El Senado de la Nación debate en estas horas un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La medida establece la posibilidad de desalojos inmediatos. La iniciativa provocó preocupación entre quienes alquilan viviendas en Argentina. La agrupación Inquilinos Agrupados denunció que la norma dejaría en situación de vulnerabilidad a inquilinos con retrasos mínimos por problemas económicos.

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer sobre la gravedad de la iniciativa. “No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora. No hay antecedentes en la región con tan poca protección para quienes alquilan vivienda. Frente a un atraso, el dueño puede notificar en tres días y, en cinco, el juez puede ejecutar el desalojo”, afirmó.

La iniciativa establece que en caso de falta de pago, intrusión o toma de inmuebles, se tramitará a través de un juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. La propuesta legislativa modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rige en la ciudad de Buenos Aires. Además del Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley de fondo aplicable en todas las provincias.

De acuerdo con Muñoz, la ley elimina la posibilidad de que una familia salde la deuda después de iniciado el proceso judicial. “Si se atrasó, va directamente a la calle. El proyecto impide regularizar la situación aun si se paga el monto adeudado, en un contexto donde muchas empresas pagan salarios en cuotas y se eliminaron protecciones al alquiler de vivienda con el decreto 7023”, explicó.

Debate y alcance del proyecto en el Senado

Muñoz insistió en que la ley profundiza la vulnerabilidad de quienes alquilan y que no existe en Argentina una crisis real sobre la propiedad privada. “El Gobierno da títulos como ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, pero el problema central está en la economía: cada vez más familias tienen dificultades para pagar el alquiler porque pierden el empleo o ven restringidos sus ingresos”, subrayó.

Consultado sobre el argumento oficial en cuanto a que la normativa busca brindar seguridad jurídica, el titular de Inquilinos Agrupados señaló: “El proyecto es muy técnico, pero lo resumo así: permite avanzar rápidamente contra los inquilinos y restringe la protección. No da seguridad jurídica real. Hoy el plazo de notificación es de diez días y lo reducen a tres, mientras que el desalojo puede ser inmediato a los dos meses de deuda”.

Situación de los inquilinos y nivel de endeudamiento

La organización difundió un informe que muestra un aumento en la cantidad de personas que toman deuda para afrontar el pago del alquiler. Muñoz detalló: “Empezamos a medir el endeudamiento durante la pandemia porque muchos trabajadores perdieron sus ingresos y fue necesario endeudarse para pagar el alquiler. Constatamos que creció la morosidad, el desempleo y el multiempleo”.

Según los datos de la agrupación, la mayoría de quienes alquilan tiene trabajo registrado y alto nivel educativo. Aun así, el retraso en los pagos de alquiler y la toma de créditos para cubrir necesidades básicas, como alimentos, se incrementaron.

“La morosidad creció y el motivo principal es el endeudamiento para comprar alimentos”, informó. “No es casual que en este contexto económico se impulse este tipo de legislación”, agregó.

Modificaciones legales recientes y antecedentes

El artículo relativo al desalojo del Código Civil se modificó por última vez en noviembre de 2001, durante una crisis económica profunda. Aquella reforma estableció el llamado “desalojo exprés”. El nuevo proyecto retoma aspectos similares y, para Muñoz, profundiza el desamparo de los inquilinos.

“No existe una ley que diga que deben esperar dos años para desalojar a una familia”, precisó el dirigente. “Con la normativa vigente, luego de dos meses de impago puede ser inmediato el desalojo. El problema no está en la protección excesiva al inquilino, sino en la economía y las condiciones de acceso a la vivienda”.

Perspectiva de Inquilinos Agrupados y escenario actual

Inquilinos Agrupados señaló que la discusión parlamentaria ocurre en un momento en el que la crisis habitacional y la pérdida de poder adquisitivo agravan la situación de quienes alquilan. En sus relevamientos, identifican un deterioro sostenido en las condiciones de contratación y un aumento en la informalidad laboral entre arrendatarios.

El proyecto continúa en tratamiento en el Senado de la Nación. Gervasio Muñoz expuso ante los legisladores y reiteró: “Hoy no existe protección para quienes no pagan su alquiler. Este proyecto hace mucho más fácil y rápido el proceso de desalojo”.

La Cámara Alta definirá en las próximas sesiones la suerte del proyecto y el posible impacto para los sectores que alquilan vivienda en Argentina.

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15 marzo 2026,category_code_new,jesús hellín

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso el desmantelamiento del denominado “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores, un espacio que funcionaba como ámbito de reuniones dentro de la sede del Ejecutivo.

Según trascendió, el lugar dejó de exhibir retratos y referencias al ex jefe de Estado argentino. La decisión modificó uno de los ámbitos internos del palacio presidencial que había sido incorporado como parte de la simbología política entre Caracas y Buenos Aires.

El salón había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a Venezuela. En esa jornada, la mandataria mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

Tras la reunión, ambos encabezaron el acto de inauguración del espacio, que desde ese momento llevó el nombre del ex presidente argentino. “Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”, expresó Chávez durante la ceremonia.

Por su parte, Fernández de Kirchner agradeció el homenaje y lo definió como “este gesto de amor”. En ese contexto, sostuvo: “Es un honor que la Sala de Acuerdos de ministros del gobierno de Venezuela lleve, no solamente el nombre, sino sus imágenes… Es muy fuerte”.

Durante esa visita oficial, los mandatarios desarrollaron una agenda conjunta que incluyó la firma de acuerdos de cooperación en áreas comercial, industrial, científica, de vivienda y educativa. Los convenios fueron suscriptos por funcionarios de ambos gobiernos tras el encuentro en el despacho presidencial.

El denominado “Salón Néstor Kirchner” formó parte desde entonces de los espacios utilizados para reuniones y actividades oficiales dentro del Palacio de Miraflores. Su denominación y características respondieron al vínculo político entre ambos gobiernos en ese período.

Hasta diciembre de 2025, el lugar se mantuvo con imágenes y elementos vinculados al ex presidente argentino, lo que reflejó la continuidad del homenaje dentro de la sede gubernamental venezolana.

Las publicaciones difundidas por la cuenta oficial de la presidencia venezolana permiten observar los cambios en ese ámbito entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. En una imagen del 26 de diciembre de ese año, en la que aparece Nicolás Maduro, todavía se veían distintos elementos asociados a Kirchner y a la Argentina.

En ese registro se distinguían una frase atribuida al ex mandatario, una pintura en la que aparecían Chávez y Kirchner —réplica de un cuadro realizado por el propio líder venezolano—, otra obra con la imagen del ex presidente argentino sobre fondo celeste y blanco, además de objetos vinculados a la historia regional y símbolos argentinos.

También se observaban fotografías de Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, imágenes con Luiz Inácio Lula da Silva y reproducciones de retratos históricos, entre ellos uno de José de San Martín.

Una nueva imagen difundida el 4 de enero, correspondiente a una reunión de Rodríguez con su gabinete, mostró un escenario distinto. En esa instancia ya no estaban los objetos ni las imágenes vinculadas a Kirchner o a la Argentina, y en la pared principal solo se veían fotografías de Chávez, de Maduro junto a Cilia Flores y una imagen de Simón Bolívar.

Las paredes laterales conservaron su tonalidad celeste y blanca, mientras que la mesa ovalada continuó ocupando el centro del salón, tal como en las imágenes anteriores.

Luego de ese registro no se publicaron nuevas fotos del lugar durante varias semanas. Recién el 13 de marzo se difundió otra imagen del mismo espacio, en la que se evidenció un cambio más amplio: desaparecieron los elementos asociados a la Argentina y el salón presentó paredes completamente blancas, con excepción de un sector decorado en el fondo.

En esa última imagen se mantuvieron sin modificaciones el techo, la mesa central y el piso, mientras que el resto del ambiente mostró una configuración distinta a la que había tenido durante años.

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El Gobierno encadenó un discurso de Javier Milei y varias declaraciones de Luis Caputo -antes y después del nuevo visto bueno del FMI- para tratar de amortiguar los números negativos de la economía, con la inflación como punto destacado pero no único. Se trata de un intento de recrear expectativas, lo cual es un dato político en sí mismo como señal de clima. En ese registro, impacta al revés la sucesión de novedades sobre el caso de Manuel Adorni. El oficialismo no tiene en claro qué podría añadir la causa hasta el 29 de este mes: para ese día está agendado el informe del funcionario en Diputados. Y por lo pronto, la estrategia defensiva apuntaría a una batalla “en el barro”.

El informe sobre la inflación de marzo marcó el punto de mayor impacto en un mal primer trimestre del año, según la propia evaluación del Gobierno. Restan aún algunos datos sobre consumo y actividad industrial, que vienen anotando números a la baja. Pero sin dudas, el IPC resulta un dato mayor. Y eso motivó el despliegue del ministro de Economía y el discurso presidencial en el encuentro de la AmCham. Un gesto realista, aunque con ratificación enfática de su política y señalamientos de causas fuera de la política oficial. El hecho significativo, y repetido en pocos días, fue el pedido de “paciencia”.

No solo pesa el IPC de marzo (3,4%), sino además que el índice lleva diez meses en alza y en un trimestre (9,4%) consumió prácticamente todo lo establecido en el Presupuesto 2026 (10,1%). Los dichos de estas horas exponen la línea básica de comunicación que ya se viene imponiendo en el oficialismo: admitir un arranque de año realmente malo, pero con promesa de recuperación a partir de abril: “desinflación”, con mejora de ingresos y recuperación de consumo. Es lo que repiten voceros formales e informales.

El presidente le agregó su propia pincelada, al decir que le “repugna” la inflación. Prometió que se “va a derrumbar” a partir de abril. Y Caputo dijo que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas décadas”. El final del lapso coincide prácticamente con las elecciones del año que viene. De todas maneras, antes que pronósticos electorales -el ministro ya repitió el suyo con tono de campaña y ante audiencias empresariales-, lo que siguen de cerca analistas y funcionarios son los indicadores de imagen y preocupaciones sociales.

La mayoría de los relevamientos indican que los temas económicos (empleo, inflación, ingresos) encabezan la lista y se imponen sobre otros como inseguridad o corrupción. Sin embargo, el tema del jefe de Gabinete ya registra peso propio en las encuestas. Y la cuestión de fondo es cuánto le agregan este tipo de casos al malestar de origen económico, el más gravitante.

Desde hace un mes largo, la consecuencia notoria de la investigación sobre el patrimonio de Adorni es para Olivos la imposibilidad de cambiar el foco de la agenda pública. Los repetidos gestos de respaldo al funcionario quedan limitados a la lógica de poder, con el añadido del silencio del vocero. Resulta difícil generar hechos propios y de impacto más o menos duradero. Es algo que se nota especialmente en el Congreso.

Por el momento, no está prevista una aceleración de proyectos del Ejecutivo para apurar debates en el recinto. Circulan algunos títulos y existen movimientos en comisión. Tampoco la oposición se muestra muy activa: mantiene la mira en el jefe de Gabinete, aunque ya mostró diferencias prácticas. Siguen latentes las intenciones de interpelación, que parecen dilatadas para después de la presencia de Adorni en Diputados.

Se verá, pero no es sencillo para la oposición. Antes que nada, debería forzar el primer paso del tratamiento en comisión. El cálculo de algunos espacios incluye, aunque con cautela, el repaso de los intentos -también apuntados a Karina Milei– durante la reciente sesión por la reforma de la ley de Glaciares. No le alcanzó, como era previsible por la exigencia de una mayoría especial, pero al menos una iniciativa quedó a cuatro votos del quorum.

En dos semanas, Adorni deberá exponerse al dar su primer informe de gestión. Está claro cuál será el tema dominante. Y todas las versiones y especulaciones en la Cámara baja giran en torno del contraataque que prepara el oficialismo. El lunes, Martín Menem aprovechó una cita con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para afirmar que será una sesión “picante”. Y recomendó “comprar pochoclo”. Por supuesto, adjudicó tal clima de pelea a la intención opositora de “llevar al Gobierno al barro”.

No sería solo una cuestión de la oposición dura. La estrategia oficialista estaría jugada a generar ese tipo de espectáculo. La fórmula es conocida: responder con acusaciones a la carga opositora. No es secreto para nadie en el Congreso que, además de las respuestas a las preguntas y críticas sobre la gestión, se están buscando “antecedentes” o “denuncias” sobre los legisladores que podrían destacarse en la ofensiva sobre el jefe de Gabinete. El problema del barro es que iguala en lugar de marcar diferencias.

Los días de elaboración de la respuesta del oficialismo no transcurren al margen de las novedades sobre el caso Adorni. Los trascendidos que surgen desde Comodoro Py indican que las declaraciones de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas no despejaron las sospechas sobre la operación del departamento de la calle Miró. Al contrario, alimentarían inconsistencias sobre la compra inicial al ex futbolista Hugo Morales y la posterior venta a Adorni y su esposa. No se trataría solo de la hipoteca sin intereses, sino del origen de los fondos y los costos de la reforma integral de la propiedad, en relación con el precio declarado para escriturar. Las fotos del estado inicial del departamento y de los ambientes remodelados son contundentes.

La mira de la investigación judicial está puesta en la evolución del patrimonio del funcionario. Y en la relación con sus ingresos. Una cuenta a la que se agregan el pago parcial de la hipoteca sobre la propiedad de la calle Asamblea, la diferencia para adquirir la casa en el country de Exaltación de la Cruz y los arreglos posteriores. Se suma también la confirmación del viaje con su familia a Aruba. Los pasajes, pagados en dólares y en efectivo, ocupan el primer renglón de los gastos de esas vacaciones, a las que habría que añadir la estadía en general.

La causa tiene por delante un listado amplio de citaciones impulsadas por Gerardo Pollicita, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, solicitado por el fiscal y ordenado por Ariel Lijo. Todo, cruzado por versiones inquietantes sobre el frente judicial a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro. En resumen, un cuadro complejo, cuando se trata no solo de imponer agenda sino, además, de recrear expectativas.

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