POLITICA
El ministro Mahiques y el juez Lijo comparten un viaje a París para exponer ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, para defender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado de la Argentina en materia de lavado de dinero.
El viaje tendrá lugar entre el 15 y el 19 de junio y se trasladarán a París, además, el juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, especializado en peritajes de casos complejos, que trabajó muchos años con Lijo.
La delegación de jueces y del funcionario que depende de la Corte irá en representación del Poder Judicial para explicar los avances de las causas por lavado de dinero, como parte de la política de Estado de la Argentina.
El GAFI es un organismo internacional que evalúa anualmente las políticas argentinas en materia de lavado y, en esta ocasión, la delegación rendirá cuentas sobre los avances.
Además participarán de la delegación el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; el coordinador nacional antilavado Agustín Flah; un especialista internacional en políticas contra el lavado de dinero; funcionarios del Banco Central y de ARCA, entre otros.
El viaje de Lijo en la misma comitiva que Mahiques despertó suspicacias políticas, pues el ministro de Justicia está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Y se asocia al juez Lijo como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei. Cada uno representa a un sector distinto de Comodoro Py, y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso.
Lijo además tiene en sus manos las causas judiciales más sensibles para el Gobierno, como el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y las coimas de la Andis, donde está procesado Diego Spagnuolo, entre otros. Es decir, las suspicacias en torno al viaje son múltiples.
Pero integrantes de la comitiva consultados por explicaron que es una misión técnica, donde la Argentina va a exponer sus avances en esta política de Estado y vincular el viaje con asuntos políticos domésticos es “desacertado y erróneo”.
Indicaron que los jueces viajan comisionados por la Corte y que expondrán los avances de sus causas. Los viajes de este tenor ya ocurrieron en el pasado, con intervención de otros magistrados, por ejemplo, Mariano Borinsky, o de fiscales, o del propio Casanello.
De hecho, esta semana Mahiques presidió la reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos del Gobierno para preparar este viaje.
La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, proceso en curso desde 2025 que se organiza en torno a cinco mesas de trabajo temáticas.
Los organismos participantes informaron sobre la producción de información en cada área y se acordó un cronograma para las próximas reuniones.
Cada mesa analiza una dimensión específica del análisis: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos específicos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
El objetivo es que el Estado cuente con un diagnóstico actualizado que oriente las políticas públicas de prevención y combate en cada área.
Asimismo, se evaluó el estado de situación del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI, que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026.
El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances del país y lo instó a continuar con las medidas orientadas a corregir las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua de octubre de 2024.
Tras la evaluación mutua de 2024, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances.
El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.
Del encuentro con Mahiques participaron el pasado miércoles los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; los subsecretarios de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz y de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Inaes y ARCA, entre otros organismos del Estado con competencia en la materia.
Juan Bautista Mahiques,View this post on Instagram,Hernán Cappiello,Juan Bautista Mahiques,Ariel Lijo,Conforme a,,Ataques a la prensa. La Academia Nacional de Periodismo denunció un “clima de hostigamiento” contra la prensa y responsabilizó a Javier Milei,,El exfuncionario detenido con drogas y millones de dólares. Una nueva denuncia sobre presunta corrupción en el manejo de los aeropuertos apunta a Facundo Leal y a sus sucesores en el cargo,Juan Bautista Mahiques,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,Cortocircuitos. Por qué se pelean los mileístas,,Los Milei y la Justicia. Un acto de arbitrariedad, persecución y torpeza
POLITICA
Senado: con el apoyo de los aliados, el Gobierno logró convertir en ley la Inocencia Fiscal II
Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión.
El proyecto, que llegó para suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
El también peronista Fernando Salino apuntó a una de las modificaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la primera versión de la ley, que restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores. Sin embargo, los familiares quedaron exentos de esa restricción. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador.
Ese punto quiso incorporarse a la hora de votar, mediante un pedido de modificaciones. Sin embargo, el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar cambios y el proyecto se votó en general y en particular sin alteraciones.
Inocencia II
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
Traspaso judicial
El Senado aprobó en la sesión de este jueves acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.
El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich en referencia al traspaso que, además, se realiza con fondos.
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POLITICA
El fuerte cruce entre el Gobierno y el intendente de Río Grande por la Base Naval de Tierra de Fuego
La inclusión de los fondos destinados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego desató un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el intendente fuegino de Río Grande, Martín Pérez, luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 ante el Congreso.
El cruce tuvo lugar después de qye el jefe comunal cuestionara la supuesta ausencia de una partida específica para esa obra estratégica anunciada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional sobre la causa Malvinas.
“La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional no aparece con partida propia en el proyecto de Presupuesto para 2027. Desde su Gobierno dijeron textualmente que iba a ser ‘prioridad’. La Base es una prioridad estratégica y tiene que estar en el presupuesto con partidas asignadas. Anunciarse solo por TV está lejos de ser suficiente”, expresó el jefe comunal.
Y aprovechó para reclamar por la falta de nuevas obras nacionales para su municipio.
“Para Río Grande tampoco hay una obra nacional nueva prevista en el proyecto de presupuesto ni fondos para terminar las obras que su administración dejó paralizadas desde diciembre de 2023”, recriminó en la misma red social.
La respuesta del Gobierno
La réplica de la administración libertaria no se hizo esperar. Desde la Oficina de Respuesta Oficial rechazaron los cuestionamientos del intendente y aseguraron que los recursos para la construcción de la Base Naval Integrada sí están contemplados en el proyecto enviado al Congreso.
“La base naval integrada está en el presupuesto, intendente, aprenda a leer”, comenzó el mensaje de respesta difundido por la dependencia oficial.
Según la explicación brindada por el Gobierno, la obra no figura con una denominación propia dentro del articulado presupuestario porque será ejecutada por la Armada Argentina y, por lo tanto, los fondos están incorporados en la estructura presupuestaria correspondiente a esa fuerza.
“El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno”, reprocharon desde la Oficina de Respuesta Oficial.
El Poder Ejecutivo señaló que “una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada. Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso”.
La respuesta oficial sostuvo que “la misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026, que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle”.
Asimismo, remarcó que las licitaciones saldrán en octubre, noviembre y diciembre antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. “En total serán $530.000 millones”, especificó.
“La Base tiene decreto firmado y plata asignada, y en octubre arranca su construcción”, ratificó el Gobierno.
La obra
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajo, que se realizará por etapas y contempla un muelle de 585 metros. Será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
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POLITICA
La UBA anunció más de 20 días de paro y una nueva marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario
Luego del fracaso en la paritaria universitaria, los docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron más de 20 días de paro y la realización una nueva marcha federal en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, denunció el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci.
El cese de actividades se desarrollará de manera rotativa y comenzará el próximo lunes. La medida se extenderá hasta el jueves 22 del siguiente mes.
A su vez, el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria.
A diferencia de ediciones anteriores, donde se movilizó a Plaza de Mayo, el destino final de esta acción será el Palacio de Tribunales.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, afirmó Cagnacci.
La propuesta de la nueva marcha federal fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, indicó el CIN.
En diálogo con , Cagnacci afirmó que “la oferta no cumple con la ley de Financiamiento Universitario”. “Se trata de una ley sancionada y en vigencia. En democracia hay que cumplir la ley, si no cumplimos tenemos una sanción”, afirmó.
Y sostuvo que “parece que el primero que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, las incumple”, en sus críticas al Gobierno.
Cronograma de los paros
Del 21 al 25 de septiembre.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Del 5 al 9 de octubre.
Del 12 al 16 de octubre.
Del 19 al 23 de octubre.
Fracaso de la paritaria
En la negociación paritaria que se desarrolló este jueves en el Palacio Pizzurno, el Gobierno propuso un aumento del 3% para septiembre y octubre, la misma oferta que había realizado en la última reunión, a inicios de mes.
En aquella ocasión, todos los gremios habrían rechazado el ofrecimiento al considerar que todavía restaba recomponer más de un 30% para alcanzar el nivel salarial de fines de 2023.
“Fue tal cual lo que se ofreció el 1° de septiembre, lo que quiere decir que en este cuarto intermedio el Gobierno no modificó la oferta. No hubo discusión, sino un monólogo, con tono autoritario, ofreciendo lo mismo que ya se había rechazado», señaló Cagnacci en conversación con este medio.
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