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POLITICA

El caso Adorni sigue sumando capítulos y conspira contra el intento oficialista de recrear expectativas

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El Gobierno encadenó un discurso de Javier Milei y varias declaraciones de Luis Caputo -antes y después del nuevo visto bueno del FMI- para tratar de amortiguar los números negativos de la economía, con la inflación como punto destacado pero no único. Se trata de un intento de recrear expectativas, lo cual es un dato político en sí mismo como señal de clima. En ese registro, impacta al revés la sucesión de novedades sobre el caso de Manuel Adorni. El oficialismo no tiene en claro qué podría añadir la causa hasta el 29 de este mes: para ese día está agendado el informe del funcionario en Diputados. Y por lo pronto, la estrategia defensiva apuntaría a una batalla “en el barro”.

El informe sobre la inflación de marzo marcó el punto de mayor impacto en un mal primer trimestre del año, según la propia evaluación del Gobierno. Restan aún algunos datos sobre consumo y actividad industrial, que vienen anotando números a la baja. Pero sin dudas, el IPC resulta un dato mayor. Y eso motivó el despliegue del ministro de Economía y el discurso presidencial en el encuentro de la AmCham. Un gesto realista, aunque con ratificación enfática de su política y señalamientos de causas fuera de la política oficial. El hecho significativo, y repetido en pocos días, fue el pedido de “paciencia”.

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No solo pesa el IPC de marzo (3,4%), sino además que el índice lleva diez meses en alza y en un trimestre (9,4%) consumió prácticamente todo lo establecido en el Presupuesto 2026 (10,1%). Los dichos de estas horas exponen la línea básica de comunicación que ya se viene imponiendo en el oficialismo: admitir un arranque de año realmente malo, pero con promesa de recuperación a partir de abril: “desinflación”, con mejora de ingresos y recuperación de consumo. Es lo que repiten voceros formales e informales.

El presidente le agregó su propia pincelada, al decir que le “repugna” la inflación. Prometió que se “va a derrumbar” a partir de abril. Y Caputo dijo que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas décadas”. El final del lapso coincide prácticamente con las elecciones del año que viene. De todas maneras, antes que pronósticos electorales -el ministro ya repitió el suyo con tono de campaña y ante audiencias empresariales-, lo que siguen de cerca analistas y funcionarios son los indicadores de imagen y preocupaciones sociales.

La mayoría de los relevamientos indican que los temas económicos (empleo, inflación, ingresos) encabezan la lista y se imponen sobre otros como inseguridad o corrupción. Sin embargo, el tema del jefe de Gabinete ya registra peso propio en las encuestas. Y la cuestión de fondo es cuánto le agregan este tipo de casos al malestar de origen económico, el más gravitante.

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Desde hace un mes largo, la consecuencia notoria de la investigación sobre el patrimonio de Adorni es para Olivos la imposibilidad de cambiar el foco de la agenda pública. Los repetidos gestos de respaldo al funcionario quedan limitados a la lógica de poder, con el añadido del silencio del vocero. Resulta difícil generar hechos propios y de impacto más o menos duradero. Es algo que se nota especialmente en el Congreso.

Por el momento, no está prevista una aceleración de proyectos del Ejecutivo para apurar debates en el recinto. Circulan algunos títulos y existen movimientos en comisión. Tampoco la oposición se muestra muy activa: mantiene la mira en el jefe de Gabinete, aunque ya mostró diferencias prácticas. Siguen latentes las intenciones de interpelación, que parecen dilatadas para después de la presencia de Adorni en Diputados.

Se verá, pero no es sencillo para la oposición. Antes que nada, debería forzar el primer paso del tratamiento en comisión. El cálculo de algunos espacios incluye, aunque con cautela, el repaso de los intentos -también apuntados a Karina Milei– durante la reciente sesión por la reforma de la ley de Glaciares. No le alcanzó, como era previsible por la exigencia de una mayoría especial, pero al menos una iniciativa quedó a cuatro votos del quorum.

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En dos semanas, Adorni deberá exponerse al dar su primer informe de gestión. Está claro cuál será el tema dominante. Y todas las versiones y especulaciones en la Cámara baja giran en torno del contraataque que prepara el oficialismo. El lunes, Martín Menem aprovechó una cita con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para afirmar que será una sesión “picante”. Y recomendó “comprar pochoclo”. Por supuesto, adjudicó tal clima de pelea a la intención opositora de “llevar al Gobierno al barro”.

No sería solo una cuestión de la oposición dura. La estrategia oficialista estaría jugada a generar ese tipo de espectáculo. La fórmula es conocida: responder con acusaciones a la carga opositora. No es secreto para nadie en el Congreso que, además de las respuestas a las preguntas y críticas sobre la gestión, se están buscando “antecedentes” o “denuncias” sobre los legisladores que podrían destacarse en la ofensiva sobre el jefe de Gabinete. El problema del barro es que iguala en lugar de marcar diferencias.

Los días de elaboración de la respuesta del oficialismo no transcurren al margen de las novedades sobre el caso Adorni. Los trascendidos que surgen desde Comodoro Py indican que las declaraciones de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas no despejaron las sospechas sobre la operación del departamento de la calle Miró. Al contrario, alimentarían inconsistencias sobre la compra inicial al ex futbolista Hugo Morales y la posterior venta a Adorni y su esposa. No se trataría solo de la hipoteca sin intereses, sino del origen de los fondos y los costos de la reforma integral de la propiedad, en relación con el precio declarado para escriturar. Las fotos del estado inicial del departamento y de los ambientes remodelados son contundentes.

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La mira de la investigación judicial está puesta en la evolución del patrimonio del funcionario. Y en la relación con sus ingresos. Una cuenta a la que se agregan el pago parcial de la hipoteca sobre la propiedad de la calle Asamblea, la diferencia para adquirir la casa en el country de Exaltación de la Cruz y los arreglos posteriores. Se suma también la confirmación del viaje con su familia a Aruba. Los pasajes, pagados en dólares y en efectivo, ocupan el primer renglón de los gastos de esas vacaciones, a las que habría que añadir la estadía en general.

La causa tiene por delante un listado amplio de citaciones impulsadas por Gerardo Pollicita, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, solicitado por el fiscal y ordenado por Ariel Lijo. Todo, cruzado por versiones inquietantes sobre el frente judicial a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro. En resumen, un cuadro complejo, cuando se trata no solo de imponer agenda sino, además, de recrear expectativas.

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Alumnos tomaron el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario

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Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada este martes después de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Argumentan que la medida es una respuesta directa al ajuste del Gobierno nacional, que afecta tanto los salarios docentes como el mantenimiento de la infraestructura educativa.

La protesta comenzará en la noche, al finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con presencia de los estudiantes en los edificios. Según lo resuelto en las asambleas, el dictado de clases no se interrumpirá completamente: cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida y, en reemplazo de la actividad habitual, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta. El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, precisó en diálogo con A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, remarcando que cada jornada se evaluará en asambleas si la ocupación continúa.

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El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. Sin embargo, la norma se encuentra judicializada y su aplicación fue suspendida a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo apeló los fallos iniciales que ordenaban la puesta en marcha de los artículos vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento, mientras el oficialismo promueve un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.

La toma de los colegios preuniversitarios se inscribe en un contexto de conflicto por los recursos destinados a la educación superior. En paralelo a la protesta estudiantil, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes, con la consigna de exigir la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición salarial. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado. Se suma a los otros sindicatos de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica.

Hubo clases públicas frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires

La medida de fuerza de los docentes se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de clases públicas impulsadas desde 2024 en todo el país. El gremio sostiene que los salarios perdieron un 52,1 % de poder adquisitivo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada y denuncia que el atraso impacta de manera directa en la calidad educativa y en la permanencia del cuerpo docente en el sector público.

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“Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30 % menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”, afirmó Pitrola en A24. Según el dirigente estudiantil, esta situación representa un perjuicio estructural y evidencia “un claro ataque directo a las universidades”. Sostuvo también que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30 % más que sus pares de la ciudad”, y consideró que la reversión de esta relación salarial se produce en el marco de una política que busca “deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”.

En la entrevista concedida a A24, Pitrola explicó que la ocupación de los establecimientos tiene carácter “indeterminado”, pero que la continuidad de la medida será evaluada de manera cotidiana en asambleas abiertas a toda la comunidad educativa. “La idea es visibilizar, la idea es informar a la sociedad lo que está pasando en el colegio, porque es realmente muy grave”, expresó el presidente del centro de estudiantes. Aseguró que “la situación es límite” y que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.

Desde la perspectiva de los alumnos, el deterioro de los salarios y la falta de mantenimiento edilicio son síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al sistema universitario nacional. En este sentido, la movilización estudiantil se articula con las acciones de los gremios docentes y no docentes, que este martes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.

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El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde 2024, estudiantes y trabajadores han encabezado al menos cuatro movilizaciones federales y numerosas jornadas de protesta. La promulgación de la ley en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto. Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.

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POLITICA

La Argentina ante los senderos que se bifurcan

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Estados Unidos quiere ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cómo sabremos quién ganó o perdió? Kyle Chan, investigador de Brookings, planteó esta pregunta provocadora en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de EEUU hace unas semanas. Una primera respuesta posible: quién lleva la ventaja en los modelos más poderosos, que define quién llega primero a la anhelada y temida superinteligencia artificial. Otra manera de entender la disputa sería acerca de quién controla los insumos en la cadena de valor de la IA: el acceso a los minerales críticos, a los semiconductores o a la energía que demandan los centros de datos. Una tercera forma de abordarlo, argumentó Chan, sería en qué medida la IA logra mejorar la vida y el progreso de la mayor cantidad de personas. Estas formas de evaluar no son excluyentes, y requieren activar distintas palancas de política pública.

La competencia entre Washington y Pekín no tiene correlato con lo que ocurre en el resto del mundo, pero como en cada momento de disrupción tecnológica, todos los países están corriendo su propia carrera, incluida la Argentina. Y esa es la pregunta que quiero plantear: ¿qué significaría que a la Argentina le vaya bien en la carrera de la IA?

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El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece un punto de partida útil. Argentina ocupa el sexto lugar de 19 países evaluados, con 52 puntos sobre 100, clasificada como “adoptante”: ni entre los pioneros (Chile, Brasil, Uruguay) ni entre los más demorados. Pero la región en su conjunto viene corriendo de atrás. Toda la inversión privada en IA de América Latina representa apenas el 1,12% de la inversión global: una brecha de siete veces respecto al peso de la región en el PBI mundial. Argentina tiene hoy un rezago de adopción de IA en una región rezagada.

Descartemos primero lo que no está a nuestro alcance. Sería poco realista plantearnos que Argentina busque insertarse en la construcción de grandes modelos fundacionales (como Claude o ChatGPT), un camino que requiere inversiones de capital abismales, talento especializado en escala y acumulación de conocimiento durante años. Para dimensionar dónde estamos: Corea del Sur, que se ubica en un muy lejano tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de modelos de IA, es el país con más patentes de IA per cápita del mundo. Ese club tiene barreras de entrada que hoy no podemos franquear.

Eso no significa que países como Argentina queden automáticamente sin lugar en esta nueva geografía tecnológica. En las grandes transformaciones, buena parte del valor suele estar en la capacidad de adaptar y difundir tecnologías a lo largo de distintos sectores de la economía, más que en liderar necesariamente la invención original. Nuestro test tiene que ser otro.

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Una primera dimensión pasa por construir aplicaciones, servicios y plataformas sobre los grandes modelos existentes. Puede además aprovechar el acceso abierto a varios de ellos ya que la Argentina tiene la ventaja de ocupar el segundo lugar de la región en relevancia de su producción de código abierto. Tenemos un sector muy significativo en el que apalancarnos: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron en 2025 un récord de 9.600 millones de dólares y fueron el tercer complejo exportador del país.

El desafío es que este terreno se mueve rápido. Cada nuevo anuncio de los grandes modelos de IA redefine en cuestión de semanas modelos de negocio y barreras de entrada para millones de start-ups en todo el mundo. La capacidad de innovar es clave y para ello hacen falta recursos humanos especializados y acceso a financiamiento para escalar rápido. La brecha de talento en IA entre América Latina y el promedio mundial se viene ampliando desde 2022, impulsada por una pérdida acelerada de profesionales especializados. Y el problema es doble: no retenemos el talento existente y nuestros indicadores de calidad educativa revelan cuán endeble es la base sobre la que formamos a quienes vienen. Sin reformas e inversión en el sistema educativo y tecnológico, la IA es un simple anhelo de deseo.

Una segunda dimensión es horizontal: que la IA no quede confinada a los sectores de vanguardia o start-ups sino que impregne al conjunto de la economía, de manera que potencie la productividad. América Latina arrastra un problema severo de productividad —su crecimiento promedió apenas un 0,4% anual en los últimos 25 años y fue negativo en la última década— y los grandes saltos tecnológicos abren oportunidades para acelerar transformaciones. Esta puede ser una de ellas.

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Como ocurrió con internet o la electricidad, hay países que lideran la invención y los primeros desarrollos comerciales, pero eso no impide que otros se vuelvan especialmente eficaces en difundir esa tecnología a lo largo de toda su economía. No conocemos una revolución tecnológica de esta escala y velocidad, pero sí sabemos que los procesos de difusión tecnológica son muy relevantes para el desarrollo de los países.

¿Podemos convertir esta disrupción en una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía? ¿Cómo incentivamos usos de IA que potencien el trabajo humano y no lo reemplacen? Según el ILIA, Argentina registraba a inicios de 2025 casi 8 millones de usuarios activos de aplicaciones de IA generativa. Somos adoptantes tempranos. Pero ese uso individual no se traduce todavía en impacto productivo. Como suele ocurrir en los procesos de difusión tecnológica, las compañías más grandes y dinámicas llevan la delantera y para las pymes es más cuesta arriba.

Según una encuesta de usos de IA en pymes argentinas realizada por NADIA (Nodo argentino de IA), existe un crecimiento acelerado de uso pero aún incipiente. Entre las pymes de manufactura, el 36% reporta usar al menos un tipo de IA y su principal uso es para marketing y ventas. Aún no se observa un uso sistemático y con rediseño de procesos. La brecha entre uso individual e impacto productivo es, por ahora, un fenómeno extendido en el mundo. Pero el potencial es grande, especialmente en los sectores más rezagados. A lo largo del país, empresas de distintos sectores están experimentando con IA de formas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que podrían convertirse en referencia para otras organizaciones y, además, contribuir a dinámicas de ecosistema que han demostrado acelerar la difusión de innovaciones tecnológicas.

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El sector público no es ajeno a esta promesa de adopción transversal, desde un algoritmo que detecta irregularidades en licitaciones antes de que se firmen, a un hospital que agiliza diagnósticos (ni hablar del desafío que implica para el sistema educativo). Pero una incorporación de IA en el Estado que no sea solo cosmética para un reel de Instagram tiene prerrequisitos: datos públicos de calidad y con estándares de ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas e inversión en profesionales especializados capaces de conducir una adopción que hoy avanza a distintas velocidades. A su vez, el sector público expone, sin atenuantes, el desafío que la IA plantea a toda la economía: cómo se van a reconfigurar los trabajos con la automatización creciente.

Una tercera dimensión opera en una capa más basal: la infraestructura física que hace posible la IA y que condiciona también la capacidad de usarla y de innovar del resto de la economía. La infraestructura digital global tiene un costo material enorme y la inteligencia artificial lo está multiplicando: centros de datos que consumen cantidades crecientes de energía, semiconductores que requieren minerales críticos y redes que demandan conectividad de alta capacidad.

Argentina tiene ventajas concretas en ese ecosistema. Produce carbonato de litio, tiene reservas de cobre y un sector energético en crecimiento, además de un territorio extenso y subutilizado para infraestructura digital. Los casos de referencia no están tan lejos. En el Nordeste de Brasil, Porto Digital reúne casi 500 empresas tecnológicas y ayudó a convertir a Recife en uno de los polos de innovación más dinámicos de América Latina. El desafío para Argentina es atraer inversiones y lograr sinergias que redunden en mejoras en conectividad, empleo y condiciones para acelerar la incorporación tecnológica en el resto de la economía.

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Aplicaciones y servicios sobre IA, difusión productiva e infraestructura digital. Son dimensiones distintas de una misma transformación y se potencian mutuamente. Hay una tentación simétrica en los senderos del debate actual en nuestro país sobre la inteligencia artificial. La del entusiasmo fácil: creer que la IA va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina sin que cambie nada de lo demás. Y la del rechazo defensivo: resistir la infraestructura y la adopción en nombre de una soberanía digital que, en la práctica, equivale a aislarnos y perder oportunidades concretas. La apuesta más difícil y más valiosa es construir márgenes de acción: articular capacidades de innovación, uso e infraestructura que traduzcan la expansión de la IA en mejoras concretas de productividad, competitividad y bienestar. Argentina puede seguir acumulando usuarios de IA generativa y quedarse, al mismo tiempo, fuera de los beneficios reales de esta revolución. En el jardín de Borges, todos los futuros permanecen abiertos. El de la Argentina en la IA también, todavía.

*La autora es directora regional The Global Initiative for Digital Empowerment (GIDE) y profesora invitada Universidad Di Tella




Julia Pomares,Conforme a

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Después del pedido judicial, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco de Datos Genéticos

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El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la medida cautelar que había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de inmediato las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida de 590 millones de pesos, lo que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.

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La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). También se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.

En la resolución, a la que tuvo acceso TN, Ramos Padilla explicó que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.

Por ese motivo, profundizó el juez, “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional».

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Alejo Ramos Padilla dijo que no conoce a Alberto Fernández y que vio tres veces a Cristina Kirchner, en comisión de juicio político en Diputados (Foto: NA – Mariano Sánchez).

El juez aseguró también que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. En esa línea, Ramos Padilla remarcó que el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.

Sobre el final del fallo, el juez remarcó que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas».

El origen del conflicto

Cuando presentaron la denuncia, los fiscales destacaron que para 2026, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96 % del monto requerido, lo que impide cubrir gastos fijos, variables y compromisos asumidos.

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La directora del banco advirtió entonces que se encuentraban en riesgo inminente los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, recolección y disposición de residuos patogénicos, entre otros.

Tras analizar la demanda, Ramos Padilla aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

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Por lo tanto, “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.

La decisión recayó directamente contra Adorni, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.

Banco Nacional de Datos Genéticos, Alejo Ramos Padilla, Gobierno

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