POLITICA
Subastas judiciales online: ya hay casi 200 remates y crece la participación federal
A dos meses de la implementación del sistema de subastas electrónicas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró casi 200 remates realizados y/o en curso. Se trata de operaciones ya publicadas o a la espera de ofertas dentro de un mecanismo que habilitó la inscripción de interesados de todo el país de forma anónima y sin la necesidad de intermediarios.
El sistema permitió rematar desde autos de lujo hasta seis locales en la estación de Retiro, así como una casa en la localidad bonaerense de Acassuso con vista al río. Los datos surgen de la página oficial de subastas electrónicas judiciales, donde se exhiben los bienes disponibles, su descripción y el precio base. Además, los bienes pueden visitarse de manera presencial antes del inicio de la subasta.
Al día de hoy, la Oficina de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte registra 184 remates virtuales distribuidos en 116 expedientes. El mecanismo entró en vigencia en febrero y avanzó de forma progresiva. Durante ese mes hubo dos subastas con fecha otorgada; en marzo se realizaron 54; en abril hay 44 registradas; y para mayo y junio ya figuran 39 y 34, respectivamente. También hay otros 11 procesos previstos para agosto.
Hasta el momento se subastaron 34 bienes: 11 inmuebles, 21 vehículos y 2 muebles no registrables. En paralelo, el padrón de interesados mostró un crecimiento significativo. A noviembre de 2025 había 47 personas inscriptas y en la actualidad superan las 800, con 500 participantes activos. La mayoría se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con 223 y 237 inscriptos respectivamente, aunque también hay registros en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
“Esto es uno de los grandes avances que permitió las subastas electrónicas: que pueda participar gente de todo el país. Y cuanto mayor difusión haya, más personas se van a anotar”, señalaron en tribunales. En la misma línea, agregaron: “Costó bastante poner en práctica las subastas digitales, con la capacitación en los juzgados y el trabajo directo con los martilleros. Pero el sistema ya está funcionando exitosamente y lo vamos mejorando día a día”.
Entre los cambios introducidos, se amplió el plazo previo de exhibición de los bienes para facilitar la participación de interesados del interior. El próximo objetivo es reducir la duración de las subastas de 10 a 3 días para acelerar las definiciones.
El sistema fue impulsado con el objetivo de mejorar la transparencia, la efectividad y la modernización de los procesos judiciales. Las subastas, que constituyen actos procesales ordenados por un juez y ejecutados por un martillero, pasaron a realizarse por vía electrónica para eliminar sospechas históricas en torno a este tipo de operaciones.
La mayoría de los remates proviene de juzgados comerciales y civiles, mientras que la participación de juzgados laborales aún es limitada. Los expedientes reflejan situaciones vinculadas a quiebras empresarias, ejecuciones de vehículos prendados y remates de inmuebles por falta de pago de expensas.
La plataforma exhibe fotos y características de cada bien. Además de propiedades y vehículos, se incluyen bienes muebles como electrodomésticos o mobiliario de empresas en quiebra. También aparecen casos de bienes indivisos, como partes de propiedades en situaciones de conflicto entre copropietarios, por ejemplo en procesos de divorcio.
En cada publicación se detalla si el inmueble está ocupado y en qué condiciones. Puede tratarse de un inquilino con contrato vigente o de una situación que requiera un proceso de desalojo. Toda esa información figura en el edicto judicial correspondiente.
En algunos casos, el juez exige un depósito en garantía para participar en la subasta de un inmueble. Esta condición busca dar seriedad a las ofertas. Cuando un bien no recibe propuestas, el juzgado puede disponer una reducción del precio base.
De acuerdo con la normativa, la subasta comienza automáticamente en la fecha y hora fijadas. La puja es continua, permanente y visible en tiempo real. Los participantes pueden ingresar un precio máximo para que el sistema oferte de manera automática en su nombre. Si se alcanza ese límite, el usuario decide si continúa con una oferta mayor.
Durante el proceso, el sistema publica las ofertas, el código del postor, el monto y el momento en que se realizan. El cierre también es automático, salvo excepciones. Una vez finalizada la subasta, el sistema informa al oferente si resultó ganador. Luego, el juzgado verifica la operación y se comunica con esa persona para avanzar en la toma de posesión.
Durante toda la puja, los participantes operan de manera anónima. El sistema asigna un código único a cada postor y la identidad solo se revela una vez finalizado el proceso y determinado el ganador.
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POLITICA
Diez sociedades “fantasma”. Una jubilada cobró US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA
Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por .
La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.
Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.
Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.
contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.
– ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?
-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.
-¿Conoce a TourProdEnter?
-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.
Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.
El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter. ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.
En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.
envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.
En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.
Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.
¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.
Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.
Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.
La lista de sociedades en el edificio de “oficinas virtuales” de la calle Ives Road alcanza a “W Trading”, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. En esa misma dirección se creó “Mafer Trading LLC” (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández).
Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones.
Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.
El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.“Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.
Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.
Con la colaboración de Ricardo Brom.
según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte,los desvíos de la AFA,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Todo a pulmón». El club que fue campeón de fútbol playa, no tiene sede y ahora debutará en un torneo de AFA,,Blooper decisivo. Dos barridas fatales de River, dos goles peculiares de Boca: el superclásico de las reservas tuvo el mismo dueño,,Todos juegan. El respaldo de la AFA a Herrera y Paletta, los árbitros del polémico River-Boca
Todo está roto y baila. Como dice la canción de The Doors. Que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo está quebrada, no es una novedad; pero que piensen en la Justicia como el árbitro de esa pelea, sí. Mientras Comodoro Py avanza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito; en la justicia porteña tomaron impulso al menos cuatro expedientes contra tuiteros libertarios. No se salva ninguno. Hasta Daniel Parisini –Gordo Dan en X y principal referente de los tuiteros mileistas–, está imputado por hostigamiento, amenazas e incitación a cometer delitos por sus declaraciones en X y el canal de streaming Carajo.
Abogados con acceso a uno de los expedientes aseguran que la fiscal de delitos complejos de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, preparaba ayer por la mañana las cédulas para citar a indagatoria a todos los imputados. Incluidos Dan y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, por ahora esas cédulas no saldrán. Pero las causas no se cierran. Solo es cuestión de timing.
Además de Parisini y Márquez, están imputados algunos de sus compañeros en Carajo: Pablo Sebastián Pazos, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pérez. Los acusan de los delitos previstos en los artículos 149 bis (amenazas), 209 (instigación a cometer delito), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 bis (imponer sus ideas a otros a través de la fuerza o el temor) del Código Penal. El dato es importante. La fiscal decidió pasar del “hostigamiento digital”, una contravención que se resuelve con el pago de una multa, a una figura penal que podría terminar con prisión efectiva para los acusados si se los encontrara culpables de todos los delitos que se les imputan.
La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia del diputado Esteban Paulón, quien advirtió estar siendo víctima de hostigamiento agravado y discriminación. En su presentación, Paulón aportó posteos y fragmentos de Carajo en los que se lo acusa, según él refiere, “por mi orientación sexual gay”, de pédofilo y abuso infantil. Entre algunos de los ejemplos, el diputado incluye este posteo de Pazos del 24 de junio de 2025: “Pedófilo, operador, comunista y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS”.
Parisini no es funcionario público, pero su poder de influencia, sobre todo en el electorado libertario, supera por escándalo el de muchos con silla en el Ejecutivo Nacional. Goza de ingreso irrestricto a la Casa Rosada. Aunque no a todos los despachos. No se le ocurriría entrar sin golpear a la Secretaría General de la Presidencia; eso lo hace en las oficinas de Santiago Caputo. Parisini es, junto al diputado bonaerense Agustín Romo, el máximo referente de las Fuerzas del Cielo. Esa agrupación, con estandartes bordó y narrativa de la antigua Roma es la que construyó la militancia digital mileista.
La semana pasada, en el marco de un duelo a quemarropa, la diputada Lilia Lemoine, leal a los hermanos Milei, le escupió a Parisini: “Twitter no es la vida real”. Es cierto. Pero para la LLA, las redes, son lo que para el macrismo los timbreos y para el peronismo la movilización. Los referentes de las Fuerzas del Cielo están convencidos que su militancia digital redunda en votos que permitieron llevar a Milei a la Rosada y que ese trabajo y lealtad no fueron reconocidos por la conducción de LLA. Por ahora no se animan a decir –quizá ni admitir– que tampoco por el Presidente.
Para los libertarios Caputistas, la embestida judicial contra los tuiteros no es un avance independiente de la justicia porteña, sino una estocada más contra Caputo que salió “desde el propio Gobierno”, como dijera Adorni para explicar la aparición del video de su vuelo privado a Punta del Este. Para sostener la hipótesis, anotan que hasta el 5 de marzo, el jefe de los fiscales de la Ciudad, por tanto también de Ramírez, era Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia de la Nación. Telarañas.
En la justicia insisten en la imparcialidad de la fiscal Ramirez. “No es la interna, es la convicción de lucha contra la violencia en redes y un criterio. Trabajar para poner un límite y definir qué es libre de expresión y que insultos, agresiones, amenazas cometidas sistemáticamente por el mismo grupo de tuiteros violentos”, apuntan.
El debate está planteado: ¿las expresiones en redes sociales, sin importar su nivel de agresividad o difamación, supone inexorablemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o podrían interpretarse y juzgarse, según el tenor y reiterancia, como delitos penales?
“Cuando la actividad es permanente y la agresión constante no se trata solo de un hostigamiento digital. Se hace una trazabilidad del delito: no es un solo hecho, son un montón. Tiene que haber un límite porque la violencia que ejercen es dramática”, analiza un sector de tribunales.
Las otras causas: qué se investiga y a quiénes
No son los únicos complicados. La fiscal tiene al menos otras tres causas contra tuiteros libertarios, incluida la iniciada por la denuncia del diputado nacional, Sebastián Pareja. En septiembre del año pasado, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires pidió que se los investigue por amenazas después de recibir mensajes y llamadas en su celular. En su entorno insisten en que el diputado “es de los que cree que no hay que judicializar la política” pero que tomó la decisión de ir a la Justicia cuando las amenazas llegaron a su hija.
Pareja denunció once cuentas de X, entre ellas ASB @GordoLeyes (Sarubbi Benítez), @TRADUCTORTEAMA (xxx), @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY1; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. La fiscalía trabajó en el rastreo de IP hasta que logró identificar usuarios de X con personas reales y los llamó a declarar. Las indagatorias comenzaron este lunes y ya se presentaron cinco imputados. Uno de ellos admitió, esta semana, haber tomado el número de celular de Pareja, publicado en otra de las cuentas libertarias, y enviarle amenazas por WhatsApp.
Jerónimo Rodríguez es un abogado libertario, enemistado con Pareja desde su paso por el ministerio de Sandra Petovello. Rodríguez había denunciado a Pareja por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar presuntos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández en la gestión del FISU. La causa nunca prosperó. Ahora él es denunciado por Pareja por amenazas y también por la Fiscal Ramírez.
Es que en distintas intervenciones en La Trinchera, Rodríguez dijo que había que empezar a investigar a la fiscal: “Tiene un nivel de vida que la verdad con un sueldo de fiscal no sé cómo hace. Tiene créditos, tiene deudas en bancos por más de $32 millones de pesos. Vive en Puerto Madero, en un departamento que vale aproximadamente, uno similar de donde vive ella, 800 mil dólares y paga expensa de un millón de pesos”. A raíz de esas afirmaciones, la fiscal pidió que se iniciara una nueva causa por enemistad con la fiscalía.
Rodríguez no se amedrenta y contraataca en su idioma. El 20 de abril, escribió en X: “VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Fiscal Celsa Ramírez, me denunció junto a @GordoLeyes, por hablar en el programa @TrincheraCarajo, de la denuncia que me hizo @SPareja_ , y contar que no se sabe cómo con su sueldo de @MPFCABA, vive en un lujoso departamento de puerto madero, que según la información pública del BCRA, tiene créditos de más de 32 Millones y además maneja, al menos una ONG , cuyo objeto es incompatible con su función. Consulta @CPACF, ¿cuando una fiscal te denuncia, te puede seguir investigando?”.
Si bien fue la denuncia de Pareja la que desató la furia tuitera y habilitó la guerra a cielo abierto entre el Gordo Dan y Lemoine, hay una causa anterior. La primera en denunciar por amenazas a una de las caras de Carajo fue la diputada, ex LLA, Marcela Pagano.
En junio del año pasado denunció al conductor de La Trinchera, Sarubbi, por amenazas a ella y a su hija, además de publicación de datos personales como domicilio particular. Aunque el militante libertario ya declaró en esa investigación, Ramírez volvió a citarlo para el martes para que amplíe esa indagatoria. ¿Por qué? Porque siguió hostigando a Pagano.
También el periodista Pablo Duggan inició una demanda contra Sarubbi Benítez por hostigamiento y amenazas. Y también en ese expediente la fiscal lo acusó por los delitos previstos en los artículos 149 bis, 209, 212, 213 bis.
Si la justicia decide ir a fondo y avanzar contra los tuiteros, y juzgar sus insultos y dichos en X como amenazas e instigación a cometer delitos, sentaría un precedente singular. Podría leerse ese fallo judicial como una suerte de muestra gratis de lo que puede ocurrir hacia delante. Una advertencia del Poder Judicial a la política. Hay que recordarlo: el Presidente de la Nación es el tuitero más furibundo.
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POLITICA
El Gobierno dice que pasó el “punto máximo” del caso Adorni, pese al impacto en las encuestas
Luego de casi tres semanas marcadas por una fuerte polémica en torno al crecimiento patrimonial y a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Gobierno creen que el “punto máximo” del escándalo “ya se tocó” y apuntan a que a partir de ahora, decrecerá la atención mediática sobre el caso.
Más allá de ese optimismo, que choca de frente con el impacto que mostró en la encuestas (tanto en la imagen de Adorni como la que proyecto sobre el Gobierno en general), en Balcarce 50 se enfocan en retomar la gestión y el control de la iniciativa. En ese sentido, este lunes se concretará una nueva reunión de la mesa política, con la mira puesta en la reactivación de la agenda parlamentaria.
En el Gobierno apuestan también a una nueva conferencia de Adorni, prevista para el miércoles, pese al saldo que dejó la presentación del jefe de Gabinete la semana pasada. Y cifran sus mayores expectativas en mayo, cuando se presente la nueva declaración jurada del funcionario.
En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración jurada de bienes “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no lo hizo hasta ahora ni ofreció comprobantes de los gastos que quedaron bajo sospecha.
En el Gobierno dan por hecho que las revelaciones periodísticas por los viajes en jet privado a Punta del Este y las nuevas propiedades volverá a filtrarse en la próxima conferencia de Adorni, pero creen que eso “no sería un problema”.
Pero las opiniones están divididas. Mientras algunos funcionarios están convencidos de que Adorni debería ampliar lo que ya dijo, otros creen que debería replegarse y reiterar que mientras haya una investigación en curso no debe expedirse públicamente. De cualquier modo, hay coincidencia en que debe mostrarse y hablar. “Es importante que hable y se siga mostrando como es”, afirmaban.
En el cierre de la semana pasada, en el Gobierno cayó como un regalo del cielo la noticia del fallo favorable en el juicio por YPF en Estados Unidos. La decisión abrió a lugar a una cadena nacional del Presidente y expresiones de todos los funcionarios.
En el palacio gubernamental creen que las polémicas alrededor del jefe de Gabinete tuvieron su “pico máximo” con la filtración del video en el que se lo ve en la pista del aeropuerto de San Fernando caminando rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este. Eso, pese a que en rigor la noticia escaló cuando se conocieron las facturas que contradijeron las afirmaciones del ministro coordinador.
“El impacto fue porque hubo un video, pero eso ya ocurrió. No hay nada más”, insistió una importante fuente de la Casa Rosada, confiada en que a partir de ahora la repercusión debería decrecer. También relativizó las novedades que puedan surgir de los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Gerardo Pollicita impulsó penalmente la investigación.
“No es algo que nos parezca tan gravitante. Manuel no va a tener problemas con la Justicia. Llegado el caso irá a dar explicaciones y listo”, juran en la Casa Rosada, con una confianza que contrasta con el hermetismo que marcó los días anteriores. “Sin hechos nuevos, el interés se agota”, agregan. “Ya está, ya no hay mucho más”, completó otra fuente.
Los más optimistas esperan al 30 de mayo, cuando vence el plazo para presentar la nueva declaración jurada. “Ahí va a quedar todo aclarado”, aseguran en la Casa Rosada.
En el entorno de Adorni aseguran que “no solo está todo en regla, sino que todo va a figurar en la declaración jurada 2025, que todavía no venció”. Y agregan: “¿Qué pretenden, que tenga declarado cosas de un período que todavía no cerró?”. Eso sería válido si los bienes no hubieran sido adquiridos en 2024 o antes.
Pese al impacto del caso en la imagen de Adorni y del Gobierno en general, cerca del jefe de Gabinete se percibe algo de regocijo sobre lo que puede llegar a suceder con la presentación. Sostienen que en esa fecha quedará “todo aclarado” y apuntan a que se conocerá que el departamento actual del funcionario, en Caballito, “fue adquirido en 2025 con una hipoteca que queda sujeta a la venta del otro departamento”, en referencia a la propiedad de Parque Chacabuco.
Las fuentes libertarias afirman que con la propiedad del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, se verá que “está en regla también” cuando se conozcan la totalidad de los documentos. En ambos casos, no queda claro por qué el funcionario o el Gobierno no anticipan esas explicaciones y dejan que el caso crezca, junto a su impacto político.
“No tengo nada que esconder”, aseguró el jefe de ministros en su conferencia de la semana pasada, 15 días después de comenzada la controversia y a 45 días de su anterior presentación en la Casa Rosada.
La escalada de revelaciones que dejó a Adorni en el centro de la polémica comenzó el 8 de marzo, luego de que se conociera que su esposa viajó en el avión oficial a Nueva York. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni informó sobre el vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: la casa en el country, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.
Apoyos y agenda
Adorni sumó apoyos desde que comenzaron las sospechas en su contra, pero en especial la última semana, cuando los ministros hicieron fila para respaldar al jefe de Gabinete, en espejo con los hermanos Milei. A eso se sumó una agenda hiperactiva del funcionario, con una seguidilla de encuentros con ministros y un acto, el viernes, junto a Javier y Karina Milei.
El objetivo del Gobierno es mantener esa dinámica. “La idea es hacer la reunión de la mesa política lunes”, afirmaban en Balcarce 50. En esa reunión se tratarán detalles de los proyectos legislativos que presentará cada ministerio de cara a los próximos dos años de gobierno.
Cecilia Devanna,Conforme a
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