POLITICA
El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados
Con una lista de más de 30 expositores, un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde con el debate del proyecto que modifica la normativa vigente de salud mental, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo.
Las disertaciones confirmadas para las 14 de hoy, y los ya asegurados encuentros extra que habrá para discutir este tema -hay al menos 60 invitados en total- descartan las críticas realizadas días atrás por el kirchnerismo, que acusó al Gobierno de querer avanzar rápido con la iniciativa en cuestión.
Durante la jornada se escucharán, entre otros, el titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; su par de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.
El plenario está conformado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Ambas son presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente. A finales del mes pasado se consumó la primera reunión. Allí, la administración central envió a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.
La funcionaria explicó que el texto en cuestión es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.
Esto fue objetado por la senadora cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), quien le espetó: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo. Y agregó “Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.
Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Tras ello, detalló conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.
La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se halle ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda supervisar -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.
Por su parte, Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, el puntano sumó: “Fue cruento”.
Se define la sesión
Los jefes de bloque mantendrán, desde las 18, la cumbre de Labor Parlamentaria. Allí se definiría sesionar pasado mañana, desde las 16. El horario, más corrido de lo habitual, se dará para darle margen a la audiencia pública -pliegos judiciales- ya fijada de antemano, que comenzará a las 10.
Excepto los dictámenes relacionados con ascensos diplomáticos -aún en duda-, el resto del temario parece consensuado: un acuerdo con holdouts por u$s171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.
Ficha Limpia
Antes de entrada la noche de ayer, la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intentó descomprimir la presión que se generó en los últimos días, tras el mensaje de dialoguistas y la exigencia para discutir Ficha Limpia separada de la reforma electoral de la Casa Rosada, cuyo fin es dinamitar las PASO. Infobae corroboró que se activará una reunión informativa -no se puede dictaminar- para el miércoles, a partir de las 15. Por ahora, ningún tratamiento individual y todo en paquete, algo que hoy no tiene votos.
En paralelo a esto , los libertarios peinaron aún más el proyecto original que “blinda” la propiedad privada y quieren firmar despacho. Requiere de aliados, que siguen de cerca el ida y vuelta por Ficha Limpia.
Lo que sí ocurrirá esta tarde será la luz verde en cuatro bicamerales. La más delicada suele ser la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. El convite siempre es de carácter reservado. En tanto, mañana se agregarán dos: la del Ministerio Público y la de Reforma del Estado.
POLITICA
El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos
El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.
La convocatoria fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación mediante dos publicaciones oficiales. Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, l procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.
La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.
En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.
Además, figura un pedido de acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Matilde Evangelina Ballerini, una situación que se diferencia del resto de los expedientes, orientados a designaciones en cargos vacantes.
La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.
Entre las propuestas incluidas para esa fecha figuran las designaciones de una defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico y un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional.
También integran el temario los pliegos para cubrir tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Los postulantes podrán presentar sus antecedentes dentro del plazo fijado entre el 20 y el 26 de julio.
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POLITICA
Cómo seguirá la situación judicial de Edgardo Kueider tras haber sido condenado en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar
La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.
La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.
Las causas que enfrenta en la Argentina
Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.
Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
La extradición sigue pendiente
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.
La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.
Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena
POLITICA
La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.
El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.
También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:
- Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
- Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
- Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
- Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
- Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:
- Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
- Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
- Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
- Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
- Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
- Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.
Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.
La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.
La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.
Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.
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