Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 5 pesos, muy por encima de la caída de $13,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En el mes el dólar gana solo un peso, mientras que en 2026 la suba es de 28 pesos o 1,9 por ciento.

El BCRA fijó el techo del régimen cambiario en los $1.833,77, por lo tanto el dólar mayorista quedó a 350,77 pesos o 23,7% de la banda superior del régimen de flotación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado. En 2026 el precio del billete informal aumentó 25 pesos o 1,6%, aún muy lejos de la inflación acumulada, del orden del 18% en el período.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.535, esto es 85 pesos o 5,9% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en este segmento.

“Dentro de una operatoria aún más expandida, y con un canje de la Lelink D31L6 que tuvo buena aceptación, el dólar mayorista continúa más estabilizado en torno a los $1.480. Que se extienda la calma cambiaria resulta positivo en vista a que las mejoras económicas puedan irse percibiendo más en la calle, con un mayor dinamismo del crédito privado como el próximo desafío”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La jornada tiene como gran protagonista al upgrade de Moody’s, que elevó la nota soberana a B3 y dejó a las tres grandes calificadoras alineadas por primera vez en años.

“Con Moodyʼs sumándose ahora a Fitch y S&P, Argentina se alejó aún más de la categoría de deuda en dificultades y profundizó el proceso de normalización crediticia. La mejora debería respaldar ingresos adicionales de capital, especialmente por parte de inversores cuyos mandatos se vuelven menos restrictivos una vez que más de una calificadora importante ubica al soberano dentro de la categoría B”, indicó un informe de Federico Fillipini y Javier Casabal, analistas de Adcap Grupo financiero.

“La mejora también fortalece el escenario para que el Gobierno reconsidere un regreso a los mercados internacionales de deuda. Sin embargo, seguimos esperando que las autoridades prioricen en el corto plazo fuentes de financiamiento de menor costo, entre ellas el financiamiento multilateral, los préstamos garantizados, las estructuras de REPO y las emisiones en dólares en el mercado local”, añadieron los analistas de Adcap.

“Para lo que resta del año, es probable que el Gobierno opte por seguir construyendo la curva local con el AO29, que tiene un programa de hasta USD 2.000 millones y ya colocó USD 649 millones en su primera licitación, complementar con multilaterales y postergar la emisión global. La otra posibilidad es una emisión global de referencia, quizás un bono a 10 años, como señal al mercado de que Argentina recuperó el acceso pleno al financiamiento voluntario. Eso tendría un efecto de compresión adicional sobre toda la curva”, evaluó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

En otro orden, el Gobierno presentó el proyecto para ampliar la Ley de Inocencia Fiscal y fomentar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema formal. La iniciativa procura ampliar el régimen simplificado, flexibilizar los controles de ARCA y permitir corregir diferencias antes de perder los beneficios fiscales.

El Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión de Pampa Energía al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La medida habilita el plan de desarrollo para el área Rincón de Aranda, ubicada en el departamento de Añelo, Neuquén.

El vehículo de proyecto único (VPU) presentado por la compañía prevé un desembolso total de u$s4.521 millones en activos computables destinados a la perforación de 259 pozos de shale oil y la construcción de infraestructura clave de procesamiento y transporte de hidrocarburos.

Con esta calificación estratégica, la compañía presidida por Marcelo Mindlin busca posicionarse como un productor de peso en el mercado de petróleo crudo, proyectando divisas por exportaciones que rondarán los u$s17.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto.

El esquema aprobado por el Comité Evaluador y refrendado por el ministro Luis Caputo contempla un plan de ejecución dividido en tres fases sucesivas. La primera de ellas (2024-2028) demandará u$s1.159 millones para la perforación de los primeros 50 pozos y el tendido de obras de superficie, incluyendo una Planta Central de Procesamiento (CPF), oleoductos y gasoductos de evacuación.

La segunda etapa (2028-2031) sumará u$s1.107 millones en la perforación de otros 70 pozos horizontales. Hacia el 1° de julio de 2031, la empresa completará la inversión mínima exigida para los proyectos PEELP, fijada en u$s2.000 millones.

La etapa final del proyecto presentado (2031-2041) involucrará u$s2.255 millones para la perforación y terminación de 139 pozos adicionales, logrando así el pleno desarrollo del bloque.

Adicionalmente, la resolución precisó que Pampa Energía compromete desembolsos por u$s1.099 millones durante los primeros dos años desde la notificación del acto administrativo (u$s521 millones en el primer año y u$s578 millones en el segundo), cifra que supera con holgura el piso del 20% exigido por la normativa para el periodo inicial.

La irrupción de Pampa en la ventana de oil

El ministro había dado a conocer semanas atrás que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de bloque Rincón de Aranda, en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, presentado Pampa Energía. Tras el anuncio el presidente del grupo energético, Marcelo Mindlin, aseguró que «la aprobación del RIGI para Rincon de Aranda es muy importante porque permite acelerar las inversiones».

Se trata del vigésimo proyecto bajo este marco normativo y con la incorporación de este bloque, Caputo precisó que el RIGI consolida una cartera de 21 proyectos aprobados que totalizan una inversión corporativa comprometida de US$49.000 millones.

Asimismo, la autoridad de aplicación mantiene bajo análisis técnico las auditorías de otras 20 iniciativas que ya iniciaron el proceso formal de postulación, las cuales se distribuyen principalmente entre los sectores de minería, infraestructura de transporte y upstream de hidrocarburos.

La facilidad financiera que otorga el régimen fiscal y aduanero con la inclusión del upstream al beneficio -anunciado a mediados de diciembre-, modificó de forma directa el plan de desarrollo inicial de Pampa Energía, permitiendo un incremento del 50% en la actividad de perforación y completación originalmente proyectada para el área. La empresa lleva invertidos allí unos US$1.500 millones en el bienio 2025-2026.

Respecto a este salto en la intensidad de los trabajos, Mindlin afirmó a través de un breve comunicado que «la aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción«. Toda la producción del bloque se evacuará a través del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en construcción y con previsión de entrada en operación hacia fines de este año.

Pampa Energía y sus tres proyectos bajo el RIGI

El proyecto generará unos 800 empleos directos y 1.000 indirectos, y tal como había anunciado la compañía, la aceleración del ramp-up en la zona norte de Rincón de Aranda requerirá una fuerte inversión en facilidades de superficie y ductos de evacuación internos para manejar los mayores volúmenes de producción temprana.

La estrategia de la empresa comandada por Marcelo Mindlin, uno de los principales productores de gas de la Argentina, busca extender su core business en el segmento del crudo no convencional, replicando la eficiencia de costos y los factores de productividad que ya estabilizó en sus desarrollos de gas natural en bloques como El Mangrullo y Sierra Chata.

Pampa había presentado en los primeros días de julio de 2025 la adhesión de su proyecto al RIGI con una inversión inicial de US$426 millones, pero a comienzos de este año amplió la solicitud por un monto de hasta US$4.500 millones para desarrollar también la zona norte del bloque, tras la decisión del Gobierno de incorporar las actividades de upstream al RIGI.

Pero la compañía avanzó en los últimos dos meses con otros dos megaproyectos bajo el amparo del RIGI, con una inversión total de caso de US$10.000 millones. A la estrategia en upstream, el grupo consolida su infraestructura logística mediante la ampliación y construcción del sistema de separación de líquidos del gas natural (NGLs) a través de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Una obra de US$3.000 millones para asegurar la evacuación y el tratamiento del gas natural de la cuenca neuquina.

Por último, la apuesta industrial se completa con el diseño y puesta en marcha de una nueva planta de producción de urea, por otros US$2.400 millones. El proyecto a desarrollarse en el polo petroquímico de Bahía Blanca es una iniciativa que busca sustituir importaciones, agregar valor al gas en origen y abastecer de manera al mercado de fertilizantes de la Argentina y la región.

El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.

Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.

El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.

Por último, el borrador al que accedió este medio incluye la declaracaión de la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esa iniciativa quedó totalmente fuera de la discusión.

El sector farmacéutico figuran entre los más afectados, el proyecto apunta a la desregulación de los punto de venta de los medicamentos. Es decir, que aquellos que sean de venta libre puedan ser comercializados en establecimientos distintos a las farmacias. Incluso a través de canales digitales siempre y cuando se garantice la trazabilidad y seguridad mediante una serie de requisitos técnicos de la autoridad sanitaria. Lo que se pretende es que las farmacias usen plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expedido restringido para habilitar el envío a domicilio de productos farmacéuticos.

Otro punto de que se busca es la flexibilidad de la propiedad. En caso de que el proyecto se apruebe, las farmacias van a poder constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrán despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Ademas de establecer la obligación de los archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.

En cuanto al campo, el ministro Sturzenegger quiere potenciar el uso de certificados de depósitos y warrants sobre productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el productor se constituya como depositario. También se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales aunque se establece que los contratos vigentes mantienen su régimen hasta la finalización.

También se busca incluir a los productos mineros como bienes aptos para la realización de operaciones de crédito mediante warrants y certificados de depósito. A la par de derogar la Ley de Gas Licuado de Petroleo y considerar que la autoridad de aplicación solo conservará facultades de control técnico, pero no podrá regular sobre precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad ni condiciones.

Para el sector de la carne se pretende eliminar las contribuciones obligatorias al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) a partir de octubre de 2027 y que pasen a ser voluntarias.

En el ámbito logístico, el proyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).

A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.

El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.