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Renunció el superintendente de Servicios de Salud y el Gobierno ya designó al reemplazante
Claudio Stivelman, hasta hoy titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), renunció al cargo, y fue reemplazado por Horacio Guevara, quien desde agosto último ocupaba la Gerencia General del organismo. Guevara se convierte así en el cuarto titular del área, en la administración libertaria.
La información del cambio de autoridades fue confirmada por el organismo, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, a través de un comunicado difundido esta tarde.
De acuerdo al comunicado, Stivelman presentó su dimisión “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”. Estaba en el cargo desde junio del año pasado y antes había ocupado la gerencia general.
Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, Guevara asumió hace poco más de un mes como segundo del organismo, proveniente del sector privado. Es ingeniero y con pasado en la gestión del sistema de salud privado. Durante más de una década se desempeñó como Director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, y pasó por distintas áreas.
La salida de Stilveman no sorprendió, según contaron fuentes oficiales. Y de hecho reconocían que poco después de la llegada de Guevara prácticamente comenzó una suerte de transición con Stivelman, hombre de extrema confianza de Lugones, desde hace años. Parte de las fuentes consultadas daban cuenta del “desgaste” que genera estar al frente de un área como la SSS para explicar su decisión de dejar el área.
Según informaron desde el organismo en su comunicado, Guevara “dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”.
En tanto destacaron que durante la gestión de Stivelman, “se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad de la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”.
Stivelman fue el tercer titular de la SSS, luego de la renuncia, en 2025, del segundo titular del área, Gabriel Oriolo. En ese momento se habló de “motivos personales”, para explicar su dimisión y su reemplazo Stivelman, que al igual que Guevara, ocupaba la gerencia general en ese momento.
Oriolo, a su vez reemplazó a Enrique Rodríguez Chantore, que venía de las filas de PRO, estuvo 45 días en el cargo.
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Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a
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Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo
El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.
Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.
El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).
“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.
Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud
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Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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