POLITICA
El Gobierno reorganizó el Renar y ahora funcionará como un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad

El Gobierno escribió otro capítulo en su avanzada por la desregulación del mercado legal de armas y, a través del Decreto 770/2026 publicado en el Boletín Oficial de este viernes, determinó que el Registro Nacional de Armas (Renar) pase a funcionar como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional y estableció su nueva estructura, conducción y atribuciones.
Con la nueva medida, que cuenta con la firma de Javier Milei y todo sus ministros, el Renar tendrá entre sus objetivos “prevenir y combatir la violencia armada y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados”.
Entre las novedades, se destaca que el organismo pasará a estar encabezado por un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, seguido de un subdirector con rango y jerarquía de subsecretario. Los dos serán designados por el Poder Ejecutivo. Con este movimiento el Gobierno eleva el nivel jerárquico de la conducción del Renar.
El Decreto establece las nuevas funciones del ente sobre las armas, municiones y artefactos explosivos, entre las cuales figuran la registración y fiscalización; la fabricación y comercialización de las mismas; adquisición, transferencia y traslado; controles de tenencia y portación; la importación, exportación y tránsito del armamento; secuestros, incautaciones y decomisos; y la destrucción de materiales controlados.
A su vez, el Renar tendrá bajo su órbita al Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, además del Registro Único de Información y un banco nacional informatizado de datos.
En otro pasaje del texto, queda establecido que la reorganización no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.
Dentro de los apartados del Decreto 770/2026, uno de los cambios más significativos aparece en el nuevo esquema de organismos que dependen del Ministerio de Seguridad Nacional. El anexo incorporado al artículo 2° incluye al Renar dentro de la categoría de “Organismos Desconcentrados”, igualándolo con la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Prefectura Naval.
En esta dirección, el Renar no adquiere por eso el mismo rango de las fuerzas de seguridad, pero sí pasa a compartir con ellas la categoría administrativa de organismo desconcentrado dependiente del Ministerio dirigido por Alejandra Monteoliva.
Otra aclaración resultante del anexado remarca que la reorganización no es solamente nominal. Es decir, que el director ejecutivo tendrá a su cargo la conducción y representación del organismo y podrá imponer sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas sometidas al control del Renar. También podrá dictar actos administrativos generales y particulares para aplicar e interpretar el régimen sobre armas de fuego, materiales controlados y explosivos de uso civil.
Finalmente, queda detallado que se le otorga facultades para disponer medidas preventivas o cautelares, entre ellas la suspensión preventiva de autorizaciones o habilitaciones y la inmovilización administrativa de materiales controlados. También podrá aprobar procedimientos vinculados con la registración, fiscalización, control, trazabilidad e intercambio de información sobre esos materiales y sus usuarios.
En julio de 2025, a través del decreto 445/2025, el Gobierno habría reconvirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) nuevamente en el Registro Nacional de Armas, el viejo Renar creado en 1975 como órgano de aplicación de la ley nacional de armas y explosivos 20.429, promulgada dos años antes por el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973.
Cabe señalar que, la reposición del Renar se inscribió en una extensa lista de medidas tomadas por la administración Milei para desregular el mercado de armas, entre las cuales se cuenta la eliminación del periodo de oposición de 15 días para quienes objeten a quien pretenda obtener o renovar su permiso de tenencia de armas, la simplificación de la renovación de la condición de Legítimo Usuario (LU), la disponibilidad de la credencial digital, la baja de 21 a 18 años como base para la obtención de la LU, la autorización de tenencia controlada de fusiles de asalto semiautomáticos y la eliminación de la tasa anual que debían pagar entidades de tiro, cazadores y usuarios comerciales y colectivos.
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POLITICA
La alternativa que ya evalúan los intendentes ante un escenario incierto por las reelecciones indefinidas

“El tiempo pasa y cada uno debería empezar a trabajar en quién va a ser el candidato de cada municipio. Me parece una buena oportunidad para que los intendentes ocupen los lugares de los diputados y senadores seccionales y de la Cámara de Diputados”. Las palabras del jefe político de Avellaneda, Jorge Ferraresi, plantean un escenario acaso novedoso para el destino político de más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires que, de no modificarse la ley que establece que solo pueden ser reelegidos una sola vez, deberán dejar sus distritos.
El regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires se sostiene como un tema de agenda en el sistema político, pero de momento sin mayores movimientos. La gran mayoría de los jefes comunales apuestan a que, llegado el momento, el tema se discuta. Para Axel Kicillof también es un tema. El gobernador suele plantear que uno de los pocos niveles en los que la gente “cree en la política” es el municipal, que es donde la población lleva su primer reclamo y otras consideraciones en línea con el argumento discursivo de los propios intendentes. Y que si quieren votar a su intendente, ¿por qué impedirlo? Sin embargo, hasta ahora los intentos para habilitar el regreso de las reelecciones indefinidas no han prosperado.
En este esquema, algunos intendentes ya piensan en sus sucesores. En diálogo con Infobae, Ferraresi planteó que si los dirigentes territoriales no pueden ir por una reelección más, también “es una buena oportunidad para que muchos intendentes se propongan para diputados nacionales”. Hoy, Ferraresi trabaja en la construcción nacional de Axel Kicillof y a la par testea una posible candidatura a la gobernación bonaerense. Es uno de los postulantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para disputar la sucesión de Kicillof. Una tira que completan Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura), Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y Fernando Espinoza (La Matanza). La poca presencia de dirigentes territoriales en la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones continúa siendo un reclamo de los jefes comunales, sobre todo lo que reportan en el MDF.

Este grupo plantea que con el desdoblamiento electoral y la presencia de intendentes en las listas seccionales de la elección provincial se traccionó la victoria del peronismo por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. Secuencia que no se repitió luego en la elección nacional.
“La experiencia legislativa de muchos intendentes podría ser muy positiva para la provincia y para la Nación. Muchas veces pasan leyes que son inaplicables porque nadie hace un ejercicio práctico de cómo se resuelve esa ley. Nosotros, que somos especialistas en cuestiones pragmáticas, resolverlas rápidamente y con pocos recursos”, amplió Ferraresi, quien —además— ya tiene sucesora: la exjefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, que además es su esposa.
Ferraresi no es el único peronista que plantea construir sucesiones para los intendentes ante el embudo que podría provocar la no modificación de la ley que limita las reelecciones. Mariel Fernández de Moreno también tiene un postulante para su sucesión. El presidente del consejo deliberante, Emanuel Fernández. La intendenta de Moreno avanza con la construcción de su candidatura provincial sobre la estructura de La Liga de Intendentes peronistas. Algunos de los integrantes de La Liga aún lamentan el cierre de listas a diputados nacionales por PBA el año pasado, puntualmente por la nula injerencia que tuvieron.
En ese momento, desde el kirchnerismo recordaban que los diputados nacionales que tenían anclaje en el mundo intendentista dentro del peronismo respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había sellado la administración de Alberto Fernández.
En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza tampoco tiene reelección. De no poder renovar, la candidata natural para su reemplazo es la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya gobernó el distrito más poblado de la provincia entre 2015 y 2019 y no podrá estar en una fórmula para el ejecutivo bonaerense nuevamente.
En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez tampoco tiene reelección. Es probable que como candidata vaya su hermana, Karina, actual presidenta del Concejo Deliberante de su distrito. El mismo escenario hay en San Vicente, por ejemplo. Nicolás Mantegazza no podrá ir por otra elección. Si se sostiene el esquema de unidad la candidata será la Jefa de Gabinete del distrito, Daniela Lasalle.
En el interior bonaerense también se trabaja con el esquema de sucesores. Por caso, el intendente de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, es otro de los que piensan en su sucesión y buscan lugares en la lista por la Cuarta sección electoral o bien en el Congreso. “Si sale la reelección, yo no voy a ser candidato a intendente; posiblemente sea candidato a otra cosa, pero 12 años al frente de un distrito como Chivilcoy son suficientes. La Legislatura tiene que votar la ley porque la Constitución es más que clara, dice que el gobernador y vicegobernador tienen dos mandatos. De los demás no habla”, planteó Britos en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Otro caso del interior se da en Junín. En la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, el senador provincial y jefe del bloque PRO, Pablo Petrecca que es el intendente en uso de licencia de Junín y referente político, no podrá ir por una reelección en el tramo local en 2027. De momento recorre la provincia con una eventual precandidatura a la gobernación bajo el brazo. Hoy, el candidato del espacio en el municipio será el jefe comunal interino y cuñado del intendente, Juan Fiorini.
Trece intendentes bonaerenses en funciones integraron las listas para la Legislatura provincial en las elecciones del 7 de septiembre de 2025. Fuerza Patria concentró siete postulaciones: Mario Ishii, de José C. Paz, en la Primera Sección; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, en la Segunda; Mayra Mendoza, de Quilmes, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, en la Tercera; Germán Lago, de Alberti, en la Cuarta; Alejandro Acerbo, de Daireaux, en la Sexta; y Marcos Pisano, de Bolívar, en la Séptima. La nómina combinó candidaturas a diputados y senadores, según la sección electoral.
Somos Buenos Aires llevó a cuatro jefes comunales: Julio Zamora, de Tigre, en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, y Guillermo Britos, de Chivilcoy, en la Cuarta; y Maximiliano Suescun, de Rauch, en la Quinta. La Libertad Avanza, en tanto, postuló a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, como primer candidato a senador por la Primera Sección, y a Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, al frente de la lista de la Quinta. No hubo intendentes en ejercicio entre los candidatos a diputados provinciales de la Octava Sección Electoral, correspondiente a La Plata. Mientras que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue candidato a diputado nacional encabezando la lista del espacio Unión Federal.
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Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil

Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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