POLITICA
De los negocios inmobiliarios a su vínculo con la AFA: quién es el juez apartado de la causa contra el Chiqui Tapia

Ayer, la Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El magistrado quedó en el ojo de la tormenta, luego que rechazó el pedido de detención del fiscal federal Pedro Simón del jefe de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviginno.
La resolución, que benefició a los encumbrados dirigentes del fútbol local, tuvo algunos condimentos extra. Argibay tomó esa decisión horas antes que lo recusara la Cámara Federal de Tucumán. Luego, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Según fuentes del caso, cuando firmó el fallo, el juez “no había sido notificado formalmente” de la recusación.
En medio del raid judicial, el juez tuvo que interrumpir sus vacaciones y volver de vacaciones antes de tiempo, indicaron las mismas fuentes. ¿Por qué habría sido el apuro?
El fiscal Pedro Simón había solicitado la recusación de Argibay al argumentar que su hija, María del Pilar Argibay Lapalma, vendió un inmueble a Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz, el denominado Lote “W-1″. Según la fiscalía, el dinero utilizado para adquirir esa propiedad habría tenido un origen ilícito, y está conectado al circuito que se investiga.
Para Simón, en el marco del contexto de la pesquisa por lavado de activos que involucra a la AFA, esa operación comprometía la imparcialidad del juez. Con el vínculo probado entre familiares directos del magistrado y los imputados, aquello constituía un motivo suficiente para apartarlo del caso.
En el expediente, Argibay negó la existencia de un interés personal o patrimonial en el trámite y defendió la legalidad de la operación inmobiliaria de su hija. Incluso señaló que, en caso de comprobarse un delito de lavado, “ese resultado no generaría beneficio ni perjuicio para un tercero vendedor de buena fe”.
El fallo de la Cámara Federal, firmado por la jueza Marina Cossio y la secretaria del tribunal, Myriam Depetris, fundamentó desplazar al juez al señalar que el estándar exigido requiere no solo la imparcialidad real, sino también la ausencia de toda sospecha razonable: “La solución que se adopta obedece exclusivamente a razones de decoro y prudencia institucional, sin que ello importe desmerecer la idoneidad ni la honorabilidad del magistrado”.
La resolución que benefició a Tapia y Toviginno, en medio de la recusación, generó suspicacias en la Justicia. Una fuente vinculada a la investigación de la causa apuntó contra la camarista Cossio, porque “le dio tiempo” a Argibay para que vuelva de sus vacaciones, rechace el pedido de detención y se declare incompetente para enviar el caso al juez Charvay.
Toda la maniobra ocurrió una hora antes de que fuera apartado del caso.

El recorrido de Argibay en la Justicia
Sebastián Argibay fue designado como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, cuando se aprobó su pliego en el Senado de la Nación.
La propuesta para ese cargo llegó, primero, por el impulso del gobierno de Mauricio Macri, en particular, con el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. En la terna cuando se presentó la propuesta en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez (147,75 puntos) y Patricia Moltini (138 puntos). El magistrado en cuestión se ubicaba en el tercer lugar, con 138 unidades. El gobierno macrista terminó inclinándose por él.
Sin embargo, el juez fue perdiendo apoyo de Cambiemos y le ganó esa pulseada interna la diputada nacional, Elisa Carrió, que arremetió contra el magistrado, en el marco de una relación siempre tirante con la Casa Rosada.
Argibay ya tenía vínculos con el poder político local. La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Argibay por un fallo que le permitió una reelección consecutiva del gobernador Gerardo Zamora, cuando el magistrado era juez de la Corte Suprema local. Luego, esa decisión fue revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lilita también lo vinculó con maniobras de encubrimiento en causas de narcotráfico, acusaciones que Argibay rechazó en su descargo parlamentario, calificándolas de “imputación irresponsable y mendaz”.
En el tratamiento parlamentario, finalmente, el pleno de la bancada de Cambiemos votó por la negativa. Pero Argibay ya contaba con el respaldo del peronismo. La votación en la sesión del 12 de diciembre de 2018 salió 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial el 4 de enero de 2019.
La causa que investiga a la AFA, y que permanece en etapa de instrucción, busca determinar si “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes, realizaron maniobras de desvío de fondos públicos y lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación de la entidad deportiva, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. El expediente abarca operaciones por cifras millonarias detectadas en movimientos bancarios y compra de bienes.
La investigación también salpica a Gerardo Zamora, el ex gobernador al que el juez Argibay benefició para que sea reelecto en su fallo de 2013. Es que se detectó que la gestión de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. Las medidas del fiscal Simón apuntan al ex mandatario como alguien que habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.
Con el apartamiento de Argibay, no se descarta que la Justicia avance con nuevas presentaciones y revisiones de las medidas adoptadas por el juez.
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POLITICA
Macri prepara un acto con dirigentes del conurbano en medio del malestar por el comunicado que agitó la interna de Pro

Tras el comunicado de Pro contra el gobierno de Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri acelera su reaparición en la escena pública y encabezará un acto partidario en Vicente López. Este viernes se mostrará junto a dirigentes del conurbano en el marco de su gira Próximo Paso y buscará sortear el malestar interno que generó la publicación inconsulta en un territorio donde el sello amarillo busca acordar con La Libertad Avanza (LLA).
La reaparición del titular de Pro estaba prevista, desde hace semanas, para el 22 de mayo, cuando visitará Mendoza y participará de un acto partidario con dirigentes de la región de Cuyo, La Rioja y Catamarca. La semana pasada, sin embargo, se decidió sumar a su agenda un encuentro en Vicente López con dirigentes amarillos del conurbano. La convocatoria abarca a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares de esta zona de la Provincia.
En medio de los preparativos para esa cumbre, Macri agitó los ánimos al interior de partido tras publicar, el domingo pasado, un comunicado oficial con críticas a la Casa Rosada. “Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, decía el texto difundido a través de la cuenta oficial de Pro en X.
Esta tarde, en el cúpula de Pro nacional ratificaron esta postura crítica con otro sugestivo mensaje en redes sociales en el que se dirige al “argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. La publicación profundiza el malestar en un partido enrarecido por la falta de consenso interno respecto de qué estrategia adoptar frente a los desafíos que enfrenta LLA en el plano político y judicial.
El “manifiesto” del domingo fue leído como una crítica implícita a Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, pero también una advertencia al presidente Milei, quien ya ratificó, en declaraciones públicas y durante la última reunión de gabinete, su férreo respaldo al ministro coordinador.
Macri volvía a desmarcarse, así, de LLA -una meta que busca profundizar con sus visitas al interior del país-, pero también de un sector de su partido que espera recomponer el vínculo entre ambos espacios. Es que el comunicado del fin de semana se difundió sin el consentimiento de los gobernadores de Pro –Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- ni de las autoridades bonaerenses del sello amarillo.
“El comunicado no fue consultado con Cristian [Ritondo] como presidente del bloque, ni con los gobernadores, ni pasó por la mesa ejecutiva del partido. Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos”, aseguraron en el entorno de Cristian Ritondo. En privado, el diputado nacional cuestiona la decisión de Macri de arremeter contra la administración nacional.
Sucede que el titular de la bancada amarilla en la Cámara baja apuesta a reeditar una alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires para desplazar al Partido Justicialista (PJ) de la gobernación en 2027. La semana pasada, había encabezado una reunión de legisladores bonaerenses y jefes comunales de Pro con el ministro del Interior, Diego Santilli, para poder avanzar en esta dirección.
Entre los referentes de Pro bonaerense no hay una postura unificada respecto del oficialismo nacional. En algunos municipios como Zárate y 9 de Julio, los intendentes amarillos cuestionan la “ingratitud” de LLA que ofrece una fuerte oposición en los Concejos Deliberantes y no se alinea con la agenda de los mandatarios locales.
“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, había señalado una fuente del partido a . Persiste, entre algunos jefe comunales, cierto malestar por la falta de reciprocidad con la benevolencia con la que Pro se mueve a nivel nacional. El bloque que conduce Ritondo en la Cámara baja evita apoyar los pedidos de informe contra Adorni y suele acompañar las iniciativas de Milei para no poner en jaque la gobernabilidad.
En este contexto, el titular de Pro bonaerense busca atenuar esas rispideces y reconciliar a sus dirigentes con los representantes del partido violeta. Entiende que solo jugando en tándem podrán generar un recambio político en el tradición bastión del peronismo. Para esos planes, el comunicado diseñado por Macri y el diputado nacional Fernando De Andreis representa, cuanto menos, un difícil antecedente sobre el que seguir negociando con LLA.
En la actividad de este viernes, estaba prevista la presencia de Ritondo, junto a Macri y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta de la filial bonaerense de Pro que tiene a su cargo la organización de la cumbre. intentó contactarse con el diputado nacional para confirmar su participación en el encuentro, pero al cierre de esta nota no había tenido respuesta.
Cerca del expresidente, en tanto, minimizan el impacto del comunicado del domingo y desestiman que pueda afectar la convocatoria para el acto con dirigentes del conurbano. “Fue un comunicado de la presidencia del partido. Cuando los intendentes o el bloque de diputados sacan comunicados no consultan con la cúpula del partido. Entonces el reclamo carece un poco de sustento”, señalaron en Pro nacional.
Explican, a su vez, que Pro no cambió sus posición respecto de lo planteado en la reunión nacional de Parque Norte, cuando se lanzó la consigna “próximo paso” y se aclaró que Pro marcaría aquellas cuestiones con las que no estuviera de acuerdo con el gobierno nacional. En esa oportunidad, también se inauguró una gira federal con la que Macri apuesta a fortalecer a su partido rumbo a 2027.
La agenda del expresidente incluye, además de la cumbre con intendentes del conurbano, un viaje a Mendoza para activar el armado territorial en Cuyo, previsto para el 22 de mayo, y una semana más tarde, una reunión con legisladores provinciales de distintos puntos del país en la sede nacional del partido.
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POLITICA
Procesaron a la fiscal Viviana Fein por contaminar la escena donde fue encontrado muerto Alberto Nisman

El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman.
Fein estuvo a cargo en un primer momento de la investigación de la muerte del entonces titular de UFI-AMIA hasta que la causa fue elevada al fuero federal. En febrero de este año fue citada a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano junto a Ercolini.
En medio de las acusaciones por no preservar el lugar de los hechos, Fein se defendió y aseguró que “fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”.
Además, Fein aseguró que esas personas “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o que faltó. Nunca nadie lo describió”.
“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, pidió la exfiscal.
“Yo se quién soy y como he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, remarcó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.
A Nisman lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.
Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue en 1994. Poco antes de su muerte había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes responsables del ataque terrorista.
La acusación en su contra
Según el dictamen presentado por Taiano, Fein incurrió en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.
También la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.
Entre las fallas mencionadas están el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano calificó como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.
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Para el fiscal la zona más afectada fue el baño, donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.
El fiscal advirtió sobre “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”, en la noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. Taiano alertó que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.
Nisman, Viviana Fein, Justicia
POLITICA
El oficialismo dictaminó en Diputados la adhesión al tratado internacional de patentes

El oficialismo avanzó este martes con la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), al obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria.
El despacho de mayoría reunió 57 firmas con respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, aunque introdujo cambios sobre la media sanción aprobada por el Senado en 1998. Como se trata de un tratado internacional, la iniciativa nunca perdió estado parlamentario pese al paso de los años.
Si el texto modificado es aprobado por Diputados, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo evalúa llevar el tema al recinto la próxima semana.
El despacho incorporó una reserva sobre el Capítulo II del acuerdo, un punto sensible para la industria farmacéutica nacional. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir sobre las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.
La diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta del plenario, defendió el proyecto al señalar que busca “simplificar y ordenar” el sistema de patentes, reducir costos y agilizar trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas. También sostuvo que el PCT “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”, ya que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
En la misma línea, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el tratado crea una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros, evitando que inventores argentinos deban gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción. Además, destacó que amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones, una ventaja que -según dijo- beneficia especialmente a pymes y pequeños desarrolladores.
El tratado debía haber sido ratificado antes del 30 de abril, según los compromisos asumidos por Javier Milei al firmar en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump. Sin embargo, las dificultades legislativas demoraron el avance parlamentario. Aun así, Estados Unidos retiró recientemente a la Argentina de su “Priority Watch List”, la nómina de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual.
Uno de los principales cuestionamientos vino de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien respaldó la adhesión al tratado, pero rechazó la reserva sobre el Capítulo II. Advirtió que eso envía “una mala señal” a los socios comerciales y apuntó directamente contra “el lobby de la industria farmacéutica”. “Yo elijo no fingir demencia, elijo decir lo que se trata de omitir”, lanzó. Además, anticipó que presentará un dictamen de minoría para ratificar el acuerdo “sin reservas”.
El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.
Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, adelantó el dictamen de rechazo de su bloque y cuestionó la “contradicción” del Gobierno entre promover tratados vinculados a la innovación y, al mismo tiempo, recortar fondos para universidades y organismos científicos. “Con el argumento de la modernización le pasan la motosierra” al sistema científico, sostuvo Cafiero, quien además vinculó la iniciativa con compromisos asumidos por el oficialismo con Estados Unidos.
El objetivo del acuerdo es alinear a la Argentina con estándares internacionales. Hoy, el país es el único miembro del G20 -y uno de los pocos de la región- que no integra este sistema. El Gobierno sostiene que la ratificación simplificará y abaratará el registro de patentes.
Actualmente, un inventor argentino dispone de 12 meses para definir en qué países protegerá su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, lo que otorgaría más tiempo para conseguir financiamiento, estudiar mercados y diseñar una estrategia comercial antes de afrontar los costos internacionales.
Además, el sistema permitiría iniciar el trámite directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, como ocurre hoy. Según el oficialismo, eso reduciría significativamente los costos internacionales, que en algunos casos podrían bajar hasta un 90%.
El impacto se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos vinculados a semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.
CILFA aparece como uno de los principales focos de resistencia. Los laboratorios nacionales advierten sobre el fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable. Según sostienen, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese mecanismo, limitar la competencia de los genéricos y encarecer los precios en el mercado local.
Para evitar que esto suceda, India incorporó una cláusula para patentar innovaciones: que se compruebe una “eficacia terapeutica mejorada”.
Por esa razón, impulsaron una adhesión con reservas -similar a la aplicada por Uruguay- para preservar la capacidad argentina de aplicar criterios propios en materia de patentabilidad.
en materia de Patentes,https://t.co/jKggqxre2g,February 11, 2026,pic.twitter.com/chL0MV8XFj,May 12, 2026,February 6, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Ajuste. Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público,,Análisis. Milei, entre la rebeldía de Bullrich y la resistencia universitaria,,El dilema Adorni. Así se divide el Gobierno ante la crisis del jefe de Gabinete,Cámara de Diputados,,EE.UU. versus los laboratorios locales. Arranca el debate por la adhesión de la Argentina al tratado internacional sobre patentes,,En el Congreso. El PJ evita una avanzada aislada contra Adorni y busca correrse del eje exclusivo de la corrupción,,Ofensiva en el Congreso. Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Adorni
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