Luego de meses de negarlo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la Ley de Inocencia Fiscal no logró las adhesiones que buscaba. La semana pasada, envió al Congreso un nuevo proyecto para corregir los puntos débiles y dar más seguridad a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón. Son cambios que, de aprobarse, restringirían el poder de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la fiscalización de tributos como Ganancias y Bienes Personales.

Luego de sostener en conferencia de prensa que “tener los dólares abajo del colchón es un mal negocio”, el jueves a última hora, el Gobierno giró a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto, que busca revertir la baja adhesión de la primera versión y facilitar el uso de dólares no declarados en operaciones de compra de inmuebles, autos y consumo en general.

Según detalló Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa contiene al menos diez modificaciones respecto a la legislación actual, aunque cinco aspectos resultan decisivos para que el esquema tenga impacto real en la economía.

Uno de los cambios más relevantes reside en la redefinición de la “discrepancia significativa” que habilita a ARCA a revisar declaraciones juradas. En la versión inicial, cualquier diferencia, incluso mínima, podía activar esa figura y permitir la apertura de investigaciones sobre períodos fiscales completos, lo que generaba inseguridad entre los posibles adherentes al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

De acuerdo al nuevo texto, se establece un umbral mínimo del 5% del monto de evasión simple, actualmente equivalente a $5 millones. Si la diferencia detectada por el fisco no supera ese valor, no se considera una discrepancia significativa y la declaración solo debe ser corregida, sin pérdida de beneficios para el contribuyente. En cambio, si la diferencia excede ese umbral, el contribuyente dispone de hasta 15 días tras la determinación de oficio para regularizar la situación y conservar los beneficios del régimen.

Este punto representa, según Domínguez, un avance clave en la protección de quienes utilicen el RSG, ya que la normativa anterior permitía que hasta diferencias insignificantes, apenas $1, terminaran en revisiones profundas. Así, el nuevo texto busca evitar que situaciones de bajo impacto produzcan consecuencias desproporcionadas para los contribuyentes.

El segundo aspecto central tiene que ver con las presunciones que puede utilizar la ARCA. Si bien la ley actual impedía a ARCA recurrir a la presunción de incremento patrimonial no justificado, no establecía límites claros sobre otras herramientas, como la presunción de depósitos bancarios, lo que dejaba a los contribuyentes expuestos a nuevas objeciones. El proyecto enviado al Congreso agrega que tampoco podrán emplearse ese tipo de presunciones, ni otras similares, dentro del marco del régimen, lo que incrementa la seguridad jurídica para quienes adhieran.

Un tercer punto relevante es la explicitación de la carga de la prueba. El nuevo proyecto establece de forma expresa que la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia recae exclusivamente en la autoridad fiscal. Antes, esta regla operaba solo de manera implícita y muchas veces el contribuyente debía defenderse de presunciones de ARCA sin que existiera una fundamentación sólida. Al dejar en claro que ARCA debe probar cualquier ajuste, se mejora la posición de quienes ingresen al régimen simplificado.

Otra modificación significativa involucra el impuesto a los Bienes Personales. Según Domínguez, la legislación vigente no impedía a ARCA reclamar diferencias por ese tributo aun cuando los fondos provengan de dólares no declarados utilizados para adquirir un bien. El nuevo proyecto, en caso de aprobarse en el Congreso, introduce una ficción legal: los fondos usados en la compra de un inmueble, por ejemplo, se consideran generados en el año de la operación, lo que impide que el fisco reclame Bienes Personales por períodos anteriores. Esta medida otorga mayor previsibilidad y reduce riesgos para los contribuyentes.

La propuesta también incorpora una serie de disposiciones vinculadas a la normativa antilavado. Según Domínguez, el proyecto establece que adherir al RSG constituirá un antecedente favorable para los sujetos obligados que evalúan operaciones en busca de lavado de dinero. Además, en caso de aprobarse el proyecto, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar, dentro de los quince días hábiles posteriores a la promulgación de la ley, una reglamentación complementaria con instrucciones precisas para bancos, Alycs y brokers. Si la persona que adhiere al régimen no tiene relación con delitos como narcotráfico o trata de personas, no debería ser reportada a la UIF ni quedar bajo investigación, según lo previsto en la reforma.

Además, se pretende establecer un límite temporal para el uso de los dólares no declarados. El nuevo proyecto indica que hasta el 31 de diciembre de 2027, ARCA no podrá utilizar presunciones para cuestionar operaciones realizadas con esos fondos. Vencido ese plazo, el fisco nacional recuperará la facultad de aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado y de depósitos bancarios. Así, se delimita una ventana concreta para el uso de los llamados “dólares del colchón”.

Con cada uno de estos cambios, el Gobierno pretende que en lo que resta del 2026 y 2027, los contribuyentes formalicen los fondos no declarados. Según estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habría USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. Y desde la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, en diciembre, los depósitos en dólares del sector privado se mantuvieron prácticamente sin cambios en torno a los USD 40.000 millones.

“Esta reforma brinda más seguridad jurídica, mejora el régimen actual, va a haber más adhesión, pero no creo que sea exitoso como un blanqueo, porque no lo es. Un blanqueo brinda mucha más seguridad jurídica y libera impuestos. Acá es que el fisco no los encuentra, no tiene facultades, es una cosa media extraña, ideada para tratar de lograr algo similar a un blanqueo”, sostuvo el tributarista.

Sobre las proyecciones de recaudación, Domínguez relativizó los cálculos más optimistas. Consideró inverosímil que la iniciativa permita captar USD 150.000 millones, como sugieren algunos funcionarios. Recordó que el blanqueo más exitoso en la historia argentina, implementado bajo el gobierno de Mauricio Macri, sumó aproximadamente USD 120.000 millones, mientras que el de 2024, impulsado por la actual gestión, generó USD 20.000 millones en efectivo.