El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.

Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.

El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.

Por último, el borrador al que accedió este medio incluye la declaracaión de la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esa iniciativa quedó totalmente fuera de la discusión.

El sector farmacéutico figuran entre los más afectados, el proyecto apunta a la desregulación de los punto de venta de los medicamentos. Es decir, que aquellos que sean de venta libre puedan ser comercializados en establecimientos distintos a las farmacias. Incluso a través de canales digitales siempre y cuando se garantice la trazabilidad y seguridad mediante una serie de requisitos técnicos de la autoridad sanitaria. Lo que se pretende es que las farmacias usen plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expedido restringido para habilitar el envío a domicilio de productos farmacéuticos.

Otro punto de que se busca es la flexibilidad de la propiedad. En caso de que el proyecto se apruebe, las farmacias van a poder constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrán despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Ademas de establecer la obligación de los archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.

En cuanto al campo, el ministro Sturzenegger quiere potenciar el uso de certificados de depósitos y warrants sobre productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el productor se constituya como depositario. También se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales aunque se establece que los contratos vigentes mantienen su régimen hasta la finalización.

También se busca incluir a los productos mineros como bienes aptos para la realización de operaciones de crédito mediante warrants y certificados de depósito. A la par de derogar la Ley de Gas Licuado de Petroleo y considerar que la autoridad de aplicación solo conservará facultades de control técnico, pero no podrá regular sobre precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad ni condiciones.

Para el sector de la carne se pretende eliminar las contribuciones obligatorias al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) a partir de octubre de 2027 y que pasen a ser voluntarias.

En el ámbito logístico, el proyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).

A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.

El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.

El plan económico de Javier Milei superó un test muy relevante en la primera parte de este 2026. Tan importante que puede sellar la suerte del proceso que viene.

El hecho concreto se vincula con el fuerte superávit comercial que la Argentina registró desde que arrancó el año.

El país acumuló un superávit comercial de u$s13.923 millones, el mayor registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables.

Para tener en cuenta: significa que se multiplicaron por cinco en relación a los u$s2.762 millones del primer semestre de 2025.

El dato no sólo refleja un fuerte ingreso de divisas, sino que además explica buena parte de la estabilidad cambiaria que el Gobierno exhibe como uno de sus principales activos.

A simple vista podría suponerse que semejante resultado fue consecuencia de una explosión de ventas hacia los principales socios comerciales del país. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

Los principales socios le drenan dólares a la Argentina

Los últimos registros oficiales sorprenden. La generación de dólares comerciales de la Argentina no depende de sus principales socios. Ni el Mercosur ni China aportan billetes verdes; más bien todo lo contrario.

«En los seis meses de 2026, el intercambio con el Mercosur tuvo un déficit de u$s1.877 millones: se trató del segundo en importancia después de China», asegura el informe del Indec.

Con China, el rojo comercial en seis meses resultó de u$s3.092 millones, producto de la fuerte dependencia argentina de bienes industriales, maquinaria e insumos provenientes de ese país.

Con Europa, el déficit acumulado fue de u$s659 millones, el tercero en relevancia.

Brasil, el principal destino de las exportaciones argentinas, siguió mostrando un saldo negativo para la Argentina. En el semestre, las ventas alcanzaron los u$s6.254 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron u$s7.650 millones. El rojo bilateral rondó así los u$s1.400 millones.

Cuáles son las «fábricas de dólares» que funcionan como pilar del plan Caputo

Entonces, ¿de dónde salieron los casi u$s14.000 millones que terminaron fortaleciendo la balanza comercial?

La explicación hay que buscarla en una transformación silenciosa de la estructura exportadora. A diferencia de otros períodos, el resultado no dependió exclusivamente del agro. Fueron cuatro motores los que empujaron el ingreso de divisas.

Algo así como el «nuevo modelo» Milei.

1) El campo

El primero fue el complejo agroindustrial, que continúa siendo el mayor generador de dólares. Las manufacturas de origen agropecuario representaron el 32% de todas las exportaciones y crecieron 15,1% respecto del primer semestre del año pasado.

La recuperación de los embarques de harina y aceite de soja, junto con las ventas de carne, volvió a colocar al complejo sojero en el centro del escenario exportador.

2) La energía

El segundo protagonista fue Vaca Muerta. Las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 42,5%, el mayor crecimiento entre todos los grandes rubros. El petróleo desplazó definitivamente su papel de sustituto de importaciones para transformarse en un generador neto de divisas. Entre los productos más exportados aparecen los aceites crudos de petróleo, que lideraron el ranking nacional.

El economista Nadín Argañaraz se metió en los detalles de ese salto. «Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía en el parcial del año, se tiene que el efecto precio generó una suba de u$s552 millones. Con relación al efecto cantidades, el saldo extra fue positivo por u$s1.656 millones. De la combinación de un efecto cantidades positivo y un efecto precio positivo, surgió el efecto neto positivo de u$s2.207 millones«, explicó Argañaraz.

3) La industria

La tercera sorpresa provino de la industria. Las manufacturas de origen industrial crecieron 27,5%, impulsadas por mayores exportaciones de productos químicos, metales y vehículos.

En otras palabras, el salto exportador no fue exclusivamente un fenómeno asociado al campo o a la energía.

Finalmente aparecen los productos primarios, que avanzaron 25,5% gracias al mayor aporte del maíz, minerales, oro y litio, consolidando un perfil exportador cada vez más diversificado.

Los productos más vendidos al exterior reflejan ese cambio de matriz. Al tradicional liderazgo de la harina y el aceite de soja se sumaron el petróleo, el maíz, los vehículos, el oro, el carbonato de litio y la carne vacuna. La foto exportadora de 2026 muestra una economía mucho menos dependiente de un único sector.

El nuevo mapa de destinos que impulsa las exportaciones

Tampoco el mapa geográfico fue el habitual.

Mientras Brasil y China continuaron explicando buena parte del déficit bilateral, crecieron con fuerza mercados como Chile, India y otros destinos asiáticos, que absorbieron mayores embarques de energía, granos y derivados agroindustriales.

Además, China incrementó 59,1% sus compras de productos argentinos respecto del año pasado, aunque ese avance todavía no alcanzó para revertir el saldo negativo bilateral.

El resultado final fue contundente. Las exportaciones aumentaron 24,4% interanual y alcanzaron u$s49.454 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 3,9%, hasta u$s35.531 millones.

Esa combinación permitió que el superávit pasara de apenas u$s2.762 millones en el primer semestre de 2025 a casi u$s14.000 millones este año, un salto que explica buena parte del alivio externo con el que hoy cuenta el Gobierno.

Para Luis Caputo, ese flujo de divisas representa mucho más que un dato estadístico. Es uno de los pilares sobre los cuales descansa la estrategia oficial para sostener la estabilidad cambiaria, fortalecer las reservas y atravesar los próximos meses sin tensiones en el mercado de cambios.

La incógnita refiere a cuánto de este fenómeno responde a una mejora estructural de la oferta exportadora y cuánto depende de un contexto internacional de precios todavía favorable para varios de los principales productos argentinos.

Y, a la vez, de una economía interna que no demanda la cantidad de divisas que sí necesitaría en caso de una expansión más poderosa.

El costo del alquiler redefine la situación económica de miles de hogares porteños. Al descontar ese gasto del ingreso familiar, unas 233.000 personas caen a un estrato socioeconómico inferior, la indigencia se multiplica por más de tres y la población no vulnerable se reduce en cinco puntos porcentuales.

Aunque los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil socioeconómico muy similar al promedio de la población, el peso del alquiler altera de manera significativa esa realidad cuando se considera el ingreso efectivamente disponible.

Así surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que advierte que el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler provoca un descenso en la estratificación social de casi una cuarta parte de la población inquilina.

Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del Instituto de Estadísticas porteño (IECBA), el 54,3% de los hogares inquilinos pertenece al estrato medio, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto de la Ciudad (53,8%). Sin embargo, la presencia de inquilinos en los sectores de mayores ingresos es menor: apenas el 10,5% integra el estrato acomodado, frente al 16,2% del total de los hogares.

Al mismo tiempo, los hogares que alquilan muestran una leve sobrerrepresentación en los sectores de menores ingresos. El 4% se encuentra en situación de indigencia (contra 3,3% del total), el 10% bajo la línea de pobreza (9% en el conjunto de la población), el 10,8% en condición de vulnerabilidad (8,6%) y el 10,5% en situación de fragilidad (9,1%).

En términos de ingresos, las diferencias son reducidas. Actualizados a abril, los hogares inquilinos registran un ingreso familiar promedio de $1.827.898 mensuales, apenas un 1,7% inferior al promedio de la Ciudad, que alcanza los $1.858.653.

Sin embargo, para Tejido Urbano, la menor participación de inquilinos entre los hogares de mayores ingresos refleja una capacidad patrimonial más limitada para afrontar los costos de acceso y permanencia en el mercado de alquileres.

El informe sostiene que las mediciones habituales de pobreza y estratificación presentan una limitación para analizar la situación de quienes alquilan, ya que clasifican a los hogares únicamente según su ingreso monetario y no contemplan el peso que representa el alquiler sobre la economía familiar.

Para dimensionar ese efecto, la Fundación realizó un ejercicio de reclasificación que descuenta del ingreso familiar el costo estimado del alquiler antes de ubicar a cada hogar en un estrato socioeconómico.

Los resultados muestran un cambio importante. En total, 233.284 personas pertenecientes a hogares inquilinos modifican su nivel de estratificación, lo que representa cerca del 8% de la población de la Ciudad y aproximadamente uno de cada cuatro inquilinos.

El mayor impacto se observa en los sectores más vulnerables. La proporción de personas en situación de indigencia pasa del 1,9% al 6,9%, mientras que la pobreza aumenta del 7% al 9,7%.

En paralelo, la población considerada vulnerable desciende al 30,1% y la población no vulnerable cae alrededor de cinco puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 53,2%.

Para Tejido Urbano, este fenómeno refleja la creciente distancia entre los ingresos nominales y los ingresos realmente disponibles una vez afrontado el gasto habitacional.

“Lo que aparece es un reordenamiento social significativo: hogares que no eran considerados pobres en términos estrictamente monetarios pasan a ubicarse en situaciones de pobreza o mayor fragilidad cuando se incorpora el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler. La pobreza ‘tradicional’ subestima la fragilidad y parte de la clase media urbana está sostenida artificialmente por mediciones pre-habitacionales”, señalaron desde la Fundación.

Y aclararon que el ejercicio no pretende reemplazar las mediciones oficiales de pobreza, sino complementarlas con una dimensión habitacional que permita reflejar con mayor precisión los ingresos efectivamente disponibles de los hogares urbanos.

Al mismo tiempo, el informe asegura que alquilar ya no es algo “temporal” y el acceso a la vivienda propia se retrasó 10 años.

“El mercado locativo ha dejado de ser exclusivo de jóvenes que se emancipan para abarcar casi toda la vida adulta. Históricamente, en 2005, la mayoría de las personas lograba pasar del alquiler a la propiedad entre los 30 y 35 años; hoy, ese equilibrio recién se alcanza a los 45 años”, precisó Tejido Urbano.

“Esta postergación de una década en las trayectorias residenciales responde a que solo 1 de cada 5 hogares inquilinos cuenta actualmente con los ingresos formales necesarios para calificar a un crédito hipotecario, dejando al resto en una dependencia permanente del mercado de alquileres”, agregó.