Un emoji de fuerza salió desde el teléfono celular de Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni, y llegó hasta el móvil de Isabel Molina, acreedora del funcionario y testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La comunicación ocurrió esta mañana y quedó incorporada a la causa.

La mañana de este lunes, en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, la atención se centró en la declaración de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como acreedoras de un préstamo otorgado en efectivo a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Mientras ambas se preparaban para declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, un mensaje de WhatsApp enviado por Adriana Nechevenko, la escribana que ofició en la operación, irrumpió en el teléfono de Molina. El contenido era breve, pero significativo: un bracito que en significa fuerza en la popular aplicación de mensajería. El gesto quedó incorporado al expediente judicial.

La comunicación digital, junto con el resto del chat entre Nechevenko y las acreedoras, fue sumada a la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes cercanas al caso, la escribana mantiene un vínculo previo con las policías, lo que habría facilitado el contacto con Adorni y la concreción del préstamo. El contexto de esta interacción, en el mismo día en que las testigos prestaban declaración, sumó un nuevo elemento a la pesquisa judicial y generó interrogantes sobre la relación entre los involucrados.

El préstamo en cuestión se realizó en noviembre de 2024 y ascendió a 100.000 dólares, suma que Molina y Cancio entregaron personalmente en la escribanía de Nechevenko, cuando Adorni todavía ejercía solo como vocero presidencial. Como garantía del crédito, el funcionario hipotecó su primer departamento en la avenida Asamblea, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La comisario retirada Molina aportó 85.000 dólares, mientras que su hija, aún en actividad dentro de la fuerza y contadora de formación, sumó 15.000 dólares. Ambas evitaron hacer declaraciones a los medios al ingresar y salir de los tribunales, donde permanecieron cerca de tres horas aportando testimonio, documentación y registros de conversaciones.

Durante la audiencia, Molina y Cancio ratificaron que la deuda original pactada con Adorni fue de cien mil dólares, y que el funcionario se comprometió a devolverla en un plazo de dos años con un interés anual del 11%. El pago de intereses se realizó durante los primeros meses en cuotas mensuales de 900 dólares, cifra que se redujo a 600 dólares tras la cancelación parcial del capital, luego de que Adorni abonara 30.000 dólares de forma directa. En la actualidad, la deuda remanente asciende a 70.000 dólares, monto que deberá ser saldado antes de noviembre de 2026, incluyendo los intereses acumulados.

De acuerdo a la reconstrucción realizada, el dinero prestado fue parte del capital utilizado por Adorni para adquirir una vivienda en Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La compra se realizó en el mismo mes en que se otorgó el crédito, y fue la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, quien trasladó personalmente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para su posterior transferencia al vendedor, Juan Ernesto Cosentino. Esta secuencia de movimientos financieros motivó que la fiscalía solicitara información patrimonial y bancaria de todos los participantes, con el fin de determinar la procedencia de los fondos y la capacidad económica de cada uno.

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El fiscal Pollicita dispuso una serie de medidas para profundizar en la investigación sobre el origen y justificación del dinero involucrado. El juez Ariel Lijo accedió al pedido de la fiscalía y autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y las acreedoras. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue requerida para aportar datos sobre los movimientos económicos, patrimoniales y fiscales de los sujetos implicados, en especial respecto a los préstamos, créditos y garantías hipotecarias que surgen de la documentación.

Por su parte, Molina y Cancio anticiparon parte de las explicaciones requeridas por la fiscalía, detallando que el origen de los fondos provino de ahorros propios, fondos recibidos por un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de Molina. Ambas testigos presentaron documentación que respalda la procedencia del dinero prestado, aunque será la fiscalía la que evalúe la suficiencia y veracidad de esos argumentos en el marco de la investigación.

En paralelo, el expediente sumará nuevos testimonios en los próximos días. El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. En esa operación, el funcionario pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 dólares a saldar en noviembre próximo, aunque en este caso el acuerdo no contempla intereses. También deberá declarar Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien participó en la negociación.