La fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño del holding Sur Finanzas, la empresa ligada a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta lo solicitado por la fiscal antes del 26 de mayo, fecha en la que el empresario —junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo— será indagado.

La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades. Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usurarios, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.

El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos, investigados en una causa paralela a cargo del juez Federico Villena —hoy en proceso de unificación con la de Armella por orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata—.

En los más de 40 allanamientos ordenados por Armella se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de sociedades —Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos, con lo que se dificultaba la trazabilidad del dinero.

El vínculo con la AFA y Tapia

La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino. Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.

La relación entre Tapia y Vallejo no es solo institucional: los investigadores la describen como personal. El empresario fue construyendo su influencia dentro del fútbol argentino de la mano del titular de la AFA durante el período que va de 2020 a 2025. Tapia no está imputado en la causa de Armella, pero la acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados procesados, detenidos y luego liberados se acojan a la figura del imputado colaborador —oferta que el juez ya formalizó— mantiene su figura en el horizonte de la investigación.

La jueza federal María Servini también investiga a Sur Finanzas, aunque por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

El nuevo cargo y su alcance

La resolución del 4 de mayo, que Infobae informó en sus aspectos centrales, contiene un pasaje que no fue difundido: la fiscal sostuvo que el aporte de Vallejo a la maniobra de vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude que ejecutaron los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —es decir, desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio del club—, la fiscal Incardona consideró que Vallejo debería responder como partícipe necesario de la defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal), además de los cargos que ya enfrenta.

La distinción tiene peso procesal: la administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que ese esquema funcionara. Si el juez Armella admite la nueva calificación penal, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una imputación que combina tres figuras penales distintas en concurso real.

La estrategia dilatoria y su costo

Ese escenario se torna más probable a la luz de lo ocurrido el 5 de mayo, cuando el mismo juez rechazó el recurso de reposición que la defensa de Vallejo —a cargo de Pablo Parera— había interpuesto para suspender la audiencia indagatoria. Armella no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que la defensa pretendía llevar adelante “una apelación encubierta” con el fin de “eludir la inapelabilidad del llamado a indagatoria en particular, y dilatar el proceso en general”. Fue más lejos: impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción procesal que recae directamente sobre la defensa.

Esa condena en costas no es un detalle menor. Implica que el juzgado evaluó que los planteos de la defensa de Vallejo carecieron de sustento jurídico mínimo y que su único efecto práctico fue demorar el avance de la investigación. La fiscal Incardona había señalado en su dictamen que resultaba “contradictorio alegar un agravio irreparable” ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa del imputado, dado que la indagatoria es, por definición, el acto procesal que permite al acusado ingresar su propia versión al expediente.

Ambos elementos —la ampliación de cargos en reserva y la condena en costas con caracterización de obstrucción— se encadenan con la secuencia que Infobae viene documentando desde marzo. El ultimátum judicial del 5 de mayo —nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo bajo apercibimiento de detención inmediata si no se presenta— es la consecuencia directa de esa acumulación de maniobras procesales frustradas.

Cada recurso rechazado con costas estrecha el margen de la defensa para insistir con planteos similares ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ya avaló la postura del juzgado.

El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora. Esa unificación, sumada a la posible ampliación de la imputación por administración fraudulenta, coloca a Vallejo ante una acusación que, de prosperar en su totalidad, lo vincularía penalmente no solo como presunto lavador de activos, sino como parte activa del vaciamiento de la institución deportiva.

La audiencia del 26 de mayo será, en ese marco, la primera oportunidad real para que el empresario —cuya madre Graciela Beatriz Vallejo también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención— tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado.