Luego de meses de negarlo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la Ley de Inocencia Fiscal no logró las adhesiones que buscaba. La semana pasada, envió al Congreso un nuevo proyecto para corregir los puntos débiles y dar más seguridad a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón. Son cambios que, de aprobarse, restringirían el poder de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la fiscalización de tributos como Ganancias y Bienes Personales.

Luego de sostener en conferencia de prensa que “tener los dólares abajo del colchón es un mal negocio”, el jueves a última hora, el Gobierno giró a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto, que busca revertir la baja adhesión de la primera versión y facilitar el uso de dólares no declarados en operaciones de compra de inmuebles, autos y consumo en general.

Según detalló Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa contiene al menos diez modificaciones respecto a la legislación actual, aunque cinco aspectos resultan decisivos para que el esquema tenga impacto real en la economía.

Uno de los cambios más relevantes reside en la redefinición de la “discrepancia significativa” que habilita a ARCA a revisar declaraciones juradas. En la versión inicial, cualquier diferencia, incluso mínima, podía activar esa figura y permitir la apertura de investigaciones sobre períodos fiscales completos, lo que generaba inseguridad entre los posibles adherentes al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

De acuerdo al nuevo texto, se establece un umbral mínimo del 5% del monto de evasión simple, actualmente equivalente a $5 millones. Si la diferencia detectada por el fisco no supera ese valor, no se considera una discrepancia significativa y la declaración solo debe ser corregida, sin pérdida de beneficios para el contribuyente. En cambio, si la diferencia excede ese umbral, el contribuyente dispone de hasta 15 días tras la determinación de oficio para regularizar la situación y conservar los beneficios del régimen.

Este punto representa, según Domínguez, un avance clave en la protección de quienes utilicen el RSG, ya que la normativa anterior permitía que hasta diferencias insignificantes, apenas $1, terminaran en revisiones profundas. Así, el nuevo texto busca evitar que situaciones de bajo impacto produzcan consecuencias desproporcionadas para los contribuyentes.

El segundo aspecto central tiene que ver con las presunciones que puede utilizar la ARCA. Si bien la ley actual impedía a ARCA recurrir a la presunción de incremento patrimonial no justificado, no establecía límites claros sobre otras herramientas, como la presunción de depósitos bancarios, lo que dejaba a los contribuyentes expuestos a nuevas objeciones. El proyecto enviado al Congreso agrega que tampoco podrán emplearse ese tipo de presunciones, ni otras similares, dentro del marco del régimen, lo que incrementa la seguridad jurídica para quienes adhieran.

Un tercer punto relevante es la explicitación de la carga de la prueba. El nuevo proyecto establece de forma expresa que la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia recae exclusivamente en la autoridad fiscal. Antes, esta regla operaba solo de manera implícita y muchas veces el contribuyente debía defenderse de presunciones de ARCA sin que existiera una fundamentación sólida. Al dejar en claro que ARCA debe probar cualquier ajuste, se mejora la posición de quienes ingresen al régimen simplificado.

Otra modificación significativa involucra el impuesto a los Bienes Personales. Según Domínguez, la legislación vigente no impedía a ARCA reclamar diferencias por ese tributo aun cuando los fondos provengan de dólares no declarados utilizados para adquirir un bien. El nuevo proyecto, en caso de aprobarse en el Congreso, introduce una ficción legal: los fondos usados en la compra de un inmueble, por ejemplo, se consideran generados en el año de la operación, lo que impide que el fisco reclame Bienes Personales por períodos anteriores. Esta medida otorga mayor previsibilidad y reduce riesgos para los contribuyentes.

La propuesta también incorpora una serie de disposiciones vinculadas a la normativa antilavado. Según Domínguez, el proyecto establece que adherir al RSG constituirá un antecedente favorable para los sujetos obligados que evalúan operaciones en busca de lavado de dinero. Además, en caso de aprobarse el proyecto, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar, dentro de los quince días hábiles posteriores a la promulgación de la ley, una reglamentación complementaria con instrucciones precisas para bancos, Alycs y brokers. Si la persona que adhiere al régimen no tiene relación con delitos como narcotráfico o trata de personas, no debería ser reportada a la UIF ni quedar bajo investigación, según lo previsto en la reforma.

Además, se pretende establecer un límite temporal para el uso de los dólares no declarados. El nuevo proyecto indica que hasta el 31 de diciembre de 2027, ARCA no podrá utilizar presunciones para cuestionar operaciones realizadas con esos fondos. Vencido ese plazo, el fisco nacional recuperará la facultad de aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado y de depósitos bancarios. Así, se delimita una ventana concreta para el uso de los llamados “dólares del colchón”.

Con cada uno de estos cambios, el Gobierno pretende que en lo que resta del 2026 y 2027, los contribuyentes formalicen los fondos no declarados. Según estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habría USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. Y desde la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, en diciembre, los depósitos en dólares del sector privado se mantuvieron prácticamente sin cambios en torno a los USD 40.000 millones.

“Esta reforma brinda más seguridad jurídica, mejora el régimen actual, va a haber más adhesión, pero no creo que sea exitoso como un blanqueo, porque no lo es. Un blanqueo brinda mucha más seguridad jurídica y libera impuestos. Acá es que el fisco no los encuentra, no tiene facultades, es una cosa media extraña, ideada para tratar de lograr algo similar a un blanqueo”, sostuvo el tributarista.

Sobre las proyecciones de recaudación, Domínguez relativizó los cálculos más optimistas. Consideró inverosímil que la iniciativa permita captar USD 150.000 millones, como sugieren algunos funcionarios. Recordó que el blanqueo más exitoso en la historia argentina, implementado bajo el gobierno de Mauricio Macri, sumó aproximadamente USD 120.000 millones, mientras que el de 2024, impulsado por la actual gestión, generó USD 20.000 millones en efectivo.

La actividad económica viene mostrando, casi desde el inicio del actual Gobierno, tres sectores que crecen, energía, minería y agro, al mismo tiempo que hay otros tres en retroceso, industria, comercio y construcción. En este último caso, la caída es esperable a partir de la paralización casi absoluta de la obra pública, en especial en 2024 y 2025.

Con perspectivas por el repunte del crédito, costos más accesibles, menos inflación y planes para que se utilicen los dólares del colchón, las expectativas dan leves señales de mejoría. Así lo reflejó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo, en el que la construcción mostró un alza interanual del 1,9%, tras varios meses en los que predominaron las caídas.

El número positivo contrasta con las fuertes caídas de la industria (5,6%) y el comercio (4,3%) en el mismo mes, pero están lejos de ubicar a la construcción en el bando de los ganadores de la era Milei. De hecho, la actividad todavía no pudo volver al nivel que tenía en el final del gobierno anterior.

De hecho, sigue siendo uno de los ejemplos de la recuperación en forma de K (no por el kirchnerismo, claro), la tan mentada economía en dos velocidades. “Hay sectores que vuelan y sectores a los que todavía les cuesta traccionar, ya dos años después del piso de actividad de 2024″, explicó un informe de la consultora 1816.

Agrega el reporte: “Mientras que la actividad agropecuaria y el sector energético crecieron 15% y 27% desde noviembre 23, respectivamente, la industria, la construcción y el comercio todavía están con niveles de actividad inferiores a los del último mes de la era Alberto Fernández”.

El reporte explica que como “los sectores perdedores”, entre ellos la construcción, son los principales generadores de empleo directo, “el mercado laboral continúa débil (el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes seguido) y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo. A dos años y medio del comienzo de la administración Milei, los salarios reales del sector privado registrado siguen 3,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023, de acuerdo con el INDEC.

La construcción mostró en mayo un rebote en la demanda de insumos del 6,3% que revirtió la baja de abril, pero los datos de junio volvieron a marcar una caída y consolidaron un movimiento irregular que Empiria Consultores describió como un “serrucho”. Los indicadores adelantados del mes siguiente ya anticiparon otro retroceso: los despachos de cemento bajaron 0,7% y el Índice Construya cayó 2 por ciento.

El dato alentador que la obra pública, de manera paulatina, empezó a dar señales de vida. Según el relevamiento, “la demanda de insumos para obra pública fue lo que más creció en mayo, 23% sin estacionalidad, que se explica por el aumento de la demanda de asfalto, que aún es 30% menor que en noviembre de 2023. La demanda de insumos para obras estructurales creció 6,2%, por cemento (16%) y hormigón (7 por ciento)”.

El costo de la construcción atravesó en junio una situación particular: subió en pesos y cayó en dólares. Según Reporte Inmobiliario, el costo de construir un edificio de propiedad horizontal volvió a incrementarse durante junio y subió un 2,04% en moneda local. Sin embargo, el aumento del tipo de cambio durante el mismo período compensó esa suba

“Para desarrolladores e inversores este comportamiento constituye un dato relevante. Si bien la construcción continúa encareciéndose en pesos, una parte del aumento quedó absorbida por la evolución cambiaria, generando un alivio parcial”, agregó.

Empiria destacó que hubo un dato favorable sobre otra variable clave para el sector: el crédito hipotecario. Junio tuvo desembolsos por USD 150 millones, equivalentes a unos 1.873 préstamos, en su mayoría otorgados por el Banco Nación y ajustados por UVA.

La cifra superó los registros de abril y mayo, pero no todavía no alcanzó el último pico de USD 372 millones de octubre pasado.

El escenario del crédito hipotecario sigue “en un momento complejo”, explicaron en la consultora que dirije Hernán Lacunza.

Su informe destaca que los últimos meses mostraron subas en la tasa, que ya promedia 7% en UVA, y un acortamiento del plazo a 23 años. Y que el primer semestre del año tuvo 11.500 créditos otorgados frente a los 20.000 del mismo período de 2025. “Tasas más altas, plazos más cortos y cuotas más altas son una combinación compleja para profundizar el mercado de crédito”, señaló el informe.

Tras un fuerte desplome de los datos de créditos hipotecarios en abril, en los últimos días de junio se desembolsó crédito a un ritmo promedio semanal de USD 43 millones, en lo que se consolidó una mejora que ya lleva, aproximadamente, cinco semanas.

“La aparición del BBVA como claro segundo del mercado explica parcialmente esta situación, con un cuarto del mercado ya consolidado y en crecimiento. El Banco Nación sigue explicando todo el resto casi en soledad”, destacó el informe de Empiria.

Este lunes, Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llega al país por una invitación del propio presidente.

Después de 10 meses, el mandatario y la directora del organismo internacional volverán a verse cara a cara, esta vez en un escenario diferente, más favorable al Gobierno. Será en la Casa Rosada a las 14 horas. La última vez había sido en septiembre de 2025, cuando se negociaba el rescate financiero de Estados Unidos en la previa de las elecciones legislativas. Aunque no por ello no habrá puntos en discusión sobre la mesa.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la relación con el Fondo no puede ser mejor, el contexto actual exhibe un cambio en las preocupaciones centrales de la entidad sobre la marcha del programa económico del Gobierno. Las metas de acumulación de reservas parecen haber dejado de ser un problema, pero ahora lo es el principal pilar de la gestión económica: el superávit fiscal.

Hasta hace poco, la meta de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ocupó el centro de la escena y derivó en reiterados pedidos de waivers -dispensas- por parte de la Argentina. En 2026, la entidad que preside Santiago Bausili ya compró más de USD 13.000 millones y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre, y aunque el desafío de llegar a USD 8.000 millones de aumento neto para diciembre sigue vigente, ahora el foco de las preocupaciones recae sobre el frente fiscal.

En junio se encendió las primeras alertas cuando el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones ese mes. Caputo explicó que el resultado respondió a menores ingresos, por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad del pago de aguinaldos.

Hasta mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Tras el resultado de junio bajó a 0,6% y se incumplió el objetivo del primer semestre. Ahora los focos están en lograr el de diciembre, 1,4%/PBI. El problema es que el propio Caputo reconoció públicamente que el margen para reducir el gasto público es cada vez más limitado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, afirmó el ministro en el programa Economía de Quincho.

Frente a este nuevo escenario, y con Georgieva en el país, se pondrá sobre la mesa qué hizo o qué hará el Gobierno al FMI para blindar el superávit fiscal. En el staff report, el Fondo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del PBI en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua.

El FMI identificó desafíos como el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PBI, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral, equivalentes a 0,15% del PBI.

El informe del organismo reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Entre esas medidas figuran demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15% del PBI; fortalecer impuestos especiales, que sumarían 0,10% del PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, aportando otro 0,10% del PBI.

El Gobierno postergó la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1° de noviembre -posibilidad que le otorgaba la Ley-, por el costo fiscal para el estado. A la expectativa de que para entonces la recaudación repunte y se pueda implementar. Pero entre los propios integrantes del Gobierno hay preocupación al respecto, ya que si bien se podría postergar un tiempo más -hasta seis meses- después se debería tener que sancionar una nueva Ley en el Congreso.

La agenda de Georgieva también incluye reuniones con miembros del gabinete económico y visitas a sectores clave para el futuro macroeconómico, como el energético. Según pudo saber Infobae, el martes 28, Georgieva viajará al yacimiento Loma Campana, en Neuquén donde la va a recibir el presidente de YPF, Horacio Marín.

El seguimiento de los compromisos fiscales y el control sobre la evolución de las reservas internacionales aparecen como los dos grandes ejes de la discusión. Si bien el BCRA cumplió la meta de acumulación del primer semestre, la presión para cumplir la meta a fin de año se mantiene. El staff técnico monitorea no sólo las compras netas de dólares, sino también la calidad y sostenibilidad de las reservas acumuladas.

La reunión entre Milei y Georgieva marcará un nuevo capítulo en la relación, en un contexto de desafíos fiscales, metas de reservas exigentes y un escenario internacional en transformación. El Gobierno argentino apuesta a consolidar la estabilidad macroeconómica y el respaldo del FMI como base para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento en los próximos años.