POLITICA
El Senado sancionó la prórroga del programa de entrega de armas

El Senado sancionó este jueves, con 40 votos favorables y 26 negativos, una ley que prorroga la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción y que establece mecanismos para agilizar la regularización de la tenencia de armas de fuego en manos particulares.
El proyecto había sido votado en 2024 por la Cámara de Diputados y llevaba más de un año y medio demorado en el Senado por falta de apoyo político. Ese obstáculo se logró superar durante el pasado mes de marzo, a pesar de las disidencias planteadas por el kirchnerismo.
La ley incorpora un nuevo mecanismo para incentivar el blanqueo de la tenencia legítima de armas a partir de la aplicación de métodos que agilizan y simplifican la presentación de la declaración ante las autoridades nacionales, la cual podrá hacerse de manera virtual.
El proyecto fue informado por la senador Carolina Losada (UCR-Santa Fe), quien destacó que lo más importante del programa “es la trazabilidad” de la portación de armas, ya que la información se va a cruzar con datos aportados por la justicia.
En ese sentido, Losada destacó que gracias a este procedimiento, una persona que tenga una medida judicial, como una perimetral, perderá de manera automática el permiso para portar armas.
El kirchnerismo cuestionó la iniciativa con el argumento de que la facilidades que otorga la ley para la obtención del permiso para la tenencia de armas “van a traer más miedo, más muerte y más inseguridad para los argentinos”, como afirmó Martín Soria (Río Negro).
También apuntaron sus críticas a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei que flexibilizaron las condiciones para la adquisición de armas de guerra y de implementos, como silenciadores y miras infrarrojas.
“Esta ley es la frutilla del postre porque, por un lado te permito comprar silenciadores, y por el otro, te hago un blanqueo para que lo puedas declarar”, se quejó Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Todos sabemos que un arma de fuego en un hogar crea violencia, genera oportunidad para el suicidio”, alertó la legisladora.
La réplica del oficialismo no se hizo esperar. “Pensar que esta ley es armar a la gente es absolutamente equivocado, no busquen fantasmas en esto”, afirmó Patricia Bullrich (LLA-Capital). “Esta es una ley bien pensada, que genera trazabilidad y que va a modernizar el sistema y sólo van a poder andar por las calles las armas con portación, y para tenerla las condiciones son díficiles”, agregó.
Uno de los procedimientos contemplados en la ley es el beneficio para quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos de su vencimiento, los que se verán exentos de tener que volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar).
La norma también declara la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el que seguirá vigente hasta el 31 diciembre de 2027. Este régimen permite deshacerse de manera anónima y, por lo tanto, sin consecuencia legales a quienes tengan en su poder armas no declaradas, las que serán dispuestas para su posterior destrucción.
En el proceso, no se piden datos personales, ni se verifica el origen del arma. El trámite se inicia de manera virtual, a partir del ingreso del número de serie del arma en el sistema del Renar con el objetivo de comprobar que no hay un pedido de secuestro judicial sobre el armamento.
Como estímulo, el programa contempla un incentivo económico, un cupón de pago canjeable por dinero en efectivo. Una vez entregada en los puestos autorizados, el arma es inutilizada en el momento para su posterior destrucción total.
Al defender en el Senado la extensión del programa, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), Juan Pablo Allan, destacó que con las facilidades otorgadas se incrementó en un 20% la cantidad de armas registradas en los últimos dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000.
“Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”, explicó Allan cuando expuso ante los miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales a principios de marzo último.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.
Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.
Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.
Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.
El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.
La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.
El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.
La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.
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POLITICA
El Gobierno porteño redobla la presión para enjuiciar a la jueza de Marinis: “Hay un serio incumplimiento de sus funciones”

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reitero su respaldo al inicio de un jury contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, en el ojo de la tormenta por haber fallado esta última semana contra la baja en la edad de imputabilidad en el caso de un varón menor de 14 años acusado de tentativa de robo.
En declaraciones a Radio Splendid, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, manifestó que la posición del Ejecutivo local es que la magistrada resulte destituida del cargo tras el eventual enjuiciamiento político sobre su actuación en el caso y en relación a la ley vigente.
El funcionario dijo que “trabajamos para el cumplimiento de la ley, que quien no la cumpla tenga consecuencias. La baja en la edad de imputabilidad representa que a partir de los 14 años, los menores que cometan delitos sean juzgados por eso”.
Jorge Macri pedirá el juicio político a la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil
Tapia agregó que el Gobierno inició un pedido de enjuiciamiento de la jueza, “para que un jurado que conforma el Consejo de la Magistratura de CABA evalúe si cumplió o no la norma. Y si no la cumplió, que tenga consecuencias que van desde el apercibimiento, la suspensión o destitución por no haber cumplido sus tareas. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función”.
En aras de justificar la posición del Ejecutivo porteño, el ministro resaltó que “la jueza declaró inconstitucional la ley para un caso puntual, sin argumentos” y que espera que “el jurado de enjuiciamiento entienda que hay serio incumplimiento de sus funciones y que sea destituida”.
Por último, Gabino Tapia apunto contra los magistrados con una posición garantista que se contraponen, con sus fallos tendientes a priorizar a los victimarios en situación de vulnerabilidad social, al objetivo del Gobierno porteño de bajar los índices delictivos en CABA.
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POLITICA
El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, en el marco de una gira apostólica que se extenderá del 8 al 11 de ese mes en el territorio nacional y abarcará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, también establece días no laborables diferenciados para Córdoba y la provincia de Buenos Aires el 10 y el 11, respectivamente.
De acuerdo con lo dispuesto, el lunes, fecha en la que se realizará la multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el territorio nacional. El martes 10 regirá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será no laborable exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. El instrumento invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, y señala que la magnitud de los eventos previstos haría imposible compatibilizarlos con una jornada hábil.
A su vez, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, y tendrá vigencia de hasta doce meses.

Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
Para el operativo, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios. “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse”, dijo. A su vez, informó que quienes participen contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita. El financiamiento será compartido: cada jurisdicción afrontará los gastos de los eventos en su territorio, mientras que los costos de la Unidad Ejecutora se imputarán al presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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