POLITICA
El peronismo unificó un discurso y avanzó contra Milei por el crecimiento del endeudamiento en las familias
La morosidad récord que hay en la Argentina registró un número impensado tiempo atrás. La mora del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en el último año y medio. Cuatro de cada diez endeudados tienen menos de 30 años y la morosidad creció a su nivel más alto en los últimos 20 años. Ese es el retrato de la realidad que empujó al peronismo a la calle y lo obligó a ponerse sl frente del debate.
El tema atravesó la conversación pública en los últimos días y llevó a todo el arco político a poner en cuestionamiento la política económica del gobierno de Javier Milei. En ese terreno, el peronismo unificó un discurso y lo disparó desde distintas terminales, tratando de ser la proa de un problema que afecta la vida familiar de miles de argentinos.
“Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional”, sostuvo Axel Kicillof ayer.
En ese sentido, el mandatario agregó: “No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece y el gobierno nacional no hace nada. Milei hizo que la morosidad de aquellos que están endeudados con los bancos se multiplicara por cinco. Algo pasó que hizo crecer de esta manera en el endeudamiento y, además, los incumplimientos. Y lo que pasó es la política económica de Milei”, precisó.
Durante la tarde, en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Producción, Augusto Costa, apuntó contra el sector de las billeteras virtuales y dijo que “ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades”.
El gobernador bonaerense apuntó contra Milei al anunciar una serie de medidas para defender a los consumidores de billeteras virtuales y sostuvo que “las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”.
Otro que lanzó una serie de medidas para proteger a las familias endeudadas fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo.
El decreto crea un régimen provincial específico que fortalece la intervención del Estado frente a prácticas abusivas, establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización, y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles. Con esa medida, Quintela también declaró la emergencia económica y crediticia por 180 días.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la medida no implica desconocer deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas que terminan comprometiendo seriamente los ingresos de las familias.
“Estamos atravesando una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta del estado provincial. Muchos familias y trabajadores se endeudan para pagar deudas, no para progresar y crecer. Tenemos que poner un límite. Buscamos que nadie se aproveche de la debilidad de las familias”, afirmó Quintela.
A principio de la semana los diputados nacionales del PJ Federal solicitaron una investigación contra las billeteras electrónicas y las financieras. La denuncia es por conductas anticompetitivas y violatorias de la ley de defensa a la competencia. La iniciativa tuvo el aval de los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos y Pablo Yeldlin.
“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y que hacen?; se endeudan para comprar alimentos. El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”, sostuvo Michel.
Ayer la CGT y los movimientos sociales marcharon juntos a la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo por el aumento en las deudas de las familias. “Marchamos al ministerio de Economía para mostrar esta pandemia del endeudamiento que está atravesando la ciudadanía argentina, trabajadores formales e informales, la familia. El poder adquisitivo que no alcanza. Es un problema de toda la sociedad que no llega a fin de mes”, aseguró Jorge Sola, uno de los secretarios generales.
Los reclamos del peronismo se multiplicaron en las distintas vertientes. Algunos con proyectos, otros en la calle, otros con pedidos de investigación. La postura es la misma. Exponer el golpe de la política económica libertaria al bolsillo de la gente, hacer propio el reclamo y unificar un discurso en un momento donde el peronismo intenta ingresar en una etapa de sintonía fina.
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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