a la primera dama Begonia Sánchez, y presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias que se le investigaban por entonces. La frase originó un conflicto diplomático entre ambos países, ya que desde el gobierno español llamaron a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez (que no regresó a Buenos Aires) y le exigieron al primer mandatario que pida disculpas.

Los ánimos se calmaron un tiempo después, y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde, que asumió su cargo en noviembre de ese año. Enfrentados en su posicionamiento geopolítico –Milei incondicional junto a Donald Trump e Israel, Sánchez defensor de la causa palestina- Milei y Sánchez bajaron el tono de sus críticas, mientras el vínculo se mantiene. “Las relaciones son buenas. Ha habido visitas de presidentes de comunidades autónomas como la presidenta de la Comunidad de Madrid (la opositora Isabel Díaz Ayuso) que no han ayudado a una mejor relación. En cualquier caso, nosotros seguimos tendiendo la mano institucionalmente como procede entre gobiernos de países”, dijo hace menos de un mes a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, a su paso por Buenos Aires.

La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.

Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.

Acceso a la información pública

El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.

“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.

En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.

El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.

También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.

Más facultades para la SIDE

A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.

Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.

La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.

La ley de lobby

La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.

El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.

Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.

El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso

En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.

La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.

El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.

Menos participación en la selección de jueces

El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.

Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.

La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.

Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.

El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.