Ayer, la Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El magistrado quedó en el ojo de la tormenta, luego que rechazó el pedido de detención del fiscal federal Pedro Simón del jefe de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviginno.

La resolución, que benefició a los encumbrados dirigentes del fútbol local, tuvo algunos condimentos extra. Argibay tomó esa decisión horas antes que lo recusara la Cámara Federal de Tucumán. Luego, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Según fuentes del caso, cuando firmó el fallo, el juez “no había sido notificado formalmente” de la recusación.

En medio del raid judicial, el juez tuvo que interrumpir sus vacaciones y volver de vacaciones antes de tiempo, indicaron las mismas fuentes. ¿Por qué habría sido el apuro?

El fiscal Pedro Simón había solicitado la recusación de Argibay al argumentar que su hija, María del Pilar Argibay Lapalma, vendió un inmueble a Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz, el denominado Lote “W-1″. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir esa propiedad habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.

Para Simón, en el marco del contexto de la pesquisa por lavado de activos que involucra a la AFA, esa operación comprometía la imparcialidad del juez. Con el vínculo probado entre familiares directos del magistrado y los imputados, aquello constituía un motivo suficiente para apartarlo del caso.

En el expediente, Argibay negó la existencia de un interés personal o patrimonial en el trámite y defendió la legalidad de la operación inmobiliaria de su hija. Incluso señaló que, en caso de comprobarse un delito de lavado, “ese resultado no generaría beneficio ni perjuicio para un tercero vendedor de buena fe”.

El fallo de la Cámara Federal, firmado por la jueza Marina Cossio y la secretaria del tribunal, Myriam Depetris, fundamentó desplazar al juez al señalar que el estándar exigido requiere no solo la imparcialidad real, sino también la ausencia de toda sospecha razonable: “La solución que se adopta obedece exclusivamente a razones de decoro y prudencia institucional, sin que ello importe desmerecer la idoneidad ni la honorabilidad del magistrado”.

La resolución que benefició a Tapia y Toviginno, en medio de la recusación, generó suspicacias en la Justicia. Una fuente vinculada a la investigación de la causa apuntó contra la camarista Cossio, porque “le dio tiempo” a Argibay para que vuelva de sus vacaciones, rechace el pedido de detención y se declare incompetente para enviar el caso al juez Charvay.

Toda la maniobra ocurrió una hora antes de que fuera apartado del caso.

El recorrido de Argibay en la Justicia

Sebastián Argibay fue designado como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, cuando se aprobó su pliego en el Senado de la Nación.

La propuesta para ese cargo llegó, primero, por el impulso del gobierno de Mauricio Macri, en particular, con el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. En la terna cuando se presentó la propuesta en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez (147,75 puntos) y Patricia Moltini (138 puntos). El magistrado en cuestión se ubicaba en el tercer lugar, con 138 unidades. El gobierno macrista terminó inclinándose por él.

Sin embargo, el juez fue perdiendo apoyo de Cambiemos y le ganó esa pulseada interna la diputada nacional, Elisa Carrió, que arremetió contra el magistrado, en el marco de una relación siempre tirante con la Casa Rosada.

Argibay ya tenía vínculos con el poder político local. La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Argibay por un fallo que le permitió una reelección consecutiva del gobernador Gerardo Zamora, cuando el magistrado era juez de la Corte Suprema local. Luego, esa decisión fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lilita también lo vinculó con maniobras de encubrimiento en causas de narcotráfico, acusaciones que Argibay rechazó en su descargo parlamentario, calificándolas de “imputación irresponsable y mendaz”.

En el tratamiento parlamentario, finalmente, el pleno de la bancada de Cambiemos votó por la negativa. Pero Argibay ya contaba con el respaldo del peronismo. La votación en la sesión del 12 de diciembre de 2018 salió 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial el 4 de enero de 2019.

La causa que investiga a la AFA, y que permanece en etapa de instrucción, busca determinar si “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes, realizaron maniobras de desvío de fondos públicos y lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación de la entidad deportiva, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. El expediente abarca operaciones por cifras millonarias detectadas en movimientos bancarios y compra de bienes.

La investigación también salpica a Gerardo Zamora, el ex gobernador al que el juez Argibay benefició para que sea reelecto en su fallo de 2013. Es que se detectó que la gestión de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. Las medidas del fiscal Simón apuntan al ex mandatario como alguien que habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.

Con el apartamiento de Argibay, no se descarta que la Justicia avance con nuevas presentaciones y revisiones de las medidas adoptadas por el juez.

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Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá mañana al país desde Barcelona, luego de recibir el alta y la habilitación para volar.

El dirigente fue sometido a una cirugía de urgencia en España debido a un cuadro de apendicitis que sufrió durante la gira oficial que realizó la semana pasada el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en dicho país europeo.

Durante su estadía en Barcelona, Bianco brindó detalles de su cuadro de salud: “En el día de ayer por la noche (sábado) fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer [sábado] y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo».

Y cerró su posteo: “La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”.

Filtración y polémica

La operación de Bianco expuso la interna oficialista. Tras conocerse la internación de Bianco, varios intendentes que compartían un grupo de Whatsapp con “Carli” le enviaron mensajes de apoyo. Entre quienes expresaron deseos de pronta recuperación se encontraban Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría). El mensaje de Mayra Mendoza, exintendenta de Quilmes, referente de La Cámpora y dirigente cercana a Cristina Kirchner se destacó por un tono diferente.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, apuntó la ex intendenta de Quilmes, ahora legisladora provincial. También dirigió un reproche al gobernador bonaerense: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Fuentes cercanas a Mendoza informaron a Infobae que “alguien de ese grupo de Whatsapp giró esa captura” y la filtró a la prensa de forma deliberada. Aunque no negaron el contenido, rechazaron que la difusión provenga del entorno de la dirigente de La Cámpora. Y aseguraron: “No fuimos nosotros”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof no tienen comunicación desde el 1 de octubre de 2025, cuando el gobernador visitó a la expresidenta en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Desde entonces, los contactos se realizaron a través de intermediarios y la relación personal se mantiene distante. Siete meses sin vínculo directo.

La gira por Europa

La operación de Bianco ocurrió mientras formaba parte de la comitiva que acompañó a Kicillof en España. Esta delegación incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, además de la participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la Movilización Global Progresista.

En el foro organizado por el Grupo PES, el mandatario bonaerense denunció un deterioro generalizado en áreas clave por parte de la administración de Milei. «La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo“, afirmó.

En su discurso, el gobernador advirtió que las consecuencias del rumbo nacional afectan no solo a Buenos Aires, sino a todo el país. «La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país“, recordó, y luego señaló que la llegada de ”uno de los líderes de la ultraderecha más extrema» modificó la dinámica de gestión tanto local como nacional.

El gobernador bonaerense subrayó que, tras el cambio de administración en la Casa Rosada, los representantes provinciales debieron adoptar una postura más firme. Kicillof sostuvo que «hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas“. Explicó que los gobiernos locales no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento social y que la respuesta debe incluir tanto el auxilio material como la defensa de la justicia social y los derechos humanos.

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A dos meses de la implementación del sistema de subastas electrónicas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró casi 200 remates realizados y/o en curso. Se trata de operaciones ya publicadas o a la espera de ofertas dentro de un mecanismo que habilitó la inscripción de interesados de todo el país de forma anónima y sin la necesidad de intermediarios.

El sistema permitió rematar desde autos de lujo hasta seis locales en la estación de Retiro, así como una casa en la localidad bonaerense de Acassuso con vista al río. Los datos surgen de la página oficial de subastas electrónicas judiciales, donde se exhiben los bienes disponibles, su descripción y el precio base. Además, los bienes pueden visitarse de manera presencial antes del inicio de la subasta.

Al día de hoy, la Oficina de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte registra 184 remates virtuales distribuidos en 116 expedientes. El mecanismo entró en vigencia en febrero y avanzó de forma progresiva. Durante ese mes hubo dos subastas con fecha otorgada; en marzo se realizaron 54; en abril hay 44 registradas; y para mayo y junio ya figuran 39 y 34, respectivamente. También hay otros 11 procesos previstos para agosto.

Hasta el momento se subastaron 34 bienes: 11 inmuebles, 21 vehículos y 2 muebles no registrables. En paralelo, el padrón de interesados mostró un crecimiento significativo. A noviembre de 2025 había 47 personas inscriptas y en la actualidad superan las 800, con 500 participantes activos. La mayoría se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con 223 y 237 inscriptos respectivamente, aunque también hay registros en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Esto es uno de los grandes avances que permitió las subastas electrónicas: que pueda participar gente de todo el país. Y cuanto mayor difusión haya, más personas se van a anotar”, señalaron en tribunales. En la misma línea, agregaron: “Costó bastante poner en práctica las subastas digitales, con la capacitación en los juzgados y el trabajo directo con los martilleros. Pero el sistema ya está funcionando exitosamente y lo vamos mejorando día a día”.

Entre los cambios introducidos, se amplió el plazo previo de exhibición de los bienes para facilitar la participación de interesados del interior. El próximo objetivo es reducir la duración de las subastas de 10 a 3 días para acelerar las definiciones.

El sistema fue impulsado con el objetivo de mejorar la transparencia, la efectividad y la modernización de los procesos judiciales. Las subastas, que constituyen actos procesales ordenados por un juez y ejecutados por un martillero, pasaron a realizarse por vía electrónica para eliminar sospechas históricas en torno a este tipo de operaciones.

La mayoría de los remates proviene de juzgados comerciales y civiles, mientras que la participación de juzgados laborales aún es limitada. Los expedientes reflejan situaciones vinculadas a quiebras empresarias, ejecuciones de vehículos prendados y remates de inmuebles por falta de pago de expensas.

La plataforma exhibe fotos y características de cada bien. Además de propiedades y vehículos, se incluyen bienes muebles como electrodomésticos o mobiliario de empresas en quiebra. También aparecen casos de bienes indivisos, como partes de propiedades en situaciones de conflicto entre copropietarios, por ejemplo en procesos de divorcio.

En cada publicación se detalla si el inmueble está ocupado y en qué condiciones. Puede tratarse de un inquilino con contrato vigente o de una situación que requiera un proceso de desalojo. Toda esa información figura en el edicto judicial correspondiente.

En algunos casos, el juez exige un depósito en garantía para participar en la subasta de un inmueble. Esta condición busca dar seriedad a las ofertas. Cuando un bien no recibe propuestas, el juzgado puede disponer una reducción del precio base.

De acuerdo con la normativa, la subasta comienza automáticamente en la fecha y hora fijadas. La puja es continua, permanente y visible en tiempo real. Los participantes pueden ingresar un precio máximo para que el sistema oferte de manera automática en su nombre. Si se alcanza ese límite, el usuario decide si continúa con una oferta mayor.

Durante el proceso, el sistema publica las ofertas, el código del postor, el monto y el momento en que se realizan. El cierre también es automático, salvo excepciones. Una vez finalizada la subasta, el sistema informa al oferente si resultó ganador. Luego, el juzgado verifica la operación y se comunica con esa persona para avanzar en la toma de posesión.

Durante toda la puja, los participantes operan de manera anónima. El sistema asigna un código único a cada postor y la identidad solo se revela una vez finalizado el proceso y determinado el ganador.

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