POLITICA
La Casa Rosada evitará profundizar el conflicto con Victoria Villarruel para priorizar las reformas en el Senado
El Gobierno busca bajarle el tono al nuevo enfrentamiento con Victoria Villarruel y asegura que el pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta “dé un paso al costado” no tendrá consecuencias institucionales. En la Casa Rosada sostienen que se trató de “sólo una respuesta” a las críticas de la titular del Senado contra Javier Milei y remarcan que no prevén impulsar ningún movimiento formal contra ella.
En Balcarce 50 insisten en que la discusión no modifica el diagnóstico que vienen haciendo desde hace meses sobre Villarruel. En el oficialismo descuentan que la vicepresidenta buscará competir en las próximas elecciones con un armado propio y creen que intenta posicionarse como una referencia opositora con un perfil nacionalista y conservador. “Que arme su proyecto en otro lado”, expresan en Nación.
El Ejecutivo, sin embargo, no cree que Villarruel vaya a abandonar su cargo. “No se va a ir”, sintetiza un funcionario de primera línea. En la Casa Rosada consideran que la tensión forma parte de una secuencia de cruces que acompaña a la relación entre Milei y su compañera de fórmula desde el inicio de la gestión.
En el entorno de Santilli aclaran que el planteo no respondió a una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino a una posición personal del jefe de Gabinete frente a sus críticas contra Milei. “No está en el ADN de Diego Santilli llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree”, expresan cerca del ministro coordinador.
En la Casa Rosada, de todos modos, aseguran que no habrá pedidos institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. “Le preguntaron y respondió. No hay más vuelta”, sostienen en Nación, donde buscan evitar que la respuesta de Santilli sea interpretada como el comienzo de una ofensiva para desplazarla.
En Balcarce 50 recuerdan que las diferencias comenzaron incluso antes de asumir. Atribuyen el origen de la interna al cierre de listas de las elecciones de 2023 y sostienen que luego se profundizó cuando Milei decidió no darle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que terminaron quedando en manos de Luis Petri y Patricia Bullrich tras el acuerdo político con ambos dirigentes.
La Casa Rosada considera que, desde entonces, la vicepresidenta fue construyendo un perfil cada vez más autónomo. En el oficialismo incluyen en esa secuencia sus diferencias por proyectos legislativos, los cuestionamientos públicos al Presidente y sus cruces con dirigentes del espacio libertario. Pese a ese escenario, el Ejecutivo busca preservar un canal de funcionamiento institucional con la titular del Senado.
En Nación reconocen que necesitan evitar un nuevo foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre. El oficialismo proyecta mantener sesiones todos los jueves a partir de la próxima semana y pretende avanzar con el tratamiento del paquete de propiedad privada, Hojarasca, los cambios a la Ley de Salud Mental, la reforma del Etiquetado Frontal y otras iniciativas que considera prioritarias para el segundo semestre.
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La relación con Patricia Bullrich también forma parte de ese equilibrio. Después de semanas de fuertes cruces por la ley de propiedad privada y otros episodios internos, la jefa del bloque libertario volvió a reunirse con Villarruel para descomprimir la tensión y mantener abierto un canal de diálogo de cara a las próximas sesiones.
En la Casa Rosada destacan ese movimiento como una señal de que, más allá de las diferencias, existe margen para sostener la coordinación parlamentaria. El objetivo es evitar que las disputas personales vuelvan a interferir en la negociación con bloques dialoguistas y gobernadores. El oficialismo admite que el Senado seguirá siendo el frente legislativo más complejo.
Allí pretende destrabar varios proyectos sensibles y, al mismo tiempo, avanzar con pliegos judiciales que considera estratégicos para la segunda mitad del mandato. En el Gobierno sostienen que la discusión con Villarruel no altera esa hoja de ruta. La lectura interna es que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente y que esa estrategia responde a un proyecto político propio más que a una disputa coyuntural.
Gobierno, Victoria Villarruel
POLITICA
Hernán Lacunza cuestionó un posible acuerdo entre el PRO y LLA y Cristian Ritondo le respondió: “Tengo clarísimo de qué lado estar”
Con las elecciones presidenciales del año que viene como telón de fondo, en los últimos meses se reactivaron conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para intentar sellar un acuerdo político. El partido fundado y presidido por Mauricio Macri fue el socio principal del Gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero fueron contadas las veces que funcionaron como un tándem electoral.
El último antecedente fueron las legislativas del año pasado, donde el resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires envalentonó a los partidarios de forjar un acuerdo. No obstante, rumbo al 2027 no hay unanimidad en el PRO.
Este jueves, el autoproclamado precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza, fue consultado en IDEA por TN respecto de la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. “Creo que lo mejor que puede pasar para la Argentina es que haya propuestas alternativas, independientes, republicanas, que ofrezcan otras voces, otras ideas”, afirmó. “Si el PRO va junto con La Libertad Avanza, va a desaparecer”, apuntó.
Ante este descargo, quien recogió el guante fue el presidente de bloque del PRO en la Cámara de Diputados y principal articulador con el Gobierno, Cristian Ritondo. “Si las fuerzas del cambio vamos divididas y gana el pasado, lo que desaparece no es un partido, es la oportunidad del país”, expresó a TN el legislador. “Ya lo vivimos en 2019 y lo pagamos carísimo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra”, añadió.
POLITICA
El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos
El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera el correspondiente certificado de autoridades.
La presentación será elaborada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, luego de que el Gobierno decidió recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a resoluciones administrativas como la decisión de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La disputa judicial se desarrolla después del deterioro de la relación entre Javier Milei y Barrionuevo, quien había alcanzado un acuerdo en 2023 con el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza para aportarle fiscales de su sindicato en la elección nacional de ese año.
En La Libertad Avanza acusaron al sindicalista de no haber cumplido ese compromiso, mientras que éste decidió romper el vínculo en rechazo del acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
El planteo opositor afirma que el expediente modificó sin justificación el orden previsto para la integración del tribunal. La notificación oficial indicaba que debían votar los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía intervenir ante una disidencia.
Sin embargo, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara una explicación formal sobre su apartamiento. La oposición cuestionó que se excluyera al vocal titular previsto y se incorporara a una jueza que, según interpreta, no debía participar.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja sostuvieron que la celeridad de la sentencia buscó neutralizar recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto de Pose, señalaron que había fallado a favor del sector barrionuevista en causas relacionadas con la interna sindical.
Según la denuncia, ese antecedente incluyó el rechazo de reclamos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista. La crítica apunta a que esas decisiones podían configurar un prejuzgamiento sobre la controversia por la conducción sindical.
En el caso de Vázquez, la oposición de Gastronómicos recordó que la camarista se había excusado de intervenir en el expediente paralelo “Sasprizza”, ligado al mismo conflicto, al considerar que existía prejuzgamiento. El escrito cuestionó que luego participara de la nueva resolución y votara a favor de la conducción de Barrionuevo sin explicar por qué habrían desaparecido los impedimentos invocados anteriormente.
A Pisacco le atribuyeron una “doble vara” en la causa: le reprocharon haber resuelto con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, haber demorado los recursos que buscaban que la Cámara revisara la validez de los comicios.
La oposición alineada con Camaño considera que esas situaciones comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI de la Cámara, mientras la controversia por la conducción y el patrimonio de la UTHGRA se encamina hacia una eventual definición de la Corte Suprema.
El presidente Javier Milei publicó este jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas. La nueva agresión del jefe de Estado se produce a menos de una semana de que avalara indirectamente el accionar de la Justicia de Formosa, que arrestó ilegítimamente a un grupo de periodistas de este medio.
La agresión del mandatario nacional estuvo dirigido contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Javier Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
Tal como informó , en junio de 2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aceptó la renuncia de Milei a su jubilación de privilegio una vez que termine su mandato. Previamente, el mandatario había anunciado su decisión a través de un comunicado oficial.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
Tras ello, se plantean una serie de alternativas y propuestas que podrían cambiar esta situación: “Podría establecer reglas razonables para situaciones excepcionales en las que un antiguo mandatario careciera de recursos suficientes; podría mantener la cobertura previsional que corresponda por los aportes efectivamente realizados; y, naturalmente, respetar los derechos adquiridos que constitucionalmente deban ser preservados”.
E insiste: “Lo que merece discusión es la perpetuación automática de una asignación extraordinaria por el mero antecedente de haber ejercido el poder”. ”La República nació, entre otras cosas, para reemplazar los privilegios personales por reglas generales. Quienes han tenido el honor de gobernarla no necesitan una canonjía para demostrar que alguna vez lo hicieron”, concluye el editorial.
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