POLITICA
Eliminación de las PASO: el semáforo de los gobernadores a la espera de la discusión en el Congreso
El Gobierno mantiene la expectativa de lograr que los trazos gruesos de la reforma política pasen por el Congreso de la Nación. No todo el articulado que envió la Casa Rosada al Senado superará la prueba, por lo que es fundamental en estas horas la negociación con los gobernadores.
“Nosotros quisiéramos que no haya PASO”, expresó Patricia Bullrich, presidenta de la bancada oficialista, durante una entrevista en A24. Sin embargo, indicó que también existen alternativas para escapar por arriba del laberinto: “Estamos buscando una diagonal”, confesó.
La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó por el Senado. En esta cámara, que representa a las provincias y donde existe igualdad entre todas, los gobernadores tienen mucho peso.
El proceso de decantación de los mandatarios provinciales con respecto a la iniciativa de cancelar en forma definitiva las primarias es lento. Hasta el día de hoy, hay dos grupos bien definidos: los que acompañan la idea de Javier Milei y los que no.
En el medio, hay una escala de grises que abarca desde propuestas propias y matizadas hasta la indefinición. En un escenario de vacas flacas, caída de la recaudación y ajuste fiscal, los gobernadores aprovechan cada oportunidad para negociar recursos y obras públicas.
Luz verde: los que sí
La lista de los que se han alineado con los intereses de la Casa Rosada es, de manera relativa, corta pero transversal.
En esta columna se ubica el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El sanjuanino es de una fuerza provincial que estuvo en la constelación de lo que fue Juntos por el Cambio. En las últimas horas, tras un encuentro con Diego Santilli en medio de una cumbre minera, levantó el pulgar. “Si bien yo soy un producto de las PASO, estoy de acuerdo en que los tiempos cambian”, consignó.
“Debemos cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen, tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo.
En la cartera que conduce Santilli también alinean en esta columna al entrerriano Rogelio Frigerio, aunque sus declaraciones fueron más ambiguas.
El gobernador de Entre Ríos también se encontró con el ministro de Interior en estos días. Luego de la reunión, destacó “la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
Al regresar a su provincia fue un poco más explícito. Apuntando a lo que cuestan las PASO, postuló: “El objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En las últimas horas, hubo otra provincia que se sumó a la lista del sí. Se trata de Misiones. En la tierra colorada, el poder político no está en manos del gobernador Hugo Passalacqua. Quien maneja los hilos tras bambalinas es Carlos Rovira. En los papeles, es diputado provincial, pero es el que decide el rumbo.
El jueves por la tarde, en un cónclave de Encuentro Misionero (el nuevo nombre de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia), Rovira confirmó que la representación de su fuerza en el Congreso acompañará la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional. El dirigente consideró que “no se decide nada” en esas instancias y que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada fuerza política.
Por otro lado, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió hace unas semanas a la Legislatura provincial un proyecto para eliminar este mecanismo de los comicios locales. Lo hizo en conjunto con La Libertad Avanza, fuerza con la que mantiene un frente electoral y político desde 2025. Esta es una señal de que podría acompañar el proyecto de la Casa Rosada en el Congreso.
Desde Corrientes llegó un “ni” a la iniciativa oficial. En rigor, el senador nacional Eduardo “Peteco” Vischi llevó una idea propia. El legislador, presidente del bloque de la UCR, quiere cambiar, no cancelar, el mecanismo de primarias. En concreto, la intención es que dejen de ser obligatorias y que se elimine el financiamiento estatal.
Amarillo: el pasado cercano
Otros gobernadores mantienen posiciones históricas en contra de las PASO. Se trata del cordobés Martín Llaryora; del de San Luis, Claudio Poggi; y del fueguino Gustavo Melella. Ninguno de los tres se ha pronunciado hasta el momento sobre el texto enviado por el Ejecutivo al Congreso.
En un posteo en X de hace poco más de un año, el gobernador de Córdoba definió: “Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Argentina han perdido su razón de ser”.
“En lugar de funcionar como una instancia de competencia interna entre candidatos de un mismo partido, se han convertido en una elección general anticipada, distorsionando su propósito original”, agregó.
Por la misma vía, el puntano Poggi sostuvo: “Comparto la derogación de las PASO nacional”.
Casi en simultáneo, el mandatario de Tierra del Fuego dijo, durante una rueda de prensa en enero de 2025 en su provincia, que si bien las PASO “son una instancia política que estuvo bien pensada en su momento”, hoy por hoy “no tienen mucho sentido”. “Estoy a favor de la eliminación. Es verdad que pueden resolver otras cuestiones, pero creo que es oportuno eliminarlas”, agregó.
Por otro lado, el salteño Gustavo Sáenz impulsó y logró la cancelación de las primarias en su provincia. Es una decisión política que podría anticipar su postura en el tratamiento legislativo nacional.
Rojo: los que no
El entramado de mandatarios peronistas no está a favor de la eliminación de las primarias. La misma posición se encuentra en el otro extremo del arco político: el PRO también tiene una opinión desfavorable a la cancelación del mecanismo. En esa misma tesitura se encuentra el radical santafesino Maximiliano Pullaro.
Dentro del conjunto de gobernadores del PJ que sostendrán el “No” están el bonaerense Axel Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La postura es una cuestión de necesidad: tras el fracaso de Unión por la Patria, al panperonismo le urge una interna con reglas claras para dirimir su conducción y su proyecto político.
“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, sostuvo Jaldo.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también está en contra de cancelar las primarias. Esa postura es la que prima en el PRO. En declaraciones recientes, cuestionó la visión economicista que lleva a “simplificar la discusión a cuánto cuesta”. Para él, por el contrario, se trata de ”una buena manera de dirimir de cara a la sociedad”.
“Si a todos los costos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de ‘ni votemos’“, añadió.
En esta misma línea se ubicó el santafesino Pullaro. “Mi opinión es que las PASO son una herramienta válida para que la sociedad elija a los candidatos. Si queremos generar una alternativa al Gobierno nacional y al kirchnerismo, está bueno que haya una herramienta para ordenar”, postuló a fines de marzo.
Intermitente: en silencio
El último grupo de gobernadores lo integran quienes no se han expresado sobre la reciente iniciativa del Ejecutivo nacional.
Uno de ellos es el mendocino Alfredo Cornejo. El referente radical ha tenido hasta ahora una posición favorable a las internas abiertas.
Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se ha mantenido al margen de la discusión. En su entorno consignaron que está esperando una instancia de negociación con el Ejecutivo. La alternativa es sostener la conducta partidaria (pertenece al PRO) o dejarla de lado en pos de beneficios para su territorio.
No se conocen tampoco las posiciones de Carlos Sadir (Jujuy – UCR), Rolando Figueroa (Neuquén – partido provincial), Alberto Weretilneck (Río Negro – partido provincial) y Claudio Vidal (Santa Cruz, partido provincial).
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POLITICA
Causa por los videos de los dólares: la Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido
La Justicia logró abrir el teléfono celular de Jesica Cirio y ya comenzó a analizar su contenido en el marco de la causa en la que la modelo es investigada junto a su exesposo, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que el dispositivo pudo ser desbloqueado y aclararon que recién ahora empezó el estudio de la información almacenada.
El acceso al celular representa una nueva medida de prueba. Entre otros puntos, los investigadores buscan determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor en el que aparecen fajos de dólares y que dio un nuevo impulso al expediente.
El análisis del dispositivo quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que también tiene la tarea de peritar el video para establecer si es auténtico o presenta algún tipo de manipulación. Además, el organismo deberá intentar determinar cuándo fue grabado el material y si fue registrado en la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.
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La investigación procura despejar varias incógnitas. Entre ellas, establecer la fecha de grabación del video, identificar el lugar dónde fue filmado el vestidor y determinar qué cantidad de dinero había en las bolsas herméticas que se observan en las imágenes.
En paralelo con el análisis del celular, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente como en el actual departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de esos procedimientos fue tomar medidas, registrar imágenes y comparar ambos vestidores con el que aparece en el video.
Las primeras observaciones realizadas durante la inspección en el departamento de Cirio arrojaron un dato preliminar. Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que se observa en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión definitiva.
El ambiente inspeccionado en Las Cañitas era el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Sin embargo, esa hipótesis quedó ahora bajo revisión.
Mientras avanzan las pericias, la defensa de Insaurralde pidió que el video no sea utilizado como prueba. Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el exfuncionario sostiene que el material es de “origen ilícito”. Su planteo replica el presentado previamente por Cirio en el expediente.
Los abogados del exintendente argumentaron que el video se originó a partir de un hackeo y del desapoderamiento de los dispositivos personales de Cirio. También sostuvieron que existen sospechas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción, por lo que solicitaron que se aplique la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar su autenticidad.
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La investigación integra el expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En ese expediente, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó ese planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde
POLITICA
Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión “arbitraria” como querellante y acusó al juez de recurir a “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi tomó una decisión “arbitraria”, surgida de un planteo “extemporáneo” de uno de los acusados, el lobista Mauricio Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.
Con el patrocinio de Nicolás Oszust, Romeo sostuvo que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, pero además “ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
En ese sentido, Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en premisas falsas. La primera, la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”, a lo que se sumó que el juez omitió “valorar la maniobra de ‘calidad simulada’” y las maniobras de “insider trading”.
El rol del Presidente
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. Y que incluyó, sostuvo, “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”, precisó.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Romeo sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse ese criterio, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A eso se sumó, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular de dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, que recordó que aportaron actas notariales para sostenerlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
En otro tramo del recurso, Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi también incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta. Ese supuesto ‘pseudoanonimato’ de la red fue levantado y unido inescindiblemente a la identidad humana de Martín Romeo a través de las actas notariales referidas en el agravio anterior, donde una funcionaria pública dio fe de la tenencia y control de las billeteras”, remarcó. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Excma. Cámara de Apelaciones ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme. El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”.
Por ese motivo, Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, además, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
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POLITICA
Senado: habrá sesión el jueves 16 para aprobar la ley de propiedad privada, aunque siguen las dudas por el número
A pesar de que continúan las dudas en varios despachos, los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron este mediodía sesionar el jueves 16 para intentar aprobar la ley de propiedad privada. La iniciativa del Ejecutivo fue dictaminada desde hace semanas, pero ya sufrió modificaciones extra que derivaron en 13 borradores nuevos.
La definición se consumó en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó en sus oficinas la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De hecho, la titular de la Cámara alta advirtió su desacuerdo en el capítulo de venta de tierras a extranjeros que incluye el proyecto que desea la Casa Rosada.
El convite de la semana próxima tendría el aval de un ramillete de pliegos judiciales que interesan a casi todos -ansiedades varias para acelerar esto- y, de ocurrir el milagro, ascensos diplomáticos frenados desde hace largos meses que generaron un problema no menor en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.
Como todavía hay legisladores que toman entre pinzas la convocatoria para sesionar en los próximos días y, para evitar una acusación de “vacaciones anticipadas”, las bancadas se adelantaron y ya dejaron un plan “b”: anunciaron que la idea es regresar al recinto el 6 de agosto.
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