POLITICA
Movimientos sociales y sindicales preparan la “marcha más grande de la década” contra Javier Milei
Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.
La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.
Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.
La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.
Rechazo a la Ley de Propiedad Privada
En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.
La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.
Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.
Una fecha con historia
La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.
El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.
“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.
Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.
Un agosto cargado de protestas
La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.
El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
POLITICA
Tras la visita de Quirno y Presti a Tierra del Fuego, el Gobierno mostró cómo está hoy la Base Naval Integrada de Ushuaia
Una plataforma de hormigón y una bandera argentina marcan el avance de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que este viernes recorrieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, durante su visita a la capital de Tierra del Fuego. Se trata de una infraestructura clave para reforzar el posicionamiento de la Argentina en el extremo austral, en medio de la renovada tensión con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Actualmente, la obra registra un avance físico cercano al 9%.
Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales inspeccionaron el terreno y analizaron los desafíos logísticos que demanda la obra, que contempla un muelle de más de un kilómetro, edificios de servicios marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible e infraestructura para la logística antártica.
Antes de recorrer el predio, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza, en la sede de la gobernación. Durante el encuentro abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y, según se comunicó oficialmente, “el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”. La comitiva incluyó además al jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, al jefe de la Armada y a un grupo de legisladores nacionales fueguinos.
El Gobierno también destacó la participación de Urquiza en la sesión de junio del Comité Especial de Descolonización de la ONU, en la que la Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.
Consultado por la prensa tras el encuentro con Quirno y Presti, Melella remarcó su respaldo pese a las diferencias políticas con la Casa Rosada: “El proyecto lleva 40 años. La Argentina tiene que tomar el posicionamiento en el Atlántico Sur, nuestra provincia tiene un lugar estratégico”.
El gobernador contó además que la visita fue coordinada previamente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Tuvieron el gesto de venir y charlar el canciller Quirno y el ministro Presti. Es un avance y ojalá dé resultados.” Y agregó: “Yo no esperaba los anuncios, me sorprendieron gratamente, porque se reconoce el lugar geopolítico que tiene Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Son herramientas importantes para la soberanía”.
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“No coincido con el Gobierno en la industria y la economía, pero en esto sí acompaño. Hoy no podemos no estar de acuerdo: tiene que ver con proyectos que hace 40 años que la provincia espera”, cerró Melella.
Ya en el predio, Quirno y Presti participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina, en la que se presentaron el proyecto y sus principales características. El canciller enmarcó la obra en la instrucción del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre los distintos organismos del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la revalorización de los activos estratégicos del país.
Según el canciller, la instalación permitirá “concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas”, además de mejorar la protección de los intereses marítimos argentinos, y la vinculó con las inversiones en telecomunicaciones anunciadas por Milei. El Gobierno busca integrar con radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en un esquema permanente de vigilancia del Atlántico Sur del que la Base Naval Integrada funcionaría como uno de los nodos.
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POLITICA
Organizaciones civiles le pidieron a Patricia Bullrich eliminar las sociedades automatizadas del proyecto que impulsa el Gobierno
Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.
En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).
El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.
El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.
Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.
La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.
El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.
Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.
El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.
Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.
Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.
POLITICA
Diputados busca blindar por ley el sistema de búsqueda de personas y el programa Alerta Sofía
El programa Alerta Sofía, que permite actuar más rápido ante la desaparición de menores, podría tener en los próximos meses la ratificación parlamentaria de la Cámara de Diputados y será convertido en ley. La Comisión de Seguridad Interior, encabezada por la diputada del Pro, María Florencia De Senci, abrió su comisión para tal fin.
Son varios los proyectos presentados en la Cámara bajan sobre este programa que depende del ministerio de Seguridad nacional. Algunas de las iniciativas apuntan a darle jerarquía de ley al programa Alerta Sofía, creado por resolución hace una década, y también al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
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La diputada María Florencia De Senci expresó: “Cada vez que desaparece una persona, un niño, un adolescente, cada minuto cuenta, por eso el Estado tiene que tener la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada”, subrayó y destacó: “Si hay algo en lo que tenemos consenso (oficialismo y oposición) es que queremos que el SIFEBU y la Alerta Sofía funcionen”.
En el seno de la comisión hay varios proyectos en discusión, incluida la sanción de la Cámara alta del año pasado a instancias del exlegislador por Salta Juan Carlos Romero.
El peronista José Glinski (UxP) planteó que este tema “es algo que tiene un consenso total” y “es evidente que es un problema que a los legisladores les interesa trabajar”, a partir de las distintas iniciativas presentadas. Lo que podría entender que la sanción del Senado sería modificada.
La presidenta de la Comisión, De Senci, le dijo a TN: “Escuchamos las necesidades del Poder Ejecutivo, principalmente del ministerio de Seguridad, que es quien aplica ese protocolo. Necesitamos saber que conflictos que encontraban, las bases de datos con que ellos trabajan a la hora de activar un protocolo de búsqueda y a partir de eso, lo que nosotros queremos es tener una ley”.
La diputada del Pro de la Provincia de Buenos Aires sostuvo la necesidad que el programa sea conocido a nivel nacional, que las provincias ante una desaparición sepan con quienes cuentan y que protocolos activar, “porque las primeras horas son fundamentales cuando una persona desaparece”, adelantó María Florencia De Senci.
El programa Alerta Sofía, recuerda el caso de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego, envía alertas urgentes a través de telefonía celular, redes sociales, medios de comunicación y dispositivos de fuerzas federales. Funcionando de manera similar a las alertas internacionales.
Los participantes en la comisión
Desde el Ministerio de Seguridad, María Ximena Albornoz, directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata contra la Integridad Sexual, detalló que “la gestión diaria de la búsqueda de personas exige herramientas normativas diseñadas por quienes desde la praxis operativa llevan adelante el área sustantiva que se ocupa de esta situación”. Y se manifestó a favor de garantizar “una herramienta que sea eficaz, pero sobre todo aplicable a nivel federal”.
Por su parte la Coordinadora del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina), Paula Sánchez Ayala, agregó que la sanción de una ley “nos parece sumamente necesario e importante. Detrás de cada persona desaparecida hay familias, allegados, personas que sufren y que padecen uno de los sentimientos más espantosos que puede tener el ser humano, que es la incertidumbre, con lo cual una respuesta estatal es obligada”, expresó.
En relación con crear un registro nacional de personas extraviadas planteó: “Creemos que hacer un registro nacional o federal, en donde confluyan todas las personas desaparecidas y NN, va a facilitar la trazabilidad y acceso a la información”.
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En el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) hay, en estos momentos, 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas, cargadas por distintas jurisdicciones. El promedio de casos al año son 13.300. La funcionaria Sánchez Ayala dejó en claro que: “Hay provincias que no cargan todos los casos. Seguramente haya más búsquedas que no están cargadas en el sistema, probablemente porque apareció enseguida, pero igual debería estar cargada”.
Los funcionarios Rocío Cosiansi, asistente técnica del SIFEBU; y Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, también formaron parte de las exposiciones en la Comisión.
Sanción del Senado
En octubre de 2025, el Senado aprobó con 61 votos afirmativos el proyecto que otorga rango de ley al Sistema de Alerta Sofía. La iniciativa fue impulsada por el senador Juan Carlos Romero (Salta) y busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas en todo el país.
La sanción del Senado plantea la sistematización y centralización de información, procedimientos y protocolos relacionados tanto con la búsqueda de personas como con la identificación de individuos hallados sin identidad, ya sea con vida o fallecidos.
También, crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y establece el funcionamiento del programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá activarse dentro de las seis horas posteriores a una denuncia por desaparición o extravío de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia.
El Programa Alerta Sofía fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de forma urgente la desaparición de menores de edad.
Alerta Sofía, Diputados, proyectos
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