A un mes de la llegada del papa León XIV (que hoy anunció que deberá operarse de un nódulo en un pulmón), la dirigencia local se prepara para participar de una visita que quedará en la historia del país por décadas y décadas. ¿Qué funcionario querría perderse esa foto? La Iglesia intenta de todas las formas posibles despolitizar el desembarco del Sumo Pontífice a la Argentina, un país atravesado por sus disputas ideológicas.

La misa que el Papa dará en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina, aparece a esta hora como aquella en la que el peronismo tendrá su presencia más numerosa. Se hará el miércoles 11 de noviembre, a las 10, y los anfitriones son dos integrantes del Partido Justicialista (PJ): el gobernador Axel Kicillof y el intendente Leo Boto.

Sin embargo, desde la Casa Rosada confirmaron a que también enviarán su comitiva a esa última ceremonia religiosa que encabezará León en su gira acá.

“Vamos a invitar a toda la política bonaerense”, anticiparon fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires a sobre los planes para la misa en Luján.

Según pudo averiguar este medio, en principio al gobierno de Axel Kicillof le habilitaron entre 300 y 350 plazas para realizar las invitaciones que él quiera.

Voces al tanto aseguraron a este medio que el llamado no va a ser exclusivo para dirigentes peronistas, preponderantes en la PBA. “Se va a hacer una invitación institucional a intendentes y legisladores de todos los sectores”, afirmaron.

El número inicial de “pulseritas” disponibles para la gestión de Kicillof parece bastante amplio en una primera mirada, pero para la cantidad de integrantes que tiene la dirigencia bonaerense se queda corto. Por eso, el gobierno bonaerense intenta negociar más espacio.

“Entre intendentes y legisladores ya cubrís más de 300 lugares. Si querés sumar representantes sindicales o empresariales, mínimo 500 personas”, calcula una voz de peso en el esquema peronista provincial.

La semana que viene, el gobierno de Kicillof tiene en agenda una reunión interna de organización, en la que se repasará el paso a paso del operativo que está montándose para el arribo de León XIV a tierras bonaerenses. Los representantes más activos del gobernador en estas tareas son su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Dentro del gobierno provincial hay referentes de organizaciones sociales devotas de la Virgen del Luján (con la que suelen encabezar sus movilizaciones), que confluyen dentro de la UTEP, de fuertes nexos con los curas villeros. Algunos de esos dirigentes, que tienen cargos en la gestión bonaerense, están a la espera del encuentro interno para saber cómo participar de la misa masiva. “Vamos a articular para que salga todo prolijo”, afirman.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei -anfitrión nacional del papa León en esta visita de Estado del 8 al 11 de noviembre- también tendrá su representación en Luján. El Presidente y Kicillof apuestan a la polarización para competir uno contra otro en las elecciones de 2027.

De acuerdo a lo que pudo saber de fuentes oficiales de la Casa Rosada, hasta ahora está previsto que al menos cuatro funcionarios de Milei participen de la misa en la Provincia.

Dicen en el Gobierno que Diego Santilli será uno de los que esté ahí. El jefe de Gabinete aspira a competir para gobernador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) el año próximo y es el exponente más representativo que tiene la gestión nacional en ese territorio.

También desembarcará en Luján el secretario de Prensa, Fabián Fernández, otro conocedor de la política bonaerense, que nació en Valentín Alsina y que trabajó en la comunicación de la intendencia de Lanús junto a Néstor Grindetti.

Asimismo, a Luján irán el canciller Pablo Quirno y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Quirno y Caulo serán los representantes de Milei en las tres misas.

Sin embargo, de esas tres instancias, el gobierno nacional tendrá su máximo despliegue en la primera ceremonia, a realizarse el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Allí, según confirmaron de momento fuentes oficiales, estarán el presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros.

En Córdoba, el martes 10, también habrá representación nacional, para la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). A Quirno y Caulo, por los planes que manejan hasta ahora en Balcarce 50, se sumará la secretaria general, Karina Milei, que centraliza bajo su mando la organización de la llegada del Papa al país.

La acompañará, asimismo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, oriunda de esa provincia y mano derecha de la hermana presidencial en el diseño del operativo de recepción. También la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de nexo con la Iglesia por las tareas de su cartera.

Por ahora, en el Gobierno no confirman la presencia de Milei ni en Luján ni en Córdoba, aunque aclaran sobre las comitivas: “Puede haber cambios”.

La Corte Suprema de Justicia quedó envuelta en los últimos 15 días en una controversia política. El motivo fueron las idas y vueltas en torno a la ley de Tierras, que define el límite que pueden comprar los extranjeros. El conflicto avivó las diferencias internas entre los miembros del máximo tribunal y las expuso públicamente como pocas veces antes. La convivencia entre los tres jueces quedó “sensibilizada”, como la describió un funcionario judicial.

Primero, la Corte dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei del 20 de diciembre de 2023. Invocando un motivo procesal, la Corte Suprema dijo que quienes reclamaban la inconstitucionalidad del decreto, un Centro de Ex Combatientes de Malvinas, no estaban legitimados para hacerlo.

El fallo fue unánime, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aunque versaba sobre un tecnicismo, generó un terremoto político, porque le quitó vigencia a la Ley de Tierras. De esa forma dejaba de regir el límite del 15% de zonas rurales que pueden adquirir los extranjeros.

La reacción pública fue inmediata y sonora. En medio de la polémica, la Corte Suprema, por decisión de Rosatti y Lorenzetti, respondió con un comunicado en el que aclaraba que ese fallo no cerraba la discusión y que el asunto podía volver a discutirse. En verdad, ya tenían previsto tratarlo. Rosenkrantz no fue consultado para ese comunicado, según dijeron sus allegados. Las diferencias comenzaban a salir a la luz. Luego, el viernes pasado, un nuevo fallo de la Corte volvió a dejar en vigencia la ley de Tierras y los límites a la venta de campos. Todo en apenas diez días.

Las dos decisiones generaron un estrépito político. Tras el primer fallo, la oposición buscó organizarse para voltear por completo el DNU de Milei. Tras el segundo, salió a criticar lo que considera una política de compensaciones de la Corte, primero en favor y luego en contra del Gobierno.

El caso exhibió las diferencias entre los jueces. Rosenkrantz votó en disidencia y, en un considerando que se apartó de sus argumentos técnicos, criticó elípticamente a la mayoría. Escribió que el “descontento social” que provocó el primer fallo “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.

La segunda decisión había sido tomada por una mayoría que integraban Rosatti y Lorenzetti, acompañados por los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

El caso se tramitó a velocidad de vértigo. El voto mayoritario de cuatro jueces estaba listo hace tres días; la disidencia de Rosenkrantz ingresó anoche pasadas las 22, según dijeron a en tribunales.

En lo jurídico, el asunto exhibió diferencias. Para Rosenkrantz, los planteos de la ONG Árbol de Pie que motivó el segundo fallo deben resolverlos primero las instancias inferiores, y solo después podrían llegar a la Corte en revisión. Sus colegas sostuvieron que la Corte debía actuar ahora y otorgar la cautelar.

Pero más allá de los aspectos técnicos, la crisis tuvo raíces políticas porque Rosenkrantz sugirió que la mayoría actuaba para calmar el clamor popular. Esas expresiones dejaron un ambiente “sensibilizado”, según reconocieron funcionarios de los tribunales.

En la Corte Suprema hay dos explicaciones de lo sucedido y se contradicen. En los despachos de la mayoría señalaron que no hubo marcha atrás. Dijeron que los procesos colectivos se inscriben en un registro y deben resolverse en orden. “Si no, los hubiéramos resuelto juntos y no hubiera habido controversia”, dijo a una fuente que siguió la deliberación.

Agregan que la primera demanda no guardaba relación con el tema y por eso se rechazó por falta de legitimación de los excombatientes. La segunda, en cambio, la plantearon una ONG ambientalista y comunidades con legitimación para reclamar tutela ambiental. Según esa lectura de la mayoría, los dos fallos no se contradicen. El comunicado de la semana pasada solo buscó aclarar algo que “en la política leyeron mal”, porque creían que la posición era definitiva.

“Los jueces ya sabían que a la semana siguiente tenían que resolver el otro caso”, explicaron en los tribunales.

Cerca de Rosenkrantz la lectura es distinta. Allí ven que la mayoría retrocedió ante el clamor social y el conflicto político que se abrió por la derogación de los límites a la compra por parte de extranjeros. “A Rosenkrantz no le parece que los ministros de la Corte deban responder a las críticas de la sociedad, y menos con comunicados”, dijeron cerca del magistrado.

En el entorno de Lorenzetti bajan el tono. Hablan de “una diferencia legítima” con Rosenkrantz, a quien describen como más restrictivo en la interpretación de la ley ambiental.

“Siempre opinó así, no ahora”, dicen. La mayoría, en cambio, se apoya en precedentes como la causa del Riachuelo y en cautelares ambientales que el tribunal ya dictó sin oír a la contraparte. “Jurídicamente es inobjetable”, aseguran. Ese sector también busca relativizar el conflicto. “Hoy no tenemos conflictos; nos llevamos bien; es una diferencia jurídica y no de otro orden”, afirman.

Las reacciones vinieron del ámbito de la política y no se tradujeron en reclamos judiciales; es decir, hubo confrontación política en el Congreso, pero poco interés ambiental.

Enojo

“Veo funcionarios de la Corte muy enojados”, admitió una fuente del tribunal. De todos modos, sería erróneo hablar de una nueva mayoría en la Corte; en el próximo fallo las posiciones pueden ser distintas.

Más allá de las diferencias que mostró el debate por la Ley de Tierras, las diferencias “reales y persistentes” entre Rosenkrantz y Rosatti se mantienen. Tienen posturas distintas sobre la manera de ejercer el liderazgo de la Corte en el Consejo de la Magistratura y en el sistema de elección de los jueces.

Rosenkrantz y Lorenzetti cuestionaron la discrecionalidad que existe en las distintas etapas del proceso de selección de jueces, sobre todo en las entrevistas personales, que pueden colocar a dedo a candidatos en lugares privilegiados. Plantearon reformar el reglamento, iniciativa que quedó congelada en el Consejo de la Magistratura, que preside justamente Rosatti.

De hecho, Rosatti no firmó la acordada del cambio de reglamento que impulsaba Rosenkrantz sobre ese régimen.

En el entorno de la mayoría señalaron que el primer fallo, el de los excombatientes, fue también un mensaje hacia adentro del Poder Judicial: los tribunales inferiores no pueden elevar cualquier planteo, porque las causas tienen que llegar sustanciadas.

En la Corte minimizan el impacto político. Señalan que el DNU 70/2023 sigue vigente, salvo contadas excepciones, porque la oposición no logró rechazarlo en el Congreso.

“Si la agenda de la Corte está supeditada a la política, no tomás ninguna decisión”, resumió un funcionario del tribunal. Otro fue más gráfico: comparó a los dirigentes que agitan el tema con los teros, que gritan de un lado y ponen los huevos en el otro. Como prueba, dijo que contra la derogación de la Ley de Tierras hubo apenas dos acciones judiciales, cuando contra los aumentos de tarifas se presentaron cientos en todo el país.

El DNU 70/23 tendrá revancha, porque en la Corte sigue pendiente la discusión sobre el capítulo laboral. La Procuración ya dictaminó que ese capítulo es inconstitucional en cuanto a los aportes sindicales, y en el tribunal admiten que “en breve” deberán resolverlo. También esperan turno otros capítulos del decreto que amenazan con volver a mostrar las diferencias.