POLITICA
Kicillof, entre los lobos K y el pastor mediático
Por fuera (o a causa) de los tropiezos políticos, sociales y económicos del Gobierno han empezado a pasar cosas que, de a poco, alteran la dinámica política nacional, hasta ahora hegemonizada por los éxitos y desaciertos del oficialismo libertario. Nada que amenace la estabilidad ni la gobernabilidad, pero algo que sí modifica el escenario y el horizonte.
Después de ser el partido del poder, de dos décadas de hegemonía kirchnerista, de perder cinco de las últimas seis elecciones nacionales y con el más bajo nivel de representación legislativa y el menor control territorial desde la recuperación a la democracia, el peronismo se mueve, se agita y se retuerce en busca de no terminar como una confederación declinante de fuerzas provinciales y de volver a ser una alternativa de Gobierno.
Las disputas están alcanzando picos de agresividad y exposición que no encuentran registro desde 1983 dentro de lo que es o, mejor dicho, de lo que alguna vez fue el hegemónico universo kirchnerista, pero también más allá de esa burbuja a punto de estallar. Ni siquiera la conflictividad llegó a tanto cuando el peronismo debió encarar la renovación tras la derrota ante Raúl Alfonsín, la primera en su historia sin estar proscripto su líder.
En ese campo de batalla, empieza a ser desafiado abiertamente y desde varios flancos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que hasta ahora era el único candidato probable a presidente del peronismo, de acuerdo con las encuestas de imagen y los germinales sondeos sobre intención de voto.
El cristicamporismo por un lado y un muy heterogéneo conglomerado, en el que confluyen políticos y sindicalistas peronistas con exdeportistas y exdirigentes de otras fuerzas, por otro, le disputan la instalación al mandatario.
Kicillof ha quedado en estos días en medio de zarpazos de los lobos K y de la instalación mediática del pastor (o predicador), radicado en Estados Unidos, Dante Gebel. Un trabajo de pinzas no coordinado, que los primeros realizan de manera frontal y desembozada y el otro de forma tangencial y colateral. Aunque no son los únicos que lo ponen en aprietos.
El Gobierno nacional es en la práctica la gran amenaza para las aspiraciones de Kicillof, no ya como adversario en 2027, sino por el fuerte impacto negativo que está teniendo en las arcas provinciales el efecto de la actual política económica y el recorte de la aportes, por el cual hay en marcha un caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según datos que esgrime el gobierno provincial, en febrero pasado la caída en la coparticipación que recibe la provincia fue de 100.000 millones de pesos respecto del mismo mes del año anterior. Y la pérdida total de recursos (por aportes nacionales, incluidos transferencias interrumpidas y obras paralizadas, más ingresos propios) alcanzaría a los 22 billones de pesos.
No obstante, eso corre por otro andarivel y le sirve a Kicillof de argumento para la construcción de su figura como antagonista del presidente libertario. También, como víctima de un programa que está afectando a amplios sectores del conurbano, por el cierre de empresas, los despidos y la caída del consumo.
Aun en medio de esa disputa con el gobierno nacional, el viaje a la cumbre progresista iberoamericana realizado en España por el gobernador pareció ser la señal de largada para los ataques abiertos y frontales del kirchnerismo.
Los golpes le llegaron a través de algunos dirigentes sobre los que Cristina Kirchner ejerce sus habilidades de ventrílocua, como el senador Oscar Parrilli, y de prominentes camporistas como la diputada provincial y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien aspira a quedarse con la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
A eso sumó el proyecto de declaración de la emergencia alimentaria en la provincia, presentado por el pintoresco y polémico exintendente y ahora senador provincial Mario Ishi, a quien la expresidenta puso en la línea de sucesión bonaerense al impulsar su nombramiento como vicepresidente primero de la Cámara alta. Para los kicillofistas se trata de un golpe bajo el cinturón: mientras el gobernador busca derivar en la Nación la responsabilidad por los problemas que padecen los bonaerenses de menos recursos, Ishii lo hace responsable. Delicias de las guerras fratricidas.
“Detrás de todo esto está Cristina. No tenemos ninguna duda de que es ella la que motorizó los ataques, con la manija que le dan los camporistas. Los volvió locos que Axel fuera recibido y apoyado en un ámbito que creían propio, sobre todo cuando fue elogiado por Lula. Esa no es la causa de todos los ataques, sino la gota que rebalsó el vaso. Expuso el ocaso y tocó la inmensa vanidad de Cristina”, dice uno de los funcionarios más cercanos a Kicillof, con quien coinciden un estrecho colaborador de la vicegobernadora Verónica Magario y un intendente que integra de Derecho al Futuro, la línea interna que apoya al gobernador, enfrentada con La Cámpora.
El viaje obró como detonante (o excusa) pero hay otras razones que vienen de más lejos y están vinculadas con la condena y la detención domiciliaria que restringe la libertad y la actividad política de la expresidenta, así como la ruptura total de todo vínculo entre el hijo biológico y quien alguna vez fuera el hijo político de Cristina Kirchner, hoy devenidos en una especie de Caín y Abel en grado de tentativa. O los Cristian y Eduardo Nilsen, de Borges, sin necesidad de ninguna intrusa.
Como se lo enrostró explícitamente en un chat Mayra Mendoza, los cristicamporistas acusan a Kicillof de no solidarizarse suficientemente ni demandar de forma más contundente por la anulación de esa condena y la liberación de Cristina Kirchner.
El peso del encierro y la pérdida de la centralidad se estarían haciendo cada día más insoportables para la expresidenta, tanto como la ausencia de un operativo clamor que solo se aleja y se diluye, lo que afecta al camporismo, cuyos dirigentes no son propietarios de mucho más que del declinante poder delegado de la madre del jefe de su agrupación.
De alguna manera eso mismo es lo que planteó el amanuense Parrilli, quien con el argumento de que Cristina Kirchner está proscripta y no legalmente condenada, instaló la posibilidad de un llamado a votar en blanco si ella no recupera sus derechos políticos. Parrilli, además, anunció que la vieja guardia camporista está en marcha para frenar cualquier candidatura mientras la condena a su jefa siga firme. Ad aeternum. Aunque no se quedó ahí. Advirtió que si ”Cristina está proscripta, el próximo presidente [peronista] va a durar poco”.
En una sola oración el exsecretario general de la Presidencia puso a la expresidenta a la par de Perón y a Kicillof en un pie de igualdad con Héctor Cámpora. Habrá que ver si el paralelismo gusta a sus jefes. Cristina ha expresado demasiadas críticas al fundador del peronismo y Máximo Kirchner y sus seguidores tienen por numen al efímero presidente nacido en San Andrés de Giles. Para los que lo ignoran vale aclarar que se trata del nombre completo de una ciudad bonaerense. No de un adjetivo para calificar a algunos allí nacidos o a los reivindicadores del mandatario al que Perón sacó de escena.
La guerra del cristicamporismo contra Kicillof no se circunscribe a las redes sociales y a los medios de comunicación. Tiene efectos prácticos más concretos. La Legislatura bonaerense es un terreno minado para la escualidez legislativa del gobernador y la ausencia de colaboración de La Cámpora y el tradicional vaivén del massismo, que en su ambigüedad y en su beneficio siempre termina más cerca de la casa-prisión ubicada en San José 1111 que de La Plata.
Ahí duermen, anestesiados por el cristicamporismo, proyectos imperiosos para la construcción política de Kicillof y de los intendentes que lo apoyan, como la habilitación para la re-re-reelección de los jefes comunales, la instauración de las elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas para cargos provinciales y la implementación de la boleta única.
La guerra fratricida promete más capítulos. Sin embargo, Kicillof no se anima a dar el paso crucial de romper con sus adversarios internos, tanto que mantiene en su cargos a varios ministros o directores del camporismo, lo que dilata y complica la posibilidad de avanzar hacia la conquista de otros apoyos en el peronismo fuera del declinante círculo kirchnerista.
La determinación para apostar por su propio destino es una de las incógnitas que abundan sobre el gobernador bonaerense en un universo peronista fragmentado, con interés diversos y en muchos casos antagónicos, que solo se suele ordenar ante quien tenga dotes, actitud y poder real para ejercer un liderazgo.
El origen kirchnerista de Kicillof, su orientación ideológica y su trayectoria menos afines a la tradición peronista, por otra parte, dan lugar a diversas apuestas. Algunas embrionarias y otras más explícitas como las de algunos dirigentes sindicales y políticos del panperonismo que promueven la figura del pastor o comunicador evangelista Dante Gebel.
La variopinta confluencia multisectorial y pluripartidaria, con mucho ADN peronista, se ha lanzado con el sello Consolidación Argentina a instalar al influencer radicado en Estados Unidos como probable postulante a la Presidencia en una especie de operativo renovación política que viene de afuera y arriba. Del norte y ¿del cielo?
El mediático personaje no ha confirmado, pero no ha descartado su intención de lanzarse como candidato a la primera magistratura. Lo hizo durante un intenso raid mediático con un mensaje o un libreto muy estudiado, del que no suele apartarse nada.
A ello le sumó encuentros más reservados con diversos dirigentes sociales y políticas. Como la comida que se realizó anoche en la casa del histórico massista José Ignacio de Mendiguren, para explorar un programa de cuño desarrollista que el exfuncionario elabora con un grupo de jóvenes técnicos.
Tras este desembarco más abierto en la arena política y también con esos contactos, Gebel aparece como un incipiente reverso de la imagen de Milei diferente de la que representa el gobernador bonaerense.
“Si Axel Kicillof es la contracara ideológica del presidente Milei, Dante Gebel es la contracara de carácter y personalidad de Milei. Este es agresivo, maleducado y el otro es empático, amable, educado. Eso aparece en un trabajo que acabamos de hacer”, afirmó el consultor Raúl Timerman, cuya empresa La Sastrería emprendió un amplio estudio para saber cómo es percibido por la opinión pública y qué atributos se destacan.
En ese trabajo se destaca que el eventual candidato potencia su condición de outsider y de antagonista de Milei, como atributos, con un mensaje que carece de programa y que se apalanca en un planteo de naturaleza espiritual antes que política, con un fuerte llamado al cambio y la superación individual para poder lograr la transformación y el progreso colectivos. Una propuesta inherente a su condición de evangélico, aunque su lanzamiento no goza de unanimidad en el universo de las iglesias evangélicas, muchos de cuyos líderes toman distancia de esta avanzada.
El estudio de La Sastrería destaca que de esa manera la narrativa de Gebel se diferencia tanto de Kicillof como de Milei, quienes hacen hincapié en lo material y en los asuntos de índole económico.
“El enemigo para Milei es externo, es la casta, mientras que para Gebel el enemigo es interno, uno mismo”, destaca Timerman. Su trabajo muestra que si bien el comunicador-predicador y protocandidato ha crecido en instalación, la intención de voto que reúne apenas roza el 11% y tiene un nivel de desconocimiento de casi el 60%, lo que el consultor considera un hecho positivo dado que así tendría mucho margen para crecer. Aunque deberá concretarlo.
Esos números hoy no permiten verlo como un competidor de riesgo para Milei ni para Kicillof, aunque sí podría ser una amenaza por el daño que podría causar de penetrar en el círculo de sus votantes más lábiles o desencantados.
En ese terreno, los peronistas que promueven su candidatura podrían afectar las chances del gobernador Kicillof. Aunque también se ilusionan con que algunos exlibertarios que se han sumado a la cruzada gebeliana toquen la base mileísta.
Falta demasiado para las elecciones, pero la disputa fratricida en la que se ha sumergido el kirchnerismo, en particular, y el peronismo, en general, más la desafección de algunos líderes territoriales del movimiento, son fuertes llamados de atención.
Entre los propios desafíos a su gobernabilidad, la candidatura de Kicillof afronta la presión de los lobos kirchneristas y la apuesta al pastor mediático de algunos peronistas. Un motivo de alegría para el oficialismo libertario en tiempos difíciles.
Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos,La Justicia confirmó que Manuel Adorni pagó 8874 dólares en efectivo para hospedarse en Aruba,Claudio Jacquelin,Axel Kicillof,Javier Milei,Cristina Kirchner,Conforme a,,La denuncia del Gobierno contra periodistas se contradice con la propia normativa interna que impuso Milei,,AFA. La Cámara de Casación citó a una nueva audiencia para definir qué juez se queda con la causa por la quinta de Pilar,,»Golpe judicial». La Corte Suprema resolverá si es constitucional ampliar el Superior Tribunal de Santa Cruz,Axel Kicillof,,Acto con militantes en Avellaneda. Kicillof criticó a Milei por su reunión con Peter Thiel: “Menos escuela austríaca”,,Desplaza a Máximo. Kicillof asume en el PJ bonaerense con la intención de reforzar su candidatura presidencial,,Salud y educación. Dos gremios claves para la gobernabilidad de Kicillof ponen en juego sus jefaturas en elecciones internas
POLITICA
Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso
La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.
Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.
En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.
La UBA solicitó formalmente a la Corte que resuelva lo antes posible el tema, para evitar que se agrave la situación crítica en materia presupuestaria. En paralelo, se dejó trascender que no fue evaluada la alternativa de una concentración frente a los Tribunales. El límite sería el pedido de celeridad. A nadie escapa -y en especial, a ninguno de los jueces- que quedaron expuestos como pieza central de una pelea de carácter nacional.
La manifestación del martes tuvo ese sentido: fue dura contra el Gobierno y, de hecho, marcó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y sostenida finalmente por el Congreso en contra de la decisión presidencial. Fue masiva la demostración en Plaza de Mayo, que superó los alineamientos partidarios y sindicales. También expuso alcance geográfico: movilizaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia, Corrientes. Expuso que el tema universitario -y educativo, en sentido más amplio- no es intrascendente ni limitado a los directamente afectados. Tampoco es un cheque en blanco para las autoridades de las universidades.
El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.
Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.
Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.
La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.
El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.
Son variadas las señales de fragilidad en el Congreso. En los espacios más enfrentados con el Gobierno, resultó notoria y a la vez esperable la decisión de postergar una semana la convocatoria a sesión de Diputados para poner en marcha una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda violeta, las internas complican incluso algunas negociaciones con dialoguistas: acaba de ocurrir en el Senado con la reforma electoral, como consecuencia de las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.
El caso de Adorni tiñe buena parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses repite intentos para recuperar el manejo de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo pareció calcada de otras anteriores, pero con menos énfasis: reiteró el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a hablar de iniciativas para mover al Congreso. Se verá si reaparece el capítulo universitario.
POLITICA
Las razones por las que la oposición suspendió la sesión contra Adorni y negoció una nueva convocatoria con el peronismo
Los bloques de la oposición levantaron el pedido de sesión especial para interpelar a Manuel Adorni previsto para hoy y sumaron a Unión por la Patria a una nueva convocatoria para el próximo 20 de mayo. La nueva sesión no solo incluirá los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino también iniciativas impulsadas por el peronismo.
La falta de acuerdos y la dificultad para reunir quórum —apenas superaban los 100 diputados confirmados— llevaron a los bloques convocantes a presentar una nota ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para levantar la sesión.
Minutos más tarde, con las firmas de Germán Martínez, Esteban Paulón, Mónica Frade, Pablo Juliano y representantes de otras bancadas, solicitaron una nueva sesión para el 20 de mayo. El temario incluirá los cuatro proyectos que impulsan la interpelación de Manuel Adorni, además de iniciativas sobre modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y pedidos de informes sobre el PAMI.
Las iniciativas buscan ampliar el respaldo opositor para alcanzar el quórum de 129 diputados necesario para habilitar la sesión especial. A la convocatoria se sumarían bloques del peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y algunos monobloques, como los que encabezan Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
La caída de la sesión
La presentación del pedido de sesión especial para este miércoles, sin las firmas de Unión por la Patria, que cuenta con 93 diputados, había generado desde el inicio pocas expectativas de concretar la convocatoria.
La situación derivó en negociaciones y reuniones contrarreloj durante este miércoles. La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, había adelantado a los diputados convocantes que el bloque acompañaría el pedido, aunque condicionó ese respaldo a la inclusión de iniciativas sociales que el peronismo viene impulsando en Diputados.
Finalmente, los bloques opositores resolvieron limitar el debate exclusivamente a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura. Esa definición terminó alejando la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con los proyectos.
El desenlace fue el esperado: se levantó el pedido de sesión para hoy, se incorporó formalmente al peronismo a la estrategia opositora y se convocó a una nueva sesión especial para el martes 20 de mayo a las 11.
Los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete
El pedido para que Manuel Adorni vuelva a la Cámara de Diputados se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete. Ese mecanismo incluso podría derivar en una moción de censura y, eventualmente, en la remoción del funcionario.
Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.
Manuel Adorni, Diputados
POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles
Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.
En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
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