INTERNACIONAL
Elecciones en Perú: una primera encuesta para el balotaje da un empate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Un primer sondeo de opinión sobre las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de abril en Perú indicó este domingo que la derechista Keiko Fujimori mantiene un empate técnico con el izquierdista Roberto Sánchez y es superada ligeramente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.
La encuesta, elaborada por la empresa privada Ipsos, señaló que el liderato que obtuvo Fujimori en los comicios generales del pasado 12 de abril decae al momento de enfrentarse con los otros dos candidatos que tienen opciones a disputar con ella la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.
Cuando se ha contado el 95,88 % de los votos de las elecciones generales, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %; y López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89 %.
El conteo oficial deberá acabar en los próximos días, cuando se resuelvan unas 3.800 actas de votación aún pendientes de revisión por el jurado electoral.
La encuesta de Ipsos señaló que Fujimori y Sánchez aparecen empatados hacia una eventual segunda vuelta, con un 38 % de las preferencias actuales, mientras que un 17 % indica que piensa votar en blanco o anular su voto, y un 7 % no precisa su preferencia.
En el caso de un enfrentamiento con López Aliaga, un 34 % de los votantes señala que apoyaría al líder ultraderechista, y un 31 % a Fujimori, mientras que un 27 % señala que no votaría o anularía su voto, y un 8 % no precisa su elección.
«Las fechas son muy importantes. El electorado va tomando posición, lo hemos visto durante toda la primera vuelta. En este caso, se ve una división clarísima y una polarización entre Fujimori y Sánchez», comentó al respecto, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.
El experto añadió que, en el caso de López Aliaga, al parecer ha logrado disminuir el rechazo hacia su candidatura en un sector de la población, pero remarcó que «va a ser interesante ver el accionar de cada uno de los candidatos para conquistar a la gran mayoría de ciudadanos que no han votado por ellos».
Según su ficha técnica, Ipsos realizó la encuesta a 1.208 personas el 23 y 24 de abril últimos en los 24 departamentos de país y el trabajo técnico tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.
Sánchez mantiene una diferencia de 24.000 votos sobre López Aliaga, quien en los últimos días ha arreciado en sus críticas al sistema electoral y mantiene la posición de que ha sido víctima de un fraude, sin presentar pruebas contundentes.
En este escenario, Sánchez afirmó este sábado que está “totalmente convencido” de que será él quien disputará la segunda vuelta presidencial con Fujimori. El candidato añadió que ahora las autoridades electorales de su país tienen “la inmensa responsabilidad” de terminar con el conteo final de los votos y les pidió “celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular”.
Anunció, además, que su partido presentará este lunes una demanda en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) y ratificó que, de llegar a la Presidencia, indultará a Castillo, quien fue condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Sánchez cuestionó la aceptación por la JNJ de la renuncia que presentó el funcionario Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a pesar de que la ley nacional prohíbe que eso suceda en medio de unos comicios en marcha.
Enfatizó, además, que existió una “negligencia en la organización” de los comicios y dijo que los problemas que llevaron a la falta y demora en la entrega de material electoral, sobre todo en Lima, “tienen que investigarse y haber una sanción”.
“En esta segunda vuelta tienen que tomarse todas las acciones para que no haya un solo incidente”, sostuvo antes de reiterar que cree que los organismos electorales “no han cumplido sus decisiones en base al derecho y sus competencias”.
El candidato izquierdista protagonizó las actividades proselitistas del sábado en Perú, ya que tanto Fujimori como López Aliaga no se pronunciaron. López Aliaga reiteró el viernes que en los comicios hubo “actos criminales”, sin aportar pruebas.
INTERNACIONAL
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió durante el 2025 un total de 29,247 casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos, problemas en la prestación de servicios públicos y solicitudes de asesoría en diversos ámbitos que afectan la vida cotidiana de la población costarricense, según el Informe Anual de Labores.
El documento, correspondiente al período 2025-2026, fue entregado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, durante una sesión del plenario legislativo, donde expuso el comportamiento de las principales denuncias recibidas por la institución y los retos que enfrentan las entidades públicas para garantizar el respeto de los derechos de la ciudadanía.
Las cifras reflejan un crecimiento sostenido en la demanda de los servicios de la Defensoría. Durante el año anterior las intervenciones aumentaron un 5% en comparación con 2024 y un 9.29% respecto al 2023, lo que representa aproximadamente 1,400 solicitudes adicionales en relación con los años previos.
El informe evidencia que la mayoría de las personas que acudieron a la institución tienen edades comprendidas entre los 25 y 54 años, segmento que representa cerca del 60% de quienes solicitaron acompañamiento o presentaron denuncias. Asimismo, un 12.7% de las atenciones correspondió a personas adultas mayores.
Entre los derechos más reclamados por la ciudadanía, los asuntos relacionados con la salud ocuparon el primer lugar. Cerca del 20% de las intervenciones realizadas por la Defensoría estuvieron vinculadas con situaciones que afectan el acceso o la prestación de servicios sanitarios.
Este comportamiento mantiene a la atención en salud como uno de los principales focos de inconformidad ciudadana, en un contexto donde continúan registrándose quejas por listas de espera, acceso oportuno a consultas especializadas, medicamentos y otros servicios públicos esenciales.
El informe también identifica a las instituciones públicas que concentraron la mayor cantidad de intervenciones por parte de la Defensoría durante el 2025.
Encabezan la lista el Ministerio de Justicia y Paz, seguido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Defensoría explicó que estas intervenciones abarcan procesos de investigación, seguimiento, solicitudes de información, mediaciones y otras actuaciones orientadas a garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos.
Uno de los datos que más llamó la atención del informe corresponde al incremento de los reportes relacionados con hostigamiento sexual dentro de las instituciones públicas.
Mientras durante el 2024 la Defensoría registró 410 denuncias, en el 2025 esa cifra aumentó hasta 590 casos, lo que representa un crecimiento significativo en apenas un año.
La institución considera que este comportamiento merece una atención especial desde la perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.
El informe anual también dedica un apartado al trabajo realizado con los gobiernos locales.
Durante el 2025 la Defensoría intervino en 1,189 solicitudes relacionadas con municipalidades, principalmente por problemas vinculados con infraestructura pública, procedimientos administrativos, contaminación ambiental y limitaciones en el acceso al agua potable.
Las municipalidades que registraron la mayor cantidad de intervenciones fueron San José, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos, reflejando que una parte importante de las preocupaciones ciudadanas continúa concentrándose en la gestión de los gobiernos locales.
Más demanda de acompañamiento ciudadano
El crecimiento sostenido en las intervenciones refleja una mayor utilización de los mecanismos de protección que ofrece la Defensoría, pero también pone en evidencia los desafíos que aún enfrentan distintas instituciones públicas para garantizar una prestación eficiente de los servicios.
La institución recordó que su función consiste en supervisar el actuar de la administración pública, investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales y promover soluciones cuando se detectan irregularidades que afectan a la población.
Con casi 30.000 intervenciones registradas durante el último año, el informe muestra que la Defensoría continúa siendo uno de los principales canales utilizados por la ciudadanía para denunciar presuntas violaciones de derechos y buscar acompañamiento frente a problemas con entidades estatales.
Los resultados también evidencian áreas donde persisten retos importantes para la administración pública, especialmente en sectores sensibles como salud, justicia, educación, migración y atención social, así como en la prevención del hostigamiento sexual y el fortalecimiento de la gestión municipal.
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President Donald Trump’s immense clout over the GOP and the power of his endorsements in Republican nomination races faces its latest test Saturday, as Louisiana holds primary runoff elections for the U.S. Senate.
Six weeks after denying Trump-targeted GOP Sen. Bill Cassidy a third six-year term in the Senate, Republican voters in the solidly red Gulf Coast state will choose between Rep. Julia Letlow and state Treasurer John Fleming for the now open seat.
A Letlow victory in the GOP runoff would be another victory for Trump as he works to fill the halls of Congress with loyal lawmakers for his final two years in the White House. But a win by Fleming would be the third high-profile endorsement setback for Trump in this spring’s Republican primaries.
Five years after he voted to convict Trump in his second impeachment trial, Cassidy was sent packing.
WATCH: CASSIDY DETAILS NEW BEHIND CLOSED DOORS CLASH WITH TRUMP
Sen. Bill Cassidy of Louisiana fist bumps a supporter during a campaign stop at a gun retailer and firing range in Baton Rouge on May 15, 2026, the eve of the state’s Senate primary. (Paul Steinhauser/Fox News)
Letlow, who was backed by Trump even before she entered the race in January, grabbed 45% of the vote in the primary, with Fleming at roughly 28% and Cassidy at just under 25%. Since no candidate cracked 50% of the vote, Letlow and Fleming advanced to the runoff for the Republican nomination and Cassidy became the first elected Republican senator to lose renomination since Sen. Richard Lugar of Indiana in 2012.
Trump, celebrating Cassidy’s defeat, said on social media that «it’s nice to see that his political career is OVER!»
Cassidy, in a speech to supporters after conceding, took a jab at Trump, saying, «When you participate in democracy, sometimes it doesn’t turn out the way you want it to. But you don’t pout, you don’t whine. You don’t claim the election was stolen… You don’t manufacture some excuse.»
President Donald Trump stands with Rep. Julia Letlow during the Congressional Ball at the White House Grand Foyer in Washington, D.C., on Dec. 11, 2025. (Alex Wong/Getty Images)
Letlow, who is also backed by Louisiana Gov. Jeff Landry, a top Trump ally, won her congressional seat in 2021, after her husband, Luke Letlow, died five days before being sworn into the U.S. House after his 2020 election victory for the seat she now holds. She has highlighted her support from Trump throughout her Senate campaign.
The president headlined a tele-rally for Letlow in the closing days ahead of the runoff, and in an election eve social media post called her a «TOTAL WINNER!»
Fleming, who spent eight years in Congress before serving as a White House deputy chief of staff during Trump’s first term, has argued that he’s the most conservative candidate in the GOP Senate primary. During his tenure in Congress, he was a founding member of the conservative House Freedom Caucus.
Fleming, in a Fox News Digital interview last month, touted that voters saw him as «clearly MAGA.» And he highlighted that he «served as Trump’s deputy chief of staff for 10 months in the White House. I served in his entire first administration at various capacities. I was one of the first congressmen that endorsed him in 2016.»
DEMOCRACY ’26: STAY UP TO DATE WITH THE FOX NEWS ELECTION HUB
The GOP nominee will be considered the clear frontrunner in the midterm election against either farmer Jamie Davis or Navy veteran Gary Crockett, who are facing off in the Democratic Senate runoff.
The brute force of the president’s endorsement power has been on display in GOP primaries over the past two months, with his candidates ousting incumbents he targeted in showdowns in Indiana, Kentucky and Texas, as well as the Louisiana primary.
But Trump’s endorsement streak in statewide and congressional Republican primaries was snapped a few weeks ago when his last-minute endorsement of Republican Rep. Randy Feenstra of Iowa in the race to succeed retiring GOP Gov. Kim Reynolds wasn’t enough to propel the three-term congressman to victory.
Feenstra was narrowly edged by Zach Lahn, a businessman, farmer and former political strategist who was backed by the political wings of MAHA — the acronym for the Make America Healthy Again movement aligned with Trump’s Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. — and Turning Point USA, the powerful conservative organization co-founded by the late Charlie Kirk.
Zach Lahn raises his fist in celebration after defeating his primary opponent in Iowa’s GOP gubernatorial race on Tuesday, June 2, 2026. (Zach Lahn for Governor via Facebook)
The president rebounded three weeks ago in South Carolina, as Trump-backed Lt. Gov. Pam Evette finished first in the GOP gubernatorial primary and longtime Trump ally Sen. Lindsey Graham won a majority of the vote in the Republican Senate primary, and avoided a runoff.
Graham, who was endorsed by Trump, was facing primary challenges from five candidates, including conservative businessman Mark Lynch, who took aim at the senator over his support for the war in Iran. Lynch was backed by some MAGA leaders who have been critical of the president.
Two weeks ago, Trump-backed candidates won two of the three top races in Georgia and Alabama, with the one setback coming against a billionaire businessman who shelled out over $100 million of his own money to boost his campaign.
Rep. Barry Moore, a House Freedom Caucus member and longtime Trump supporter who was endorsed by the president, comfortably defeated rival Jared Hudson, a former Navy SEAL sniper who was supported by some top names on the right, in solidly red Alabama’s GOP Senate runoff.
In battleground Georgia’s Republican Senate runoff, an 11th-hour endorsement by Trump helped boost Rep. Mike Collins, a MAGA champion, to victory over former college football coach Derek Dooley, who was backed by popular conservative Gov. Brian Kemp.
TRUMP’S ENDORSEMENT FAILS TO SAVE MAGA CANDIDATE AS BILLIONAIRE ADVANCES IN KEY GOVERNOR RACE
Collins will face Democratic Sen. Jon Ossoff in the general election in a race that’s among a handful that will likely decide if the GOP holds its slim majority in the chamber in the midterms.
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But in Georgia’s GOP gubernatorial runoff, the candidate Trump backed, Lt. Gov. Burt Jones, who was also endorsed by Kemp this past weekend, was defeated by billionaire businessman Rick Jackson, who ran as an outsider.
On Tuesday, Trump-backed first-time candidate Anthony Constantino, a businessman and former boxer, defeated Robert Smullen, a retired Marine Corps colonel and New York assemblyman who had the backing of the state party, in the upstate New York race to succeed retiring GOP Rep. Elise Stefanik.
Meanwhile, in South Carolina’s Republican gubernatorial runoff, Trump couldn’t lose.
That’s because, besides backing Evette, he also gave a last-minute endorsement to state Attorney General Alan Wilson, who ended up winning the showdown in a landslide.
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INTERNACIONAL
Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico
El fin de una era espacial llegará en menos de cinco años. La NASA y sus socios internacionales confirmaron que la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), uno de los mayores logros de la cooperación científica y tecnológica global, terminará su misión a principios de la próxima década con una maniobra planeada para sumergir sus restos en el océano Pacífico.
El proceso, previsto para fines de 2030 o principios de 2031, será histórico por la magnitud del aparato a desorbitar —del tamaño de un campo de fútbol— y por el modo en que la comunidad internacional enfrenta la transición hacia nuevas plataformas orbitales privadas.
Sin embargo, la decisión de dirigir los escombros al Punto Nemo, una zona remota del Pacífico, ya genera cuestionamientos de expertos en derecho espacial y grupos de defensa de los océanos, que advierten sobre un vacío legal y la falta de estudios sobre el efecto en los ecosistemas marinos.
El plan técnico es claro: la ISS perderá altura en etapas, primero por fricción atmosférica y maniobras del segmento ruso, y luego mediante el acople de un Vehículo de Desorbitación Estadounidense (USDV) construido por SpaceX.
Este vehículo, equipado con 46 propulsores Draco, será el encargado de guiar la estación hacia su reingreso controlado en la atmósfera terrestre.
Según la NASA, la Estación Espacial Internacional será desorbitada mediante una serie de acciones. En primer lugar, entre principios y mediados de 2028, la ISS comenzará a descender debido a la fricción atmosférica natural de la Tierra y a las maniobras de reentrada del segmento ruso de la ISS.
Posteriormente, a mediados de 2029, la NASA planea lanzar un Vehículo de Desorbitación Estadounidense (USDV), suministrado por SpaceX y financiado por el gobierno, acoplarlo a la ISS. Este vehículo encenderá sus 46 propulsores Draco y empujará la estación hacia su destino final en el océano”.
Para la NASA, la ISS representa “uno de los mayores logros de cooperación e ingeniería de la humanidad”. Durante casi 30 años, más de 265 personas de 20 países habitaron la estación, que funcionó como plataforma para miles de experimentos en microgravedad, medicina, tecnología y ciencias de la vida. Las tripulaciones se ofrecieron como sujetos de prueba para estudios sobre adaptación humana al espacio, mientras que instrumentos y sensores desplegados a bordo aportaron datos valiosos sobre el clima terrestre, la materia oscura y el comportamiento de las estrellas de neutrones.
Según la agencia, la misión de la estación espacial es llevar a cabo investigación y desarrollo en órbita terrestre baja (LEO) para aprender cómo la humanidad puede vivir y trabajar mejor en el espacio y devolver los beneficios de esta investigación a las personas en la Tierra.
Sin embargo, el final planificado para la estación genera “serias preocupaciones para la salud de los océanos”, según Mark Spalding, presidente de la Ocean Foundation, organización con sede en Washington, D.C.
Spalding advierte que “la planeada desorbitación de la Estación Espacial Internacional plantea serias preocupaciones para la salud de los océanos que la comunidad espacial no ha abordado adecuadamente”.
El temor radica en la falta de información sobre qué materiales sobrevivirán al reingreso y cómo impactarán en el fondo marino. “La verdad es que no lo sabemos con certeza. Eso es muy preocupante para una estructura del tamaño de un campo de fútbol. Sabemos que no todo se quema al reingresar a la atmósfera. Los componentes más densos sobrevivirán y llegarán al fondo marino”, señaló Spalding.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) publicó un informe donde también apunta a una “brecha preocupante” en el derecho internacional. El Convenio sobre Responsabilidad Espacial de 1972 obliga a indemnizar por daños en tierra firme o territorios nacionales, pero no contempla los daños ambientales en alta mar.
“Como resultado, cuando las agencias espaciales controlan dónde caen los desechos, apuntan a alta mar y, al hacerlo, no contraen ninguna obligación legal de pagar por la limpieza o la remediación ambiental”, explicó Spalding. La remota ubicación del Punto Nemo, elegida para minimizar riesgos a la población, no elimina el valor ecológico de los océanos ni su vulnerabilidad.
La Ocean Foundation reclama una evaluación completa del impacto ambiental del campo de escombros del fondo marino previsto y de los efectos atmosféricos y la divulgación pública de todos los materiales que sobrevivirán a la reentrada y llegarán al fondo del océano.
También pide un análisis jurídico riguroso de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Protocolo de Londres de 1996 y el Acuerdo BBNJ, que exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades con efectos inciertos en el mar.
Spalding concluye: “En alta mar no existe un soberano que pueda exigir responsabilidades. Creemos que es necesario subsanar esta laguna en el derecho internacional, y la desorbitación de la ISS es un claro ejemplo de por qué”.
La NASA justifica la decisión de desorbitar la ISS en la seguridad y en la necesidad de liberar el espacio para futuras estaciones comerciales, pero reafirma el valor científico de sus casi tres décadas de operación. “Sin la continuación de estas demostraciones y experimentos de larga duración en el sistema conjunto humano-vehículo, la exploración humana del sistema solar no será posible”, subraya la agencia.
Los sensores climáticos validaron modelos globales y aportaron información sobre el clima cambiante, mientras que la colaboración internacional permitió avances en medicina, materiales y biología que impactan en la vida cotidiana en la Tierra.
La transición hacia nuevas plataformas orbitales implica riesgos y desafíos regulatorios. El informe de la GAO advierte sobre la posibilidad de un “vacío” en la presencia humana continua en la órbita terrestre baja, ya que la transición de la ISS a estaciones comerciales aún no está asegurada. La NASA y sus socios —CSA, ESA, JAXA y Roscosmos— aceleran los acuerdos y el desarrollo de infraestructuras privadas, pero la pregunta sobre el legado de la ISS y el futuro de la cooperación internacional en el espacio sigue abierta.
El debate por la caída controlada de la ISS revela la necesidad de actualizar el marco legal internacional para proteger los océanos como un bien común.
El Acuerdo BBNJ recién negociado en la ONU establece que “las partes realicen evaluaciones de impacto ambiental para las actividades que puedan afectar el medio marino más allá de la jurisdicción nacional cuando se desconozcan o no se comprendan bien los efectos”.
Spalding plantea: “Cabe preguntarse si la desorbitación de la ISS —la mayor reentrada de este tipo en la historia, dirigida a alta mar— debería activar esa obligación”.
El destino de la ISS será observado como un caso de estudio para el futuro de la basura espacial y la protección de los océanos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de equilibrar los logros de la ciencia con la preservación de los ecosistemas marinos, en un contexto donde la lejanía del océano no debe confundirse con falta de valor o vulnerabilidad.
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