El Consejo de la Magistratura avanzó en el concurso para reemplazar a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py 2002. Es un tribunal clave pues confirma o revoca los procesamientos por casos de corrupción de funcionarios actuales y exfuncionarios, y habilita que lleguen o no a juicio.

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados hace 10 años desde otros tribunales, por decreto del expresidente Mauricio Macri, y la Corte Suprema ordenó que debían regresar a sus tribunales y realizarse concursos para todos los jueces trasladados por esa vía. Eran más de 20 casos.

Este fue el único concurso que avanzó (por lo que Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), primero de la mano del kirchnerismo y, ahora, con el impulso del gobierno de Javier Milei, que este jueves logró el apoyo de jueces, académicos y abogados en el Consejo de la Magistratura.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó hoy dos ternas, una para cada cargo de camarista.

Las ternas ganadoras −propuestas por el consejero juez Diego Barroetaveña− están integradas por Femando Luis Poviña, de la Cámara federal de Tucumán, cercano al peronismo y con actuación en causas por violaciones a los derechos humanos; Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que cobró notoriedad luego de que se conoció que integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido.

Yadarola es amigo personal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que también fue de la partida en ese viaje junto con su padre, el camarista de la Casación Penal Carlos “Coco” Mahiques.

En la segunda terna propuesta que obtuvo mas cantidad de votos están el juez de tribunal oral federal de la Matanza Julio César Di Giorgio, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi, que tras el fallo de la Corte decidió concursar para su propio cargo.

Incardona es la fiscal que investiga a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una de las causas que se acumulan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Las dos ternas fueron votadas por el consejero juez Barroetaveña, la consejera abogada Jimena de la Torre, (cercana a Pro), el académico Hugo Galderisi, la jueza Alejandra Provítola, el legislador de La Libertad Avanza Gonzalo Roca, el viceministro de Justicia, Santiago Viola, y la consejera Fernanda Vazquez.

En segundo lugar quedó la lista propuesta por la consejera diputada del kirchnerismo Vanesa Siley, que propuso a Poviña, a Incardona y a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri.

Para el otro cargo, Siley postuló al juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña; junto a los ya mencionados Julio de Giorgio y Agustina Rodríguez.

Obtuvo dos votos: uno de la propia Siley y el otro del consejero Grau.

Hubo una tercera propuesta del consejero abogado Maques, que obtuvo también dos votos: impulsaba a Poviña, a Agustina Rodriguez y a Yadarola; y para el otro cargo a Viña, Incardona y Bertuzzi. Apoyaron esta propuesta Maques y el juez Lugones.

La Comisión de Selección decidió elevar el dictamen de mayoría ganador y los otros dos al plenario del Consejo. Se impondrán las dos ternas que consigan 14 votos.

Las ternas ganadoras serán elevadas al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el ministro de Justicia Mahiques −con el aval del presidente Javier Milei− deberá elegir un postulante de cada terna y enviar sus nombres al Senado para que los senadores por mayoría simple aprueben sus pliegos y el Poder Ejecutivo, luego, los designe por decreto.

La Comisión de Selección decidió también aprobar las impugnaciones y mantener tercero en el orden de mérito al presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Licht para ocupar una vacante en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El abogado reclamaba que le validaran antecedentes en la docencia que no había acreditado a tiempo. El año pasado fue cuestionado porque incluyó citas falsas en un libro jurídico de dos tomos realizado con la ayuda de Inteligencia Artificial.

La lista de candidatos para ese concurso pasará ahora a la instancia de la entrevista personal, donde se decide el orden de mérito definitivo.

El fiscal Diego Luciani pidió este jueves que el exministro de Planificación Federal del kirchernismo, Julio De Vido, sea condenado a cuatro años de prisión por su rol en parte de los hechos del caso conocido como Oderbrecht, en el que se revisan irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos, entre 2006 y 2008.

Luciani describió en su alegato, que abarcó las últimas dos audiencias del juicio, cómo se direccionó -según su criterio- un contrato que superó los 2300 millones de dólares en favor de la empresa brasileña que violó “todos los principios básicos de contratación pública”.

De Vido está actualmente detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, la única firme de sus condenas. Antes había estado detenido en el marco de otros expedientes, como la causa por irregularidades en Río Turbio y en la compra de Gas Natural Licuado, por la que también fue condenado a 4 años. En paralelo, sigue afrontando otros procesos judiciales, entre ellos el juicio de los Cuadernos de las Coimas y el caso Skanska.

Además de De Vido, en este juicio fueron acusados por el fiscal el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar; el exgerente general y exvicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.

Para Cameron y Folgar, el fiscal pidió penas de cuatro años y de tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Para Beuret, solicitó tres años y medio, y para Bragulet, en cambio, pidió la absolución, por no poder asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra”.

Cammesa aparece en la causa como uno de los engranajes del esquema estatal que, según la fiscalía, desplazó a las transportistas y permitió direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht.

“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el fiscal Luciani en su alegato.

La causa nació como una deriva del caso Skanksa -también en la instancia final de juicio oral- y revisa, en particular, la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).

El juicio comenzó en diciembre, está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, y comprende solo lo relativo al delito de negociaciones incompatibles. La otra parte, en donde se revisa la posible comisión de cohecho, es decir, del pago y cobro de coimas, sigue en etapa de instrucción.

Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, el 12 de mayo.