POLITICA
La Casa Rosada evitará profundizar el conflicto con Victoria Villarruel para priorizar las reformas en el Senado
El Gobierno busca bajarle el tono al nuevo enfrentamiento con Victoria Villarruel y asegura que el pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta “dé un paso al costado” no tendrá consecuencias institucionales. En la Casa Rosada sostienen que se trató de “sólo una respuesta” a las críticas de la titular del Senado contra Javier Milei y remarcan que no prevén impulsar ningún movimiento formal contra ella.
En Balcarce 50 insisten en que la discusión no modifica el diagnóstico que vienen haciendo desde hace meses sobre Villarruel. En el oficialismo descuentan que la vicepresidenta buscará competir en las próximas elecciones con un armado propio y creen que intenta posicionarse como una referencia opositora con un perfil nacionalista y conservador. “Que arme su proyecto en otro lado”, expresan en Nación.
El Ejecutivo, sin embargo, no cree que Villarruel vaya a abandonar su cargo. “No se va a ir”, sintetiza un funcionario de primera línea. En la Casa Rosada consideran que la tensión forma parte de una secuencia de cruces que acompaña a la relación entre Milei y su compañera de fórmula desde el inicio de la gestión.
En el entorno de Santilli aclaran que el planteo no respondió a una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino a una posición personal del jefe de Gabinete frente a sus críticas contra Milei. “No está en el ADN de Diego Santilli llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree”, expresan cerca del ministro coordinador.
En la Casa Rosada, de todos modos, aseguran que no habrá pedidos institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. “Le preguntaron y respondió. No hay más vuelta”, sostienen en Nación, donde buscan evitar que la respuesta de Santilli sea interpretada como el comienzo de una ofensiva para desplazarla.
En Balcarce 50 recuerdan que las diferencias comenzaron incluso antes de asumir. Atribuyen el origen de la interna al cierre de listas de las elecciones de 2023 y sostienen que luego se profundizó cuando Milei decidió no darle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que terminaron quedando en manos de Luis Petri y Patricia Bullrich tras el acuerdo político con ambos dirigentes.
La Casa Rosada considera que, desde entonces, la vicepresidenta fue construyendo un perfil cada vez más autónomo. En el oficialismo incluyen en esa secuencia sus diferencias por proyectos legislativos, los cuestionamientos públicos al Presidente y sus cruces con dirigentes del espacio libertario. Pese a ese escenario, el Ejecutivo busca preservar un canal de funcionamiento institucional con la titular del Senado.
En Nación reconocen que necesitan evitar un nuevo foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre. El oficialismo proyecta mantener sesiones todos los jueves a partir de la próxima semana y pretende avanzar con el tratamiento del paquete de propiedad privada, Hojarasca, los cambios a la Ley de Salud Mental, la reforma del Etiquetado Frontal y otras iniciativas que considera prioritarias para el segundo semestre.
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La relación con Patricia Bullrich también forma parte de ese equilibrio. Después de semanas de fuertes cruces por la ley de propiedad privada y otros episodios internos, la jefa del bloque libertario volvió a reunirse con Villarruel para descomprimir la tensión y mantener abierto un canal de diálogo de cara a las próximas sesiones.
En la Casa Rosada destacan ese movimiento como una señal de que, más allá de las diferencias, existe margen para sostener la coordinación parlamentaria. El objetivo es evitar que las disputas personales vuelvan a interferir en la negociación con bloques dialoguistas y gobernadores. El oficialismo admite que el Senado seguirá siendo el frente legislativo más complejo.
Allí pretende destrabar varios proyectos sensibles y, al mismo tiempo, avanzar con pliegos judiciales que considera estratégicos para la segunda mitad del mandato. En el Gobierno sostienen que la discusión con Villarruel no altera esa hoja de ruta. La lectura interna es que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente y que esa estrategia responde a un proyecto político propio más que a una disputa coyuntural.
Gobierno, Victoria Villarruel
POLITICA
Diputados busca blindar por ley el sistema de búsqueda de personas y el programa Alerta Sofía
El programa Alerta Sofía, que permite actuar más rápido ante la desaparición de menores, podría tener en los próximos meses la ratificación parlamentaria de la Cámara de Diputados y será convertido en ley. La Comisión de Seguridad Interior, encabezada por la diputada del Pro, María Florencia De Senci, abrió su comisión para tal fin.
Son varios los proyectos presentados en la Cámara bajan sobre este programa que depende del ministerio de Seguridad nacional. Algunas de las iniciativas apuntan a darle jerarquía de ley al programa Alerta Sofía, creado por resolución hace una década, y también al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
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La diputada María Florencia De Senci expresó: “Cada vez que desaparece una persona, un niño, un adolescente, cada minuto cuenta, por eso el Estado tiene que tener la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada”, subrayó y destacó: “Si hay algo en lo que tenemos consenso (oficialismo y oposición) es que queremos que el SIFEBU y la Alerta Sofía funcionen”.
En el seno de la comisión hay varios proyectos en discusión, incluida la sanción de la Cámara alta del año pasado a instancias del exlegislador por Salta Juan Carlos Romero.
El peronista José Glinski (UxP) planteó que este tema “es algo que tiene un consenso total” y “es evidente que es un problema que a los legisladores les interesa trabajar”, a partir de las distintas iniciativas presentadas. Lo que podría entender que la sanción del Senado sería modificada.
La presidenta de la Comisión, De Senci, le dijo a TN: “Escuchamos las necesidades del Poder Ejecutivo, principalmente del ministerio de Seguridad, que es quien aplica ese protocolo. Necesitamos saber que conflictos que encontraban, las bases de datos con que ellos trabajan a la hora de activar un protocolo de búsqueda y a partir de eso, lo que nosotros queremos es tener una ley”.
La diputada del Pro de la Provincia de Buenos Aires sostuvo la necesidad que el programa sea conocido a nivel nacional, que las provincias ante una desaparición sepan con quienes cuentan y que protocolos activar, “porque las primeras horas son fundamentales cuando una persona desaparece”, adelantó María Florencia De Senci.
El programa Alerta Sofía, recuerda el caso de Sofía Herrera, la niña que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego, envía alertas urgentes a través de telefonía celular, redes sociales, medios de comunicación y dispositivos de fuerzas federales. Funcionando de manera similar a las alertas internacionales.
Los participantes en la comisión
Desde el Ministerio de Seguridad, María Ximena Albornoz, directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata contra la Integridad Sexual, detalló que “la gestión diaria de la búsqueda de personas exige herramientas normativas diseñadas por quienes desde la praxis operativa llevan adelante el área sustantiva que se ocupa de esta situación”. Y se manifestó a favor de garantizar “una herramienta que sea eficaz, pero sobre todo aplicable a nivel federal”.
Por su parte la Coordinadora del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina), Paula Sánchez Ayala, agregó que la sanción de una ley “nos parece sumamente necesario e importante. Detrás de cada persona desaparecida hay familias, allegados, personas que sufren y que padecen uno de los sentimientos más espantosos que puede tener el ser humano, que es la incertidumbre, con lo cual una respuesta estatal es obligada”, expresó.
En relación con crear un registro nacional de personas extraviadas planteó: “Creemos que hacer un registro nacional o federal, en donde confluyan todas las personas desaparecidas y NN, va a facilitar la trazabilidad y acceso a la información”.
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En el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) hay, en estos momentos, 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas, cargadas por distintas jurisdicciones. El promedio de casos al año son 13.300. La funcionaria Sánchez Ayala dejó en claro que: “Hay provincias que no cargan todos los casos. Seguramente haya más búsquedas que no están cargadas en el sistema, probablemente porque apareció enseguida, pero igual debería estar cargada”.
Los funcionarios Rocío Cosiansi, asistente técnica del SIFEBU; y Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, también formaron parte de las exposiciones en la Comisión.
Sanción del Senado
En octubre de 2025, el Senado aprobó con 61 votos afirmativos el proyecto que otorga rango de ley al Sistema de Alerta Sofía. La iniciativa fue impulsada por el senador Juan Carlos Romero (Salta) y busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas en todo el país.
La sanción del Senado plantea la sistematización y centralización de información, procedimientos y protocolos relacionados tanto con la búsqueda de personas como con la identificación de individuos hallados sin identidad, ya sea con vida o fallecidos.
También, crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y establece el funcionamiento del programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá activarse dentro de las seis horas posteriores a una denuncia por desaparición o extravío de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia.
El Programa Alerta Sofía fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de forma urgente la desaparición de menores de edad.
Alerta Sofía, Diputados, proyectos
La 64ª Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), celebrada este 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, eligió el Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el período 2026-2027. Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue electo como presidente y encabezó además la lectura del informe semestral de libertad de prensa, elaborado por la Comisión homónima.
Al frente de las vicepresidencias quedaron Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como primera vicepresidenta y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente segundo. La secretaría general recayó en Pablo Deluca (Infobae), la de organización en Tomás Vio (Diario Olé) y la de Relaciones Institucionales en Agustino Fontevecchia (Perfil). Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) ejercerá como secretario de Actas, mientras que la tesorería quedó a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.
Entre los seis vocales titulares figuran Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja). Al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quedó Martín Etchevers (Clarín), en tanto que José Santa María (Página/12) presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro continuará como director ejecutivo, y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de autoridades, el informe semestral concentró la otra discusión central de la jornada. El documento expuso su preocupación por el deterioro del debate público durante el último semestre, marcado por una reiteración de agravios desde posiciones de poder. La entidad reconoció que todo funcionario tiene derecho a cuestionar una información, desmentirla o recurrir a la Justicia, pero trazó una línea entre refutar y legislar para castigar, según comunicó la misma ADEPA.
En ese sentido, señaló las declaraciones del ministro de Economía de la Nación del 25 de agosto, quien, ante una publicación que juzgó falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió respaldo público de Javier Milei. Para ADEPA, una legislación de ese tipo podría generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público.
Los números que relevó el informe para una sola semana de agosto —entre el 17 y el 23— son precisos: 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, más 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación. “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostiene el informe de ADEPA.
A eso se sumaron restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales. ADEPA retomó la preocupación expresada en abril por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas también a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía. Semanas más tarde, la entidad manifestó su “máxima preocupación” ante la decisión de restringir de manera general el acceso a la Casa de Gobierno. En paralelo, cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que centralizaba las consultas periodísticas en una única autoridad, mecanismo que, según el informe, puede conducir a un monopolio oficial de la información.
En el debe también, el documento registró pronunciamientos judiciales que preservaron garantías de libertad de expresión. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Daniel Santoro obtuvo el sobreseimiento definitivo en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, pronunciamiento que reafirmó el secreto de las fuentes. La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, y se restituyeron provisoriamente las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
ADEPA
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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