POLITICA
El trasfondo de la “justicia social” que quiere aplicar el Gobierno y las nuevas medidas “empáticas”
Javier Milei no les prohibió a sus ministros y funcionarios el uso de la palabra empatía, pero sí les dejó una interpretación para que tengan muy en cuenta al momento de utilizarla. Se trata de una de las tantas definiciones que ya se suman al decálogo del vocabulario mileísta.
“Nos dijo que la empatía la utilizan los populistas con el fin de sostener una política de tono paternalista. Le dio otro significado al término, al que considera funcional para que el Estado le resuelva los problemas a la gente con la plata de los contribuyentes”, indicó a Infobae uno de los asistentes a la reunión de Gabinete realizada en la mañana del lunes en la Casa Rosada.
La distinción no se produce en cualquier contexto. Sucedió luego de semanas en las que Milei fue cuestionado por actores de la oposición, del ámbito económico-social y de la agenda mediática por retacear políticas orientadas a descomprimir la morosidad de las familias o mejorar el salario real. En diferentes actos públicos que encabezó la semana pasada, reafirmó que su administración no impulsará políticas de redistribución.
En las altas esferas de la administración libertaria reconocen que la batería de iniciativas de alivio disponibles para implementar es acotada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por eso encontraron una alternativa en la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. No serán más de 20.000, pero representan un punto de partida para dar pie a medidas de naturaleza similar.
En esa presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una declaración que no pasó desapercibida. Dos días después de haber estado en la reunión de Gabinete y escuchar el énfasis de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, dijo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social”.
El Presidente dio un discurso dos meses atrás en Madrid, más precisamente en la Universidad CEU San Pablo, en el que parafraseó al economista Thomas Sowell para referirse a ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia más retórica”.
¿Hubo reproches puertas adentro respecto de los términos utilizados por Caputo? No consta. Al menos, no por ahora. El ministro de Economía integra el exclusivísimo grupo de funcionarios que no deben validar sus declaraciones y que tienen una gravitación propia.
En el riñón del Presidente explican: “Toto quiso decir otra cosa y creo que la pifió, como le puede pasar a cualquiera. Quiso jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo muy simbólico, pero para explicar la verdadera intención de la política que estaban anunciando. Justicia social no hace falta definirla como quieren los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien pueda pagarse su propia casa con su propio sueldo”.
Efectivamente, después de usar ese término, el ministro de Economía completó su frase al señalar que no hay “nada más justo que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla”. Como parte de una lectura más pragmática de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede tomar medidas en el plano macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de opositores aliados para colaborar con la Casa Rosada y, así, dar mayor previsibilidad a los mercados.
En el marco de esta semana, se conoció que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para que las paritarias fijen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—, una pauta que el Gobierno busca instalar tras la aprobación de la reforma laboral, en un escenario de deterioro del poder de compra y de fuerte dispersión entre los convenios colectivos.
El contexto que rodea esa definición muestra una caída del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026 bajó 0,9% en términos reales, después de una retracción del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Aun así, una fuente al tanto de esas conversaciones desmintió que esa medida pueda aplicarse en el corto plazo: “En esos convenios siempre se arreglan sueldos por encima de ese nivel que se difundió ayer. Todos los gremios tienen un piso más alto. Lo que queremos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que se pongan de acuerdo las partes y después se homologue el convenio. Antes venían esperando que el Estado les resolviera ese tema”.
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POLITICA
El Gobierno busca ampliar las exportaciones de carne a Israel y avanzar en la cooperación militar
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo este viernes una reunión en la Casa Rosada con la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, para avanzar en una agenda orientada a ampliar el intercambio comercial entre ambos países. Del encuentro también participó Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, el organismo encargado de promover las exportaciones y las inversiones.
Uno de los principales anuncios fue la puesta en marcha de la “Semana de la Carne Argentina en Israel”, una iniciativa que apunta a reforzar la presencia de los productos argentinos en ese mercado y abrir nuevas oportunidades para el sector frigorífico.
Como parte de la estrategia, se organizará una misión comercial a Tel Aviv de la que participarán representantes de frigoríficos exportadores. PromArgentina brindará apoyo técnico y logístico para facilitar los contactos con potenciales compradores y promover nuevos negocios.
La iniciativa busca consolidar los envíos de carne argentina a Israel y ampliar el volumen de las operaciones comerciales. El objetivo oficial es fortalecer la inserción de las empresas nacionales en mercados internacionales y generar nuevas vías de intercambio.
POLITICA
Javier Milei cruzó a la oposición por el debate de jubilados, discapacidad y universidades: “Defienden cajas”
El presidente Javier Milei publicó un mensaje titulado “la estafa de las banderas nobles” para cuestionar el manejo de los fondos estatales. El mandatario advirtió que el socialismo utiliza demandas sociales legítimas “para justificar curros indefendibles” utilizando sectores vulnerables.
El jefe de Estado criticó duramente a quienes administran recursos destinados a la discapacidad, las jubilaciones y la educación pública. En su publicación señaló con dureza que “no muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada”.
El líder libertario agregó que los dirigentes cuestionados recurren a una táctica recurrente cuando se intenta auditar el destino de los fondos públicos. En ese sentido, afirmó que “te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”.
LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES.
El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: SE APROPIA DE CAUSAS NOBLES PARA JUSTIFICAR CURROS INDEFENDIBLES.
Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia.
¿Y qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas?
APARECE EL CHANTAJE MORAL.
No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación.
Porque el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes mas lo necesitan. EL OBJETIVO ES QUE NADIE SE ATREVA A CUESTIONAR SU NEGOCIO.
Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos.
USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA.
Lo vimos en la Argentina y lo vemos en cada país donde el socialismo logró echar sus garras.
Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta.
NO DEFIENDEN DERECHOS. DEFIENDEN CAJAS.
QUE SE ABRAN TODAS LAS CUENTAS. QUE SE PUBLIQUE CADA CONTRATO. QUE CADA RESPONSABLE RINDA CUENTAS HASTA DEL ÚLTIMO PESO. LOS ARGENTINOS MERECEN SABER EN QUÉ SE GASTA SU DINERO.
VLLC!
— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2026
Asimismo, el mandatario remarcó que las estructuras políticas “USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA”. El objetivo principal, según su postura, es evitar que los ciudadanos conozcan cómo se administra el dinero de los impuestos.
El jefe de Estado ratificó su postura al enfatizar categóricamente que “NO DEFIENDEN DERECHOS. DEFIENDEN CAJAS”. Además, exigió absoluta transparencia en la administración pública para conocer el destino de cada partida presupuestaria.
La fuerte intervención presidencial eleva la tensión política en plenas negociaciones legislativas con los bloques aliados en el Congreso. El oficialismo busca encauzar su agenda económica mientras endurece las críticas contra los intermediarios que manejan fondos del Estado.
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Cajas,discapacidad,Javier Milei,Jubilados,Universidades públicas
POLITICA
La oposición advierte que el fallo de la Corte sobre la venta de tierras es provisorio e insiste con la derogación del DNU 70
El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.
Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.
“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.
Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.
El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.
La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).
Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.
En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.
En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.
Luis Caputo,Gobernadores
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