POLITICA
El kirchnerismo convocó a un acto por “Cristina libre” en el Colegio Nacional de La Plata y el Gobierno dice que es ilegal

A través del Instituto Patria, el kirchnerismo convocó para este viernes a un acto bajo la consigna “Cristina Libre”, que se realizará en el colegio Nacional Rafael Hernández, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. La propuesta del think tank lanzado por la expresidenta en 2015 despertó la reacción del Gobierno, que consideró la iniciativa como “ilegal.
Mediante una publicación en su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la convocatoria como “fuera de la ley”, al señalar que fue prevista en un centro educativo al que asisten menores de edad. No obstante, remitió una carta a Fernando Tauber, rector de la mencionada universidad bonaerense.
Mediante una publicación en su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la convocatoria como “fuera de la ley”, al señalar que fue prevista en un centro educativo al que asisten menores de edad. No obstante, remitió una carta a Fernando Tauber, rector de la mencionada universidad bonaerense.
“En virtud de haber tomado conocimiento de la intención de realizar un acto político-partidario en un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata, remitimos una nota formal al rector Fernando Tauber señalando que dicha actividad resulta ilegal, en tanto se trata de un establecimiento educativo al que concurren menores de edad», escribió Álvarez en su perfil de X.
El subsecretario también compartió un flyer de la convocatoria, donde puede verse una imagen de Cristina Kirchner, junto con el día y la hora de la reunión: este viernes 24 desde las seis de la tarde.
El flyer, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram del Instituto Patria, también adelanta la lista de invitados. Entre ellos figuran el intendente de La Plata, Julio Alak, el exsenador Oscar Parrilli y los legisladores Teresa García y Carlos Castagneto.
En su escrito, Álvarez le indicó a Tauber que “resulta llamativa la reunión convocada en el ámbito de la Universidad a su cargo” con la consigna “Cristina Libre” ya que “se estaría contrariando la condena penal”, que le impuso a la expresidenta la Justicia.
Además, resaltó que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos “por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y estimó que proclamar en un acto esa consigna «configuraría en una apología del delito, penada expresamente en el art. 213 del Código Penal, entre otras tantas violaciones legales“.
Por otro lado calificó como un “agravante” la decisión de “realizar este acto público en un Colegio Secundario dependiente de la Universidad”.
Por último, el subsecretario invitó al rector a “que tome las medidas pertinentes evitando la posible comisión de delitos y violaciones a las leyes vigentes”.
Universidad Nacional de La Plata,La Plata,Universidades,Conforme a,La Plata,,Universidades. En el segundo aniversario de la marcha masiva, volvieron a movilizarse en dos ciudades,,»Está chapeando». Uno de los acusados del crimen de Kim Gómez volvió a estudiar en una escuela de La Plata y generó enojo entre los padres,,Atropelló a dos motociclistas. Por prescripción de la acción penal, sobreseyeron al exmarido de Carolina Píparo
POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
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Nuevos crujidos con Bullrich por la reforma electoral y las teorías sobre los dardos de un gobernador cercano

Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.
Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.
“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.
Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.
En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.
Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.
En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.
“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.
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