POLITICA
El PRO debate un acuerdo con Milei: la foto de los primos Macri y el “tapado” que quiere ser candidato
A simple vista, la foto mostró exactamente lo que el PRO quería mostrar: Mauricio Macri y Jorge Macri compartiendo una reunión de trabajo, revisando la marcha de la gestión porteña y dejando atrás varias semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento político. Pero detrás de esa imagen de distensión siguió abierta una discusión que el partido todavía no resolvió: cuándo, cómo y bajo qué condiciones construir un acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ese fue, hoy, el verdadero debate que atravesó al macrismo. No se discutió si el PRO terminaría o no construyendo un entendimiento con el espacio de Javier Milei. La discusión pasó por el momento en que debería hacerlo, el margen de autonomía que debía conservar hasta entonces y si todavía tenía sentido preservar la posibilidad de presentar un proyecto presidencial propio.
La reunión del lunes en la sede del Gobierno porteño, en Uspallata, terminó convirtiéndose en la primera expresión visible de ese delicado equilibrio.
Según pudo saber Infobae, el encuentro estuvo lejos de ser una cumbre para discutir candidaturas o alianzas. Jorge Macri repasó junto a Mauricio Macri los principales indicadores de la Ciudad, la evolución de las cuentas públicas y distintos aspectos de la administración. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el diputado nacional, secretario general del PRO y principal espada política de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.
En el entorno del jefe de Gobierno rechazaron de plano la idea de que existiera una crisis con el ex presidente. Admitieron que existían diferencias de enfoque sobre la estrategia frente a La Libertad Avanza, pero sostuvieron que el vínculo político y personal entre ambos continuó siendo bueno y atribuyeron las versiones sobre un supuesto conflicto a interpretaciones externas que, según esa mirada, magnificaron desacuerdos que nunca dejaron de ser administrables.
En Uspallata también buscaron despejar otra interpretación que consideraron equivocada: la de un Jorge Macri enfrentado con la Casa Rosada. Cerca del jefe de Gobierno describieron una relación fluida con el presidente Javier Milei y con varios integrantes de la primera línea del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ese canal de diálogo, agregaron, también existió con la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, especialmente para abordar cuestiones vinculadas con la gestión porteña.
La convivencia institucional, sin embargo, no eliminó el debate político. Sobre todo, porque hay una figura que es central en cualquier acuerdo: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, titular de La Libertad Avanza y la voz que más escucha el jefe de Estado.
El debate interno del PRO por el acuerdo con La Libertad Avanza
Dentro del PRO convivieron hoy dos miradas respecto de la relación con La Libertad Avanza. Un sector importante del partido —integrado por gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes con fuerte peso territorial, entre ellos Cristian Ritondo— consideró que el entendimiento con el oficialismo debería comenzar a consolidarse cuanto antes para repetir el esquema electoral de 2025, cuando ambas fuerzas compitieron juntas y lograron imponerse tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
La incorporación de Ritondo a la mesa política del PRO porteño fue interpretada precisamente como otro gesto en esa dirección. Quienes impulsaron esa estrategia creyeron que el electorado ya validó esa experiencia y que anticipar un acuerdo permitiría fortalecer una alternativa competitiva frente al peronismo.
Mauricio Macri no rechazó esa posibilidad. Nadie dentro del partido lo ubicó hoy enfrentado a un eventual acuerdo con Milei. Su diferencia pasó por otro lado: creyó que todavía faltaba demasiado para las elecciones presidenciales y consideró un error mostrar desde ahora al PRO dispuesto a integrarse a una alianza cuyos términos ni siquiera comenzaron a discutirse. Para el ex presidente, adelantar esa definición implicó resignar capacidad de negociación y llegar debilitado a una conversación que, inevitablemente, debería darse más adelante.
En otras palabras, el debate no giró alrededor del “qué”, sino del “cuándo”.
Ese matiz explicó buena parte de las conversaciones que atravesaron al partido amarillo. Mientras un sector entendió que la anticipación fortalecía el vínculo con La Libertad Avanza, Mauricio Macri consideró que apresurar esa discusión solo reducía el margen de autonomía política del PRO y limitaba su capacidad para negociar desde una posición de fortaleza.
Fue en medio de ese escenario cuando apareció un movimiento inesperado que sorprendió incluso a dirigentes experimentados del partido.
La irrupción de Lacunza y el candidato propio
Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, reconoció públicamente durante una entrevista televisiva que le gustaría competir por la Presidencia.
“Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación. Sí, me gustaría, pero eso no es una decisión mía”, afirmó. Luego agregó otra definición que también tuvo fuerte repercusión interna: “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”.
La declaración llamó la atención porque Lacunza nunca había expresado de manera tan explícita una aspiración presidencial. Además de haber sido el último ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, hoy es vicepresidente de Racing Club, dirige la consultora Empiria y representa al PRO como director del Banco de Córdoba, cargo al que llegó en el marco del entendimiento político alcanzado con el gobernador Martín Llaryora. El mandatario cordobés, uno de los principales referentes del peronismo no kirchnerista, alternó etapas de cooperación con la Casa Rosada con otros momentos de fuerte confrontación y ya comenzó a preparar el escenario para la elección que definirá a su sucesor, donde una alianza de perfil liberal podría reunir a La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
La pregunta empezó a repetirse rápidamente dentro del PRO: ¿Mauricio Macri estaba al tanto de esa declaración? ¿Existió algún tipo de aval previo?
La respuesta que ofreció un histórico dirigente partidario buscó relativizar la discusión.
“Es como lo que hacía Menem. ¿A quién le va a decir Mauricio que no diga que quiere ser candidato a presidente, si quiere serlo?”, resumió la fuente.
Más allá de esa interpretación, la aparición de Lacunza fue leída dentro del partido como algo más que una expresión individual. Para varios dirigentes, volvió a instalar la discusión sobre si el PRO debía reservarse la posibilidad de llegar a 2027 con un candidato presidencial propio, aun cuando más adelante terminara construyendo algún tipo de entendimiento con La Libertad Avanza.
Ese dato tampoco pasó inadvertido en el oficialismo.
En la Casa Rosada existió un objetivo electoral claramente definido: intentar que Javier Milei consiguiera la reelección en primera vuelta y evitar un balotaje que podría unificar detrás de un solo candidato a buena parte de la oposición. Desde esa perspectiva, cualquier candidatura competitiva ubicada dentro del universo liberal o del centro-derecha comenzó a ser observada con atención, incluso cuando todavía faltaran 18 meses para las elecciones. Una postulación propia del PRO podría captar un porcentaje reducido del electorado, pero suficiente para complicar la estrategia libertaria de imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.
La foto de los primos Macri buscó ordenar el presente. La aparición del “tapado” que transparentó su intención de ser candidato a presidente empezó a discutir el futuro. Entre una imagen y otra quedó sintetizado el momento que atravesó el PRO: un partido que intenta administrar sus diferencias con Javier Milei sin romper puentes institucionales y que, al mismo tiempo, empezó a preguntarse si en 2027 llegaría como socio político de La Libertad Avanza o con un proyecto presidencial propio.
La discusión no pareció inminente. Falta más de un año para la elección. Pero la reunión de Uspallata y la irrupción de un potencial candidato dejaron una misma conclusión: el partido amarillo todavía no terminó de definir cuál será su lugar en el mapa político que imagina Javier Milei para buscar la reelección.
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POLITICA
Corrientes: Gustavo Valdés aseguró que no hay conversaciones con LLA, pero abrió la puerta a acuerdos programáticos
Gustavo Valdés entregó en diciembre a su hermano Juan Pablo la gobernación de la provincia litoraleña. En la práctica, se trata de la continuidad política del espacio “Vamos Corrientes”. El distrito, junto a Santiago del Estero, tiene su elección provincial desfasada de la nacional debido a las intervenciones federales de los años ‘90.
Tras dejar el Ejecutivo correntino, rechazó hacerse cargo del Comité Nacional del radicalismo. Pero mantiene las riendas de la UCR provincial y de la coalición que encabezan los «boina blanca».
De los dos hermanos, Gustavo es el que no lleva la carga institucional. Eso le permite moverse mejor en el plano político.
Consultado por medios locales sobre la posibilidad de un acercamiento o entendimiento con LLA con miras a las elecciones de 2027, afirmó: “A nivel nacional, no existe ninguna conversación con LLA. En Corrientes tampoco”.
El año próximo, la provincia renovará de manera parcial su Legislatura bicameral. Esta votación podría darse en forma desdoblada de los comicios nacionales para elegir presidente, diputados y senadores.
“Nosotros tenemos nuestro espacio político. Seguramente cuando tengamos la construcción de nuestra próxima alianza se conversará”, expresó. Antes, había subrayado que en su provincia escucha “a representantes de La Libertad Avanza que dicen que son oposición”
“Esto no quiere decir que no se puede conversar. Hay que tener charlas. A la política hay que darle madurez, comenzar a coincidir en objetivos de corto, mediano y largo plazo”, acotó.
Luego, señaló que en una democracia que está próxima a cumplir 45 años “sabemos qué es lo que piensa cada espacio político y sus características”.
La posibilidad de acuerdos programáticos con LLA
Valdés fue consultado por la actitud de Lisandro Almirón, diputado nacional libertario. El legislador afirmó que no se siente opositor. E incluso ha entrado al despacho de la Gobernación acompañando a funcionarios del Gobierno nacional que visitan la provincia.
“Tuvimos una disputa con todos los espacios políticos y salimos ganando”, fue la respuesta. Uno de los vencidos fue Almirón, candidato a gobernador por LLA en los comicios de septiembre del 2025.
El legislador nacional reposteó hace poco en X una publicación del gobernador Juan Pablo Valdés. En las fotos aparecían ambos junto a Bartolomé Heredia, secretario de Obras Públicas de la Nación. El registro se tomó en el despacho del mandatario correntino. “Una vez más el Gobierno nacional demuestra su compromiso con Corrientes”, añadió Almirón en su posteo.
Heredia, que llegó junto al subsecretario de Recursos Hídricos Vicente Damaso Heredia, conversó con las autoridades locales sobre la reactivación de obras como las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Corrientes y Paso de la Patria.
Unos días antes, el Gobernador correntino había estado reunido en Buenos Aires con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con Luis Caputo, ministro de Economía.
Frente a este escenario, Gustavo Valdés auguró: “Ojalá que se pueda llegar a acuerdos programáticos que le sirvan a la ciudadanía y al desarrollo de Corrientes”.
“Siempre que se desarrolle la provincia, los acuerdos tienen que estar”, remarcó. “Si ese es el objetivo, a la gente no le importa de qué espacio político sea, izquierda o derecha, sino que la provincia avance”, completó.
Las razones del distanciamiento con los K
Con respecto al kirchnerismo, afirmó: “Es un límite difícil y claro. Los enfrentamos durante más de 20 años. Tenemos ideas bastante diferentes”.
“Hay cosas que no podemos olvidar”, añadió. Entre ellas, citó la “discriminación que hemos sufrido los correntinos por parte del kirchnerismo fue enorme”. Eso es algo “muy difícil” de dejar atrás, recalcó.
Hace unas semanas, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof estuvo en Corrientes. Fue recibido con honores por los hermanos Valdés. Aunque con cierta incomodidad, reconocieron que el mandatario bonaerense ayudó a la provincia durante los incendios forestales ante la pasividad de Nación.
Por último, Valdés resumió: “Tenemos que buscar los acuerdos para que Corrientes crezca y trabajar en ese sentido”.
El juez federal Gastón Salmain, quien afronta un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura, sumó este viernes otra imputación en su contra.
El fiscal federal Federico Reynares Solari acusó al magistrado, que se encuentra actualmente suspendido, de haberle exigido al exjefe de ARCA Carlos Vaudagna el pago de un soborno de 100.000 dólares a cambio de favorecerlo en las causas que había en su contra en distintas jurisdicciones de la provincia de Santa Fe.
La imputación llega en el peor momento para Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario desde junio de 2023.
El magistrado ya está suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que en julio abrió por unanimidad —con el voto de los 20 consejeros presentes— un juicio político en su contra por mal desempeño.
Ese cuerpo tiene 180 días hábiles para llevar adelante el jury de enjuiciamiento que podría terminar con su destitución, aunque varias fuentes coinciden en que el desenlace llegará antes de ese plazo.
Si el jurado confirma la remoción, Salmain perderá los fueros y las fuerzas de seguridad quedarán habilitadas para ejecutar la prisión preventiva que ya pesa sobre él por otras causas.
El fiscal Reynares Solari sostuvo que Salmain incurrió en un desvío de poder en su rol de juez para direccionar causas y en especial para intervenir en las que estaba acusado Vaudagna, con quien mantenía una relación desde hacía años.
Según la acusación, el intento de cohecho se produjo entre septiembre y noviembre de 2024.
En ese lapso, según el fiscal, el magistrado “a través de la intermediación del abogado Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16.727/2023”, donde el ex funcionario estaba denunciado por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
El objetivo, precisó Reynares, era que esas causas “quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares”.
En ese momento Salmain era juez civil, pero había sido autorizado a subrogar en el fuero penal.
Salmain intentó que todas las causas contra Vaudagna quedaran en su juzgado, pero fue recusado por varios fiscales, por lo que esa maniobra no logró sostenerse.
La audiencia se desplegó pese a un intento de las defensas de Salmain de cancelarla, con el argumento de que no se les habían exhibido previamente los hechos y las evidencias para poder preparar la defensa. El planteo fue rechazado por el juez federal Román Lanzón, con una explicación puntual dirigida al magistrado imputado, que siguió la audiencia de forma virtual.
Reynares reconstruyó una relación preexistente entre Vaudagna y Salmain.
El magistrado fue designado el 6 de agosto de 2024 para intervenir en el expediente del ex jefe de la AFIP, luego de que dos jueces penales se excusaran de hacerlo. Ya con la fiscal Virginia Sosa a cargo, se detectó que Salmain había enviado a un empleado de su juzgado a buscar un peritaje sobre el teléfono de Vaudagna. Lo que buscaba, según el fiscal, era verificar si existía tráfico de mensajes entre ambos: había un intercambio de 48 mensajes que Vaudagna había borrado. La finalidad, señaló Reynares, era comprobar si esa pericia demostraba el vínculo entre los dos, algo que le habría impedido intervenir en la causa.
El fiscal reveló además un dato que agrava la situación: Salmain le había pedido a Vaudagna trabajo para su pareja. “Salmain se sentó a resolver una causa que involucraba a una persona a la que le había pedido trabajo para su pareja”, sostuvo. “Hay una ilicitud civil, administrativa y un casi seguro hecho ilícito penal en esto”, redondeó.
La cronología también muestra un giro llamativo. Salmain primero se declaró incompetente para actuar en el expediente de Vaudagna, pero luego, hacia diciembre de 2024, reclamó la competencia sobre ese funcionario con el que tenía una relación probada. Para Reynares no se trató de una contradicción, sino de una maniobra: lo que estaba haciendo el juez, dijo, era “elevar el precio” de su intervención, es decir, negociar un soborno más alto a partir de la negativa inicial.
Un capítulo de la acusación apunta al abogado Diego Feser, directivo de un grupo de medios e integrante del directorio del diario La Capital de Rosario. Según relató Vaudagna como imputado colaborador, hacia agosto de 2024, a raíz de una nota vinculada con Vicentin, tomó contacto con Feser para pedirle que cesaran los ataques mediáticos en su contra. La extracción forense del iPhone de Vaudagna acredita contactos telefónicos entre ambos. El ex funcionario declaró que en un bar cercano al Jockey Club de Rosario se encontró con Feser, quien le refirió que tenía contactos con el magistrado y que seguramente le pediría “algo”. El teléfono que habría usado Feser fue captado por una antena el 15 de octubre de 2024 en la calle Azcuénaga 8951, a escasos metros del Jockey Club.
Reynares recordó, además, cómo emergió la conexión. A partir de una investigación fiscal sobre si Salmain direccionaba expedientes previsionales hacia estudios jurídicos conocidos, se solicitaron cámaras de seguridad en los lugares de acceso público de los abogados previsionales que tramitaban en el juzgado. “Y ahí sí apareció el doctor Salmain”, dijo el fiscal, “pero no en trámites previsionales sino en casos que comprometían a Vaudagna”.
La nueva imputación se suma a un historial pesado. Salmain ya está procesado con prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato en la causa Attila, donde se lo acusa de haber manipulado un expediente para favorecer a los beneficiarios de un fideicomiso que se hicieron de unos 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares. El juicio político también incluyó el cargo de haber ocultado, en el concurso que lo consagró juez, que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para manipular un sorteo de expedientes.
Con Salmain suspendido, la justicia federal de Rosario atraviesa una crisis institucional sin precedentes: en poco más de un año, dos de sus jueces quedaron fuera de juego por casos de corrupción. El otro es Marcelo Bailaque, hoy con prisión domiciliaria e investigado por sus vínculos con estructuras del narcotráfico.
La caída de Salmain deja acéfalo el Juzgado Federal N° 1 en una jurisdicción desbordada por causas de crimen organizado, lavado de activos y trata.
Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
Movimientos sociales y sindicales preparan la “marcha más grande de la década” contra Javier Milei
Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.
La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.
Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.
La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.
Rechazo a la Ley de Propiedad Privada
En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.
La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.
Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Una fecha con historia
La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.
El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.
“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.
Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.
Un agosto cargado de protestas
La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.
El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
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