POLITICA
El ministerio de Mujeres bonaerense alertó por la legitimación de discursos de odio y nuevas dinámicas de violencia

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.
La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.
Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.

El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.
La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.

El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.
La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.
La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.
Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.
En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.
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POLITICA
La Corte Suprema se reúne este viernes a las 9 para volver a fallar sobre la ley de tierras

La Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana a las 9, en un acuerdo extraordinario, para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti, informaron fuentes del tribunal.
El expediente que tienen para resolver incluye un pedido de medida cautelar; si la Corte la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
En la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.
El fallo de la Corte Suprema motivó muchas críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Una nueva decisión del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior de la Corte.
Del acuerdo extraordinario de mañana participarán los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso que tratarán es un planteo vinculado con el fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada el jueves pasado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de tierras y quieren que les precisen si la sentencia dictada por el máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes pasado convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal.
Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, a las 19:09 de ayer, la Corte acortó a 24 horas ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalló). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”.
Este jueves, pasadas las 19:09, ya sin chances de que los conjueces fueran recusados, Rosatti convocó al acuerdo de mañana.
Si la Corte accede a contestar la “aclaratoria” y decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Difícilmente sea eso lo que discute, considerando la urgencia con la que se está manejando.
Otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron a constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte. Posiblemente, una medida “interina”, en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.
El nuevo planteo
El planteo que la Corte tratará mañana lo hicieron Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.
Quienes presentaron la “aclaratoria” sostienen que ellos invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.
La aclaratoria de Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas fue presentada el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que alguien que sí estuviera legitimado podría peticionar una medida cautelar si considera que la regulación vigente hoy en materia de tierras “es inconstitucional”.
Los conjueces
Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.
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POLITICA
Se reaviva la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner por el reparto de poder en el Congreso del PJ bonaerense

La disputa por el rumbo del peronismo bonaerense volverá a quedar expuesta en las próximas semanas. Axel Kicillof y Máximo Kirchner deberán avanzar en la organización del Partido Justicialista (PJ) provincial, en un escenario atravesado por las diferencias sobre el armado político y electoral rumbo al 2027.
Sucede que el Consejo Provincial del PJ -que preside Kicillof desde marzo- deberá reunirse para convocar al Congreso partidario, cuya sesión se prevé para noviembre. Ese encuentro será una instancia decisiva para poner en práctica el acuerdo alcanzado entre el Movimiento Derecho al Futuro y el kirchnerismo a comienzos de año.
El entendimiento que permitió evitar una interna por la conducción del partido estableció que Kicillof quedara al frente del PJ bonaerense y que Máximo Kirchner asumiera la presidencia del Congreso partidario. Sin embargo, la distribución de responsabilidades entre ambos espacios todavía abre discusiones sobre el alcance real del acuerdo.
Desde el entorno del gobernador sostienen que el pacto continúa vigente, aunque el MDF pretende tener mayor incidencia en la integración de la Junta Electoral y en la conducción administrativa del Congreso, que cuenta con una Junta Directiva de 22 integrantes.
POLITICA
El foco de tensión que el Gobierno menos deseaba

“Vine a darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”, se jactó, el 22 de mayo pasado, el canciller Pablo Quirno, a través de sus cuentas en las redes sociales, después de haberse reunido con el Presidente en la residencia de Olivos. Cuatro meses y medio después la alegría no es tal en el Gobierno y la primavera se presenta inusualmente tormentosa.
La “buena noticia” −el anticipo de la visita del Papa a la Argentina, que se producirá justo dentro de 30 días− se transformó en uno de los más inesperados y menos queridos focos de tensión para la Casa Rosada, a pesar de que los motivos que lo alimentan eran y son demasiado previsibles.
Todo se debe a los reiterados señalamientos críticos sobre la realidad social y económica de buena parte de la sociedad, así como respecto del clima de confrontación en la esfera pública, expresados por los obispos argentinos, empezando por el titular del Episcopado, Marcelo Colombo, pero, especialmente, los del arzobispo porteño Jorge García Cuerva, sobre quien pesan los enojos más potentes (para ser suaves).
El paraíso económico que suelen pintar Milei y sus funcionarios es considerado por muchos prelados como un purgatorio para la mayoría de los argentinos (en el mejor de los casos) y como un infierno para muchos, en coincidencia con lo que están mostrando varias encuestas y trabajos cualitativos. Muy inoportuno para el Gobierno.
Por eso, el malestar en las altas esferas del oficialismo no deja de crecer, pero como saben que un enfrentamiento directo puede tener un alto costo social y político, las principales figuras del Gobierno, empezando por el Presidente, han hecho un voto de silencio y tolerancia que no tiene precedente. En tanto, la Iglesia ha enviado algunas señales para bajar la intensidad, aunque sin desdecirse de nada de lo que molesta al Gobierno, justo cuando su voz encuentra la mayor audiencia en mucho tiempo y es amplificada como pocas veces, ante la inminencia del viaje papal.
Por eso, el único que salió a cuestionar de lleno a García Cuerva hace una semana fue el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Felipe Núñez, cuyos desempeños más notorios no se dan en este terreno sino como comunicador y propagandista del equipo económico que conduce Luis “Toto” Caputo, quien transita esta situación entre la confusión y la indignación que lo suele caracterizar, como ferviente católico de la vieja escuela y responsable de las políticas cuyos efectos negativos la Iglesia subraya.
Sin embargo, Núñez no actuó como un libre pensador o un corredor solitario, cuando posteó: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”. Su aireada y deliberadamente descomedida reacción contra el arzobispo porteño no solo fue retuiteada en las redes por Toto Caputo. Altes fuentes de la Casa confirmaron que no hubo espontaneidad alguna en esa publicación.
“Alguien tenía que salir a marcarle la cancha, la veníamos llevando bien, pero no paran de empiojar las cosas y complicarla sin necesidad”, admitió con manifiesta irritación una alta fuente que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que participa en nombre del Gobierno de las reuniones de coordinación con la Iglesia para organizar la visita del Papa.
Para que no quedaran dudas sobre a quién se refería, Núñez publicó su ataque como respuesta a un tuit que reproducía declaraciones de García Cuerva, en las que entre otras cosas afirmaba: “El Papa se va a encontrar con una Argentina herida, dividida (…) donde la descalificación está a la orden del día”. (…) Una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal”.
Un búmeran
Desde la Casa Rosada no se contentaron con enviar a “un cusquito para que ladrara en público”, como calificó la salida de Núñez un veterano político hoy incorporado al mileísmo gobernante. Al mismo tiempo, el Gobierno realizó maniobras para intentar encapsular las críticas en García Cuerva y tratar de meter una cuña en la cúpula eclesiástica, con la intención de aislarlo. Una jugada audaz.
“Estamos fortaleciendo el vínculo con Colombo, que es mucho menos combativo que García Cuerva y que otros obispos, que son filoperonistas, para que les baje el tono o para contrarrestarlo con un mensaje más moderado”, había dicho hace unos días a un estrecho colaborador del Presidente y de su hemanísima en referencia al arzobispo de Mendoza y titular del Episcopado.
“Está claro que no conocen a la Iglesia y, sobre todo, que no conocen a la Iglesia argentina que diseñó el papa Francisco. No hay ninguna posibilidad de generar una discordia o una división entre Colombo y García Cuerva. Sobre todo porque, además de que la relación entre ellos es muy estrecha, lo que dicen los obispos es el mensaje pastoral de la Iglesia, que encarnó Bergoglio y que encarna León XIV”, explicó un prelado que ocupa un rol clave en la organización de la inminente vista papal. La cuña se volvió búmeran.
La incomodidad en la cúpula eclesiástica argentina es inocultable en estos días y excede largamente a las figuras de Colombo y García Cuerva, cuyos pronunciamientos han sido seguidos por varios de similar tenor enunciados por otros obispos y destacados sacerdotes en todo el país. De todas maneras, la cúpula eclesiástica ha decidido en los últimos días hacer algunos gestos de distensión para evitar que una escalada afecte la visita del Papa.
Los conductos para limar el conflicto son las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien García Cuerva “tiene WhatsApp abierto todo el tiempo”, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En un gesto de buena voluntad desde el arzobispado porteño incluyen como interlocutora a Karina Milei, aún cuando la delegada de la hermanísima en el comité de organización de la visita, la experta en eventos Mara Gorini, ha tenido algunos arrebatos y protagonizado algunos cortocircuitos con su contraparte eclesiástica.
Para tratar de bajar tensiones, a través del trío de interlocutoras se hizo llegar a la Casa Rosada la aclaración de que el arzobispo de Buenos Aires “no tiene nada contra Milei y su gobierno, en particular. Él dice lo mismo que siempre ha dicho la Iglesia y no se refiere solo a lo que pasa en la actualidad sino a situaciones que vienen de hace tiempo en el país. Jorge no acusa a una gestión en particular. Como pastor interpela a los gobernantes por la situación de la sociedad y, sobre todo, de los más vulnerables”, destacó un estrecho colaborador de García Cuerva.
Lo cierto es que a la jerarquía de la Iglesia no le resultaron imprevisibles las reacciones públicas y privadas del oficialismo, sino más bien todo lo contrario. Sí le molesta que acusen a los prelados de politizar la visita del Papa.
“Cómo nos va a sorprender que se irritaran tanto si solo están repitiendo un patrón de conducta que han impuesto en la esfera pública argentina desde hace tres años. Pero es una pena y trataremos de que no escale, aunque sin dejar de decir lo que tenemos que decir como pastores. Es lo mismo que fue dicho por León XIV recientemente en Francia, porque él habla para todo el mundo”, afirmó un importante colaborador del arzobispado.
Nada más previsible
Los desencuentros, de cualquier manera, no podían haber sido más esperables. Por eso, para muchos lo que es llamativo es que en la Casa Rosada se hayan sorprendido y, en consecuencia, se enojen por lo que dicen los obispos, en lugar de haber diseñado una estrategia de contención y reducción de daños inevitables. La Iglesia tiene su eje ordenador más terrenal en la doctrina social que está en las antípodas del libertarianismo individualista que Milei profesa y predica como un profeta.
A ese posicionamiento atemporal debe sumarse que Robert Prevost al elegir el nombre para su papado se impuso ser el sucesor de León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, donde se establecieron bases y principios de esa doctrina social de la Iglesia para denunciar y llamar a poner límites a los abusos que a fines del siglo XIX estaba generando la segunda revolución sobre los trabajadores, los niños y las mujeres.
Tales definiciones tienen una línea recta de continuidad en la primera encíclica de León XIV, Magnifica humanitas, firmada el 15 de mayo de este año. Justo una semana antes de que el canciller Quirno se ufanara de haberle ido a llevar a Milei “la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y que en estos días le genera al Gobierno más preocupaciones que felicidades. Mientras crece el fervor entre los creyentes y aumenta la expectativa más allá de la feligresía.
En su defensa, Quirno podría esgrimir que desconocía cuán comprometido estaba el Papa con las ideas de su homónimo antecesor, ya que Magnifica Humanitas se publicó el 26 de mayo, cuatro días después de su visita a Olivos. Aunque ya se sabe que en derecho nadie puede alegar su propia torpeza. La elección del nombre y su trayectoria eclesiástica, así como su promoción por parte de Francisco deberían haberle advertido cuál sería su posicionamiento en cuestiones terrenales.
La sombra de Bergoglio
La figura del Bergoglio, por otra parte, vuelve a resonar e incomodar. No por el ya perdonado y prescripto ataque de Milei a Francisco, al que llamó “el representante del maligno en la tierra”, sino por el eco que trae su voz incómoda para los gobernantes de turno. Y mucho más por el perfil que le dio en su papado a la Iglesia Católica en general y, en particular, a la Iglesia argentina.
La mayoría de los obispos creados están signados por su compromiso social, en particular, con los más desfavorecidos. Son lo que él llamó “los pastores con olor a oveja”. Otra disonancia conceptual con Milei, que apenas llegó a la Presidencia, dijo: “Yo no vengo a guiar corderos, sino a despertar leones”.
De cualquier manera, no se trata para el Gobierno de una discusión conceptual o teórica sino de un conflicto con efectos muy concretos. Eso es lo que le preocupa.
El deterioro del clima social está en línea con el impacto negativo en la economía personal de gran parte de los argentinos, como reflejan los indicadores oficiales, entre los que se destaca la destrucción de empleo formal, el cierre de empresas, el endeudamiento y la morosidad.
De eso hablan los obispos y se descuenta que los resultados no deseados del “fenómeno barrial”, que Milei se jacta de protagonizar será amplificado al mundo entero por la prédica León XIV durante su visita al país, aunque su mensaje no se detenga en particularidades locales y tenga carácter universal, como se encargan de resaltar en la Iglesia.
La expectativa en la sociedad argentina despertada por la llegada del Papa, que sorprende incluso a la cúpula eclesiástica argentina y no es desconocida por el Gobierno, alienta la preocupación en la cúpula mileísta.
El mensaje papal podría ser el catalizador, con derivaciones impredecibles de un descontento que hoy no tiene puntos de convergencia en la política argentina. Demasiado para el comienzo del año electoral. Por eso, para Milei la tensión con la Iglesia es la menos deseada.
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