POLITICA
El mensaje que le mandó la escribana de Adorni a una de las testigos en la causa por enriquecimiento ilícito

Un emoji de fuerza salió desde el teléfono celular de Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni, y llegó hasta el móvil de Isabel Molina, acreedora del funcionario y testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La comunicación ocurrió esta mañana y quedó incorporada a la causa.
La mañana de este lunes, en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, la atención se centró en la declaración de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como acreedoras de un préstamo otorgado en efectivo a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Mientras ambas se preparaban para declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, un mensaje de WhatsApp enviado por Adriana Nechevenko, la escribana que ofició en la operación, irrumpió en el teléfono de Molina. El contenido era breve, pero significativo: un bracito que en significa fuerza en la popular aplicación de mensajería. El gesto quedó incorporado al expediente judicial.
La comunicación digital, junto con el resto del chat entre Nechevenko y las acreedoras, fue sumada a la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes cercanas al caso, la escribana mantiene un vínculo previo con las policías, lo que habría facilitado el contacto con Adorni y la concreción del préstamo. El contexto de esta interacción, en el mismo día en que las testigos prestaban declaración, sumó un nuevo elemento a la pesquisa judicial y generó interrogantes sobre la relación entre los involucrados.
El préstamo en cuestión se realizó en noviembre de 2024 y ascendió a 100.000 dólares, suma que Molina y Cancio entregaron personalmente en la escribanía de Nechevenko, cuando Adorni todavía ejercía solo como vocero presidencial. Como garantía del crédito, el funcionario hipotecó su primer departamento en la avenida Asamblea, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La comisario retirada Molina aportó 85.000 dólares, mientras que su hija, aún en actividad dentro de la fuerza y contadora de formación, sumó 15.000 dólares. Ambas evitaron hacer declaraciones a los medios al ingresar y salir de los tribunales, donde permanecieron cerca de tres horas aportando testimonio, documentación y registros de conversaciones.

Durante la audiencia, Molina y Cancio ratificaron que la deuda original pactada con Adorni fue de cien mil dólares, y que el funcionario se comprometió a devolverla en un plazo de dos años con un interés anual del 11%. El pago de intereses se realizó durante los primeros meses en cuotas mensuales de 900 dólares, cifra que se redujo a 600 dólares tras la cancelación parcial del capital, luego de que Adorni abonara 30.000 dólares de forma directa. En la actualidad, la deuda remanente asciende a 70.000 dólares, monto que deberá ser saldado antes de noviembre de 2026, incluyendo los intereses acumulados.
De acuerdo a la reconstrucción realizada, el dinero prestado fue parte del capital utilizado por Adorni para adquirir una vivienda en Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La compra se realizó en el mismo mes en que se otorgó el crédito, y fue la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, quien trasladó personalmente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para su posterior transferencia al vendedor, Juan Ernesto Cosentino. Esta secuencia de movimientos financieros motivó que la fiscalía solicitara información patrimonial y bancaria de todos los participantes, con el fin de determinar la procedencia de los fondos y la capacidad económica de cada uno.

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El fiscal Pollicita dispuso una serie de medidas para profundizar en la investigación sobre el origen y justificación del dinero involucrado. El juez Ariel Lijo accedió al pedido de la fiscalía y autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y las acreedoras. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue requerida para aportar datos sobre los movimientos económicos, patrimoniales y fiscales de los sujetos implicados, en especial respecto a los préstamos, créditos y garantías hipotecarias que surgen de la documentación.
Por su parte, Molina y Cancio anticiparon parte de las explicaciones requeridas por la fiscalía, detallando que el origen de los fondos provino de ahorros propios, fondos recibidos por un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de Molina. Ambas testigos presentaron documentación que respalda la procedencia del dinero prestado, aunque será la fiscalía la que evalúe la suficiencia y veracidad de esos argumentos en el marco de la investigación.
En paralelo, el expediente sumará nuevos testimonios en los próximos días. El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. En esa operación, el funcionario pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 dólares a saldar en noviembre próximo, aunque en este caso el acuerdo no contempla intereses. También deberá declarar Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien participó en la negociación.
POLITICA
Quién es el concejal que le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
Leé también: Video: un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones
Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.
concejal, La Libertad Avanza, san isidro, Abuso sexual
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Quién es el concejal que le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
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Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.
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Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.
Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.
Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.
Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.

En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.
En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.
“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.
No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.

En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.
Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.
Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.
También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.
Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.
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