Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.

Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.

La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.

Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.

El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.

En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.

¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.

Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.

La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.

El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.

En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.

Luis Caputo,Gobernadores

La causa por el Vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia de Covid 19, inició hoy la ronda de declaraciones indagatorias de 34 acusados por haber sido inoculados fuera de los criterios de prioridad vigentes. La médica Lucía Antolini fue la primera imputada en presentarse en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

La imputada llegó a media mañana a Comodoro Py 2002 para declarar y, según fuentes del caso, rechazó las acusaciones.

La ronda de citaciones fue dispuesta por la magistrada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entre los convocados figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; y el ex canciller Jorge Taiana.

Los beneficiarios de las dosis

Taiano solicitó las indagatorias al considerar que los beneficiarios de las dosis no tuvieron un rol pasivo. Según su dictamen, quienes accedieron a las vacunas contribuyeron de manera sustancial a la presunta maniobra, por lo que fueron imputados como partícipes necesarios del delito de peculado de bienes.

La figura penal apunta al desvío de recursos públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su custodia. Para la fiscalía, los acusados aceptaron la vacuna Sputnik V pese a que conocían que no pertenecían a los grupos prioritarios definidos en un período de disponibilidad limitada.

La investigación analiza la asignación de vacunas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, cuando el país atravesaba la primera etapa de la campaña de inmunización contra el coronavirus.

El caso se conoció en febrero de 2021, cuando trascendió que varias personas habían accedido a dosis mediante un circuito ajeno a los criterios establecidos para la campaña pública. La pesquisa identificó aplicaciones en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.

La repercusión política derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien también estuvo imputado en el expediente, pero murió en 2024 y su acción penal quedó extinguida.

La investigación inicial se concentró en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación irregular de las dosis. En ese tramo fueron procesados Marcelo Guille, ex secretario privado de González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, ex director ejecutivo del Hospital Posadas.

Duhalde, Verbitsky, Taiana y Valdés integran la lista de citados

Capuchetti citó al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa, Hilda González de Duhalde, y a Juliana y María Eva Duhalde. El matrimonio deberá concurrir el 4 de diciembre y sus hijas el 9 de ese mes. Cerrarán la ronda de indagatorias.

Entre los dirigentes convocados están Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La lista incluye, además, a la esposa de Carlos Zannini, Patricia Alsua, y al ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, Filomena Burgos.

También fueron llamados los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo y el productor cinematográfico Jorge Devoto.

Entre los empresarios citados figuran Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille.

El expediente comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2021 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar si González García favoreció a un grupo de personas con vacunas contra el Covid-19 que debían destinarse a los sectores priorizados.

Marijuan planteó que la maniobra podía constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público y remarcó que la asignación irregular pudo haber impedido el acceso a personas con mayor riesgo sanitario.

La convocatoria de Antolini abre ahora el cronograma de indagatorias, que alcanzará también a otros beneficiarios vinculados con vacunas asignadas al Hospital Posadas por presuntas afinidades personales, comerciales o compromisos con autoridades de la cartera sanitaria.

En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.

El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.

Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.

La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.

En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:

1. Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes
2. Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios
3. Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública

“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.

Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.

Consultado por Infobae, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.

Asimismo, puntualizó que ya hubo aproximaciones para que se hiciera en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la Administración de Parques Nacionales (APN), o en el PAMI. Ya se implementaron esquemas similares en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”, agregó.

Cabe hacer la distinción. Al menos por lo que se comunicó por vías oficiales -pero de manera informal-, la medida no sería para los organismos descentralizados pero sí para los organismos desconcentrados. Estas últimas son dependencias públicas que pertenecen a la administración central, pero que no tienen personalidad jurídica propia, un aspecto determinante que los diferencia de los primeros.

El programa de retiros voluntarios del INTA ofreció el pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. El INTA contaba a principios de año con 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la dotación a un promedio de 4.500 empleados, lo que implicaba una meta de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una baja de alrededor del 21% de la planta. El plazo debió extenderse porque las adhesiones no avanzaban al ritmo esperado y, finalmente, el programa cerró con 905 agentes adheridos, el 75,4% de la meta prevista y el 15,7% de la dotación total. De ese total, 377 ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.

Los números del recorte estatal

La revisión de estructuras, los retiros voluntarios y la reorganización del gabinete modificaron el mapa laboral del sector público. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional, una contracción mensual de 0,5%.

La dotación estatal total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, al descender de 233.098 a 181.880 personas, equivalente a una merma de 22%.

Las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores. Ese bloque perdió 23.114 puestos, un 21% de su planta inicial.

La administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró el recorte proporcional más alto dentro de la administración nacional. Su dotación cayó de 55.858 a 37.543 personas, con 18.315 empleados menos y una reducción de 32,8%.

La administración descentralizada perdió la mayor cantidad de personas en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores, una baja de 26.775 puestos. La administración desconcentrada se redujo de 24.932 a 21.123 personas, mientras que otros entes descendieron de 15.545 a 13.226.

La reducción más pronunciada en términos porcentuales ocurrió en Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, cuya planta pasó de 810 a 167 trabajadores: una caída de 79,4%. Educar bajó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694.