POLITICA
El recorte del gasto público golpea a la Cancillería y afecta a las gestiones por Malvinas
“Ya lo dijo el Presidente, la motosierra es infinita”, graficó un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, a modo de explicación general sobre el recorte de 2,5 billones de pesos en el presupuesto nacional previsto para este año, implementado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunciado en el Boletín Oficial el miércoles pasado.
Entre la multitud de recortes presupuestarios, que en conjunto representan cerca del 1,5 del Presupuesto total de gastos para este año, se destacan los voluminosos $14.876 millones que el ajuste le quita a la Cancillería. Entre los once ítems generales que conforman esa cifra, hay uno que genera particular sensibilidad: el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, controladas por Gran Bretaña desde 1833. De hecho, Caputo y Adorni efectivizaron en ese decreto una poda de $14 millones a las “acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas”, y otros simbólicos $2 millones menos al mantenimiento y limpieza del Museo Malvinas, que rememora el protagonismo de los soldados argentinos en la fallida recuperación militar del archipiélago.
Más allá de las explicaciones vinculadas a que las cuentas cierren (“es el ajuste que pidió y anunció el Presidente”, explica otra voz oficial), la medida de recorte relacionada con Malvinas pareciera ir a contramano con las declaraciones del propio Presidente y su canciller, Pablo Quirno, quienes insisten en que continuarán con el reclamo de soberanía en todos los foros internacionales. Un reclamo que alentó esperanzas recientes, a través del rumor periodístico (no confirmado hasta ahora pero basado en un cable del Pentágono) de que el gobierno de Donald Trump, enojado por la actitud de su par británico durante la guerra con Irán, evaluaba retirar su histórico apoyo a Gran Bretaña, en el antiguo diferendo que el Reino Unido sostiene con Argentina por la soberanía de Malvinas y las islas australes Georgias y Sandwich del Sur.
Presidencia
“El recorte presupuestario es resultado del requerimiento de la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de recorte del presupuesto de 2% de gastos corrientes y 20% del gasto de capital”, explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Pablo Quirno. “El monto total reducido fue del 2,28% del presupuesto de la Cancillería”, agregaron las voces oficiales, y aseguraron que “esta reducción no afecta los pagos pendientes de cuotas a organismos internacionales devengados durante el presente año que cuentan con el presupuesto necesario”.
“El recorte fue general”, fue la escueta explicación de otro de los funcionarios de la Cancillería. El ajuste en las cuentas, cabe aclarar, tuvo el acatamiento general de toda la administración pública, aunque por lo bajo y entre dientes no pocos funcionarios se quejaron por su magnitud y el momento elegido para anunciarlo.
En relación al vínculo con Gran Bretaña, que ha mejorado en sus facetas comercial y política durante el gobierno libertario, aunque sin avances en el tema Malvinas, desde la Casa Rosada aseguran que el proyectado viaje de Milei a Londres, anunciado por el propio Presidente al diario The Telegraph en diciembre, “se va a hacer”, aunque “aún deben resolverse temas de agenda” del primer mandatario y su par británico, Keir Starmer.
En Julio, la cumbre ultraconservadora CPAC planea realizar su primera reunión en la capital británica, una cita a la que Milei ha concurrido en diferentes sedes de Europa, Estados Unidos y Buenos Aires. Desde Londres, en tanto, no hubo comunicaciones oficiales sobre avances en ese presunto encuentro, comentaron fuentes con conocimiento de las tratativas.
Los ajustes en la campaña malvinera representan un porcentaje por cierto muy menor, en comparación con el proyectado ahorro estatal en distintos rubros de la política exterior. A pesar de las explicaciones extraoficiales, y según las planillas anexas de la resolución, la mitad del recorte anual, unos $7400 millones, ingresa en el rubro “cuotas y contribuciones a organismos internacionales”. Sobresale en ese paquete el aporte anual a la ONU, unos U$S16 millones que le correspondería pagar al país, destinados a la entidad que el Gobierno pretende liderar, al impulsar la candidatura del diplomático Rafael Grossi como secretario general.
Una curiosidad asociada: los cambios en el Presupuesto dispuestos por Adorni y Caputo también eliminaron el pago de los $381 millones orientados en principio al Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), que justamente preside Grossi, y que lo catapultó como postulante a la secretaría general de la ONU. También el Mercosur, la OEA y la comisión administradora del río Uruguay (interviene en el creciente litigio por la planta de hidrógeno verde en Paysandú) se quedarán sin el aporte argentino, aunque la mora en cada uno de esos casos no significará por el momento que el país pierda su derecho a votar en esos organismos.
La necesidad de ajustar los números para cumplir con las metas pautadas con el FMI también implicó dejar afuera el compromiso de pago ($506 millones) con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al que la Argentina aspira a ingresar como miembro pleno. El plan antártico, vital para sostener los derechos argentinos sobre el continente blanco, tendrá $46 millones menos, y tampoco se salvaron los Cascos Blancos, encargados de asistencia humanitaria internacional, que perderán por el momento el aporte de $63 millones desde las arcas del Estado nacional. Se frenaron, además, remodelaciones clave, como la de la estratégica residencia de la embajada argentina en Washington, que encabeza Alec Oxenford, con un ahorro proyectado de $3958 millones.
Pocos diplomáticos, en las segundas líneas, quisieron opinar sobre los recortes. El silencio fue, al igual que en otros ministerios y reparticiones del Estado, el denominador común.
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POLITICA
Tras el crimen de Agostina Vega, el municipio de Córdoba revisará los antecedentes de su personal
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en su gestión tras conocerse que Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, trabajaba en un área de tránsito del municipio. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.
El jefe comunal señaló además que tomó determinaciones tanto políticas como administrativas después del femicidio. “No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, afirmó también en diálogo con El Doce TV.
Además, confirmó cambios en los mecanismos de control de antecedentes y anunció medidas políticas luego del impacto institucional que generó el caso.
Barrelier, principal sospechoso por el crimen de la adolescente de 14 años, había ingresado al municipio con el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien también lo había representado legalmente en una causa por privación ilegítima de la libertad durante 2025.
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Según indicó el intendente, el caso abrió una serie de denuncias y advertencias sobre otros trabajadores municipales con antecedentes penales. “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”, explicó.
En respuesta a la situación, la Municipalidad avanzará con una reforma en los mecanismos de control sobre su personal. El proyecto que será enviado al Concejo Deliberante contempla que los empleados municipales deban presentar certificados de antecedentes penales cada seis meses, cuando actualmente la exigencia es cada cuatro años. También prevé la implementación de narcotests para toda la planta.
Passerini aclaró que la nueva política no tendrá un criterio punitivo para los casos de consumo problemático. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.
La repercusión política del caso también alcanzó a Ricardo Moreno. El exconcejal había quedado bajo cuestionamiento por haber impulsado el ingreso de Barrelier al municipio y por sus vínculos profesionales con la defensa del acusado. Tras pedirle la renuncia y recibir una negativa, el oficialismo cordobés avanzó con una estrategia legislativa para desplazarlo de su banca.
La salida se concretó con el regreso al Concejo Deliberante de Raúl La Cava, quien había pedido licencia para asumir funciones dentro del Ejecutivo municipal. Con su reincorporación al cuerpo legislativo, Moreno perdió automáticamente la banca que ocupaba de manera transitoria.
La Cava formalizó su retorno mediante una nota dirigida al viceintendente Javier Pretto, en la que informó que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio y, en paralelo, dejaría su cargo dentro del gabinete municipal.
Agostina Vega, Daniel Passerini, Claudio Barrelier
La cooperación militar con Estados Unidos, a partir de las cartas de intención que firmaron el ministro Carlos Alberto Presti y el embajador Peter Lamelas, implicará un ahorro en la provisión de combustible para el uso de las Fuerzas Armadas, pero con un alcance limitado. Según evaluaron fuentes castrenses consultadas por , se aplicaría a misiones realizadas en el exterior. Por ejemplo, gastos que demanden las misiones de paz en Chipre, la participación en ejercicios militares y los viajes de instrucción de la Fragata Libertad.
La colaboración se ajustaría a cuestiones logísticas y el acuerdo no tendría impacto en el funcionamiento cotidiano de las Fuerzas Armadas, que recientemente sufrieron un recorte de $59.600 millones. Al respecto, en el último recorte presupuestario que afectó la caja del Ministerio de Defensa se incluyeron quitas de $959,6 millones en gasta de “combustibles y lubricantes” para el Estado Mayor Conjunto y otros $273 millones para el mismo concepto en la Armada.
Otro punto saliente de las cartas de intención impulsadas por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei apunta a facilitar el acceso a una “plataforma de nuevas tecnologías y sistemas aéreos no tripulados”, que implicará la provisión de drones y sistemas antidrones. En este caso, el ofrecimiento sería aportar una ayuda para las acciones de vigilancia y control de los espacios marítimos en el Atlántico Sur. Se desconoce qué dimensiones tendrá la colaboración para e patrullaje en una zona sensible, en la que Estados Unidos posa sus ojos para frenar el avance de intereses de China en la región.
La vigilancia del Atlántico Sur tiene un fuerte interés en Washington. Las negociaciones entre la Argentina y Estados Unidos apuntan a acordar un plan de cinco años y la idea es avanzar en “transferencia tecnológica, asistencia técnica, formación de personal, modernización de un avión Beechcraft B-200M Cormorá, dos aeronaves Textron B-360ER MPA, drones VTOL (Vertical Take-Off and Landing), aptos para ser operados desde patrulleros oceánicos, y un simulador para las aeronaves P-3C Orión.
El combustible
El acceso a la provisión de combustible, en tanto, se encuadra en los programas que lleva adelante la Agencia de Logística de Defensa de Estados Unidos (ALD), cuya misión es proveer a las fuerzas militares no solo de combustible, sino también de alimentos, repuestos, uniformes y material médico.
Se trata de convenios que la administración Trump mantiene vigentes con unos 40 países aliados. Aunque el acceso al combustible en mejores condiciones de pago se linitará seguramente a misiones internacionales, lo concreto es que permitirá a las Fuerzas Armadas lograr un abastecimiento a “precios militares”, con costos más convenientes para garantizar el despliegue y entrenamiento de efectivos en ejercicios combinados, como el Unitas, programado para septiembre próximo en Perú.
Los valores del combustible que proponen los Estados Unidos son más económicos porque están exentos de impuestos estatales y locales, a lo que se suma la ventaja de hacer una compra por volúmenes mayores.
Algunas estimaciones informales señalan que el Departamento de Defensa de estados Unidos fija precios, entre 3,6 y 4 dólares por galón, aunque en zonas de conflicto la logística puede disparar los costos operativos. De todos modos, no se avanzó todavía en ese terreno, insisten voceros castrenses.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Alianza estratégica. Estados Unidos y la Argentina sellaron un acuerdo para facilitar el acceso a drones militares,,Cómo participar. La Armada sortea un viaje a bordo de sus buques para vivir un combate naval con cañones en vivo,,Referencia salarial. Cuánto cobran el personal de las Fuerzas Armadas en junio con el aguinaldo
POLITICA
Río Negro: una comunidad mapuche se organiza para resistir dos órdenes de desalojo emitidas por la Justicia
Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.
La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.
La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.
Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.
Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.
Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.
El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.
También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.
A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.
En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.
La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.
Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.
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