POLITICA
El ministerio de Mujeres bonaerense alertó por la legitimación de discursos de odio y nuevas dinámicas de violencia
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.
La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.
Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.
El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.
La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.
El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.
La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.
La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.
Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.
En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.
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POLITICA
Uno por uno: qué senadores votaron a favor y quiénes en contra de la Ley de Propiedad Privada
El Senado dio media sanción este viernes a la madrugada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 37 votos a favor y 33 en contra.
La votación se realizó tras una extensa sesión en la Cámara Alta, en la que el oficialismo consiguió los apoyos necesarios luego de negociar cambios con sectores dialoguistas. No hubo abstenciones y dos senadores estuvieron ausentes. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Quiénes fueron los 37 senadores que votaron a favor
La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto con el respaldo del PRO, buena parte de la UCR y representantes de bloques provinciales. Entre los 37 senadores que votaron afirmativamente estuvieron Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Omar Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Mauricio Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara y Gonzalo Guzmán Coraita.
También acompañaron la iniciativa María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
El oficialismo llegó a la votación después de introducir modificaciones para garantizar el respaldo de los sectores aliados. Durante el tratamiento fueron eliminados el capítulo III, que contemplaba cambios en la Ley de Tierras, y el capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores cuestionamientos entre gobernadores y legisladores dialoguistas.
Los 33 senadores que votaron en contra y quiénes estuvieron ausentes
El rechazo estuvo encabezado por el peronismo, acompañado por representantes de distintas fuerzas provinciales. Votaron en contra Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José María Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares y Cándida Cristina López.
A ellos se sumaron María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.
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La votación terminó con 33 votos negativos y ninguna abstención. Los únicos dos senadores ausentes fueron Flavio Fama, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.
Con los 37 votos afirmativos, el Gobierno consiguió la media sanción del proyecto en el Senado. La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar con sus aliados para reunir los votos necesarios y convertir la iniciativa en ley.
propiedad privada, Ley, Senado
POLITICA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema: “Hay muchos operadores informales que tienen influencias”
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó contra los esquemas de nombramientos en el Poder Judicial al señalar la existencia de “muchos operadores informales que tienen influencias”.
Durante una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado sostuvo que la idea de una Justicia independiente se encuentra “fuertemente devaluada” en la mayoría de las provincias argentinas, fenómeno que consideró un síntoma de un deterioro institucional grave.
El magistrado, que expuso en los salones del Hotel Libertador sobre el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, afirmó que la democracia argentina requiere terminar con el amiguismo y las presiones externas.
Según el integrante del máximo tribunal, el problema central no radica en la participación de la política, la cual calificó como un requisito del sistema constitucional, sino en la acción de actores ajenos a la ley que condicionan la selección de magistrados.
Por este motivo, Lorenzetti confirmó que insistirá, junto a su par Carlos Rosenkrantz, en la reforma del mecanismo de elección a través del Consejo de la Magistratura para priorizar la formación profesional sobre los vínculos personales.
Lorenzetti sobre la inhabilitación a cargos públicos de Cristina Kirchner
En otro tramo de su presentación, el juez se refirió a la reciente denuncia que presentó la expresidenta Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, Lorenzetti aclaró que la defensa de la titular del Partido Justicialista nunca planteó ante los tribunales locales la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El magistrado recordó que, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, el debate se centró exclusivamente en la confirmación de las penas de prisión. “No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”, enfatizó el juez, quien precisó que dicha cuestión tampoco surgió cuando el expediente tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El mensaje a la clase dirigente
Consultado sobre las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiaciones si el peronismo retoma el poder nacional, Lorenzetti calificó los dichos como desatinados. Si bien aclaró que estas expresiones carecen de efecto jurídico real, instó a la clase dirigente a brindar previsibilidad económica para fomentar la inversión y evitar que los ciudadanos teman por la seguridad jurídica. “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada”, sentenció el integrante de la Corte.
Finalmente, el juez reflexionó sobre el rol del Poder Judicial frente a la creciente desconfianza social. Sostuvo que los magistrados deben buscar el prestigio institucional en lugar de la aprobación inmediata mediante encuestas o aplausos públicos.
En un contexto global de desilusión con el Estado de Derecho, Lorenzetti abogó por una gestión eficiente, la modernización tecnológica mediante la inteligencia artificial y el respeto estricto de las normas para evitar la deriva hacia modelos autoritarios. El magistrado concluyó que la misión de la justicia actual es ofrecer un servicio ágil que responda a las necesidades reales de la población.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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POLITICA
Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional
Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
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