POLITICA
El Procurador dictaminó contra el pedido del juez Irurzun para continuar más allá de los 75 años
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó contra el recurso del camarista federal Martín Irurzun, que busca que la justicia lo habilite a seguir en la Cámara Federal más allá de los 75 años de edad, que cumple el sábado.
Ahora, la Corte Suprema está formalmente en condiciones de decidir si Irurzun puede o no permanecer en su cargo, más allá de lo que señala la Constitución.
Sin embargo, el máximo tribunal no tiene previsto reunirse en acuerdo esta semana, ya que uno de sus integrantes, el juez Ricardo Lorenzetti, está de licencia.
Para que la Corte pueda funcionar con dos jueces y llamar a conjueces, primero debe ocurrir que los tres magistrados debatan el caso, que no haya unanimidad y convoquen por sorteo a otros jueces. Entonces se corre traslado a las partes y hay 15 días para formar el tribunal.
El segundo motivo es que alguien se excuse y esa situación debe estar validada por los otros dos magistrados. Nada pasó.
Irurzun, consciente de esta situación, seguirá dando batalla en los tribunales para buscar que la justicia declare inconstitucional el artículo de la Constitución reformada en 1994 que le pone un límite al mandato de los jueces.
La norma indica que el Poder Ejecutivo debe pedir un nuevo acuerdo al Senado, el que debe ser concedido –con decreto de designación– antes de la fecha de cumpleaños.
Irurzun pidió hace un año al gobierno de Javier Milei que enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, pero el Poder Ejecutivo no lo hizo. Contrasta esta decisión con la celeridad con que sí lo hizo en el caso del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno quiere rediseñar la Cámara Federal, que decide sobre los casos de corrupción de los funcionarios y exfuncionarios. Ya avanzó con el envío de los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Ahora, con la eventual salida de Irurzun, tendría una tercera vacante a concursar en este tribunal.
Irurzun batalló en la Justicia para seguir más allá de los 75 años. Presentó una medida cautelar que fue rechazada en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por eso es que planteó ahora un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso llegó ayer a la Corte y hoy fue enviado al procurador Casal, que dictaminó en menos de seis horas y devolvió el caso. Pero es dudoso que la causa avance en la Corte.
Casal dictaminó que la Corte Suprema debe declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario.
La medida cautelar autónoma de Irurzun quiere suspender los efectos jurídicos del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento presidencial con acuerdo del Senado para continuar en funciones más allá de los 75 años.
La opinión de la Procuración no es vinculante, pero deja al camarista en una posición procesal complicada, pues la Corte no tiene previsto reunirse y encima tiene una opinión en contra.
Para la Procuración, los agravios de Irurzun “no cuentan con la fundamentación autónoma” que requiere la ley.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado el rechazo de la medida cautelar al sostener que este caso es igual al que resolvió el 28 de marzo de 2017 en el caso de Leopoldo Schiffrin, el camarista al que se le negó seguir más allá de los 75 años.
Ese fallo revirtió la doctrina sentada con el juez Carlos Fayt, al que se le permitió seguir porque había sido nombrado antes de 1994. En el caso Schifrin se validó la cláusula de los 75 años, sin distinguir entre magistrados designados antes o después de la reforma de 1994.
Según aquel precedente, el límite etario modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad ni la independencia judicial.
Frente a eso, la apuesta de Irurzun fue otra: sostuvo que la mayoría de la Corte que firmó el fallo Schiffrin ya no existe, pues cambió la integración con la salida de Juan Carlos Maqueda del tribunal.
Y entendió que el estándar está “extinguido” y que la Corte, con su composición actual, podría cambiar de criterio.
Pero el Procurador dijo que Irurzun “no explicó los motivos por los cuales tal modificación debiera implicar, indefectiblemente, la adopción de un criterio distinto”.
Su agravio, dice el dictamen, “luce como una mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente” para habilitar la vía extraordinaria. Es decir que, por más que hayan cambiado los nombres de los jueces de la Corte, no significa que vaya a cambiar la doctrina.
El dictamen también convalida el razonamiento de la Cámara sobre la autoridad institucional de los precedentes del máximo tribunal.
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POLITICA
Villarruel defendió la autorización excepcional a Fernández Sagasti para que votara de manera virtual
La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió este jueves su decisión de autorizar de forma excepcional a la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti a votar en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El decreto de la funcionaria no se llevó adelante por un planteo de Patricia Bullrich.
Villarruel contestó un posteo de un abogado constitucional que afirmaba que la autorización que había brindado la vicepresidenta no modificaba el reglamento del Senado, dado que se trataría de una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio.
“Gracias, Dr. Armesto, por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema. Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”, señaló la vicepresidenta a través de X.
Fernández Sagasti había solicitado votar a distancia debido a que cursa 32 semanas de embarazo y no puede trasladarse por orden médica. Ante ello, Villarruel le dio una autorización excepcional a través de un decreto, que permitía el voto de manera virtual. Sin embargo, la medida estaba supeditada a lo que decidiera el pleno del cuerpo, que es el cual tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones.
La medida prometía complicar el inicio del debate del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya sufrió el recorte de su polémico capítulo III de extranjerización de tierras por oposición de bloques aliados y el rechazo social que generó.
Aun así, el tema fue tratado al comienzo de la sesión sin escándalo. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó una moción de preferencia donde planteó enviar todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial a la Comisión de Asuntos Institucionales. La moción fue aprobada por amplia mayoría.
De esta manera, Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves. Lo mismo ocurrió con el senador catamarqueño Flavio Fama, que atraviesa un postoperatorio y debe permanecer en su provincia. Fama no detalló a qué procedimiento fue sometido ni su período de recuperación. El legislador también había sido autorizado por Villarruel a votar.
El debate de este jueves en la Cámara alta gira en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego para levantar los impedimentos para disponer de los predios de zonas productivas y pastizales afectados por un siniestro.
En paralelo, frente al Congreso, organizaciones sociales, sindicales y la oposición llevan adelante una manifestación contra el proyecto, donde se registraron al menos tres detenidos y dos efectivos de las fuerzas federales heridos.
La medida de la vicepresidenta sumó tensiones al ya creciente enfrentamiento con el presidente Javier Milei e importantes funcionarios de su Gabinete.
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Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Patricia Bullrich bloqueó la votación a distancia de Anabel Fernández Sagasti
Tras la polémica, las idas y vueltas y el nuevo desplante de Victoria Villarruel al Gobierno, Patricia Bullrich logró este jueves bloquear el pedido de votación a distancia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.
Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.
“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.
La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.
Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.
La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.
Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.
A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.
José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.
El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.
El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada
Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.
La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.
Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.
POLITICA
Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura que tiene los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada
El Gobierno se muestra optimista tras retirar del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y asegura que cuenta con los votos para aprobar el resto de la iniciativa. La Libertad Avanza mantendrá la sesión prevista para este jueves a las 14 en el Senado.
La decisión fue adoptada por Patricia Bullrich luego de una reunión con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. La jefa del oficialismo aceptó excluir los artículos vinculados con la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar que las resistencias a ese punto arrastraran a toda la reforma.
En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del capítulo más conflictivo despejó las principales objeciones de los aliados. Las fuentes oficiales no precisaron el número final del poroteo, pero aseguran que existe una mayoría favorable para aprobar los cambios en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
El retroceso se produjo después de que gobernadores y senadores dialoguistas rechazaran incluso la última concesión ofrecida por la Casa Rosada. El proyecto original eliminaba los límites a la titularidad extranjera y la versión posterior elevaba del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia.
Sin ese bloque, la propuesta conserva los principales capítulos vinculados con la protección de la propiedad. La estructura original incluía modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al Código Procesal Civil y Comercial, al régimen de regularización dominial, a la Ley de Tierras y al Sistema Federal de Manejo del Fuego.
El capítulo de expropiaciones endurece los requisitos para que el Estado declare un bien de utilidad pública. El texto exige que la finalidad sea identificada de manera concreta y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional, con una interpretación restrictiva de las facultades estatales.
La iniciativa también modifica el cálculo de las indemnizaciones. La última versión negociada contempla la actualización del valor por el Índice de Precios al Consumidor, el pago de intereses y la incorporación del lucro cesante con un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el afectado pruebe un perjuicio superior.
Leé también: Senado: por presión de los bloques aliados, el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras
El segundo eje acelera los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Las causas pasarán a tramitarse mediante el procedimiento sumarísimo, una vía con plazos más breves que el proceso ordinario, y alcanzarán a locatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y otros ocupantes obligados a restituir la propiedad.
Para los casos de falta de pago, vencimiento contractual u ocupación sin título, la propuesta habilita mecanismos de restitución anticipada bajo control judicial. También amplía las facultades de los notificadores, incorpora domicilios electrónicos y permite utilizar la fuerza pública cuando exista una orden de lanzamiento.
En el oficialismo aclaran que la agilización no elimina la intervención judicial ni el derecho de defensa. La versión negociada distingue además los casos en los que existan personas en situación de vulnerabilidad y prevé la actuación de organismos de protección antes de ejecutar determinadas medidas.
Otro componente modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las prohibiciones incorporadas en 2020 que impiden durante períodos prolongados cambiar el uso o destino de campos y bosques implantados afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones ambientales de restauración y recomposición.
El texto conserva disposiciones sobre regularización dominial y modernización de los registros de la propiedad. El oficialismo ya había retirado durante el debate los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares y mantiene la creación de herramientas digitales para facilitar trámites, consultas e intercambios de información entre jurisdicciones.
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La votación requerirá primero la presencia de al menos 37 senadores para sostener el quórum. Una vez abierta la sesión, el proyecto podrá aprobarse por mayoría simple de los presentes, tanto en general como durante el tratamiento de los artículos que quedaron en pie.
La decisión de Bullrich apunta a preservar la sesión después de cuatro intentos fallidos y reduce el riesgo de una derrota completa para el Ejecutivo. También posterga una discusión que generó cruces con Federico Sturzenegger y expuso diferencias entre las áreas técnicas, el bloque libertario y los gobernadores aliados.
Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. La Casa Rosada intentará avanzar allí con el paquete acotado mientras redefine por separado la reforma de la Ley de Tierras.
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