La aplicación de la reforma laboral aprobada en el Congreso se encuentra suspendida en todo el país a raíz de una medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda. El Movimiento Empresarial Antibloqueos denunció al magistrado y señaló “abuso de poder” en la resolución que mantiene interrumpidas las nuevas disposiciones. El caso impacta especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza y fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, aclaró en Infobae en Vivo: “La denuncia tiene que ver justamente con un abuso de poder”. Razzini explicó que ya no preside el movimiento, ya que dejó ese cargo en 2023 al entrar a la política, pero acompañó la presentación impulsada por los nuevos referentes de la organización.

Razzini sostuvo: “Estamos hablando de una ley aprobada en el Congreso, estamos hablando de una ley que se debatió y fue votada. Hoy todo se ve frustrado por una sola persona”. El Movimiento Empresarial Antibloqueos, que nuclea a pymes afectadas por bloqueos sindicales, centra sus críticas en la actuación de Ojeda.

Efectos inmediatos de la suspensión

La cautelar dictada por el juez Ojeda mantiene suspendida la reforma laboral sancionada en el Congreso. Actualmente, 81 artículos de la ley permanecen inactivos. Razzini afirmó: “Hoy la cautelar está vigente. Hoy la reforma laboral está suspendida. No se está aplicando en ningún lugar de Argentina”. Según la dirigente, los artículos afectados incluyen “los más importantes” de la norma.

El Movimiento Empresarial Antibloqueos inició la denuncia después de analizar la relación del magistrado con sindicatos y su participación en actividades relacionadas. Razzini declaró: “Raúl Ojeda está muy involucrado con lo que es la cuestión sindical. Es un juez que ha cobrado honorarios de sindicatos”.

Impacto para las pymes y contexto empresarial

La suspensión de la reforma laboral afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas. Razzini señaló: “Hoy las pymes la están pasando muy mal. Esta es una ley sumamente necesaria”. Aseguró que la reforma no iba a generar trabajo por sí sola, pero consideró: “La reforma era una condición muy importante para generar trabajo en Argentina”.

Según Razzini, el empresariado pyme enfrenta obstáculos persistentes y falta de seguridad jurídica. Dijo: “Nuestro país cambia las reglas de juego todo el tiempo. En este contexto, donde todo el tiempo te sacan la reforma laboral, ¿cómo hacés para invertir?”. Para la dirigente, la parálisis regulatoria se traduce en dificultades a la hora de planificar inversiones y contratar personal.

Además, la diputada enfatizó la necesidad de generar confianza a largo plazo para atraer nuevas inversiones. En relación a la situación macroeconómica, aseguró que en las economías regionales se perciben señales de repunte por la llegada de inversiones, aun cuando el sector de la construcción continúa en crisis: “En el sector construcción está muy mal. Hace dos años que no logra repuntar”.

Debate político y postura del oficialismo

La controversia en torno a la suspensión de la reforma laboral ocurre en el marco de un Congreso polarizado. Razzini defendió la política de La Libertad Avanza: “El año pasado siempre se fue trabajando en tratar de acercar puntas. No tiene la plata el Gobierno, no la tiene”. La diputada estimó que existen “intenciones de mejorar”, pese a las limitaciones presupuestarias.

Consultada por las discusiones internas del Gobierno y las causas judiciales abiertas, Razzini manifestó: “Las peleas siempre pasan. En este caso estamos viviendo tiempos donde todo se viraliza. Es como estar en un reality show todo el día”. Sobre el caso Adorni, agregó: “La justicia está trabajando muy bien, está trabajando rápido”. La diputada expresó confianza en que el proceso judicial aportará claridad, y anticipó próximas explicaciones en el Congreso.

Finalmente, Razzini insistió en que el rumbo económico requiere paciencia y consistencia en las reglas de juego: “Generar trabajo genuino es lo que va a ayudar a que se pueda reacomodar la economía y aumentar la recaudación”. Reclamó perseverancia en las reformas planteadas y respaldo al modelo votado por la ciudadanía.

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reforma laboral

Ayer, la Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El magistrado quedó en el ojo de la tormenta, luego que rechazó el pedido de detención del fiscal federal Pedro Simón del jefe de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviginno.

La resolución, que benefició a los encumbrados dirigentes del fútbol local, tuvo algunos condimentos extra. Argibay tomó esa decisión horas antes que lo recusara la Cámara Federal de Tucumán. Luego, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Según fuentes del caso, cuando firmó el fallo, el juez “no había sido notificado formalmente” de la recusación.

En medio del raid judicial, el juez tuvo que interrumpir sus vacaciones y volver de vacaciones antes de tiempo, indicaron las mismas fuentes. ¿Por qué habría sido el apuro?

El fiscal Pedro Simón había solicitado la recusación de Argibay al argumentar que su hija, María del Pilar Argibay Lapalma, vendió un inmueble a Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz, el denominado Lote “W-1″. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir esa propiedad habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.

Para Simón, en el marco del contexto de la pesquisa por lavado de activos que involucra a la AFA, esa operación comprometía la imparcialidad del juez. Con el vínculo probado entre familiares directos del magistrado y los imputados, aquello constituía un motivo suficiente para apartarlo del caso.

En el expediente, Argibay negó la existencia de un interés personal o patrimonial en el trámite y defendió la legalidad de la operación inmobiliaria de su hija. Incluso señaló que, en caso de comprobarse un delito de lavado, “ese resultado no generaría beneficio ni perjuicio para un tercero vendedor de buena fe”.

El fallo de la Cámara Federal, firmado por la jueza Marina Cossio y la secretaria del tribunal, Myriam Depetris, fundamentó desplazar al juez al señalar que el estándar exigido requiere no solo la imparcialidad real, sino también la ausencia de toda sospecha razonable: “La solución que se adopta obedece exclusivamente a razones de decoro y prudencia institucional, sin que ello importe desmerecer la idoneidad ni la honorabilidad del magistrado”.

La resolución que benefició a Tapia y Toviginno, en medio de la recusación, generó suspicacias en la Justicia. Una fuente vinculada a la investigación de la causa apuntó contra la camarista Cossio, porque “le dio tiempo” a Argibay para que vuelva de sus vacaciones, rechace el pedido de detención y se declare incompetente para enviar el caso al juez Charvay.

Toda la maniobra ocurrió una hora antes de que fuera apartado del caso.

El recorrido de Argibay en la Justicia

Sebastián Argibay fue designado como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, cuando se aprobó su pliego en el Senado de la Nación.

La propuesta para ese cargo llegó, primero, por el impulso del gobierno de Mauricio Macri, en particular, con el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. En la terna cuando se presentó la propuesta en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez (147,75 puntos) y Patricia Moltini (138 puntos). El magistrado en cuestión se ubicaba en el tercer lugar, con 138 unidades. El gobierno macrista terminó inclinándose por él.

Sin embargo, el juez fue perdiendo apoyo de Cambiemos y le ganó esa pulseada interna la diputada nacional, Elisa Carrió, que arremetió contra el magistrado, en el marco de una relación siempre tirante con la Casa Rosada.

Argibay ya tenía vínculos con el poder político local. La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Argibay por un fallo que le permitió una reelección consecutiva del gobernador Gerardo Zamora, cuando el magistrado era juez de la Corte Suprema local. Luego, esa decisión fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lilita también lo vinculó con maniobras de encubrimiento en causas de narcotráfico, acusaciones que Argibay rechazó en su descargo parlamentario, calificándolas de “imputación irresponsable y mendaz”.

En el tratamiento parlamentario, finalmente, el pleno de la bancada de Cambiemos votó por la negativa. Pero Argibay ya contaba con el respaldo del peronismo. La votación en la sesión del 12 de diciembre de 2018 salió 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial el 4 de enero de 2019.

La causa que investiga a la AFA, y que permanece en etapa de instrucción, busca determinar si “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes, realizaron maniobras de desvío de fondos públicos y lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación de la entidad deportiva, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. El expediente abarca operaciones por cifras millonarias detectadas en movimientos bancarios y compra de bienes.

La investigación también salpica a Gerardo Zamora, el ex gobernador al que el juez Argibay benefició para que sea reelecto en su fallo de 2013. Es que se detectó que la gestión de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. Las medidas del fiscal Simón apuntan al ex mandatario como alguien que habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.

Con el apartamiento de Argibay, no se descarta que la Justicia avance con nuevas presentaciones y revisiones de las medidas adoptadas por el juez.

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La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que comanda el legislador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), avanzó esta tarde con el dictamen que aprueba un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, rubricado por el país el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Por la Cancillería expuso el secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun. “Es el primero que la Argentina y el Mercosur firman con el sudeste asiático”, aseguró. Luego, destacó el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.

Seguido a ello, Brun resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

Por otra parte, Brun remarcó que “este acuerdo tiene un capítulo de inversiones que no tiene el de la Unión Europea”. Lo resumió con las siguientes palabras: “Moderno, integral, equilibrado, potencia nuestras exportaciones en sectores menos convencionales, pero ya conocidos; mejora las condiciones de acceso a los mercados externos y atrae inversiones para consolidar la inserción argentina”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) reclamó que este tipo de mecanismos implica que “funcionen” organismos como “el INTA y el INTI, con buena calidad de supervisión e ingreso de productos aduaneros”.

En tanto, el hasta hace pocas semanas K y ahora free lance justicialista Guillermo Andrada (Catamarca) se mostró preocupado por el tipo de cambio. “Vamos a ser rehenes. Sólo vamos a ser competitivos en materias primas y no vamos a poder darle valor agregado”, dijo el legislador, que representa a una provincia minera y que avaló la ley de glaciares.

La respuesta de Brun fue contundente. “Singapur es uno de los principales países de servicios basados en el conocimiento. Estamos hablando de puro valor agregado. No me voy a meter -con el tipo de cambio-, no soy funcionario de Economía. La competitividad la ve en las cifras de comercio exterior y está mostrando un superávit que no se registraba”, manifestó.

Quien coincidió con el cristinista Capitanich fue la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal): habló de la “idea de poder tener tableros de control, seguimiento e información”. Pidió que “todos puedan conocer” el régimen para “que no quede para cinco o seis empresas”.

Otros dos convenios que también se despacharon este martes están relacionados con la seguridad social. El primero es con la Confederación Suiza, del 27 de mayo de 2024; y con la República de San Marino, el 25 de agosto de 2023.

Armas

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizarán, desde las 14 de mañana, una iniciativa que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria administraciones de distinto color político lo han hecho hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados en 2024 y sólo resta que lo sancione la Cámara alta. De no hacerlo -hay tiempo hasta finales de febrero próximo-, el texto perderá estado parlamentario y tendrá que comenzarse un nuevo trámite desde cero.

jorge capitanich