POLITICA
El ministerio de Mujeres bonaerense alertó por la legitimación de discursos de odio y nuevas dinámicas de violencia
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.
La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.
Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.
El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.
La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.
El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.
La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.
La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.
Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.
En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
Un legislador bonaerense pidió que en La Plata se compacten las motos de quienes cometan infracciones
Un legislador bonaerense, cansado de la falta de control a los grupos de motociclistas que circulan de manera imprudente y con sus vehículos alterados por las calles de La Plata, pidió que se apliquen medidas drásticas contra los infractores en la capital bonaerense. Como ejemplo, puso al partido de San Nicolás, donde las penas llegan incluso hasta la compactación de las motos.
El senador provincial Marcelo Leguizamón Brown compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a uno de esos grupos de motociclistas circulando por La Plata ante la absoluta impotencia de tres patrulleros que terminan volviendo sobre sus pasos para salir de escena.
“‘Motos ATR’, cortes, escapes libres, picadas improvisadas y vecinos que ya no pueden dormir ni caminar tranquilos. En La Plata, la excepción se está convirtiendo en regla. En nuestra ciudad deberíamos seguir el ejemplo de SAN NICOLÁS, donde el espacio público se ordena con controles reales, secuestro efectivo de vehículos en infracción y consecuencias concretas como la compactación de motos, para los que creen que vivir en comunidad y respetar a otros es opcional”, escribió el legislador del bloque Hechos para acompañar el video.
Para Leguizamón Brown, “no hace falta inventar nada”, sino que “hace falta decisión, porque cuando el Estado deja de poner límites, los únicos perjudicados son los vecinos”.
“En La Plata, las motos circulan sin controles y poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros. Las picadas improvisadas, los cortes y los escapes libres se están convirtiendo en una preocupación constante que altera por completo la vida cotidiana en los barrios”, insistió el senador provincial.
Para Leguizamón, la situación ya no solo impide que los vecinos puedan dormir por las noches, sino que también ha transformado el simple hecho de caminar tranquilos por la vía pública en una situación de riesgo”.
La experiencia de San Nicolás ya fue propuesta a nivel provincial por el diputado bonaerense y ex intendente Manuel Passaglia, quien en abril de este año presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados.
La iniciativa —que apuntaba a combatir una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia— propone, en los casos más graves, la compactación de los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.
El proyecto surgió como respuesta a un reclamo creciente de los vecinos: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos y afectan la calidad de vida, el descanso y la salud pública.
“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el ex intendente de San Nicolás de los Arroyos entre los fundamentos de la iniciativa.
La propuesta incluía la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos, según se desprende de los artículos 4 y 5 del texto presentado. Proponía también la creación de un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.
El proyecto establecía que, ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podría disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo ameritara —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez administrativo podría ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa.
POLITICA
Un “teléfono explosivo”, valijas misteriosas y la sombra de Scatturice: las nuevas ramificaciones del caso Arsat
Si la Justicia logra acceder al teléfono de Facundo Leal, entra a su WhatsApp y busca entre sus stickers más utilizados, es muy probable que encuentre entre ellos uno de Jaime Stiuso. De sus favoritos. Claro está que la prioridad de los investigadores no será esa nimiedad, sino hallar en sus dispositivos pruebas para determinar si los aparatos de espionaje secuestrados en el domicilio del expresidente de Arsat al momento de detenerlo fueron utilizados con fines ilegales. Es decir, para grabar, filmar o seguir a personas de forma clandestina. Buscarán esto en paralelo con la investigación por las drogas que tenía en su casa y con la causa original, por coimas, que motivó los allanamientos.
Es posible, también, que no encuentren información que se remonte más allá de unos meses. Según varios testimonios a los que accedió , Leal se jactaba de ser meticuloso en su hábito de cambiar el teléfono cada trimestre. Todo será objeto de análisis pericial cuando -si lo logran- los peritos consigan quebrar las barreras de seguridad de sus dispositivos. Aún no han podido. Leal se negó a entregar las claves.
El exfuncionario contaba con una importante cantidad de tecnología de espionaje. Presuntamente, utilizaba los aparatos para producir material comprometedor de terceros, con fines todavía no conocidos, según sospechan los investigadores. Algunos de los aparatos encontrados en su domicilio, como el teléfono satelital, son de primera calidad, de acuerdo a conocedores consultados. Otros están relativamente disponibles en el mercado. Su complejidad será analizada por la Justicia.
Hay historias distintas sobre cómo obtuvo los equipos. Por estas horas, circula en ámbitos de la política una versión que no descarta una relación directa entre dos valijas que se le secuestraron a Leal -una con US$1,7 millones, encontrada en su casa de Mendoza, y otra con dispositivos de inteligencia-, con los bultos que entraron a Aeroparque sin control de las autoridades en febrero del año pasado. Quienes viajaron en el avión que aterrizó en el aeropuerto Jorge Newbery, de propiedad del empresario Leonardo Scatturice, tuvieron el beneficio de un trámite exprés por fuera de la norma. Sus valijas, de acuerdo con el dictamen de los fiscales intervinientes en la causa que investigó ese viaje, no fueron revisadas.
Las cámaras de seguridad revelaron todo el camino que hicieron las maletas desde que salieron del jet hasta que dejaron el aeropuerto, incluido un momento clave: cuando Laura Belén Arrieta, empleada y persona cercana a Scatturice, hizo el llamado que habría facilitado el ingreso sin control. El interlocutor de esa comunicación no fue descubierto por el juez Pablo Yadarola, que lleva la causa.
Si bien nadie supo a ciencia cierta qué trajeron las valijas de aquel vuelo, habría habido un informe de una dependencia del Ministerio de Seguridad que advirtió sobre la existencia de artefactos de espionaje en el equipaje. Esta versión existe desde antes del allanamiento a Leal y le habría valido, al oficial responsable de haber producido la información, su puesto de trabajo.
Cuatro meses después del vuelo de Arrieta, Leal fue designado por Javier Milei como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Otro dato resulta de interés frente a las sospechas que ha despertado el caso. Los US$1,7 millones que fueron hallados en la casa de Mendoza de Leal se encontraban todos juntos, en una valija. Estaban divididos en ladrillos de US$10.000 con fajas y, a su vez, conglomerados en termosellados de US$100.000 por bloque. accedió a las imágenes del hallazgo y contrastó un detalle con fuentes especializadas. Estas corroboraron que las fajas que envuelven a los billetes son las que utiliza la Reserva Federal estadounidense. Es muy improbable que un banco (luego de recibirlo así del Banco Central) haya entregado dinero de esta forma a un cliente. Mucho menos a una persona políticamente expuesta como Leal, que no tenía blanqueado este monto en su declaración jurada patrimonial. Ahí cabría preguntarse si una hipotética operación de extracción de efectivo de este tipo no produjo un reporte de operación sospechosa de un banco. Las obvias dificultades de la maniobra hacen pensar que es posible que el dinero no haya provenido del circuito formal.
Leal y Scatturice se conocen desde hace por lo menos cinco años, mucho antes de la gestión libertaria y del empujón de éxito empresarial del actual dueño de Flybondi, OCA y Flechabus.
Se reunieron durante el tiempo de Leal al frente de Arsat y compartieron encuentros relacionados con otro lugar de interés para Scatturice durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese entonces, Scatturice tenía un vínculo en las segundas líneas del Ministerio Público Fiscal que le habrían permitido colocar a gente de su confianza. Habría acudido a Leal para que él seleccione perfiles para entrar a esas dependencias. La complicidad entre ellos era importante, a tal punto que Scatturice habría oficiado de asesor de negocios en Estados Unidos para Leal. Sugerencias de inversión.
Otra versión que recogió de fuentes políticas apunta a que Leal habría adquirido los artefactos vía una empresa de seguridad privada israelí. La compañía se especializa en vigilancia física y monitoreo, según su página web, y colaboró en eventos deportivos. Habría sido la proveedora del primer inhibidor de señal que tuvo Leal. También, la que cada cierta cantidad de meses revisaba que no hubiera cámaras o micrófonos en las instalaciones.
Todo el material de espionaje encontrado en la casa de Leal se peritará. Estas tareas corresponden a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del MPF. Tratarán de averiguar si los aparatos se usaron, su origen y si tienen contenido guardado. Según información de , el almacenamiento principal de material de Leal sería una sofisticada aplicación instalada en su teléfono, cuyo sistema autodestruye todo el contenido si hay un intento de apertura sin el acceso con biometría correcta. El análisis debería suceder en las próximas semanas.
entraron a Aeroparque,Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
En clave electoral, Kicillof se mostró con Valdés en Corrientes y volvió a hablar de una alternativa a Milei
La gira de Axel Kicillof por distintas provincias tuvo este miércoles una escala en Corrientes. El gobernador bonaerense se reunió con su par Juan Pablo Valdés, firmó convenios de cooperación productiva y comercial, y mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales, en el marco de una agenda que incluyó actividades institucionales y reuniones políticas.
La visita se da en un contexto de creciente diálogo entre gobernadores de distinto signo político, atravesado por los reclamos de las provincias por la caída de recursos, la paralización de obras públicas y las dificultades que las administraciones provinciales atribuyen al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Para Kicillof, además, la recorrida se inscribe en una serie de viajes que viene realizando fuera de Buenos Aires, como parte de su armado político de cara a 2027. En los últimos meses visitó Córdoba y Tierra del Fuego y en su entorno destacan que es un dirigente con diálogo aceitado con distintos sectores políticos y sociales del país.
Un encuentro con fuerte peso político
La foto entre Kicillof y Valdés se produjo apenas un día después de que el correntino participara de una reunión de gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que hubo reclamos por obras de infraestructura, acceso al gas natural y la implementación de una tarifa diferencial de energía eléctrica para las provincias de la región.
Valdés mantiene diálogo con distintos actores del escenario político nacional, tiene contactos con el Gobierno de Milei y hace unos días cenó con Mauricio Macri. Al igual que otros mandatarios provinciales, viene impulsando reclamos vinculados con obras y recursos para las provincias.
Si bien tanto Valdés como Kicillof evitaron referencias electorales directas durante la actividad oficial y pusieron el foco en la cooperación institucional, la política se filtró en varias intervenciones. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, sostuvo el correntino.
Kicillof transmitió un mensaje similar. “Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos”, afirmó.
Ppoco antes, desde Empedrado, el gobernador bonaerense había hablado del camino hacia 2027: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.
Defensa del federalismo
La jornada de Kicillof en Corrientes comenzó en Empedrado, donde firmó un convenio de cooperación turística y cultural con el intendente Fernando Echeverría. Más tarde se trasladó a la capital correntina para encabezar junto a Valdés la firma de convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario.
Uno de los acuerdos permitirá incorporar productores arroceros correntinos al programa Mercados Bonaerenses, mientras que otro establece mecanismos de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y material genético bovino y ovino.
Tras la firma, Kicillof sostuvo que el encuentro buscó fortalecer la cooperación entre provincias. “Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración”, afirmó.
“Las provincias formamos parte del mismo país y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades”, agregó.
Valdés, por su parte, destacó el intercambio institucional entre ambas administraciones. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando con los gobernadores y fortaleciendo el federalismo. Debemos conversar más y profundizar el diálogo para construir una Argentina mejor”, señaló.
El mandatario correntino también recordó la asistencia que recibió la provincia de Buenos Aires durante los incendios forestales que afectaron la provincia años atrás.
Reuniones con intendentes y sindicatos
Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes políticos locales. Desde sus redes sociales planteó que en esas reuniones apareció una preocupación compartida por la situación económica. “Hay un denominador común, que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional”, escribió en X.
Al respecto, advirtió que quedó plasmado que la crisis “no es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que seguirá trabajando con todos los sectores “para seguir construyendo una alternativa que vuelva a poner a la industria, el trabajo y la producción como motor del desarrollo en todo el país”.
Axel Kicillof, Juan Pablo Valdes, Corrientes
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