POLITICA
El trimestre clave que mira Javier Milei para la economía y las amenazas internas en el Gobierno

Lla consultora 1816 -probablemente, la más leída por el círculo rojo- publicó su último informe especial dedicado a la incesante suba de la mora en los créditos. Este dato creció por decimosexto mes consecutivo para el caso de las familias y llegó al 11,2%; un número marcadamente mayor al de las empresas, tan solo de 2,9%. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI y consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indican. Con un mismo conjunto de datos, oficialismo y oposición hacen de la coyuntura actual dos narrativas diferentes.
En el Gobierno no niegan el monitoreo de la mora y reconocen que está creciendo a un ritmo preocupante, aunque marcan que no depende enteramente de ellos. Una fuente de acceso directo al despacho presidencial consultada por Infobae marcó que “los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado” y que “ahora que tienen que actuar de bancos, están prestando el dinero de manera poco inteligente”.
Es una lectura parecida que el presidente Javier Milei le convalidó a una persona que le consultó días atrás, a quien le recomendó un fragmento dicho por el economista Salvador Di Stefano en La Casa Streaming: “Los bancos pasaron a prestar del 4 % del PBI al 12 %. Si las empresas son más fiables que las familias, ¿por qué no les prestaste a ellas que generan más trabajo y después, a futuro, cuando se recompongan, les prestamos más a las familias?“. Ese razonamiento tuvo el sello de aprobación de la Quinta de Olivos.
La actividad y la dinámica de la economía son asuntos que se han consolidado en la agenda de los principales medios. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada lo saben, aunque el que salió a hablar por decisión propia fue el mismo Milei. Marcó que los procesos de mejora “no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió paciencia: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

La vuelta de la advertencia del “Riesgo Kuka” surge en una semana en la que surgieron “trascendidos” de diferentes proyectos presidenciales del centro hacia la derecha que estarían siendo impulsados por sectores políticos y empresarios. Uno de los más resonantes fue el del banquero Jorge Brito. El economista Carlos Melconian habló en público sobre su intención de lanzarse al plano nacional. El pastor evangelista Dante Gebel hizo su publicación más sugestiva en meses trabajando desde Europa con su equipo político, entre ellos el exfundador de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles.
Los dos líderes de esos primeros espacios son defenestrados por el propio Milei y su entorno, así como el armador político de Gebel. Ven con sospecha las noticias de estos proyectos presidenciales y las presiones para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea removido de su cargo. “Si logran voltear a un ministro, demostrarán su poder”, reposteó ayer Milei un tuit redactado por el diputado nacional Alejandro Fargosi. Ese marco es uno de los que hace que el Presidente y Karina Milei no se apresten a remover a Adorni de su cargo.
Al menos tres fuentes del círculo presidencial marcaron a Infobae que ven en este trimestre como el más determinante de cara a las elecciones del año próximo.
“Es una prueba de fuego. Durante estos meses tienen que generarse las condiciones para una buena reactivación”, afirma uno de ellos, mencionando la sostenida compra de reservas que se espera hacia adelante, el tipo de cambio estable y la tasa de interés baja. De darse este escenario, creen que el optimismo podría crecer en agosto y septiembre. Parece faltar mucho recorrido para llegar a esa estación.
La preocupación principal entre varios integrantes que asisten a las reuniones de Gabinete es el funcionamiento de la política interna.
Adorni, en calidad de jefe de la administración del Estado, está disminuido en la consideración de varios libertarios de altísimo rango. En las primeras semanas de los escándalos judiciales y mediáticos, marcaban en el off the record que debía renunciar a su cargo o que el Presidente debía pedir su corrimiento. Ahora se encuentran ante la incómoda situación de que sigue ratificado tanto por Javier como Karina Milei, las dos personas más importantes del Ejecutivo.
“Me operó a más no poder y ahora me pide que esté presente en las reuniones”, dice, resignada, una persona que figuró el lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. No es el único caso.
Ante los rumores de posibles desplazamientos, en boca de los funcionarios libertarios hubo dos nombres de ministros que surgieron como los más probables para entrar en su lugar. A uno de ellos se le notó espantado con esa posibilidad: “Es una picadora de carne ese lugar. Si me obligan lo tendré que hacer, pero no me gustaría para nada”. Infobae escuchó la misma opinión de otras dos figuras del Gobierno que habían sido mencionadas durante los días en los que se mencionaban presuntos candidatos para reemplazarlo.
Si a la gran cúpula del Ejecutivo le parece una suerte de cargo de altísimo voltaje, ¿por qué Adorni no podría continuar en el cargo, con la posibilidad de tratar de recuperar su imagen perdida de cara al año próximo? Es una decisión que Milei está dispuesto a tomar. Por lo pronto, Adorni viajará esta semana con Karina a Vaca Muerta y cuando Milei se vaya a Israel en una semana buscará comunicar que dejará al jefe de Gabinete en el país para que se haga cargo de la administración libertaria. Eso sí, cerca de Milei ya dicen que en las próximas semanas, “el vocero de la gestión va a ser el Presidente”.
La pregunta que se hacen en más de un despacho del Gobierno es cuánto más está dispuesto a avanzar el tándem del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Nos están dando una señal, porque no es normal un avance así de rápido. Tampoco nos sorprende”, afirman fuentes judiciales del Ejecutivo. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no gustó en algunos sectores de Comodoro Py porque consideraban un hecho que allí iba a desembarcar Guillermo Montenegro, de estrechísimo vínculo con Lijo.
El karinismo mira con atención esta cuestión porque en los tribunales federales de la Capital Federal también se halla la Causa Libra. Casualidad o no, la esposa del juez que lleva ese expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, fue elegida por Mahiques para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Hubo gestos a otros importantes miembros de la familia judicial. Si los cálculos de los operadores judiciales libertarios no fallan, la avanzada de un sector de la Justicia Federal podría mermar con el pasar de los meses. “Aun así, no hay ser humano que pueda asegurar impunidad en Comodoro Py. Es un organismo vivo con sus propias lógicas y cada cual juega su juego”, avisa una fuente judicial ligada al Gobierno.
Hay 14 pliegos que interesan mucho en el Gobierno y que están en manos de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura. Cuatro juzgados, cuatro vacantes en Casación y seis lugares en el Tribunal Oral Federal. Ninguno de estos procesos se verá modificado por el proyecto que impulsan los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que su propia iniciativa para modificar el esquema de selección de los magistrados fue presentada con posterioridad.
Los dos cortesanos habían pedido que su propio proyecto fuera aprobado “a libro cerrado”. Aquello no convencía al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que pese a no integrar la Comisión de Selección, fue el jueves a una reunión para calmar a algunos cnosejeros que amenazaban con voltear la iniciativa de la Corte y, además, proponer que los contratos del Poder Judicial pasara a ser determinado por el Consejo.
Uno de los que tomó la palabra en ese encuentro fue el representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Santiago Viola, que dijo que no había motivo para tratar de manera apresurada esa cuestión. El jueves a las 12.30 horas tiene agendado un encuentro tanto con Rosenkrantz como Lorenzetti. Seguramente allí les diga que el reglamento que proponen necesita modificaciones y que hacer algo a libro cerrado no tiene posibilidades reales, como ya se lo ha adelantado a su círculo íntimo.
La nueva mesa judicial que responde de manera directa a Karina Milei vio con atención una reunión que mantuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; y el juez federal Mariano Borinsky en el despacho que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada.
Uno de los presentes marcó que se habló sobre la modificación integral del Código Penal que el magistrado había liderado en su redacción con una mesa de especialistas. Mahiques, en tanto, optó por dividir la reforma en dos: una más pequeña que se trate en las próximas semanas con algunas tipificaciones y otra más amplia que termine de implementar cambios más abarcativos. “Corremos el riesgo de que la implementación sea incorrecta y se arribe a algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Blumberg”, afirmó una fuente a Infobae. Otra altísima fuente desmintió que esto haya sido tema de conversación.

¿Está la intención de ciertos sectores del Gobierno de promocionar a figuras encumbradas de la Justicia para la Corte Suprema y la Procuración General? Es una de las consultas que se hacían en el entorno de la hermana, que recuerdan las visitas de Montenegro por la Casa Rosada cuando se lo mencionaba como un probable postulante para el Ministerio de Justicia. En el entorno de Santiago Caputo afirmaron que la voluntad del Presidente era clara: “No se van a negociar cargos judiciales que impliquen dos tercios de la Cámara”. Es decir, los dos cortesanos y el Procurador.
La política judicial sirve para traspolar cómo funciona la interna entre karinistas y caputistas sobre otras decisiones del Gobierno. Esto preocupa sobremanera a otros integrantes del Gobierno que no pertenecen explícitamente a ninguno de los dos bandos. “Es algo que le quita inercia a la gestión y se perpetúa”, afirma un responsable de una cartera ministerial. Que se haya agregado la situación del jefe de Gabinete tampoco ayuda a que se asiente una dinámica que deje a todos cómodos.
Aun así, habrá que estar atentos. Hay una fuente de cercanía absoluta con el Presidente que augura que uno de sus pares “va camino al degüello”. Si es cierto, se tratará de una novedad total en el Gobierno. Caso contrario, una nueva señal de que el oficialismo convive con un clima imposible que nadie estuvo dispuesto a solucionar. Ni siquiera con números de aprobación de la gestión que se encuentran en niveles históricamente bajos para la gestión mileista.
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POLITICA
Jorge Macri pedirá el juicio político para la magistrada que sobreseyó a un menor tras declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunció que pedirá el juicio político de la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
En diálogo con TN, Macri aseguró que el fallo “es una locura” y adelantó que ya le dio la instrucción al ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con el juicio político. “Y ahí veremos quien acompaña y quien no”, advirtió.
“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora. Ella no es filosofa, socióloga ni psicóloga”, añadió el funcionario.
“Para mi este tipo de fallos, son una línea que se traza en la arena. Estás del lado del bien o estás del lado del mal. El mensaje de ‘no tenés consecuencias porque había un policía cerca’ no entiendo en que parte está actuando como adulta”, dijo Macri.
Al respecto, el jefe de Gobierno porteño añadió: “Es la primera vez que pido un juicio político. Vamos a apelar, esperamos tener éxito y es un gran momento para discutir que clase de jueces queremos. La decisión de la jueza es no cuidar a nadie”.
“Ella sigue operando con la vieja ley y decide no procesarlo. Entendamos el mensaje dramático que le está dando a este chico: no hay consecuencias en lo que haces. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? el delincuente es una victima. Yo no me voy a acostumbrar a eso«, cerró el político.
Mas temprano, Macri escribió en su cuenta de X: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”, escribió Macri en su cuenta de X.
“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó el funcionario.
El fallo
Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años. Se trata de una causa caratulada como tentativa de robo.
El caso empezó a partir de la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres estaban en distintos puntos de la esquina.
El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Así empezó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.
“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza en su fallo, al que tuvo acceso TN.
POLITICA
Jorge Macri y Patricia Bullrich criticaron el fallo que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en la ciudad

Un fallo de la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional en la ciudad de Buenos Aires un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso y que baja la edad de imputabilidad y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Esa decisión generó este lunes cuestionamientos de diferentes funcionarios porteños y dirigentes del oficialismo que promovieron la ley.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que pedirá juicio político contra la jueza De Marinis. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, sostuvo en un posteo publicado en X.
Asimismo, el alcalde de la ciudad afirmó que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y agregó: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.
Por su parte, Patricia Bullrich, senadora nacional (LLA) y exministra de Seguridad de Javier Milei, expresó también sus críticas a través de X: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
Por su parte, la diputada nacional de LLA por la Ciudad Alida Ferreyra sostuvo que “es indignante cómo revierten la voluntad popular emanada desde la representación parlamentaria”. La legisladora también cuestionó que se ignore “la necesidad del ciudadano de recibir justicia y de ver que quien las hace, las paga”.
“Es indignante ver cómo desde sus cómodos despachos, abogan por el abolicionismo que extingue la pena y niega las funciones primordiales del derecho penal, reprimir y prevenir”, afirmó Ferreyra.
También se pronunció el legislador porteño de Vamos por Más y presidente de Republicanos Unidos CABA, Pablo Donati, quien consideró que la resolución es “una tomada de pelo a toda la sociedad”. Agregó: “Fallos amorales como éste explican por qué la Justicia de este país está totalmente desprestigiada: siempre protegiendo a los victimarios y dándole la espalda a la ciudadanía. VERGONZOSO”.
El diputado nacional de Pro y exintendente de Pinamar Martín Yeza también cuestionó las motivaciones de la magistrada. “Acá, evidentemente, la jueza quería decir lo que pensaba. El régimen penal juvenil contempla medidas progresivas y ciertamente existe la posibilidad de aplicarlas en el ámbito de CABA”, sostuvo.
“Es evidente, y lamentable, que con este fallo quiso hacer política en lugar de justicia”, añadió Yeza.
El fallo también generó cuestionamientos en los tribunales porteños. Fuentes judiciales consultadas por señalaron que, si el Ministerio Público Fiscal apela la resolución, entienden que la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocaría la decisión de primera instancia.
De Marinis, del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad, resolvió el sobreseimiento tras hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la defensa sobre el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años. La decisión se circunscribió al caso del menor involucrado en el expediente.
La causa se inició el 10 de septiembre, después de que un grupo de adolescentes intentara sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La víctima escapó y, a los pocos metros, pidió ayuda a un oficial de la Policía de la Ciudad. Tras interceptar a los sospechosos, se inició el trámite de flagrancia y el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.
En su resolución, a la que tuvo acceso , la magistrada consideró que la baja de la edad de punibilidad resultaba “regresiva”. También sostuvo que, como adultos, “no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”.
Se trata del segundo fallo contra la nueva ley. Antes, la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había dispuesto la suspensión del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Esa decisión fue luego revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
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POLITICA
Jorge Macri pedirá el juicio político para la jueza que declaró inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que pedirá el juicio político a la jueza que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, quien sobreseyó a un chico de 14 años en una causa por tentativa de robo.
En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario porteño afirmó: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”.
Y añadió: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

En esa línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también cuestionó a la jueza y remarcó: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
La resolución de la magistrada fue firmada este lunes y determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, su fallo no suspende la ley como había ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual.

El expediente judicial tiene origen en un episodio ocurrido el 10 de septiembre, cerca de las seis de la mañana. Un ciudadano de 47 años caminaba por la vía pública cuando cinco jóvenes intentaron robarle. La víctima logró escapar y pidió auxilio a un agente policial que patrullaba la zona, lo que derivó en la detención de los presuntos involucrados, entre quienes se encontraba el menor. La fiscalía calificó provisionalmente el suceso como robo simple en grado de tentativa. Ante esa imputación, el Ministerio Público de la Defensa solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil.
A partir de ese planteo, De Marinis evaluó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La defensa sostuvo que someter a proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso respecto al estándar previo fijado por la derogada Ley 22.278. La magistrada coincidió con esa postura: señaló que el Estado tiene la obligación de ampliar las garantías de las infancias y abstenerse de adoptar medidas que restrinjan derechos ya consolidados. En su fundamentación, recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales prohíben la adopción de políticas públicas regresivas sin una justificación adecuada.
La jueza también subrayó las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considerado el máximo intérprete de la convención específica sobre la materia. Ese organismo recomendó expresamente a la República Argentina, en 2018 y en 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y evitara cualquier intento de reducirla. De Marinis incorporó además conclusiones del campo de la neurociencia, que indican que el desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de los propios actos y los alcances de los procedimientos judiciales.

En su resolución, la magistrada dejó plasmado su posicionamiento con un lenguaje directo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Y agregó: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.
Para este caso en particular, De Marinis analizó la gravedad del hecho y concluyó que la conducta del adolescente consistió en una tentativa “burda y torpe” que no consumó el desapoderamiento de bienes ni generó lesiones físicas en la víctima. Por eso consideró desproporcionado aplicar una sanción punitiva en lugar de activar los mecanismos de protección social previstos para la niñez.
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