Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se opuso a la citación dispuesta por el juez Ariel Lijo para que aporte una muestra de su voz y sea comparada con los audios que revelaron una presunta red de corrupción en el organismo.

La defensa de Spagnuolo, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, anunció que presentará este jueves un planteo ante el juzgado en el que argumentará que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.

En diálogo con TN, D’Alessandro aseguró que “los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”. Además, agregó el abogado del extitular de la ANDIS: “Más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Además, instruyó verificar si los archivos presentan características de voz humana natural o generada por inteligencia artificial, identificar posibles ediciones posteriores y reconstruir la cronología de cualquier modificación.

Días atrás, Lijo fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo fue intimado a grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente.

La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.

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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa de Spagnuolo ya presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.

La decisión de Lijo representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez Sebastián Casanello. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia

Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

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El Gobierno prepara una nueva reunión de mesa política para la semana que viene y confirma la convocatoria a Patricia Bullrich, en medio de las tensiones internas por el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo será ordenar la estrategia legislativa, revisar los poroteos para las próximas sesiones y definir la secuencia de nuevas reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso.

La reunión se hará después de la sesión de este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con el paquete de propiedad privada, el acuerdo con holdouts y una tanda de pliegos judiciales. En Balcarce 50 remarcan que el Gobierno viene trabajando con un esquema de reuniones de mesa política semana de por medio, aunque esta convocatoria tendrá un eje adicional: volver a mostrar coordinación interna después de los últimos desmarques de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Bullrich se reunió hoy por la tarde con Karina Milei en la Casa Rosada. El encuentro se realizó en el despacho de la secretaria general de la Presidencia y fue leído en Balcarce 50 como un gesto de contención después de que la senadora rechazara acompañar el retiro del pliego de Michelli, postulante al Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. “Paz y amor. Nadie va a romper nada”, resumieron en Presidencia tras la reunión.

La foto buscó transmitir unidad después de que trascendiera que Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la jefatura del bloque oficialista en el Senado. En el entorno de Karina Milei ya venían bajándole el tono a la tensión desde el martes. “No pasa nada y no va a haber ningún quiebre”, expresaban en la Casa Rosada, donde decidieron no confrontar de forma directa con la senadora.

La estrategia contrasta con lo que ocurrió semanas atrás, cuando Bullrich le reclamó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara su declaración jurada patrimonial para despejar dudas sobre su situación judicial. Ese episodio había generado fuerte malestar en la mesa chica del Gobierno. Ahora, en cambio, el criterio oficial es evitar una escalada con la exministra de Seguridad, que conserva peso propio en el Senado y sigue siendo clave para negociar con aliados.

El caso Michelli quedó postergado en la Cámara alta. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el retiro del pliego pedido por el Poder Ejecutivo. La decisión permitió descomprimir parcialmente la discusión, aunque no cerró el conflicto. En el oficialismo admiten que el tema puede volver a tensar la relación con Bullrich y con bloques dialoguistas, que miran con incomodidad la decisión de bajar una postulación que ya había reunido respaldos en comisión.

La reunión de mesa política también servirá para ordenar la agenda legislativa inmediata. El Ejecutivo quiere concentrar sus esfuerzos en la sesión del Senado de este jueves y en una sesión grande en Diputados hacia fines de junio. En la Cámara baja, la prioridad pasa por el Súper RIGI y la ley de lobby, que ya comenzaron su recorrido en comisión y que el oficialismo busca llevar al recinto antes de fin de mes.

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La intención de la Casa Rosada es “agrupar todo lo que se pueda” en Diputados. Si propiedad privada y holdouts consiguen media sanción en el Senado, el oficialismo intentará sumarlos al temario de fin de junio. El acuerdo con holdouts tiene además una presión de plazo: en el Gobierno advierten que necesita aprobación legislativa antes del 30 de junio para avanzar con el pago a dos fondos con sentencias firmes en el exterior.

En paralelo, el Ejecutivo prepara nuevos envíos al Congreso. En Balcarce 50 trabajan sobre el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger, con cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales. La iniciativa quedó afuera de la última tanda de proyectos y todavía tiene capítulos en redacción, pero en el Gobierno sostienen que buscarán remitirla durante junio.

Otro proyecto en carpeta es la reforma de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que enviará una versión renovada del régimen después de recibir observaciones de contadores y tributaristas. En el Ejecutivo entienden que los cambios ingresarán por el Senado y apuntan a dar más seguridad jurídica para relanzar el ingreso de dólares del colchón al circuito formal.

La Casa Rosada también mantiene en evaluación el proyecto de juicio por jurados. La iniciativa forma parte de la agenda que quedó fuera del último paquete y busca establecer un sistema de participación ciudadana en determinados procesos penales federales. En el Gobierno la consideran una reforma de impacto institucional, pero reconocen que requerirá negociación técnica y política antes de su tratamiento.

La mesa política deberá ordenar además el resto de las prioridades del Senado. La Cámara alta tiene acumulados proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, además de textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y cambios al régimen de sociedades. La reforma electoral sigue en carpeta, aunque en Balcarce 50 admiten que no creen que llegue a votarse en junio porque todavía no están los votos.

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El Gobierno también reactivó en los últimos días la discusión interna por la reforma del Código Penal. En el Ejecutivo aseguran que buscan enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso, pero el texto sigue atravesado por diferencias internas entre el Ministerio de Justicia y el sector que responde a Santiago Caputo. El caso Agostina aceleró las conversaciones sobre el endurecimiento de penas, aunque la redacción final todavía no está cerrada.

Ese frente se suma a la disputa más amplia por el área de Justicia, que se profundizó tras la salida de Sebastián Amerio y el desembarco de Juan Bautista Mahiques. Las diferencias se ven reflejadas en los pliegos judiciales, la estrategia frente a Comodoro Py y la confección de la reforma penal. En la Casa Rosada buscan evitar que esos cortocircuitos vuelvan a bloquear proyectos sensibles.

También aparece como una señal interna la relación entre Santiago Caputo y Martín Menem. La tensión entre ambos sectores se corrió parcialmente del centro de la escena después de que compartieran la última reunión de mesa política. En Balcarce 50 buscan sostener esa dinámica para evitar que las disputas internas traben la negociación parlamentaria.

En el Gabinete, además, siguen atentos a la declaración jurada de Adorni. En algunos despachos esperan que el jefe de Gabinete la presente antes del fin de semana, aunque en su entorno ahora deslizan que podría dilatarse. La Casa Rosada apuesta a que esa presentación permita cerrar otro frente de desgaste político que quedó abierto durante las últimas semanas.

Gobierno, Patricia Bullrich