POLITICA
Una nueva imputación por sobornos empuja al juez Salmain hacia la destitución
El juez federal Gastón Salmain, quien afronta un proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura, sumó este viernes otra imputación en su contra.
El fiscal federal Federico Reynares Solari acusó al magistrado, que se encuentra actualmente suspendido, de haberle exigido al exjefe de ARCA Carlos Vaudagna el pago de un soborno de 100.000 dólares a cambio de favorecerlo en las causas que había en su contra en distintas jurisdicciones de la provincia de Santa Fe.
La imputación llega en el peor momento para Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario desde junio de 2023.
El magistrado ya está suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que en julio abrió por unanimidad —con el voto de los 20 consejeros presentes— un juicio político en su contra por mal desempeño.
Ese cuerpo tiene 180 días hábiles para llevar adelante el jury de enjuiciamiento que podría terminar con su destitución, aunque varias fuentes coinciden en que el desenlace llegará antes de ese plazo.
Si el jurado confirma la remoción, Salmain perderá los fueros y las fuerzas de seguridad quedarán habilitadas para ejecutar la prisión preventiva que ya pesa sobre él por otras causas.
El fiscal Reynares Solari sostuvo que Salmain incurrió en un desvío de poder en su rol de juez para direccionar causas y en especial para intervenir en las que estaba acusado Vaudagna, con quien mantenía una relación desde hacía años.
Según la acusación, el intento de cohecho se produjo entre septiembre y noviembre de 2024.
En ese lapso, según el fiscal, el magistrado “a través de la intermediación del abogado Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16.727/2023”, donde el ex funcionario estaba denunciado por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
El objetivo, precisó Reynares, era que esas causas “quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares”.
En ese momento Salmain era juez civil, pero había sido autorizado a subrogar en el fuero penal.
Salmain intentó que todas las causas contra Vaudagna quedaran en su juzgado, pero fue recusado por varios fiscales, por lo que esa maniobra no logró sostenerse.
La audiencia se desplegó pese a un intento de las defensas de Salmain de cancelarla, con el argumento de que no se les habían exhibido previamente los hechos y las evidencias para poder preparar la defensa. El planteo fue rechazado por el juez federal Román Lanzón, con una explicación puntual dirigida al magistrado imputado, que siguió la audiencia de forma virtual.
Reynares reconstruyó una relación preexistente entre Vaudagna y Salmain.
El magistrado fue designado el 6 de agosto de 2024 para intervenir en el expediente del ex jefe de la AFIP, luego de que dos jueces penales se excusaran de hacerlo. Ya con la fiscal Virginia Sosa a cargo, se detectó que Salmain había enviado a un empleado de su juzgado a buscar un peritaje sobre el teléfono de Vaudagna. Lo que buscaba, según el fiscal, era verificar si existía tráfico de mensajes entre ambos: había un intercambio de 48 mensajes que Vaudagna había borrado. La finalidad, señaló Reynares, era comprobar si esa pericia demostraba el vínculo entre los dos, algo que le habría impedido intervenir en la causa.
El fiscal reveló además un dato que agrava la situación: Salmain le había pedido a Vaudagna trabajo para su pareja. “Salmain se sentó a resolver una causa que involucraba a una persona a la que le había pedido trabajo para su pareja”, sostuvo. “Hay una ilicitud civil, administrativa y un casi seguro hecho ilícito penal en esto”, redondeó.
La cronología también muestra un giro llamativo. Salmain primero se declaró incompetente para actuar en el expediente de Vaudagna, pero luego, hacia diciembre de 2024, reclamó la competencia sobre ese funcionario con el que tenía una relación probada. Para Reynares no se trató de una contradicción, sino de una maniobra: lo que estaba haciendo el juez, dijo, era “elevar el precio” de su intervención, es decir, negociar un soborno más alto a partir de la negativa inicial.
Un capítulo de la acusación apunta al abogado Diego Feser, directivo de un grupo de medios e integrante del directorio del diario La Capital de Rosario. Según relató Vaudagna como imputado colaborador, hacia agosto de 2024, a raíz de una nota vinculada con Vicentin, tomó contacto con Feser para pedirle que cesaran los ataques mediáticos en su contra. La extracción forense del iPhone de Vaudagna acredita contactos telefónicos entre ambos. El ex funcionario declaró que en un bar cercano al Jockey Club de Rosario se encontró con Feser, quien le refirió que tenía contactos con el magistrado y que seguramente le pediría “algo”. El teléfono que habría usado Feser fue captado por una antena el 15 de octubre de 2024 en la calle Azcuénaga 8951, a escasos metros del Jockey Club.
Reynares recordó, además, cómo emergió la conexión. A partir de una investigación fiscal sobre si Salmain direccionaba expedientes previsionales hacia estudios jurídicos conocidos, se solicitaron cámaras de seguridad en los lugares de acceso público de los abogados previsionales que tramitaban en el juzgado. “Y ahí sí apareció el doctor Salmain”, dijo el fiscal, “pero no en trámites previsionales sino en casos que comprometían a Vaudagna”.
La nueva imputación se suma a un historial pesado. Salmain ya está procesado con prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato en la causa Attila, donde se lo acusa de haber manipulado un expediente para favorecer a los beneficiarios de un fideicomiso que se hicieron de unos 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares. El juicio político también incluyó el cargo de haber ocultado, en el concurso que lo consagró juez, que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para manipular un sorteo de expedientes.
Con Salmain suspendido, la justicia federal de Rosario atraviesa una crisis institucional sin precedentes: en poco más de un año, dos de sus jueces quedaron fuera de juego por casos de corrupción. El otro es Marcelo Bailaque, hoy con prisión domiciliaria e investigado por sus vínculos con estructuras del narcotráfico.
La caída de Salmain deja acéfalo el Juzgado Federal N° 1 en una jurisdicción desbordada por causas de crimen organizado, lavado de activos y trata.
Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
Diputados: el Gobierno evalúa incluir un capítulo de Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada
Con un ojo en la Corte Suprema, ante la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a expedirse sobre la Ley de Tierras, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados evalúa incluir un capítulo o una resolución que limite la venta a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora debe tratar la Cámara baja.
La maniobra parlamentaria, encabezada por Martín Menem, busca desactivar a toda costa la megasesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre, en la que no solo se propone avanzar contra el DNU 70/23, sino también prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar al recinto una respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.
Según pudo saber de fuentes parlamentarias, representantes del bloque libertario se reunieron esta mañana para comenzar a darle forma a la iniciativa, si bien no es la única que barajan para desandar la embestida opositora.
Si bien el oficialismo se jacta de que los bloques críticos no cuentan con los números para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, aumenta la presión de gobernadores y aliados para que el Gobierno avance con una alternativa que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Todo ello convive con la reciente decisión de la Corte Suprema de convocar a dos conjueces para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. En particular, la ONG ambientalista había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del megadecreto de Javier Milei, que derogó la norma y, con ella, los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Tal como publicó , la Cámara Federal de La Plata consideró el planteo conexo a la causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que perseguía el mismo objetivo.
Sin embargo, la asociación instó al máximo tribunal a aclarar si lo resuelto en el fallo también alcanza a su amparo. Sostiene que su planteo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes por invocar una legitimación diferente.
En ese sentido, el pedido de aclaratoria reclama “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente. “En su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”, advirtieron desde la ONG.
En caso de hacer lugar al planteo de la asociación, la Corte deberá decidir, junto con los dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si es el propio máximo tribunal el que resuelve la medida cautelar.
Suspicacias
Esta última opción genera suspicacias entre algunos diputados opositores, que hablan de un posible “salvataje” de la Corte al Gobierno, justo cuando la oposición presiona con una megasesión si los libertarios no dan señales de ir marcha atrás con la reciente derogación de la Ley de Tierras.
Es así que desconfían de cualquier intención de Menem de incluir una contrapropuesta para limitar la ley de tierras en un proyecto legislativo. “Eso sería el plan b”, señalan los mismos.
Otra de las variantes que circularon en los últimos días era la de sumar el tema al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo lo descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.
En cualquier caso, ya sea a través de una resolución de la Justicia o de una iniciativa propia, la intención del bloque libertario sería impedir la sesión del jueves y evitar que coincida con la foto de la marcha universitaria. En paralelo, buscaría trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad al 21 de octubre, en una convocatoria impulsada por el propio oficialismo con el objetivo de esquivar el golpe política y retomar la agenda que le impuso la oposición.
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POLITICA
Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión
El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.
No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.
Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.
En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.
Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.
El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.
La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.
Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.
La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.
El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.
La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.
La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.
El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.
Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.
Verónica Magario,Senado de la provincia de Buenos Aires,sesión legislativa
POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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