El sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno de Javier Milei impuso hace un año para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.

Las autoridades justificaron la medida en la necesidad de “garantizar la seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia penal por espionaje ilegal que presentó la Casa Militar contra periodistas del canal TN que tomaron imágenes sin solicitar autorización en áreas comunes del edificio.

El escrito judicial argumentó que aquella acción «se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».

La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”. Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.

Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.

El Gobierno aludió a otro párrafo de la misma normativa que habla de conductas “indecorosas o temerarias” que alteren “el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones”. En esos casos la Secretaría de Medios “podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso” del responsable.

“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, escribió el secretario de Medios, Javier Lanari, para explicar el castigo generalizado. Milei avaló el mensaje con un posteo en el que añadió: “NOLSALP”, las iniciales de la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

La denuncia que firmó Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, considera que la grabación que hizo el periodista Ignacio Salerno, de TN, «representa una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación». Es decir, reclama enmarcarlo en un caso de espionaje ilegal, con penas de prisión.

Salerno presentó el domingo pasado un informe en el programa “¿Y mañana qué?“, conducido por Luciana Geuna, en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos que tenían la puerta abierta. Son todos espacios comunes, de paso cotidiano para los periodistas destinados a la Casa Rosada. La filmación la hizo con unos anteojos inteligentes y así aparecía declarado en el video difundido.

La nota -de poco más de un minuto- se titulaba “Guerra de despachos en la Rosada” y es una crónica en la que no se ven espacios reservados. Se hablaba de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y la única persona que aparece en cámara fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Salón de los Bustos, mientras salía del edificio. En la edición se añadieron imágenes indisimuladamente generadas con inteligencia artificial de Santiago Caputo y Lule Menem, además de una infografía 3-D del exterior de la Casa Rosada.

“El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro alguno la actividad de la sede principal del Gobierno Nacional a través de una grabación subrepticia. En el graph colocado en la parte superior izquierda de la pantalla, la producción del programa explicitó que la inspección ocular y la filmación clandestina se habrían concretado mediante la utilización de lentes inteligentes”, sostiene la presentación judicial de Ibáñez.

Destaca, además, que el periodista reconoció al aire que no habían pedido autorización para filmar y que hablaba en voz baja, señal de que era una “actividad furtiva”.

Ibáñez considera que puede aplicarse el artículo 222 del Código Penal, que reprime con pena de reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. O, en su defecto, podría caber el artículo 223, que prevé una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para el que “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.

El texto describe las directivas establecidas en el reglamento interno. Menciona la prohibición de filmar en zonas no habilitadas, pero sin aclarar que la revocación de una acreditación podrá considerarse en caso de reincidencia (y solo limitada al periodista acusado). Especifica que a Salerno se lo suspendió de manera preventiva por la cláusula sobre “conductas indecorosas o temerarias” que “alteran el normal funcionamiento de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno”.

Al avanzar en el terreno penal considera que debe investigarse “las verdaderas razones que motivaron este proceder”. Y pide que se determine si hay más grabaciones aún no publicadas. “Debe tenerse presente que una de las denunciadas manifestó su voluntad de ‘hacer cien mil capítulos’; es decir, de continuar con la inspección ilegal en la Casa Rosada, o de difundir otras imágenes ya obtenidas de esa manera”, escribió el funcionario.

Hace alusión a un comentario de Geuna, que en referencia a la interna del oficialismo señaló: “Dice capítulo uno, porque imaginate que podemos hacer cien mil capítulos”.

El canal TN expresó, ante la denuncia del Gobierno, que la producción del programa “está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente”. También aportará “material fotográfico y de vídeo de muchas otras coberturas previas que pone en evidencia que esos lugares han sido registrados y reproducidos con anterioridad por numerosos medios de comunicación sin ningún tipo de consecuencia”.

Ibáñez, en cambio, denuncia que “las imágenes difundidas exhiben la disposición física de los espacios internos de la Casa de Gobierno: básicamente, revelan la ubicación de accesos restringidos, puertas de seguridad, pasillos de circulación y rutas de evacuación. Con esta información, un actor hostil a la República Argentina podría identificar puntos ciegos y elementos vulnerables para acceder de forma no autorizada, o para planificar un ataque».

También dice que “la divulgación del material obtenido puede exponer el rostro, la vestimenta y la ubicación habitual de agentes encargados de la custodia, incluyendo el personal que actúa de forma reservada”. En lo difundido solo se ve a Adorni, a la distancia y de espaldas.

La prohibición de acceso a todos los acreditados fue avalada por Milei en las redes sociales con una serie de mensajes publicados a lo largo del día. También avaló la denuncia penal y no se privó de insultar a Geuna y a Salerno.

La decisión de que los periodistas acreditados en la Casa Rosada no entraran a cumplir sus funciones este jueves se tomó en lo más alto del poder el miércoles por la noche, sin comunicárselo oficialmente con los afectados, pudo reconstruir en una jornada inédita para la relación de un gobierno argentino con la prensa.

La medida se reveló cuando los primeros acreditados quisieron entrar a trabajar y fue comunicada a través de las rejas que delimitan la Casa Rosada con la Plaza de Mayo. Enseguida se anoticiaron los casi cincuenta periodistas acreditados ante la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Una decisión sin precedentes en democracia.

Atribuida en la práctica a la Casa Militar, el órgano mixto de civiles y militares que custodia la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, la decisión estuvo consensuada con las más altas esferas de Balcarce 50, según intentaron explicar a este diario fuentes al tanto de lo conversado.

El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, habían llegado en la tarde del miércoles de su gira por Israel. Desde poco antes de su arribo, el mandatario compartió los mensajes en la red social X que ponían la mira en los dos periodistas de la señal TN, que el domingo mostraron imágenes de los pasillos de la sede de Gobierno, grabadas, sin autorización, a través del uso de anteojos con inteligencia artificial. La furia era total.

El mandatario encadenó insultos con los que desde días antes también había apuntado a otros periodistas.

Ese mismo material fue, a su vez, objeto de una denuncia penal por presunto espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La forma en que se obtuvo ese material y lo que mostró sobre el interior de Balcarce 50 forman parte de la presentación de nueve páginas que Ibáñez materializó ante la Justicia. Y hacia allí apuntaron en el transcurso de este jueves las justificaciones respecto de por qué se prohibía el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas.

Fuentes de Balcarce 50 aseguraron que la Casa Militar llevaba adelante “medidas” tendientes a determinar aspectos relativos a la grabación y al posible material que tendrían los periodistas en base a una frase del programa “Y mañana qué”, en la que se deslizó que habrían otras tomas. Por eso, aseguraron, se habían suspendido “provisoriamente” los ingresos.

“La Casa Militar tiene que hacer medidas de prueba, hay detalles técnicos”, dijo una de las voces consultadas, que además explicó que “se tomarán algunos días” y que necesitan “la Casa vacía para hacer trabajos de investigación”. No dieron mayores detalles de los mismos o su extensión en el tiempo.

En esa línea, las fuentes consultadas por agregaron: “La Casa Militar tiene que asegurarse que la seguridad del Presidente esté garantizada”. No lograron explicar por qué, si eran esos los motivos, no podía estar la prensa acreditada en el edificio. Se explayaron al sostener que la baja en los accesos de los periodistas es “una medida preventiva”.

Además, las fuentes se esforzaron en distinguir que lo que se había suspendido momentáneamente eran las huellas dactilares y que no se dieron de baja las acreditaciones.

A casi 50 días de comenzada la serie de revelaciones sobre los viajes y el patrimonio de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete y portavoz apareció corrido del tema y no se expresó a través de sus redes sociales sobre lo sucedido. Algo que sí venía haciendo con temas de gobierno, pese a no dar conferencias desde el 25 de marzo pasado.

El funcionario que tomó el tema, en medio de la creciente polémica, fue el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Hombre de extrema confianza de Adorni y los hermanos Milei, usó sus cuentas de la red social X. “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional…”, consignó.

De perfil bajo, Lanari pasó durante la tarde a dar la explicación oficial a los acreditados que trabajaban desde un café cercano a Plaza de Mayo. Desde allí siguieron la noticia de que Milei recibió al empresario germano-estadounidense Peter Thiel, en el primer evento con presencia del mandatario que no se pudo cubrir desde la sede de gobierno. Y en medio de la incertidumbre ante una medida inédita.