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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros

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El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

PCT

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Fue un generoso guiño.

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Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó el miembro informante y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).

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El libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Gustavo Gavotti)

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. En tanto, la peronista disidente Flavia Royón (Salta), sostuvo que el tratado que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, algo a favor del “sistema científico y tecnológico”.

No pensó igual el jefe kirchnerista, José Mayans (Catamarca), quien metió varios temas en su discurso -suele hacerlo- y advirtió: “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.

Propiedad privada

La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.

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Sobre la última cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La salteña Flavia Royón (Prensa Senado)

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

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Otro ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea. Esto preocupó a algunas bancadas durante el trámite del proyecto, en ambas Cámaras.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

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“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, enfatiza el articulado.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (RS Fotos)

En un debate no tan extenso como discapacidad, Mayans alertó por el “desastre legislativo que ha sido puesto en marcha por -el ministro de Desregulación, Federico– Sturzenegger”.

Ley Joaquín

El proyecto activa la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”. Se sancionó por unanimidad, con 68 votos.

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La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados en el recinto, con nombre y apellido, por el radical y vice de la comisión de Deportes, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

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celeste salguero / comunicaci—n senado.

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El oficialismo aprobó la adhesión al tratado sobre patentes, un proyecto clave en la alianza de Milei con Estados Unidos

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El oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo que llevaba más de 28 años pendiente de aprobación definitiva. Se trata de una iniciativa considerada fundamental para la alianza que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.

El tratamiento había sido postergado durante casi tres décadas, aunque nunca perdió estado parlamentario por ser un tratado internacional. La iniciativa fue reflotada en abril de este año, entre los compromisos asumidos por Milei tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par estadounidense Donald Trump.

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Recién en agosto de este año el proyecto se retomó en la Cámara de Diputados, donde obtuvo en general y particular 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, en el que se le incluyó una modificación. Por eso regresó al Senado para una ratificación final.

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio este jueves en el recinto del SenadoSofia Areco/ Comunicacion Senado

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja había incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Tal como precisó , ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

Durante la jornada, el Senado avanzó finalmente con la iniciativa. Con 47 votos a favor y 22 en contra se sancionó el acuerdo internacional que busca simplificar los trámites para proteger invenciones en distintos países, pero que cosechó críticas dentro del sector farmacéutico.

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La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), una de las principales detractoras del acuerdo, advirtió que el nuevo régimen podría facilitar la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.

En concreto, desde el sector plantean que esto retrasaría la llegada de genéricos al mercado, reduciría la competencia y podría encarecer los medicamentos.

Bajo este mismo argumento se expresaron diversos legisladores de la bancada del PJ, entre quienes destacan, el titular del bloque, Jose Mayans, que advirtió por una disparada de registros de patentes.

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Más duro fue el senador peronista de Chaco Jorge Capitanich. “Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por Estados Unidos”, denunció.

Sin embargo desde el oficialismo defendieron la iniciativa, en boca del formoseño Francisco Paoltroni. “Es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una start up tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, destacó.



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Fin de la emergencia: cómo y desde cuándo se va a aplicar la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

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El Senado convirtió en ley este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que puso fin a la emergencia que regía hasta el 31 de diciembre para regularizar el esquema de atención y prestaciones del sector. Los plazos de la implementación ahora dependen del Gobierno, que deberá promulgar y reglamentar la ley para que todos sus puntos entren en vigencia.

De acuerdo al proceso legislativo, el Presidente tiene diez días hábiles para aceptar la norma o vetarla, y si no hace ninguna de las dos cosas, queda promulgada automáticamente. Dado que en este caso el proyecto fue acordado entre el oficialismo y todos los espacios y aprobado de manera unánime en la cámara alta, no se espera ningún veto ni contratiempo. Además, eso podría amenazar el pacto logrado con los aliados -con posibles repercusiones sobre otras discusiones legislativas- y difícilmente podría ser sostenido en el Congreso. En ese sentido, en Casa Rosada aseguraron a TN que el Presidente promulgará la ley, aunque reconocieron que no saben cuándo se oficializará.

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Una vez aceptada por Milei, la ley será publicada en el Boletín Oficial, lo cual activa su vigencia a partir del día siguiente. Sin embargo, para su aplicación completa hay que esperar su reglamentación, que en este caso está estipulada dentro de los 30 días hábiles tras la publicación.

Se trata de un decreto posterior en el que el Gobierno define cómo se aplica lo que la ley dejó abierto. De eso dependerá la designación de la autoridad de aplicación, los criterios de la evaluación socioeconómica que deberán aprobar quienes pidan la pensión (que se elaborarán junto con el Consejo Federal de Discapacidad, COFEDIS) y los lineamientos para la capacitación obligatoria del personal de los prestadores. Hasta que el Gobierno las defina, esas partes no podrán aplicarse.

La nueva Ley de Discapacidad entrará en vigencia una vez promulgada por Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial. (Foto: Presidencia/NA).

En cambio, los pagos a los prestadores no necesitan un decreto. Si al momento de la sanción quedan compensaciones pendientes de la ley 27.793, el Gobierno deberá notificar y publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia.

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La cancelación total, para quienes hayan terminado el trámite administrativo, debe completarse en un máximo de 90 días corridos. La ley aclara que no habrá compensaciones por períodos distintos de los ya previstos.

Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley de Discapacidad

El cambio central está en las pensiones no contributivas por discapacidad. Los requisitos, que hasta ahora fijaba el Ejecutivo, quedan establecidos por ley, con un monto que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizado según el régimen previsional.

Para acceder hay que acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la identidad con el DNI, ser argentino o, en el caso de los extranjeros, tener al menos cinco años de residencia legal continuada. A su vez, aclara que el beneficiario no debe percibir ingresos individuales netos de dos salarios mínimos, vitales y móviles o más, ya que se mide el ingreso de la persona y no el del grupo familiar. Tampoco se puede estar amparado por otro régimen previsional ni cobrar la asignación por hijo con discapacidad. A eso se suma aprobar una evaluación socioeconómica y, para quienes sean propietarios, acreditar que la vivienda es la única de la familia.

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El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La nueva norma mantiene la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributista, siempre que los ingresos no superen esos dos salarios mínimos. Si los superan, se suspende de forma automática, y cuando termine el vínculo laboral o los ingresos bajen del límite, el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y cobrar desde la fecha de la solicitud. Se mantienen, además, los beneficios para los empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la ley 24.901, a través de Incluir Salud. Los gastos se afrontarán con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con transferencias de fondos del Tesoro. A su vez, la ley enfatiza que las leyes de Presupuesto deberán garantizar fondos suficientes y que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad.  (Foto: Senado)
El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad. (Foto: Senado)

La norma también crea un sistema de control. La Secretaría Nacional de Discapacidad auditará periódicamente que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos, cruzando datos con Anses, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta un incumplimiento, notificará al afectado, que podrá presentar su descargo. Vencido ese plazo, podrá suspender la pensión de forma preventiva, aunque el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva su caso. El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente los datos de ejecución presupuestaria, los aranceles del sistema y la cantidad y el valor de las pensiones. Por último, el texto regula el pago de la deuda acumulada con los prestadores, con los plazos ya mencionados.

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Milei y Macri, el triunfo de las debilidades

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Todos los gobiernos se terminar acostumbrando (o resignando) a celebrar triunfos pasajeros, poco relevantes o que enmascaran resignaciones y fragilidades. Hay que aferrarse a las pequeñas cosas, cuando los logros sustantivos se escapan. Y potenciarlas como si fueran mayúsculas y definitivas. No está mal. El problema es confundir la dimensión y la realidad.

La administración de Javier Milei no es la excepción y en estos días abunda en estridentes festejos de módicas o muy relativas victorias. Empezó con las celebraciones por la exitosa organización de la visita papal, para ocultar observaciones y cuestionamientos vaticanos.

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El festejo siguió anteayer con la trabajosa firma del dictamen en el Senado para suspender las PASO y avanzar con la reforma político-electoral en la cual dejó girones, tras una larga sucesión de concesiones y correcciones a desgano.

La muy relativa consistencia de esa alegría se demostró ante otro traspié legislativo, como fue la sanción de la Ley de Discapacidad, cuyo tratamiento habilitó a regañadientes la bancada oficialista para no seguir pagando costos políticos y sociales, aunque resulta indigesta para el Presidente y su equipo económico.

De todas maneras, la aprobación del dictamen oficialista de la reforma político-electoral, que todavía deberá sortear el debate en el recinto de la Cámara alta, contó con un adicional elemento para que el Gobierno celebre. Se lo permitió la subrepticia generosidad del macrismo puro, que se entregó a la estrategia mileísta sin salvaguardas ni prevenciones, para ponerle la firma al certificado de defunción de muchos de sus principios fundacionales.

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Eso sí, salvo en el núcleo duro libertario y entre algunos pocos creyentes que quedan del Pro, apenas si arraigó la narrativa justificatoria de la decisión de cambiar las reglas de juego electorales cuando falta menos de un año para que se celebren los comicios en los que se elegirá al Presidente para el período 2027-2031.

La desesperación por suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dejó demasiadas evidencias de motivaciones y ardides propios de la vieja política para, desde la carencia y no desde la abundancia, buscar, como fuese, algún resguardo de las chances electorales del oficialismo.

Como era de esperar, no hubo ni habrá un aluvión de agradecimientos y celebraciones populares por evitarle a la ciudadanía tanto el gasto fiscal que implicarían las PASO como el llamado a votar más veces de las que supuestamente la mayoría habría querido, como intentó instalar el oficialismo para ennoblecer su iniciativa.

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La interpretación mayoritaria parecía inevitable: habían sido los principales funcionarios los que admitieron sin tapujos y con jactancia el temor a que una PASO adversa o que dejara abierta la posibilidad de un resultado final incierto descolocara de antemano al Gobierno y que, en consecuencia, los mercados reaccionaran prematuramente con desconfianza para generar un golpe definitivo al destino y el proyecto político de Milei. No es una señal de abundancia actual ni alimenta promesas de mejoras en el futuro inmediato de los argentinos.

Demasiado le ha costado al ministro de Economía, Luis Caputo, explicar en sus poco triunfales raids mediáticos que el fantasma de otro regreso al poder del viejo y gastado kirchnerismo sea posible de corporizarse por mérito de los acólitos y aliados de Cristina Kirchner antes que por culpa de los resultados de la gestión mileísta, que lo tienen a él como uno de los más relevantes responsables.

Un espejo que afea

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Por otra parte, no lo favorecen en nada al Gobierno las comparaciones retrospectivas con lo que le pasó a Mauricio Macri en 2019, cuando sufrió una estrepitosa derrota en las PASO ante la exitosa fórmula electoral y luego fallido experimento de gobierno de Alberto Fernádez y Cristina Kirchner, que provocó una corrida cambiaria y selló anticipadamente la suerte de la experiencia cambiemita..

Todas las aclaraciones posteriores de las diferencias entre aquel y este Gobierno se diluyen ante la potencia de aquella imagen de hace siete años, que dejó herida hasta hoy a una parte sustancial de la sociedad. Esa que se había ilusionado, confiado y soportado los costos que le demandó ese proyecto frustrado (y frustrante) en el que se embarcó, con la esperanza de un cambio de rumbo y un despegue del país, que no se produjo y que los devolvió al pasado. Podría ser la reposición de un holograma peligroso. Nada peor que una funesta profecía autocumplida.

Por el contrario, los argumentos fantasmales solo sirvieron paradójicamente para aceitar los motores de los gobernadores (¿ex?)macristas, que en defensa propia y de sus intereses territoriales presionaron al fundador del ahora casi extinto partido amarillo para anunciar en el momento y de la forma que se lo hizo el apoyo a la suspensión de las PASO. Otra expresión de debilidad compartida entre macristas y mileístas.

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En tiempos mejores del macrismo habría sido impensable que el estratega Marcos Peña hubiera aprobado una comunicación tan delatora y tan escasamente precavida. Se publicó cuando aún ni siquiera se conocía el texto final del proyecto oficialista y todavía estaba vigente la intención de incluir en él las listas colectoras. Tanto que algunos altísimos dirigentes amarillos, en comunicaciones off the record, decían que apoyarían esa herramienta si era solo para los comicios del año próximo, a pesar de que durante el gobierno de Macri se la había derogado por considerarla engañosa para los electores. Lo dejaron por escrito. Hay pruebas.

Sin firmas de autoridades, gobernadores ni legisladores partidarios, el documento amarillo buscó maquillar la rendición con un primer párrafo en el que adhería a la inclusión de la ficha limpia en el proyecto de reforma.

Son muchos los dirigentes amarillos que no soportarían que se los expusiera a su propio archivo: cuando esta reforma se presentó, abundaron las críticas de los dirigentes macristas por la inclusión de la prohibición de candidatearse a quienes tuvieran una condena penal por corrupción, ratificada en segunda instancia.

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Lo consideraban una trampa para lograr el apoyo a otras reformas que sí le importaban o eran de conveniencia del Gobierno. Los avalaba el argumento de que el oficialismo había hecho fracasar hace dos años el proyecto de ficha limpia que los diputados de Pro, con Silvia Lospenato la cabeza, habían impulsado.

Tan incómodos y tan poco unánime fue la resolución que no solo el presidente del bloque macrista de senadores Martín Goerling Lara, en un ejemplo de honestidad intelectual y, al mismo tiempo, de disciplina partidaria, dijo públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión de apoyar la reforma, pero que la apoyaría. No era el único que opinaba eso, aunque lo demás no lo dijeran ante un micrófono, a excepción del descolocado precandidato presidencial Hernán Lacunza.

Triunfo de gobernadores

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Las dificultades para defender el repentino y poco debatido cambio de posición de los pocos dirigentes que salieron a hacerlo, expuso la flaqueza de las convicciones y la fortaleza de las necesidades macristas, expresadas e impuestas, sobre todo, por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya habían sellado un preacuerdo, en función de sus intereses, con el exmacrista y ahora neokarinista jefe de Gabinete, Diego Santilli. El justificativo central de “evitar que vuelva el pasado kirchnerista”, en consonancia con el Gobierno, fue un fiel reflejo de la indigencia argumentativa de los otrora principistas del republicanismo, la transparencia, la previsibilidad y el respeto por las reglas de juego.

“Mauricio no tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando, está un poco perdido, así que no fue tan difícil convencerlo”, dijo con un crudeza uno de los asistentes a la reunión virtual en la que Pro se rindió a los deseos del Gobierno.

El urgido apoyo hace que ahora muchos legisladores nacionales amarillos a los que el año próximo se les vence el mandato se vean más colgados de un pincel que en algún escalón de las listas de candidatos. La integración de una alianza con La Libertad Avanza con la que las autoridades de Pro se esperanzan es todavía una expresión de deseos, que el gesto de buena voluntad no garantiza.

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La reedición de una coalición antikirchnerista como eje aglutinador no parece una propuesta superadora. Apenas una convergencia de necesitados en defensa propia, primero, y luego de un proyecto sobre el que los socios tienen notables diferencias de fondo y de forma.

En ese contexto, la imagen desafiante de Patricia Bullrich, en defensa de sus convicciones y en contraste con prácticas y políticas de su presidente (de la Nación y del partido que ahora integra) adquiere más relevancia y expone más a sus excorreligionarios amarillos. A pesar de que muchos crean que de esta manera la autónoma dirigente tiene menos caminos para intentar una nueva carrera presidencial.

Bullrich sigue incomodando al mileísmo duro y sobre todo a la guardiana de la fortaleza, Karina Milei. Mucho más cuando algunos colaboradores de la senadora le refriegan en público que los sondeos “le dan iguales mejores números a ella que a Milei en una segunda vuelta”, como validan ya varias encuestas de opinión pública.

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Suficiente para que Milei se viera obligado a decir públicamente “cómo me voy a pelear con Patricia, si es mi socia política”, para agregar luego que los que quieren a la senadora como candidata son integrantes del “circulo rojo”. Los mismos a los que acusa de integrar “el club de los devaluadores”. Los mismos (o casi) que hasta hace nada lo apoyaban incondicionalmente a él.

Milei difícilmente guarde entre sus mejores recuerdos la entrevista con Eduardo Feinmann de anteanoche en la que dijo eso sobre Bullrich. Sobre todo, el antológico final, que merece no ser spoileado.

Los enredos en lo que se embarcó para seguir insistiendo en que es una falacia que “hay gente que no llega a fin de mes” para terminar admitiendo que existen argentinos que padecen privaciones, lejos de acercarlo a la sociedad parecen mostrarlo más ajeno a las tribulaciones mayoritarias.

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La discusión semántica sobre una expresión popular demasiado antigua por parte del más alto funcionario político de la Nación, que, al mismo tiempo, exige que se acepten (y toleren) como metáforas expresiones brutales suyas, solo puede ampliar la brecha con muchos ciudadanos.

Son esos que, en una proporción mayoritaria, a pesar de sus esfuerzos y buena voluntad personal padecen el presente y alimentan dudas sobre el futuro. Como si Milei hubiera olvidado que la generación de expectativas fue su gran capital político, que lo llevo a la Presidencia y le permitió ganar las elecciones de medio término.

La pelea con esas realidades parece reubicarlo en las antípodas de lo que generó el Papa en su visita al país. Más cuando el Presidente, sin nombrarlo pero de forma inequívoca, no tardó en salir a refutarle algunos de sus postulados, en lugar de apegarse a los (pocos) guiños que le envió León XIV, cuya popularidad entre los argentinos no admite dudas.

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De todas maneras, Milei siempre puede contar con una ayudita del perokirchnerismo. El acto por el Día de la Militancia, con el que Sergio Massa escenificó la toma del PJ, que le cedió el cristicamporismo, no pareció un canto al futuro. El video de un ficticio diálogo con Juan Perón, realizado con inteligencia artificial, destilaba aroma a naftalina, a pesar del (ab)uso de las nuevas tecnologías.

Esa percepción aumentaba cuando se reparaba en los asistentes al encuentro cupular, donde la militancia brillaba por su ausencia. Y alcanzó el grotesco en el momento en el que el excandidato a presidente se levantó e hizo levantar a los presentes para seguir cantando de pie cuando la marcha peronista llegó al verso que invoca a la “gran masa del pueblo”. No se refería a su apellido, obviamente, pero la homofonía habilitó su picardía, con la que no se privó de sacar alguna ventajita en su condición de anfitrión.

Corrupción al tope

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Mientras tanto, la política puede encontrar un llamado de atención en un dato que revelan varias encuestas y relevamientos de redes sociales realizados tras la visita papal.

El politólogo Federico Zapata, director de la consultora Escenario, afirmó que en el último sondeo realizado la corrupción trepó al primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos.

“El Papa alimentó la moralización de la política”, señaló Zapata. En ese contexto celebran Bullrich, Axel Kicillof y Myriam Bregman, los tres dirigentes con aspiraciones presidenciales cuya imagen es menos asociada a la corrupción.

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A Milei, Massa y Macri les queda, por ahora, aferrarse y celebrar el triunfo de las debilidades. Algo es algo. Aunque sea efímero y líquido.



Claudio Jacquelin,LA NACION,Política

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