El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio quedó a un paso del juicio oral por un millonario negociado con el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense. El fiscal Álvaro Garganta cerró la investigación y dio por probado que varias empresas pagaron coimas para acceder al servicio. ¿Cómo? Se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro y a otros exfuncionarios que no tenía experiencia en el rubro tecnológico. Esa empresa recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año.

D’Onofrio también es investigado por el negocio de las fotomultas en la justicia provincial y arrastra un procesamiento por lavado de dinero en el fuero federal.

En el caso de la VTV, el eje de la maniobra fue la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV. A cambio de ese supuesto servicio, recibía una comisión de entre 3% y 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.

Según la investigación judicial, esa firma fue contratada por las empresas incluso antes que se adjudicara la licitación de la VTV, en enero de 2024. “El acuerdo de prestación de servicios con Soluciones SA se firmó el día 15/5/23 (un mes antes de la fecha límite de entrega de las ofertas y de que se lleve a cabo la apertura del “Sobre 1” que era hasta el día 15/6/23), y asimismo de que fuera aprobado por la Dirección Provincial de VTV en fecha 13/6/23 (dos días antes de la fecha límite de entrega de las ofertas)“, sostuvo el fiscal en un dictamen de 75 carillas al que tuvo acceso .

Además, Garganta destacó que la subcontratación de esa firma “no era indispensable para la presentación de las ofertas”. Otro dato llamativo: el acuerdo con “Soluciones SA” se concretó en julio de 2023, pero las empresas recién comenzaron a realizar pagos en abril de 2024, una vez que se había cerrado el proceso licitatorio.

El dato que más llamó la atención fue que tres empresas nuevas que ganaron la licitación (no venían prestando el servicio) también subcontrataron a “Soluciones SA”, aunque no tenían ninguna obligación de hacerlo. “La circunstancia de que estas tres nuevas empresas ganadoras hayan contratado también a Soluciones SA, me permite sostener que era un acuerdo con el Ministerio y no una elección deliberada”, destacó el fiscal.

El avance de la causa reveló que la empresa no había tenido movimientos entre 2021 y 2023, cuando fue comprada por Sebastián Desio, quien trabaja en una empresa informática y luego se transformó en un militante del Frente Renovador y del propio D’Onofrio. Hasta ese momento, la firma se dedicaba al mantenimiento de antenas de telefonía celular. El contador de la empresa declaró que sólo se vendió el nombre, sin inmuebles ni empleados. El fiscal habló de una “empresa vacía, sin experiencia”.

Esa firma, de repente, comenzó a recibir transferencias millonarias. Según los datos aportados por el Banco Provincia, recaudó más de $1.800 millones en 2024 y $3.100 millones en 2025. “Es tan alevoso el acuerdo, que el dinero que obtendría cada empresa por verificar, la parte que le corresponde a SolucionesSA pasaría directamente a ellas sin ingresar al patrimonio de las empresas adjudicatarias”, se puede leer en el dictamen.

Además del exministro D’Onofrio y de Desio, el fiscal Garganta pidió que vayan a juicio otros siete empresarios.

Fuentes judiciales confirmaron a que en la Fiscalía de Gargante sigue en trámite la causa de las fotomultas. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para borrar las infracciones.

Esa maquinaria ilegal contaba con la participación de varios jueces de faltas y funcionarios del Ministerio de Transporte. Entre los principales imputados aparece Mario Quattrocchi, extitular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España).

Pasaron más de 90 días desde aquel 8 de marzo, cuando la vida política y personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un vuelco de manera drástica. Desde que se supo que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, el ministro coordinador intentó, con éxito dispar, explicar su crecimiento patrimonial, incurriendo en contradicciones, y sin cumplir hasta hoy su promesa de presentar su declaración jurada de bienes ante la Ofincia Anticorrupción (OA), mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, yo pasaba por Miami y quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó”, dijo Adorni en sus primeras explicaciones sobre el viaje que inició la polémica.

Nunca quedó claro quién había invitado a Angeletti al viaje, ya que, como recuerda Chequeado.com, la utilización de aviones oficiales para familiares de funcionarios fue prohibida por el propio Gobierno en agosto de 2024, y anunciada por Adorni en su carácter de portavoz de la gestión libertaria. “De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”, advirtió el entonces vocero, en referencia a episodios ocurridos durante el kirchnerismo, pero que también se aplican en su caso.

El segundo eje de la polémica fue el viaje en jet privado a Punta del Este, durante el feriado del Carnaval, con su familia y el empresario periodístico Marcelo Grandio, revelado el 9 de marzo por Carlos Pagni en LN+.

Cuando se conoció la noticia, Adorni afirmó que había pagado el “proporcional” del vuelo, es decir, su pasaje y el de su grupo familiar, pero Agustín Issin Hansen, el piloto que facturó el viaje de regreso, y Vanesa Tossi, su secretaria, afirmaron ante la Justicia que fue Grandio quien lo pagó, y que tanto Adorni como su familia fueron invitados. “Apenas sos un periodista, no sos un juez; vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero”, le contestó Adorni al periodista Jonatan Heguier, de El Destape, cuando lo consultó por el viaje, que podría encuadrarse en el delito de dádivas, y los contratos que unían a Grandio con la televisión pública.

La compra, en noviembre de 2024, de la casa en el country Golf Club Indio Cua, a nombre de su esposa, también generó revuelo. En principio, la casa no figuraba en el apartado correspondiente de la pasada declaración jurada, con fecha del 4 de agosto de 2025. Adorni lo incorporó este año, una vez desatado el escándalo, según informó este diario.

Cuando le tocó declarar en la Justicia, el contratista Matías Tabar afirmó que realizó refacciones en la casa del country y recibió de Adorni US$245.000 en efectivo, incluida la instalación de una cascada que motivó críticas en las redes sociales. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio”, contestó Adorni a una pregunta de , en la conferencia de prensa del 25 de marzo, aunque la propia compra de la casa, según fuentes judiciales, no figuraba en su declaración original y tampoco las costosas refacciones reconocidas por Tabar. Desde el Gobierno y el oficialismo dejaron trascender que demandarían a Tabar por falso testimonio.

En aquella conferencia, Adorni también reconoció que vivía en un departamento en Caballito, adquirido en noviembre de 2025 por un total de US$230.000, a pesar de cobrar un sueldo de funcionario de poco más de $3 millones, hasta principios de este año, cuando su sueldo subió hasta los $7 millones.

Para comprar la casa de country los Adorni pagaron US$20.000 en efectivo y accedieron a US$100.000 a través de una hipoteca con intereses que le facilitaron dos mujeres ligadas a la Policía Federal (una de ellas jubilada), que declararon en Tribunales haber cobrado US$30.000 de esa deuda, que vence en noviembre. A eso se suman los US$245.000 que dijo haber cobrado Tabar.

Por el departamento de Caballito, los Adorni abonaron otros US$30.000 en efectivo, más una hipoteca por US$200.000 sin intereses que le facilitaron dos jubiladas, que también vence en noviembre. El hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, declaró en Comodoro Py que, aparte, Adorni le debe otros US$65.000 por esa operación.

“No tengo nada que esconder”, dijo Adorni en sus primeras apariciones públicas luego de estallado el escándalo. Dos meses después, el 7 de mayo, fue la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien le pidió públicamente y en una reunión de gabinete que presente su declaración jurada.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior», insistió Bullrich.

Ante el silencio de Adorni, Bullrich presentó días después su propia declaración jurada, dejando aún más expuesto al ministro coordinador. Lo defendió públicamente el propio presidente Javier Milei. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo el Presidente en una entrevista a América 24, aunque más de un mes después, Adorni aún no había presentado sus papeles ante la Justicia, trámite que según fuentes oficiales cumpliría en las próximas horas, luego de acogerse el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la ley de inocencia fiscal.