POLITICA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
La fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño del holding Sur Finanzas, la empresa ligada a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta lo solicitado por la fiscal antes del 26 de mayo, fecha en la que el empresario —junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo— será indagado.
La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades. Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usurarios, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.
El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos, investigados en una causa paralela a cargo del juez Federico Villena —hoy en proceso de unificación con la de Armella por orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata—.
En los más de 40 allanamientos ordenados por Armella se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.
La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de sociedades —Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos, con lo que se dificultaba la trazabilidad del dinero.
El vínculo con la AFA y Tapia
La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino. Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.
La relación entre Tapia y Vallejo no es solo institucional: los investigadores la describen como personal. El empresario fue construyendo su influencia dentro del fútbol argentino de la mano del titular de la AFA durante el período que va de 2020 a 2025. Tapia no está imputado en la causa de Armella, pero la acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados procesados, detenidos y luego liberados se acojan a la figura del imputado colaborador —oferta que el juez ya formalizó— mantiene su figura en el horizonte de la investigación.
La jueza federal María Servini también investiga a Sur Finanzas, aunque por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.
El nuevo cargo y su alcance
La resolución del 4 de mayo, que Infobae informó en sus aspectos centrales, contiene un pasaje que no fue difundido: la fiscal sostuvo que el aporte de Vallejo a la maniobra de vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude que ejecutaron los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —es decir, desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio del club—, la fiscal Incardona consideró que Vallejo debería responder como partícipe necesario de la defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal), además de los cargos que ya enfrenta.
La distinción tiene peso procesal: la administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que ese esquema funcionara. Si el juez Armella admite la nueva calificación penal, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una imputación que combina tres figuras penales distintas en concurso real.
La estrategia dilatoria y su costo
Ese escenario se torna más probable a la luz de lo ocurrido el 5 de mayo, cuando el mismo juez rechazó el recurso de reposición que la defensa de Vallejo —a cargo de Pablo Parera— había interpuesto para suspender la audiencia indagatoria. Armella no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.
En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que la defensa pretendía llevar adelante “una apelación encubierta” con el fin de “eludir la inapelabilidad del llamado a indagatoria en particular, y dilatar el proceso en general”. Fue más lejos: impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción procesal que recae directamente sobre la defensa.
Esa condena en costas no es un detalle menor. Implica que el juzgado evaluó que los planteos de la defensa de Vallejo carecieron de sustento jurídico mínimo y que su único efecto práctico fue demorar el avance de la investigación. La fiscal Incardona había señalado en su dictamen que resultaba “contradictorio alegar un agravio irreparable” ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa del imputado, dado que la indagatoria es, por definición, el acto procesal que permite al acusado ingresar su propia versión al expediente.
Ambos elementos —la ampliación de cargos en reserva y la condena en costas con caracterización de obstrucción— se encadenan con la secuencia que Infobae viene documentando desde marzo. El ultimátum judicial del 5 de mayo —nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo bajo apercibimiento de detención inmediata si no se presenta— es la consecuencia directa de esa acumulación de maniobras procesales frustradas.
Cada recurso rechazado con costas estrecha el margen de la defensa para insistir con planteos similares ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ya avaló la postura del juzgado.
El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora. Esa unificación, sumada a la posible ampliación de la imputación por administración fraudulenta, coloca a Vallejo ante una acusación que, de prosperar en su totalidad, lo vincularía penalmente no solo como presunto lavador de activos, sino como parte activa del vaciamiento de la institución deportiva.
La audiencia del 26 de mayo será, en ese marco, la primera oportunidad real para que el empresario —cuya madre Graciela Beatriz Vallejo también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención— tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado.
El Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, defendió la alianza productiva con el gobierno de Lula da Silva y Brasil, en respuesta a las recientes críticas del presidente argentino Javier Milei al mandatario brasileño durante su visita de este sábado para sumarse al lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.
A raíz de los dichos de Milei, el Gobierno de Brasil llamó este domingo a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, una decisión que profundizó la tensión diplomática entre ambos países.
Dirigentes massistas de todo el país advirtieron que estos desencuentros diplomáticos afectan directamente el empleo, la producción y a miles de PyMEs argentinas vinculadas al principal socio comercial de la Argentina.
Desde el massismo se remarcó que “el respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor, es un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos”. La postura de los dirigentes del massismo fue en favor de preservar una relación bilateral basada en el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción y el empleo.
El bloque massista en la Cámara de Diputados advirtió que la confrontación política con Brasil tiene un impacto directo sobre la economía argentina. Legisladores nacionales como Sabrina Selva recordaron que “detrás del vínculo bilateral hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial”.
Por su parte, Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, sostuvo: “Un presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial”.
En palabras de Giuliano, “cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores”. La diputada Cecilia Moreau calificó como “inaceptables” los agravios y subrayó que “jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario”.
La reciente escalada verbal del presidente Milei contra Lula da Silva ha sido señalada por referentes del Frente Renovador como un factor que pone en riesgo la relación comercial más relevante para la industria y el empleo argentino. La tensión entre ambos gobiernos se da en un contexto de fuerte deterioro del entramado productivo nacional y destrucción de empleo formal, profundizando la preocupación sobre el futuro de miles de empresas y trabajadores.
Referentes nacionales y provinciales del massismo coincidieron en que la salida para la Argentina debe ser la integración regional y el trabajo conjunto con Brasil. La diputada Jimena López subrayó que “la unidad también se construye mirando a la región” y que el país necesita “integración, inclusión y futuro”. Ramiro Gutiérrez sostuvo que “los líderes siempre hermanan a sus pueblos” y que la solidez regional depende del diálogo y el respeto.
En la provincia de Buenos Aires, el senador Marcos Pisano defendió “un modelo de desarrollo que incluya a todos, no sólo a los amigos del poder”, mientras que la legisladora Ayelén Rasquetti reivindicó la historia compartida y la necesidad de “diálogo, trabajo conjunto y solidaridad”. La diputada Sofía Vannelli advirtió que “un país que crece para pocos, no sirve”, y resaltó el ejemplo de conducción de Sergio Massa y Lula en materia de integración regional.
El ministro bonaerense Martín Marinucci declaró que “la integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades”. Marcela Passo, subsecretaria provincial, lamentó que “la agenda de odio que impulsa el actual gobierno argentino se haya puesto por encima de esos ideales”.
Legisladores massistas de diversas provincias se sumaron al reclamo. Vanesa Abril (Chubut) destacó que “Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo y la unidad regional”. Sara Aparicio (Corrientes) reclamó una política exterior orientada al desarrollo y la producción, y Germán Braillard subrayó la importancia de la cooperación diaria entre provincias argentinas y brasileñas. Gabriela Lizana (Mendoza) advirtió que “los agravios nunca fortalecen a un país” y que millones de puestos de trabajo dependen de una relación madura con Brasil.
El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, afirmó: “Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país”.
El espacio liderado por Sergio Massa advirtió que las palabras contra Lula no son solo un problema de forma, sino “un ataque a los intereses económicos de millones de argentinos que ya sufren la pérdida de empleo formal y el retroceso del aparato productivo”.
En ese sentido, los dirigentes ratificaron el liderazgo de Massa y su propuesta de construir una Argentina con más diálogo, cooperación y crecimiento con inclusión social.
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El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los insultos y descalificaciones que el presidente Javier Milei profirió contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.
El llamado a consultas es una medida de conflicto intermedia en la diplomacia internacional que evidencia una fuerte tensión bilateral. Mediante este recurso, un gobierno exige el regreso temporal de su embajador para evaluar una situación crítica o preocupante junto a las autoridades de la Cancillería.
El gesto busca manifestar un profundo descontento, revisar la estrategia geopolítica o presionar al Estado receptor sin llegar al extremo de romper relaciones diplomáticas. Se trata de un mecanismo protocolar que subraya la fragilidad del vínculo tras un incidente específico.
Durante un discurso de unos 25 minutos en San Pablo, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño. Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”.
En la reciente crisis diplomática entre España y Argentina, el llamado a consultas funcionó como una herramienta de presión de Madrid hacia la Casa Rosada para exigir disculpas públicas a Javier Milei por sus declaraciones contra la esposa de Pedro Sánchez. Aunque el mandatario argentino se negó, España designó posteriormente a un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde, lo que ayudó a desactivar la tensión bilateral.
Tensión bilateral
Desde el entorno del mandatario de Brasil y el propio Partido de los Trabajadores calificaron la diatriba de Milei como “inadmisible” y sentenciaron que el libertario “no está a la altura de su cargo”.
La relación entre Javier Milei y Lula da Silva está plagada de fuertes rispideces discursivas, desplantes y frialdad protocolar desde antes de que el libertario asumiera la presidencia del país. Durante su campaña presidencial en 2023, Milei apuntó repetidamente contra Lula da Silva, tildándolo públicamente de “comunista” y “corrupto”.
En junio de 2024, Lula da Silva dijo que Milei le debía una disculpa tanto a él como al pueblo de Brasil por decir “bobadas” sobre su gestión. El gobierno libertarios se negó y en julio de 2024 el mandatario argentino decidió bajarse de la Cumbre del Mercosur en Asunción para asistir una conferencia conservadora junto a Jair Bolsonaro en esa misma fecha en Camboriú (Brasil).
Cuatros meses después, ambos presidentes coincidieron en la Cumbre del G20 en Río de Janeiro. El frío y rígido saludo protocolar de bienvenida propiciado por Lula evidenció una vez más el vínculo conflictivo.
Durante la Cumbre del Mercosur de julio de 2025 celebrada en Buenos Aires, Milei y Lula expusieron visiones antagónicas de la economía regional. Mientras Milei apuntó contra el funcionamiento del bloque y amenazó con que Argentina avanzaría sola hacia el libre mercado, Lula defendió la unión aduanera. Aunque el saludo inicial fue frío, el encuentro terminó con un abrazo protocolar en el momento del traspaso de la presidencia pro tempore del bloque hacia el mandatario brasileño.
A finales de 2025, Milei y Lula cruzaron sus posicionamientos por la crisis en Venezuela. El argentino respaldó la política de máxima presión y sanciones de Estados Unidos, en tanto Lula rechazó intervenciones externas y se posicionó como mediador.
La distancia geopolítica entre respecto a la situación del país caribeño se profundizó drásticamente a comienzos de 2026 debido a la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas norteamericanas.
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POLITICA
El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Javier Milei sobre Lula
El Gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, después de que Javier Milei criticara en San Pablo a Lula da Silva durante un acto partidario, una decisión que profundizó la tensión diplomática entre ambos países.
Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, la medida la adoptó el canciller brasileño Mauro Vieira y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires. Bitelli viajará a su país en las próximas horas.
Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, a pesar de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.
El conflicto se produjo un día después de que el mandatario argentino participara en la convención del Partido Liberal en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En ese acto, Milei llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.
El Presidente respaldó a Flávio Bolsonaro como postulante del principal espacio opositor al actual jefe de Estado brasileño. Durante un discurso de unos 25 minutos, planteó que Brasil enfrentaba un “Riesgo Lula” y afirmó que el país iba hacia una crisis de deuda porque, a su juicio, el mandatario brasileño no hizo el ajuste fiscal necesario.
En el gobierno de Lula interpretaron la intervención de Milei en la campaña brasileña como una injerencia en asuntos internos. La reacción se agravó porque los ataques personales ocurrieron en territorio brasileño y estuvieron dirigidos tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudió los agravios contra De Moraes. También hubo críticas de integrantes del gabinete de Lula y de dirigentes del Partido de los Trabajadores.
Edinho Silva, presidente nacional del PT, cuestionó el tono del discurso de Milei y escribió que “es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos”. José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, sumó otra crítica al sostener en X que esperaba que el argentino aprovechara su paso por Brasil para “aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.
La visita fue la tercera de Milei a Brasil desde que asumió la Presidencia y no incluyó contacto con el gobierno de Lula. Su agenda volvió a concentrarse exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo.
La visita de Milei a Brasil y su agenda política en San Pablo
El acto en San Pablo formó parte del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal, que competirá contra Lula en los comicios de octubre. Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.
Antes de la convención, el mandatario argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. Allí recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la principal distinción que entrega el estado paulista.
El viaje se desarrolló en un momento adverso para el candidato apoyado por Milei. Una encuesta de Genial/Quaest indicó que 55% de los votantes cree que Lula será reelegido, contra 25% que apuesta por una victoria de Flávio Bolsonaro.
Otro sondeo de AtlasIntel/Bloomberg publicado el 1 de julio ubicó a Lula con 48,8% frente a 42,3% de Flávio Bolsonaro en escenarios de segunda vuelta. Entre los independientes, la distancia también aparecía amplia: 52% veía ganador al actual presidente y 14% al senador.
La tensión escaló además por la defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro, a quien definió como un “amigo injustamente encarcelado”. El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra Lula.
En la cancillería brasileña compararon el episodio con otros momentos de fricción exterior protagonizados por Milei, aunque remarcaron la gravedad singular de esta secuencia. Lula, según las versiones recogidas, mantuvo hasta ahora un trato respetuoso hacia el mandatario argentino, pese a su distancia política y personal.
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