Los aceiteros y las empresas exportadoras cerraron una de las paritarias más importantes del mercado laboral argentino. Luego de días de tensas negociaciones, este lunes llegaron a un acuerdo que comprende un aumento de sueldo para todo el 2026.

Así lo confirmaron tanto las cámaras y los sindicatos, luego de una negociación que se extendió durante días y cuya resolución promete «garantizar la paz social durante todo el año», según las empresas.

Aumento de sueldo confirmado para aceiteros: cuánto cobrarán en julio

Según informó este lunes CIARA-CEC, «se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros«. «La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios. El acuerdo cubre todo el año 2026 basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación). El monto total acumulado es del 29.5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año», resaltó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

En tanto, desde los sindicatos detallaron cómo queda el salario inicial -categoría de peón-:

• A partir del 1 de julio: $2.578.400
• Desde el 1 de septiembre: $2.719.040

«Asimismo, se acordó una suma retroactiva para los meses de mayo y junio de 2026, que se pagará junto con los haberes del mes de junio de 2026″, sostuvo el sindicato.

«En la negociación defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión», agregaron.

En el comunicado también criticaron la reforma laboral: «Lo hicimos en un contexto donde el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga. Además, en nuestra actividad se le sumó una burda campaña de desinformación contra nuestras organizaciones gremiales y el legítimo reclamo a un salario digno».

«Frente a todo esto demostramos nuestra firme voluntad para defender nuestros derechos con unidad y conciencia de clase. Así lo demostramos el pasado 27 de mayo con la Huelga Nacional Aceitera que llevamos adelante de forma contundente en todo el país. Y lo volveremos a demostrar cada vez que sea necesario», agregaron.

Una tensa negociación y una oferta que puso en alerta a los sindicatos

En medio de una tensa negociación, la semana pasada los sindicatos amenazaron con huelgas luego de una oferta que rechazaron de plano. Los sindicatos revelaron que, en la última audiencia, después de «negarse sistemáticamente a otorgar una mejora salarial», los empresarios presentaron «una oferta de $15.000 de aumento» para el mes de mayo.

El secretario General de la FTCIODyARA, Daniel Yofra, sostuvo que «lamentablemente, pareciera ser que la intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras, nos va a llevar a un nuevo conflicto».

El dirigente explicó que el reclamo se fundamenta «en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas»:

• Alimentación adecuada
• Vivienda digna
• Educación
• Vestuario
• Asistencia sanitaria
• Transporte
• Esparcimiento
• Vacaciones
• Previsión

Yofra sostuvo que «tenemos que tratar de unirnos en todos los frentes, todas las centrales obreras y salir a pelear contra este gobierno, pero con un plan de lucha» y subrayó «un paro de vez en cuando a este gobierno no le hace absolutamente nada». Justamente, esa es la propuesta que tienen los gremios aceiteros si no hay acuerdo: un cese de actividades por tiempo indeterminado.

El titular de la organización gremial reconoció que «los trabajadores aceiteros no están mal como está el resto del país», al tiempo que sostuvo que cerca del 90% de los trabajadores registrados argentinos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y reiteró que «hay que enfrentar a este gobierno con paro y movilizaciones, no hay otra».

Una huelga por tiempo indeterminado no solo hubiera afectado a las empresas agroexportadoras sino también a los productores, acopiadores, camioneros y a todos los que se vinculan con el agro. Si bien la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, el acuerdo logrado este lunes puso fin a días de tensión y negociaciones paritarias, con un aumento de sueldo acordado para todo 2026 para los aceiteros.

La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe puso en marcha un fondo internacional de apoyo para la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos y entre 40.000 y 50.000 personas desaparecidas, y Christian Asinelli, vicepresidente de la entidad, explicó cómo funcionará en declaraciones a Infobae al Regreso. La institución prevé un proceso de varios años para revertir los efectos de la catástrofe.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli.

El funcionario detalló que el país enfrenta una etapa crítica, donde “todavía se está tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales”. De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ya asciende a 1.700 y se calcula un universo de personas desaparecidas que podría superar las 50.000.

La CAF estableció el fondo con cuentas especiales en dólares y euros, abiertas para recibir aportes de países, organismos internacionales y empresas privadas. “Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, explicó Asinelli en la entrevista con Infobae al Regreso.

El esquema de ayuda internacional incluye la participación activa de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con todo el sistema de Naciones Unidas. Países vecinos y europeos también sumaron asistencia. “El Salvador mandó seis aviones con rescatistas de manera inmediata, lo cual ayudó muchísimo. Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, todos los países de la región y europeos se solidarizaron con esta causa”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

Las pérdidas materiales alcanzan un estimado de USD 6.700 millones, cerca del 10% del PBI actual de Venezuela, según los cálculos de Asinelli. Los daños se concentran sobre todo en la infraestructura de La Guaira y Caracas. Sin embargo, la red energética nacional no sufrió daños, lo que permitió que el suministro eléctrico se mantuviera estable y el sistema energético del país siga en funcionamiento.

El fondo, según la entidad, estará orientado principalmente a la reconstrucción de infraestructura, el apoyo a las familias damnificadas y la recuperación de servicios esenciales en las zonas más afectadas. La CAF subraya que la administración de los recursos contará con mecanismos de transparencia y seguimiento internacional, con el respaldo técnico de los organismos multilaterales que acompañan la iniciativa.

“La creación de este fondo tiene un objetivo de largo plazo”, reiteró Asinelli a Infobae al Regreso. “Estamos en un momento muy complicado, todavía tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales. Las acciones están siendo acompañadas por todo el marco internacional”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

La puesta en marcha del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela busca reunir y canalizar aportes de origen público, privado e internacional para atender las necesidades prioritarias del país tras los recientes sismos. La propuesta llega junto con la donación de USD 300.000 en ayuda humanitaria anunciada por la entidad para enfrentar la emergencia.

El Fondo recibirá aportes provenientes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas particulares y otros aliados. Estos recursos se administrarán bajo un esquema común, con mecanismos de rendición de cuentas, y se destinarán a las iniciativas que defina y priorice el gobierno de Venezuela. El objetivo es articular una respuesta coordinada, evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de asistencia a las regiones más afectadas.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, CAF aportará inicialmente un millón de dólares como capital semilla, recurso que financiará las primeras acciones urgentes. La institución no aplicará comisión por la administración fiduciaria ni por la ejecución de los fondos, lo que permitirá que el 100% de los donativos se utilice para la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El diseño del mecanismo contempla distintas fases. En la primera etapa se prevé la atención inmediata con ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos y respaldo a instituciones clave en la respuesta. Más adelante, se abordará la rehabilitación de servicios esenciales como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad.

La última fase estará enfocada en la recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia, priorizando la reconstrucción temprana, la restauración de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles futuros desastres. Las intervenciones se decidirán de acuerdo con las valoraciones de daños y las prioridades que establezca el Gobierno.

El Fondo funcionará con recursos independientes de los fondos propios de CAF, garantizando la trazabilidad por cada iniciativa, informes financieros periódicos y auditorías externas. Los aportes podrán realizarse tanto en dólares estadounidenses como en euros. La ejecución podrá llevarse a cabo a través de entidades implementadoras seleccionadas o, si resulta más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.

La caída del 1,5% de la actividad económica en abril, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), volvió a poner sobre la mesa los interrogantes sobre la velocidad de la recuperación. En ese contexto, el analista financiero Federico Domínguez analizó en Infobae al Regreso el escenario económico, defendió el rumbo fiscal del Gobierno y sostuvo que el principal desafío sigue siendo consolidar la estabilidad macroeconómica sin perder de vista el impacto social de la transición.

Durante la entrevista con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Domínguez afirmó que “el superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas” y sostuvo que las principales variables económicas muestran una mejora respecto del inicio de la gestión de Javier Milei.

Según explicó, desde diciembre de 2023 el Gobierno logró reducir la pobreza, mejorar algunos indicadores sociales y ordenar las cuentas públicas. “Bajaste la pobreza del 54 al 28, la pobreza infantil, tenés superávit fiscal, bajaste la deuda consolidada y estás construyendo sobre bases firmes”, resumió.

El impacto de la demanda de dinero

Para Domínguez, uno de los factores que limitó el crecimiento durante los últimos meses fue la fuerte caída de la demanda de pesos registrada el año pasado, especialmente durante el proceso electoral.

“Los argentinos, frente al miedo de que pudiera sufrir el programa económico o hubiera un regreso del populismo, dijeron: ‘No queremos pesos’. Eso obligó al Gobierno a absorber liquidez, elevó las tasas de interés y terminó resintiendo la actividad económica”, explicó.

Aun así, consideró que el escenario de mediano plazo continúa siendo favorable. Recordó que el Producto Bruto Interno creció 4,4% el año pasado y destacó que la mayoría de los organismos internacionales proyectan una expansión de entre 3% y 4% para este año.

En ese sentido, sostuvo que, si se mantiene el orden fiscal, avanza la desregulación y continúa la apertura económica, “Argentina puede duplicar sus exportaciones en cinco o seis años”.

Domínguez también reconoció que la mejora no alcanza de la misma manera a todos los sectores de la economía y que la transición genera costos.

“No podés arreglar ochenta años de populismo en dos años”, sostuvo, aunque insistió en que la tendencia general es positiva. Señaló que actividades como los hidrocarburos, la minería y el agro están liderando la recuperación, especialmente en el interior del país, pero admitió que esos beneficios tardan en trasladarse al resto de la economía.

“El tiempo que tarda en girar esa rueda es mucho y hay gente que no tiene tanto tiempo para esperar”, reconoció.

La discusión derivó hacia la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la industria del conurbano bonaerense, dos de los sectores que todavía muestran mayores dificultades. Frente a ese escenario, el analista aseguró que el margen de acción del Gobierno nacional desde el frente fiscal es limitado y reclamó un mayor compromiso de provincias y municipios.

“Las provincias siguen masacrando con Ingresos Brutos, que se acumulan en toda la cadena productiva, y las tasas de Seguridad e Higiene son delictivas. Ese esfuerzo tiene que ser compartido”, planteó.

Consultado por la lenta recuperación de la inversión privada y del empleo formal, pese a la desaceleración de la inflación, Domínguez atribuyó parte de esa situación a la incertidumbre que atravesó el año electoral.

“Las decisiones de inversión se toman con meses de anticipación. La volatilidad política impactó sobre los proyectos futuros y también hubo un anticipo de importaciones de bienes de capital por expectativas de una suba del tipo de cambio”, explicó.

Respecto de las preocupaciones sociales por el empleo y el poder adquisitivo, consideró que todavía existen sectores que atraviesan dificultades, aunque insistió en que el balance general es mejor que el de fines de 2023.

“El conjunto de los argentinos está mejor que en 2023. Después hay sectores más perjudicados y gente que la sigue pasando mal. Pero las políticas públicas tienen que pensar en el conjunto de la sociedad, no solamente en sectores específicos”, afirmó.

Al volver sobre el eje fiscal, reiteró que el equilibrio de las cuentas públicas constituye el principal activo del programa económico. “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”, insistió.

Como cierre, relativizó que la preocupación por el empleo sea un fenómeno nuevo. “Siempre existió. En 2023 la gente también tenía miedo porque no llegaba a fin de mes y había un 54% de pobres. Es natural que haya temor a perder el trabajo en un país con la inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina”, concluyó.

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