Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, soltó la frase de que “por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”, tuvo razón en un punto, aunque quizás no abarcó todo lo que significa esa afirmación. Oficialistas y opositores entienden, como ocurrió en las últimas elecciones, que será la economía la que defina al ganador. No al revés.

Caputo hizo ese planteo para tranquilizar al mercado. Una vez más. Como desde el mismo día en que asumió. Ayer, el INDEC informó que en abril la construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso. Ambas registraron caídas interanuales del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior. En la medición desestacionalizada, la construcción cayó 4% y la industria 2,1% frente a marzo, acentuando la tendencia negativa.

La actividad muestra una dinámica de “dos velocidades”: una fuerte tracción de los sectores exportadores frente a una recuperación más lenta e irregular del mercado interno. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo mostró un salto interanual del 5,5% y un crecimiento desestacionalizado del 3,5% respecto de febrero. Sin embargo, esos números contrastan con los indicadores adelantados de abril y mayo, que reflejan retrocesos en sectores dependientes del consumo local.

Al mismo tiempo, el Gobierno exhibe un cambio de actitud respecto de la acumulación de reservas de cara al calendario electoral. El Banco Central volvió a comunicar compras de divisas, que superaron los 400 millones de dólares durante la última semana.

“Hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos. Sobran tantos dólares que el Banco Central ha venido comprando a razón de USD 100 millones por día”, afirmó ayer Caputo durante el IAE Summit 2026.

En paralelo, el jueves el organismo dará a conocer la inflación de mayo. Será inferior al 2,6% registrado en abril. Así, el índice de precios continúa moviéndose en un escalón bajo en comparación con los años anteriores, aunque con dificultades para perforar el piso del 2%.

Sin embargo, ese mantra ya no alcanza para garantizar satisfacción económica en la población. El estudio de opinión pública de Reale Dalla Torre (RDT), correspondiente a mayo de 2026, va en esa dirección. Si bien Javier Milei mantiene la centralidad política, la economía aparece como el verdadero “talón de Aquiles” de su gestión.

El 61,2% de los encuestados señaló que la principal dificultad del Gobierno es económica. Dentro de ese universo, la caída del consumo y las ventas concentra el 46,6% de las respuestas, mientras que la pérdida de empleo alcanza el 14,6%.

En contraste, los problemas políticos —como la interna oficialista, las formas del Presidente o la continuidad de Manuel Adorni— apenas reúnen el 26,7% de las respuestas. Esto introduce un matiz interesante frente a la idea instalada desde algunos sectores de Hacienda de que la interna oficialista es el principal obstáculo para la gestión económica.

En el mismo relevamiento, la principal preocupación de los argentinos es que “no alcanza el dinero”, con un 55,1%. Le siguen el empleo (40,8%) y el aumento de las tarifas de servicios públicos (40,4%).

Respecto de las expectativas, el panorama es complejo: el 64,4% tiene una percepción negativa de su situación económica personal y el pesimismo sobre cómo estará el país dentro de un año escaló al 55,8%, el nivel más alto registrado en lo que va de 2026.

Martha Reale, directora de RDT, explicó a Infobae: “Hace tiempo que advertimos que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo. En los últimos seis meses comenzó a aparecer con fuerza el tema del empleo. Para completar el podio se sumó la preocupación por el ajuste tarifario”.

“Eso nos llevó a despejar una incógnita. Está instalado que el problema es político por la interna. Entonces quisimos saber si realmente era así o si seguía siendo la economía, amplificada por los conflictos políticos. Ocurre algo parecido a la corrupción: no es el principal problema, pero amplifica el malestar económico. El problema central sigue siendo la economía”, sostuvo.

Si la economía es la madre de todas las batallas, ¿qué escenario muestra hoy la Argentina?

Enrique Szewach, economista, ex director del Banco Central y ex vicepresidente del Banco Nación, analizó el panorama para Infobae. Respecto de la inflación, señaló que todavía falta para consolidar una tasa del 1% mensual.

“Seguimos en un contexto de cambios de precios relativos, con aumentos en los regulados y un tipo de cambio demasiado lejos del techo de la banda como para desalentar expectativas. Además, seguimos teniendo pocas reservas”, explicó.

A las preocupaciones detectadas por las encuestas agregó otra observación: el crecimiento económico está impulsado principalmente por sectores exportadores —como petróleo, minería y agro— que tienen poca sensibilidad al tipo de cambio y escasa incidencia en el empleo.

Por el contrario, sectores como la industria, el comercio masivo, la construcción y la industria automotriz continúan estancados o en retroceso.

“Esto preocupa por su impacto en el empleo y también por sus efectos sobre la recaudación fiscal. Como reconoció el propio Gobierno, por el lado del gasto nacional queda poco margen de maniobra. Y las provincias tampoco realizaron reformas estructurales en sus sectores públicos”, sostuvo.

Entonces vuelve la pregunta: ¿es la economía o es la política?

“No quiero pecar de economicista, pero la economía, para bien o para mal, siempre termina llevándose puesta a la política. La gente, salvo en momentos excepcionales, vota con el bolsillo, ya sea por su situación actual o por las expectativas que tiene sobre el futuro”, respondió.

Con una economía que no bate récords, pero tampoco se encuentra en caída libre, Szewach concluyó: “Todo dependerá de que el Gobierno deje de cometer errores no forzados o de que la oposición sea capaz de presentar un proyecto mejor, y no simplemente una vuelta atrás”.

La economía es la clave. La política amplifica. Y es ahí donde el Gobierno intenta resolver sus internas o, al menos, lograr que convivan con el menor ruido posible. Por ahora, parece imposible.

A los misiles cruzados se sumó el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Fundación Faro para que informe quiénes son sus aportantes. La organización está vinculada, en los hechos, a Francisco Caputo —hermano de Santiago— y a Agustín Laje.

En el entorno del principal asesor presidencial aseguran que detrás de esa avanzada está Karina Milei. Si no fuera así, será difícil convencerlos de lo contrario.

Mientras tanto, los espacios que buscan representar al electorado antiperonista comenzaron a moverse con más intensidad.

Mauricio Macri recorre el país con libertad y entusiasmo, mientras coquetea con una eventual candidatura. María Eugenia Vidal salió a respaldarlo públicamente en Infobae y lo propuso como alternativa.

Sus declaraciones en el streaming de este medio generaron ruido en el oficialismo, que respondió recordando viejas denuncias vinculadas a corrupción y financiamiento político.

“Entró la bala”, dijeron a Infobae desde el entorno de la exgobernadora.

Mientras Macri disfruta del ruido que genera en el Gobierno, también se anota desde hace tiempo la vicepresidenta Victoria Villarruel. En su entorno aseguran que podría acercarse a los 15 puntos de intención de voto. Aunque la cifra parece optimista, la decisión de la vicepresidenta parece irreversible: jugar la carrera presidencial de 2027 desde ahora.

A Macri y Villarruel se suma una tercera figura. Esta vez, desde adentro. Patricia Bullrich no está dispuesta a quedarse quieta.

“Tenemos mala suerte en el Senado. Todo lo propio termina transformándose en rival”, reconoció con resignación un senador libertario.

Desde el entorno de Bullrich lo explican de otra manera: “Nosotros necesitamos mantener la marca. Ella tiene que ser competitiva siempre. Si no, acá te pasan el cuchillo”.

Quizás por eso ningún integrante del equipo de la ex ministra de Seguridad participó del lanzamiento de la escuela de dirigentes de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Karina Milei fue la anfitriona del acto, presentada por Pilar Ramírez, su principal armadora política en la Capital. Dos de esas escuelas estarán dirigidas por ex integrantes del PRO. Una por el propio Luis Caputo. La otra por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“Lo quiero mucho a Mauricio, pero es el tiempo de Javier”, dijo Sturzenegger días atrás en Infobae.

¿Podrá convertirse en el candidato que necesita Karina Milei para evitar verse obligada a aceptar a Bullrich? Todavía falta demasiado tiempo para saberlo.

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Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

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Víctor Pesino defendió este martes en el Senado la prórroga de su nombramiento por otros cinco años para continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado debe jubilarse al cumplir 75 años en julio, salvo que el Senado apruebe la extensión de su mandato.

Durante la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, los senadores del bloque Justicialista Mariano Recalde, José Mayans y Eduardo “Wado” de Pedro cuestionaron con dureza al juez por sus fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Pesino rechazó las críticas y defendió su actuación en la causa por la Ley de Reforma Laboral. “Nos referimos a los efectos suspendidos en un recurso de queja. Nos pareció procedente. Tuvimos en cuenta varias situaciones, especialmente que la ley no había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia y que ninguna norma legal puede ser suspendida por los jueces en su vigencia”, sostuvo.

El magistrado también respondió a los cuestionamientos por una frase incluida en ese fallo, en la que se sostuvo que los trabajadores no integraban, por su sola condición, una categoría de personas vulnerables. “Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables. El artículo 3 de las 100 Reglas de Brasilia hace una alusión a quiénes son las personas vulnerables: discapacitados, mayores de edad, personas sin ingresos, niños, embarazadas, y no menciona a los trabajadores. No son personas vulnerables”, expresó.

En La Libertad Avanza, Patricia Bullrich anticipó que el oficialismo acompañará la prórroga del juez. “Debemos valorar que el juez no avaló, como otros jueces, de manera corporativa la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”, afirmó.

Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, el doctor Pesino ha actuado como se tiene que actuar, evaluando y merituando la decisión del Congreso de la Nación”.

Denuncias y cruces en la comisión

Uno de los momentos más tensos de la audiencia se produjo cuando Recalde le preguntó al magistrado: “¿Usted sabe, doctor, que en los tribunales los nombran Bonnie y Clyde a usted y a su colega?”. El senador hizo referencia a versiones sobre presuntos pagos a cambio de sentencias, planteo que fue rechazado por el oficialismo.

Además, desde el peronismo señalaron que, después del fallo vinculado a la reforma laboral, el presidente Javier Milei firmó el decreto para solicitar la prórroga del juez Pesino.

El magistrado negó cualquier relación entre ambos hechos y aseguró que se trató de una coincidencia de fechas. “El nuevo ministro, Bautista Mahiques, me informó el 7 de abril que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico del ministerio en el que me informaban que el 24 se iba a publicar el nuevo edicto. Fue simplemente coincidencia de fechas”, explicó.

Bullrich volvió a intervenir en defensa del juez y cuestionó los planteos de la oposición. “Aquí quieren poner la capacidad moral y la capacidad de dictar justicia del juez en una zona gris, en una zona oscura, y de ninguna manera se puede aceptar”, sostuvo.

La jefa del bloque libertario vinculó los cuestionamientos con los fallos de Pesino sobre la reforma laboral y la UOM. “Esto está relacionado con que el doctor Pesino envió al fuero Contencioso Administrativo la discusión de constitucionalidad de la Ley Laboral y actuó en relación con un sindicato con altos grados de corrupción que hoy está intervenido”, afirmó.

Las quejas del peronismo

Mayans, presidente del bloque Justicialista, volvió a rechazar la actual conformación de la Comisión de Acuerdos, donde el peronismo cuenta con solo tres integrantes. “No es válido lo que está pasando acá”, señaló.

“Tengo una banca, tengo una representación y tengo fueros parlamentarios, que son la armadura que me dio el pueblo argentino para denunciar a los corruptos jueces de la Corte y para denunciar el trabajo corrupto que se está haciendo en esta comisión”, lanzó el senador formoseño.

Qué dice la Constitución

La Constitución Nacional establece que los jueces deben jubilarse al cumplir 75 años. Sin embargo, si el magistrado pretende continuar en el cargo, puede solicitar una prórroga de cinco años. Para eso, el Presidente debe reenviar su pliego y el Senado debe aprobarlo.

Pesino repasó su trayectoria ante los senadores. Contó que ingresó a la Justicia del Trabajo en 1971, que llegó a juez en 1989 y que fue designado camarista en 2011. “Estoy capacitado para continuar desempeñándome como magistrado”, sostuvo.

El resto de las audiencias

La Comisión de Acuerdos también recibió en audiencia pública a otros candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, Leopoldo Rago Gallo, postulado para continuar como juez federal de Primera Instancia N°2 de San Juan; María Claudia Jueguen, propuesta para integrar la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Marina Pisacco, postulada para la Sala VI del mismo tribunal.

Además, defendieron sus pliegos Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro, propuestos para distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Los pliegos pasaron a la firma de los senadores. Una vez que reúnan al menos nueve firmas, estarán en condiciones de llegar al recinto para su tratamiento.

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