La decisión de que los periodistas acreditados en la Casa Rosada no entraran a cumplir sus funciones este jueves se tomó en lo más alto del poder el miércoles por la noche, sin comunicárselo oficialmente con los afectados, pudo reconstruir en una jornada inédita para la relación de un gobierno argentino con la prensa.

La medida se reveló cuando los primeros acreditados quisieron entrar a trabajar y fue comunicada a través de las rejas que delimitan la Casa Rosada con la Plaza de Mayo. Enseguida se anoticiaron los casi cincuenta periodistas acreditados ante la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Una decisión sin precedentes en democracia.

Atribuida en la práctica a la Casa Militar, el órgano mixto de civiles y militares que custodia la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, la decisión estuvo consensuada con las más altas esferas de Balcarce 50, según intentaron explicar a este diario fuentes al tanto de lo conversado.

El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, habían llegado en la tarde del miércoles de su gira por Israel. Desde poco antes de su arribo, el mandatario compartió los mensajes en la red social X que ponían la mira en los dos periodistas de la señal TN, que el domingo mostraron imágenes de los pasillos de la sede de Gobierno, grabadas, sin autorización, a través del uso de anteojos con inteligencia artificial. La furia era total.

El mandatario encadenó insultos con los que desde días antes también había apuntado a otros periodistas.

Ese mismo material fue, a su vez, objeto de una denuncia penal por presunto espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La forma en que se obtuvo ese material y lo que mostró sobre el interior de Balcarce 50 forman parte de la presentación de nueve páginas que Ibáñez materializó ante la Justicia. Y hacia allí apuntaron en el transcurso de este jueves las justificaciones respecto de por qué se prohibía el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas.

Fuentes de Balcarce 50 aseguraron que la Casa Militar llevaba adelante “medidas” tendientes a determinar aspectos relativos a la grabación y al posible material que tendrían los periodistas en base a una frase del programa “Y mañana qué”, en la que se deslizó que habrían otras tomas. Por eso, aseguraron, se habían suspendido “provisoriamente” los ingresos.

“La Casa Militar tiene que hacer medidas de prueba, hay detalles técnicos”, dijo una de las voces consultadas, que además explicó que “se tomarán algunos días” y que necesitan “la Casa vacía para hacer trabajos de investigación”. No dieron mayores detalles de los mismos o su extensión en el tiempo.

En esa línea, las fuentes consultadas por agregaron: “La Casa Militar tiene que asegurarse que la seguridad del Presidente esté garantizada”. No lograron explicar por qué, si eran esos los motivos, no podía estar la prensa acreditada en el edificio. Se explayaron al sostener que la baja en los accesos de los periodistas es “una medida preventiva”.

Además, las fuentes se esforzaron en distinguir que lo que se había suspendido momentáneamente eran las huellas dactilares y que no se dieron de baja las acreditaciones.

A casi 50 días de comenzada la serie de revelaciones sobre los viajes y el patrimonio de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete y portavoz apareció corrido del tema y no se expresó a través de sus redes sociales sobre lo sucedido. Algo que sí venía haciendo con temas de gobierno, pese a no dar conferencias desde el 25 de marzo pasado.

El funcionario que tomó el tema, en medio de la creciente polémica, fue el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Hombre de extrema confianza de Adorni y los hermanos Milei, usó sus cuentas de la red social X. “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional…”, consignó.

De perfil bajo, Lanari pasó durante la tarde a dar la explicación oficial a los acreditados que trabajaban desde un café cercano a Plaza de Mayo. Desde allí siguieron la noticia de que Milei recibió al empresario germano-estadounidense Peter Thiel, en el primer evento con presencia del mandatario que no se pudo cubrir desde la sede de gobierno. Y en medio de la incertidumbre ante una medida inédita.

El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado Idoneidad, apertura y transparencia en los nombramientos judiciales en el que apoyó el nuevo reglamento de la Corte Suprema para elegir jueces destinada a mejorar la eficacia y la agilidad de los procesos de selección de magistrados.

En el texto, la entidad, aunque destacó la intención de una representación pluralista y despolitización en el proceso de elección de jueces con la invención del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994, cuestionó el actual sistema de nombramientos.

“El resultado no alcanzó las metas pretendidas. Si bien gran parte de los jueces son idóneos, no es menos cierto que la elección discrecional del poder político generó nombramientos en los que primó la simpatía política sobre los criterios objetivos de conocimiento del derecho, títulos académicos avanzados, publicaciones relevantes, ejercicios notables de la profesión o de la docencia”, expresó la asociación en el comunicado.

En ese línea, sostuvo “su pleno respaldo” al reglamento que apunta, según la entidad, a “evitar la selección a dedo, que privilegia el conocimiento y el discernimiento a la hora de aplicar el derecho”.

Y añadió: “No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan. La propuesta de la Corte es un paso muy importante para restaurarla legitimidad y la credibilidad de la Justicia ante la sociedad. Que sean los jueces más capaces e imparciales, los más probos, de vida intachable, los que lideren uno de los tres poderes que prevé nuestra Constitución”.

En el final del texto el Club Político Argentino instó al Consejo de la Magistratura a tratar la propuesta con “ seriedad y la urgencia“.

El Consejo de la Magistratura debate actualmente los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.

El proyecto busca que el acceso a la función judicial se base en criterios objetivos de mérito e idoneidad, fortaleciendo la independencia judicial.

Tal como contó , la mayoría de los consejeros considera que la propuesta para implementar un nuevo reglamento para elegir jueces es un avance sobre las facultades propias del cuerpo y una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados realizados en los últimos años.

Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo.

“Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo”, dijo una alta fuente del cuerpo a .

Asimismo, La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.