El Gobierno avanzará con decretos, resoluciones y decisiones de organismos públicos para cumplir partes del acuerdo comercial con Estados Unidos sin esperar su entrada en vigor integral. La Casa Rosada busca además aprobar durante octubre la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos expresamente incluidos en el entendimiento.

“Estamos avanzando con las herramientas administrativas disponibles”, aseguran en Nación. La estrategia es instrumentar los cambios regulatorios que puedan hacerse con las facultades vigentes y separar ese proceso de los puntos que necesitan una ley o la aprobación integral del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI).

El tratado firmado en febrero todavía no está vigente. El propio texto establece que comenzará a regir 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que acrediten el cumplimiento de sus procedimientos legales internos, salvo que acuerden otra fecha.

Esa situación no impide que la Argentina adopte por su cuenta medidas que coincidan con los compromisos asumidos. El ARTI incluye cambios sobre licencias de importación, homologaciones, normas técnicas, medicamentos, productos agropecuarios, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, comercio digital y seguridad económica, entre otros capítulos.

El esquema ya tiene antecedentes. El Gobierno modificó este año la normativa para aceptar documentación estadounidense como prueba suficiente para homologar determinados vehículos fabricados bajo estándares de seguridad de ese país y avanzó con mecanismos de equivalencia regulatoria para productos médicos. Esos cambios fueron realizados con facultades internas y no por la entrada en vigor del ARTI.

La intención es profundizar ahora ese mecanismo mediante actos de distintos organismos. Entre las áreas alcanzadas aparecen ANMAT, SENASA, Aduana, el INPI y dependencias de Economía, que tienen competencias sobre varios de los compromisos regulatorios incluidos en el acuerdo.

La cuestión arancelaria es más compleja. Los anexos del ARTI fijan posiciones sobre las que la Argentina deberá eliminar derechos de importación, reducirlos al 2% o aplicar cupos preferenciales, pero esas preferencias están formalmente vinculadas con la entrada en vigor del acuerdo.

El Gobierno designó a un comodoro de la Fuerza Aérea, con experiencia en trabajo de investigación en la Antártida, al frente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de un funcionario cercano a Diego Santilli que ocupaba el cargo desde abril de 2025.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 1056/20206 en el Boletín Oficial. De esta manera, el comodoro César Oscar Lencina fue nombrado como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado hoy en el Boletín Oficial.

La designación de Lencina implica la salida del licenciado José Luis Acevedo, quien deja el cargo que ocupaba desde abril de 2025 y cuya renuncia fue aceptada por el mismo decreto. Acevedo había sido nombrado en la subsecretaría el 4 de abril de 2025 en reemplazo de Paula Nahirñak. Su llegada al cargo había sido impulsada por Santilli: el licenciado era considerado un colaborador de confianza del entonces diputado y hoy jefe de Gabinete.

La subsecretaría que deja Acevedo integra una estructura que atravesó movimientos en los últimos meses. En julio de 2026, Santilli había desplazado al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien había asumido formalmente en junio de 2024.

Lencina llega desde la Fuerza Aérea Argentina, donde desarrolló tareas de investigación y desarrollo. El nuevo funcionario cuenta con formación académica en el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se recibió como licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Entre sus antecedentes figuran la jefatura de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea. Al tratarse de un oficial en actividad, el decreto ordena adecuar su situación de revista conforme al artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

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La subsecretaría que ahora conducirá Lencina depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya conducción también fue renovada recientemente. El 13 de agosto, mediante el Decreto 730/2026, Adriana Baravalle asumió como secretaria en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio tras semanas de incertidumbre. La designación de Baravalle fue impulsada por Santilli.

La nueva secretaria es experta en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde también cursa un doctorado en Ingeniería. Fundó y dirige synapsIA, una red regional de especialistas en IA, y condujo el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Austral. Según el comunicado oficial, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Bajo la órbita de esa secretaría se encuentran organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros. El sector atraviesa tensiones: en agosto, una movilización convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología reclamó por el ajuste presupuestario, en el marco de la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet cuyos contratos no fueron renovados al vencer el 31 de julio.

Sea-M,paisaje polar

La Libertad Avanza buscará sesionar hoy desde las 12 en el Senado con el apoyo de los bloques aliados para tratar dos proyectos clave para el Gobierno: la reforma de la carta orgánica del Banco Central -que sufrió una modificación de último momento- y los cambios al régimen de Zonas Frías.

Luego de un triunfo legislativo la semana pasada que incluyó la sanción de la ley Inocencia Fiscal II, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, busca replicar la mayoría de 44 bancas que le ha permitido al Gobierno avanzar en la cámara alta con su larga batería de iniciativas.

Sin embargo, para destrabar el temario el oficialismo debió aceptar modificar uno de los puntos más resistidos de la reforma del Banco Central: el mecanismo para remover a sus autoridades. El texto aprobado en Diputados, con 144 votos a favor y 102 en contra, exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para destituir a un director, el mismo umbral que rige para un juicio político al Presidente o a un juez de la Corte Suprema.

Tras la negociación, La Libertad Avanza y los bloques aliados acordaron bajar esa exigencia: ya no hará falta el respaldo de Diputados ni los dos tercios, sino una mayoría absoluta de 37 votos dentro del propio Senado, que conservará la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del Banco Central.

El resto de la reforma llega sin cambios al recinto: fija la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario de la entidad, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario, en línea con la meta de emisión monetaria cero. Aún así, debido al cambio en el sistema de remoción de las autoridades, si la reforma es aprobada deberá volver a Diputados para su validación.

Cambios en el régimen de zonas frías

La segunda iniciativa que tratará el Senado este jueves modifica el esquema de subsidios al gas para zonas frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En reemplazo del criterio territorial, se propone una focalización por nivel de ingresos y vulnerabilidad social: los hogares que cumplan esos parámetros podrán acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que los usuarios de las provincias incorporadas en la ampliación de 2021 podrían perder o ver reducido el descuento.

Para garantizar los votos a la medida de alto impacto fiscal, el Gobierno prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.

Por su parte, desde el kirchnerismo cuestionan la medida del Ejecutivo por su impacto en las tarifas de hogares y pequeñas actividades económicas, mientras que el oficialismo se apoya en su foco central que es la reducción del gasto público.