POLITICA
El Senado aprobó que Carlos Mahiques continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal
El Senado aprobó este jueves el pliego que extiende, por cinco años, la labor de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el padre del actual ministro de Justicia mileísta, Juan Bautista Mahiques.
La candidatura del camarista federal había alcanzado, semanas atrás, un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).
Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios. Lo ocurrido no fue menor: no son pocos los que creen que su hijo, el titular de la cartera de Justicia, pueda obtener los mismos votos en caso de que el Poder Ejecutivo llegara a promoverlo para el cargo de Procurador General de la Nación, que sí requiere una mayoría agravada.
“Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”, comenzó su alocución Pagotto, como miembro informante del tema.
El riojano leyó una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques padre, en su momento dirigida al entonces -y ahora ex ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona. En la misma, sus pares destacaron la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.
No pensó lo mismo el kirchnerismo: a través de Martín Soria (Río Negro), quien consideró que el vocal “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”, advirtió.
Soria resaltó: “Cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial”. Tampoco olvidó de calificar a Mahiques como “lobo con piel de cordero”, con “fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria”, y dijo que una luz verde para este caso “representa” una “justicia que dejó de servir al pueblo”. En tanto, su hasta hace poco colega de bancada cristinista, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), habló de la “solidez jurídica” del candidato.
Para los cierres quedaron los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), José Mayans (Catamarca) y Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente. El primero acusó a Mahiques de ejercer “persecución política” y aprovechó larguísimos minutos para denostar el plan económico de la Casa Rosada, más dardos relacionados con supuestos hechos de corrupción en la administración central.
Por su parte, Bullrich no dejó pasar el discurso “mentiroso y provocador” y habló de Formosa -Gildo Insfrán-, “el régimen más retrógrado, feudal, anti republicano y corrupto de todo el país”. Después, añadió las condenas -y prisión- de Amado Boudou y Cristina Kirchner. “La única verdad es la realidad. Ésa se la saben“, remató. Y recordó varios fallos de Mahiques, un ”juez con más de 50 años de carrera judicial», y deslizó que tiempo atrás había sido acompañado por legisladores del PJ.
La prórroga ocurre debido a que, en noviembre, el magistrado cumplirá 75 años. Si llegaba dicha fecha, hubiese estado obligado a jubilarse. Por ello el pedido desde el Ejecutivo para que se mantuviera en funciones por un lustro más, algo que necesitaba el guiño del Senado. Llamó mucho la atención la fractura de la bancada kirchnerista a la hora de votar. Un duro golpe de absorber.
Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre libertarios y aliados se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y estira el sistema de entrega voluntaria -gestiones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.
El convite también sirvió para el ingreso formal de una batería de pliegos judiciales que envió la Casa Rosada en los últimos días, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos. Con ello, se inicia el proceso de avales e impugnaciones que derivarán, en las próximas semanas, en nuevas audiencias públicas.
mario mosca / comunicacin institucional senado.-
POLITICA
Vialidad III: suspendieron la primera audiencia a los cinco minutos y los fiscales pidieron investigar a dos defensores
La causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento de la investigación madre sobre la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, ingresó esta semana en su etapa de debate oral, aunque con un insólito episodio que obligó a postergar hasta agosto la próxima audiencia.
El Tribunal Oral Federal N° 2 suspendió este jueves, a los cinco minutos de iniciada, la primera audiencia del juicio por la inasistencia de dos abogados defensores de uno de los acusados.
Vialidad III constituye el tercer tramo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En esta etapa oral están acusados Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.
La audiencia se desarrollaba en la Sala SUM de los tribunales de Comodoro Py cuando el tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, resolvió levantar la sesión al constatar que no estaban dadas las garantías de defensa. Los abogados ausentes eran Agustín Gabriel Labombarda y Enrique Alberto Arce, quienes representan a Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad.
Uno de ellos comunicó su imposibilidad a través de su cliente. Ambos alegaron superposición con su participación en el debate oral de la causa Cuadernos.
El tribunal dispuso entonces un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y ordenó a la defensa que, entre el jueves y el viernes, defina un abogado sustituto para continuar con el proceso.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se extraiga testimonio de lo ocurrido para iniciar una causa penal contra los letrados por el incumplimiento que postergó el inicio del juicio oral.
El foco de la investigación está puesto en el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia el grupo Austral Construcciones, vinculado a Lázaro Báez, que habría concentrado alrededor del 80% de los contratos viales de la provincia en ese período, por un monto superior a los 46.000 millones de pesos.
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La causa Vialidad se tramita en distintos segmentos. En el primer tramo, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión con arresto domiciliario, al igual que José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez.
En el segundo tramo, varios acusados accedieron a la suspensión del juicio a prueba mediante probation, con acuerdos homologados por el Ministerio Público Fiscal o la Cámara de Casación.
Lázaro Baez, Vialidad, juicio
En plena efervescencia mundialista, el juez federal Ariel Lijo le pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que le ceda una de las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Lijo ya había logrado unificar otros dos expedientes, tras una intervención de la Cámara Federal.
La causa en poder de Capuchetti arrancó en 2021 por una denuncia del Banco Central contra la agencia de cambios Marvic SA, que desplegó una maniobra para acceder al dólar oficial. Las operaciones de compra de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021. La investigación luego se amplió a otras casas de cambio.
El expediente estuvo delegado durante cuatro años en el fiscal Eduardo Taiano y se activó recién a fines del año pasado cuando la jueza retomó la investigación y desplegó una batería de medidas de prueba. A fines de diciembre se dio una situación inédita: tres jueces hicieron allanamientos casi a la misma hora: Casanello (que luego fue reemplazado por Lijo), Servini (que perdió su causa hace dos semanas) y la propia Capuchetti.
La causa que terminó en manos de Lijo terminó ampliando su objeto al funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir del contenido del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.
Cuando el expediente comenzaba a inquietar a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, el magistrado primero reclamó la causa de Servini. La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo.
El camarista Roberto Boico sostuvo que existe una «dependencia funcional y operativa» entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.
Casi con los mismos argumentos, ahora Lijo le pidió a Capuchetti que se inhiba.
“Del cotejo del objeto procesal de ambas investigaciones surge la intervención de un conjunto de personas físicas y jurídicas que se encontrarían íntimamente relacionadas y asociadas a una misma operatoria presuntamente destinada a adquirir moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego canalizarla hacia el mercado paralelo», sostuvo Lijo. Y agregó que en esa causa está mencionado Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, que también aparece en su expediente.
En medio del tironeo por las causas, el financista Francisco Hauque, que terminó enfrentado a Piccirillo, dio varias entrevistas y mencionó solo a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Sergio Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.
Lijo ahora aspira a concentrar todos los expedientes. “Existe un riesgo concreto de dispersión investigativa y de adopción de criterios divergentes si las investigaciones continúan ante distintos magistrados, con la consiguiente valoración separada de un mismo acervo probatorio referido a un contexto fáctico común”, dice la resolución que firmó antes del duelo entre Argentina e Inglaterra y a la que tuvo acceso .
La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo.,Nicolás Pizzi,Dólar blue,Ariel Lijo,Sergio Massa,Conforme a
POLITICA
Argentina participó de la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político organizada por Estados Unidos
(Desde Washington, Estados Unidos) Los tres intentos de asesinato que sufrió Donald Trump y la muerte violenta del dirigente conservador Charlie Kirk determinaron que el presidente de Estados Unidos firmará la orden ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, una disposición de emergencia que apunta contra la extrema izquierda y el movimiento anarquista.
La decisión política de Trump es inédita porque hasta ahora Estados Unidos avanzaba contra el terrorismo fundamentalista -Hezbollah o Hamas, por ejemplo-, y por decisión del presidente republicano se van a utilizar muchísimos recursos que se desplegaron tras el ataque a las Torres Gemelas.
“Durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego, un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy en día, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza grave es tratada como un delirio febril de la derecha o, peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Es tratado de esta manera por muchos en la prensa, por muchos en la academia y en nuestras universidades, y por muchas de nuestras instituciones tradicionales», aseguró Marco Rubio durante su discurso para abrir las deliberaciones de la cumbre.
Y añadió el secretario de Estado:
“El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad de los tiempos modernos. No es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, fue de hecho la forma dominante de violencia política. Cada uno de nuestros amigos aquí presentes, provenientes de las naciones de Occidente, recuerda los secuestros, los bombardeos, los asesinatos y las ejecuciones; el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del EGP. Recuerdan el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso en Perú, los fanáticos maoístas que masacraron a las aldeas campesinas peruanas, matando a machetazos y hachazos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campamentos terroristas de Castro».
Pablo Quirno representó a la Argentina en la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político. Quirno fue orador principal en el almuerzo oficial, una señal de la alianza estratégica que tiene Javier Milei con Trump.
“Fue una encuentro que reunió a diversos países para mostrar la preocupación de una situación que está ocurriendo, donde se ve el aumento de acciones violentas patrocinadas por la izquierda y la extrema izquierda de las cuales tenemos que estar alerta. Esta iniciativa lo que suma es la cooperación, la inteligencia y el intercambio de información, y plantear que hay que enfrentar este problema, porque sino después sería muy tarde”, explicó el canciller a Infobae y otros medios de la Argentina.
Y completó:
“Tenemos que tener un grado de coordinación muy importante, porque a lo que nos enfrentamos es a un enemigo que no conoce de fronteras y se va moviendo buscando los resquicios”.
Tras la promulgación de la orden Ejecutiva de Seguridad Nacional Número 7, Marco Rubio designó formalmente Antifa Ost , Federación Anarquista Informal, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En su resolución oficial, el secretario de Estado argumentó que las cuatro organizaciones extremistas han cometido o intentan cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos americanos, la política exterior o la estabilidad económica de los Estados Unidos.
La inclusión de estas agrupaciones europeas en las listas FTO y SDGT activa un riguroso protocolo de persecución global que implica bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y denegación de visados.
En este contexto, se explica que durante la cumbre participaran Scott Bessent -secretario del Tesoro- y Stephen Miller, asesor de Trump en Seguridad Nacional.
Rubio, Bessent, Miller y Chris Landau -vice secretario de Estado- plantearon a los 61 países invitados que Estados Unidos aportará colaboración de inteligencia y recursos logísticos para evitar que las organizaciones terroristas de izquierda pongan en peligro la estabilidad democrática de sus socios estratégicos.
Domestic,Politics,North America,Government / Politics
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