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POLITICA

El tribunal que condenó a Lázaro Báez a 15 años volvió a rechazar su arresto domiciliario

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El tribunal que controla el cumplimiento de la condena del empresario Lázaro Báez a 15 años de prisión por lavado de dinero y fraude decidió dejarlo en prisión y no enviarlo a su casa en arresto domiciliario, como había sugerido su superior jerárquico, la Cámara Federal de Casación Penal, al ordenarle revisar su criterio.

La decisión fue del juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel, que mantuvo su criterio del 6 de mayo pasado. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dividido, le había indicado al tribunal oral que revise su decisión y los jueces lo analizaron, pero mantuvieron su idea de que Báez debe seguir preso en la cárcel de Ezeiza.

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El juez Costabel consideró que los hechos que señaló la Cámara de Casación, como las deficiencias en los controles médicos de Báez, no solo no modificaron su criterio anterior sino que, una vez encausados, confirmaron que el condenado puede continuar cumpliendo su pena intramuros.

El tribunal señaló que el Cuerpo Médico Forense (CMF) había sido concluyente en su informe acerca de que Báez presenta patologías crónicas, como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve, adenoma de colon con displasia de alto grado, entre otras, pero todas se encuentran bajo tratamiento, sin signos de descompensación y con estabilidad clínica y hemodinámica.

La pericia médica estableció expresamente que la detención intramuros no le impide recuperarse ni tratar adecuadamente sus dolencias.

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Costabel subrayó además que de las denuncias más graves formuladas por la defensa de Báez -por ejemplo dijeron que tenía pulmonía o un cuadro gripal desde febrero, o un corte interno en la garganta y sangrados sostenidos- ninguna pudo ser corroborada.

El propio magistrado fue de manera sorpresiva al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza el sábado 7 de junio, donde entrevistó personalmente a Báez en el Pabellón K.

El empresario le dijo que tenía un cuadro gripal de 15 días, no de meses, y que los sangrados habían ocurrido hacía aproximadamente un mes, en el contexto de una constipación.

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Esas manifestaciones, indicó el tribunal, coincidieron con los informes médicos del Servicio Penitenciario. El juez también descartó que las demoras en la obtención de turnos médicos o en la adecuación de los controles de glucemia hayan causado un daño concreto.

Señaló que la defensa afirmó en la audiencia del 19 de junio que las atenciones llegaban “cuando el daño ya estaba hecho”, pero que esa afirmación carecía de respaldo y la abogada no identificó a qué daños se refería.

Al mantener el rechazo, el tribunal ordenó un conjunto de medidas para garantizar el seguimiento del estado de salud de Báez, como que la cárcel de Ezeiza deberá remitir un informe médico semanal sobre el cuadro general de salud del condenado.

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También el Servicio Penitenciario Federal deberá garantizar el traslado de Báez a los turnos programados fuera de la prisión en el Hospital Eurnekian y en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, entre otros, con su historia clínica completa y las actuaciones médicas según la especialidad.

Asimismo, deberán informarle el estado de gestión del turno para poder realizarle una videocolonoscopía ordenada por los especialistas del Hospital Udaondo, con los estudios prequirúrgicos correspondientes. En la cárcel deberán continuar con los controles glucémicos dos veces por día, conforme la recomendación del Cuerpo Médico Forense.

El fiscal Abel Córdoba, en la audiencia convocada por Costabel tras la recomendación de la Cámara de Casación, consideró que no se verificaban los presupuestos legales para conceder el arresto domiciliario bajo ninguna de las modalidades invocadas por la defensa.

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Sostuvo que en los diagnósticos disponibles desde abril no hubo ninguna modificación relevante y que la detención en la prisión no era incompatible con los requerimientos médicos de Báez. El fiscal reconoció que hubo deficiencias en la atención médica, pero consideró que esas falencias fueron corregidas y no justifican una morigeración de la pena.

En ese sentido, propuso citar a las autoridades del Complejo y del Hospital Penitenciario Central I para ordenarles mantener actualizada la historia clínica, garantizar que los traslados se realicen con la documentación completa y que la gestión de turnos sea realizada con anticipación y por los canales adecuados.

La condena unificada de Báez es de 15 años de prisión, fijada en julio de 2025 por el Tribunal Federal 4 integrado por Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico. Unificaron la pena de 10 años por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K y los 6 años por fraude en la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner por favorecerlo con licitaciones de obras públicas.

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Además de la prisión, se le impuso una multa de 329 millones de dólares, equivalente a seis veces el monto del dinero lavado a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Báez tiene otras dos condenas no firmes que no fueron incluidas en la unificación: una a cuatro años por lavado en la compra del campo El Entrevero en Uruguay, y otra de tres años por no pagar aportes patronales.




Lázaro Báez,Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno reúne a la mesa política y busca avanzar con proyectos clave en el Congreso

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.

El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.

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Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.

El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.

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El debate de la reforma electoral

Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.

En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.

“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.

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Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.

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POLITICA

El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio

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El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.

La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.

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La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

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En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.

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La iniciativa declara de interés nacional el acuerdo de difusión entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela en España

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.

De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.

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La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.

La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.

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El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.

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POLITICA

El Gobierno promulgó la ley del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

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El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.

La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.

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El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.

Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.

Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.

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“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.

Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.

Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.

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Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.

El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso

El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.

El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.

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Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.

“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.

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