POLITICA
Reforma laboral suspendida: denuncian al juez y advierten que ejerció “abuso de poder”
La aplicación de la reforma laboral aprobada en el Congreso se encuentra suspendida en todo el país a raíz de una medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda. El Movimiento Empresarial Antibloqueos denunció al magistrado y señaló “abuso de poder” en la resolución que mantiene interrumpidas las nuevas disposiciones. El caso impacta especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza y fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, aclaró en Infobae en Vivo: “La denuncia tiene que ver justamente con un abuso de poder”. Razzini explicó que ya no preside el movimiento, ya que dejó ese cargo en 2023 al entrar a la política, pero acompañó la presentación impulsada por los nuevos referentes de la organización.
Razzini sostuvo: “Estamos hablando de una ley aprobada en el Congreso, estamos hablando de una ley que se debatió y fue votada. Hoy todo se ve frustrado por una sola persona”. El Movimiento Empresarial Antibloqueos, que nuclea a pymes afectadas por bloqueos sindicales, centra sus críticas en la actuación de Ojeda.
Efectos inmediatos de la suspensión
La cautelar dictada por el juez Ojeda mantiene suspendida la reforma laboral sancionada en el Congreso. Actualmente, 81 artículos de la ley permanecen inactivos. Razzini afirmó: “Hoy la cautelar está vigente. Hoy la reforma laboral está suspendida. No se está aplicando en ningún lugar de Argentina”. Según la dirigente, los artículos afectados incluyen “los más importantes” de la norma.
El Movimiento Empresarial Antibloqueos inició la denuncia después de analizar la relación del magistrado con sindicatos y su participación en actividades relacionadas. Razzini declaró: “Raúl Ojeda está muy involucrado con lo que es la cuestión sindical. Es un juez que ha cobrado honorarios de sindicatos”.
Impacto para las pymes y contexto empresarial
La suspensión de la reforma laboral afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas. Razzini señaló: “Hoy las pymes la están pasando muy mal. Esta es una ley sumamente necesaria”. Aseguró que la reforma no iba a generar trabajo por sí sola, pero consideró: “La reforma era una condición muy importante para generar trabajo en Argentina”.
Según Razzini, el empresariado pyme enfrenta obstáculos persistentes y falta de seguridad jurídica. Dijo: “Nuestro país cambia las reglas de juego todo el tiempo. En este contexto, donde todo el tiempo te sacan la reforma laboral, ¿cómo hacés para invertir?”. Para la dirigente, la parálisis regulatoria se traduce en dificultades a la hora de planificar inversiones y contratar personal.
Además, la diputada enfatizó la necesidad de generar confianza a largo plazo para atraer nuevas inversiones. En relación a la situación macroeconómica, aseguró que en las economías regionales se perciben señales de repunte por la llegada de inversiones, aun cuando el sector de la construcción continúa en crisis: “En el sector construcción está muy mal. Hace dos años que no logra repuntar”.
Debate político y postura del oficialismo
La controversia en torno a la suspensión de la reforma laboral ocurre en el marco de un Congreso polarizado. Razzini defendió la política de La Libertad Avanza: “El año pasado siempre se fue trabajando en tratar de acercar puntas. No tiene la plata el Gobierno, no la tiene”. La diputada estimó que existen “intenciones de mejorar”, pese a las limitaciones presupuestarias.
Consultada por las discusiones internas del Gobierno y las causas judiciales abiertas, Razzini manifestó: “Las peleas siempre pasan. En este caso estamos viviendo tiempos donde todo se viraliza. Es como estar en un reality show todo el día”. Sobre el caso Adorni, agregó: “La justicia está trabajando muy bien, está trabajando rápido”. La diputada expresó confianza en que el proceso judicial aportará claridad, y anticipó próximas explicaciones en el Congreso.
Finalmente, Razzini insistió en que el rumbo económico requiere paciencia y consistencia en las reglas de juego: “Generar trabajo genuino es lo que va a ayudar a que se pueda reacomodar la economía y aumentar la recaudación”. Reclamó perseverancia en las reformas planteadas y respaldo al modelo votado por la ciudadanía.
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reforma laboral
CÓRDOBA.- El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, fundó el fallo de fondo de la cautelar que hace un mes había dictado en la que ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) normalizar y regularizar el pago de las prestaciones a instituciones y prestadores de discapacidad. “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos“, explicó el magistrado a .
El nuevo fallo conmina a que en 72 horas se regularicen los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 a todo el colectivo.
La acción de amparo fue presentada por la señora A. A. del C., quien actúa en carácter de curadora definitiva de su hijo, M. I. C.. El hijo de la amparista presenta un diagnóstico de “Retraso Mental Grave” y es beneficiario del sistema de salud por su condición de discapacidad.
La demanda se interpuso como una acción de amparo colectiva en la que AA del C es curadora de su hijo M.I.C quien tiene “retraso mental grave” y representa a un colectivo integrado por titulares de pensiones no contributivas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad y reciben cobertura a través de Incluir Salud o PAMI y también de un grupo secundario conformado por los progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.
El fallo señala que, aunque el Estado Nacional intentó demostrar cumplimiento con pagos individuales al hijo de la amparista, esa conducta no desvirtúa el incumplimiento generalizado hacia el resto.
Durante el proceso, Incluir Salud acreditó pagos al joven por diciembre de 2025 y enero de 2026. El juez interpreta que esa cancelación demuestra que el organismo tenía la obligación de pagar y la disponibilidad de fondos para hacerlo, lo que evidenciaba que la demora en el resto de los casos era injustificada.
El texto advierte que, mientras se cumplía con el caso individual de la amparista, persistía la “desatención del resto de los integrantes del colectivo”. Esto se corroboró con los informes de diversas instituciones (como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría), que informaron deudas pendientes de más de cinco meses.
El fallo resalta una contradicción en la postura de Nación, ya que por un lado, Incluir Salud sostenía que la Provincia de Córdoba era la “primera obligada” a brindar las prestaciones a M.I.C pero, por otro lado, terminó pagando esas mismas facturas en mayo pasado.
Como el cumplimiento fue solo “parcial e individualizado”, Vaca Narvaja considera que la resolución debe tener efecto expansivo a todo el colectivo representado y ordena que se cancelen las facturas de todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos de la clase, no solo del caso testigo.
Es decir, para el magistrado el cumplimiento con la amparista individual fue una estrategia que terminó por confirmar la arbitrariedad de la demora respecto al resto de las personas con discapacidad, quienes permanecían en un estado de “desamparo e incertidumbre”.
cautelar que hace un mes,Concedí la apelación pero sin efectos suspensivos,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Kicillof se pliega a otras provincias para reclamar fondos y denunciar que Luis Caputo le frena obras
El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.
El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.
Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.
De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.
Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.
“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.
Autorizaciones para financiamiento
Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.
El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.
Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.
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POLITICA
Hackearon la cuenta de X de Cadena 3 y publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner
El medio cordobés Cadena 3 fue hackeado y en el interín los usurpadores de la cuenta de X de la emisora publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner. El posteo llamó la atención de los lectores.
Horas después, el medio denunció que su cuenta “había sido vulnerada” y que lograron restablecer la seguridad de la misma poco después.
Fue al mediodía que el diario digital posteó la impactante noticia de que la extitular del Ejecutivo habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que permanecía en “estado delicado”.
La publicación consistía en una imagen de la expresidenta con el titular grande y en rojo “Urgente”. Abajo se leía: “Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV”. En la descripción, añadia: “Según fuentes oficiales, Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV y se encuentra en estado delicado. Se espera el parte médico oficial en las próximas horas”.
“Seguiremos informando con datos confirmados”, concluyeron. La noticia permaneció en la cuenta de X durante más de una hora, tiempo durante el cual la cuenta de Cadena 3 no realizó otras publicaciones. El posteo no tenía artículo. Y en la página web de la emisora no había ninguna noticia relacionada.
La publicación tuvo más de 500 vistas en la red social hasta que fue eliminada. Cerca de las 16 compartieron un comunicado notificando a sus seguidores de la sorpresiva situación.
“AVISO. Nuestra cuenta fue vulnerada y se publicó información falsa sobre un supuesto problema de salud de Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron. Desde la cuenta señalaron que la publicación es “completamente apócrifa”.
“Carece del logo institucional de Cadena 3, utiliza una tipografía ajena a nuestra identidad visual y no enlaza a ninguna nota en cadena3.com, requisito de todas nuestras publicaciones. Ya se restableció la seguridad de la cuenta“, comentaron.
La falsa noticia sorprendió a los usuarios que la vieron antes de que fuera desmentida. La expresidenta no reportó problemas graves de salud en los últimos tiempos, y su última internación ocurrió en diciembre del año pasado.
La exmandataria sufrió un dolor abdominal en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Un equipo de médicos fue al domicilio, donde decidieron trasladarla al Sanatorio Otamendi para una evaluación más exhaustiva. Allí fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada y fue sometida a una cirugía laparoscópica.
Permaneció internada durante más de dos semanas. Se le retiró el drenaje peritoneal aplicado luego de la cirugía y debió continuar con tratamiento antibiótico por vía oral. Fue dada de alta el 3 de enero de 2026. Luego, fue monitoreada en su domicilio en San José 1111.
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