POLITICA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
La fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño del holding Sur Finanzas, la empresa ligada a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta lo solicitado por la fiscal antes del 26 de mayo, fecha en la que el empresario —junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo— será indagado.
La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades. Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usurarios, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.
El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos, investigados en una causa paralela a cargo del juez Federico Villena —hoy en proceso de unificación con la de Armella por orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata—.
En los más de 40 allanamientos ordenados por Armella se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.
La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de sociedades —Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos, con lo que se dificultaba la trazabilidad del dinero.
El vínculo con la AFA y Tapia
La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino. Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.
La relación entre Tapia y Vallejo no es solo institucional: los investigadores la describen como personal. El empresario fue construyendo su influencia dentro del fútbol argentino de la mano del titular de la AFA durante el período que va de 2020 a 2025. Tapia no está imputado en la causa de Armella, pero la acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados procesados, detenidos y luego liberados se acojan a la figura del imputado colaborador —oferta que el juez ya formalizó— mantiene su figura en el horizonte de la investigación.
La jueza federal María Servini también investiga a Sur Finanzas, aunque por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.
El nuevo cargo y su alcance
La resolución del 4 de mayo, que Infobae informó en sus aspectos centrales, contiene un pasaje que no fue difundido: la fiscal sostuvo que el aporte de Vallejo a la maniobra de vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude que ejecutaron los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —es decir, desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio del club—, la fiscal Incardona consideró que Vallejo debería responder como partícipe necesario de la defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal), además de los cargos que ya enfrenta.
La distinción tiene peso procesal: la administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que ese esquema funcionara. Si el juez Armella admite la nueva calificación penal, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una imputación que combina tres figuras penales distintas en concurso real.
La estrategia dilatoria y su costo
Ese escenario se torna más probable a la luz de lo ocurrido el 5 de mayo, cuando el mismo juez rechazó el recurso de reposición que la defensa de Vallejo —a cargo de Pablo Parera— había interpuesto para suspender la audiencia indagatoria. Armella no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.
En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que la defensa pretendía llevar adelante “una apelación encubierta” con el fin de “eludir la inapelabilidad del llamado a indagatoria en particular, y dilatar el proceso en general”. Fue más lejos: impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción procesal que recae directamente sobre la defensa.
Esa condena en costas no es un detalle menor. Implica que el juzgado evaluó que los planteos de la defensa de Vallejo carecieron de sustento jurídico mínimo y que su único efecto práctico fue demorar el avance de la investigación. La fiscal Incardona había señalado en su dictamen que resultaba “contradictorio alegar un agravio irreparable” ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa del imputado, dado que la indagatoria es, por definición, el acto procesal que permite al acusado ingresar su propia versión al expediente.
Ambos elementos —la ampliación de cargos en reserva y la condena en costas con caracterización de obstrucción— se encadenan con la secuencia que Infobae viene documentando desde marzo. El ultimátum judicial del 5 de mayo —nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo bajo apercibimiento de detención inmediata si no se presenta— es la consecuencia directa de esa acumulación de maniobras procesales frustradas.
Cada recurso rechazado con costas estrecha el margen de la defensa para insistir con planteos similares ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ya avaló la postura del juzgado.
El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora. Esa unificación, sumada a la posible ampliación de la imputación por administración fraudulenta, coloca a Vallejo ante una acusación que, de prosperar en su totalidad, lo vincularía penalmente no solo como presunto lavador de activos, sino como parte activa del vaciamiento de la institución deportiva.
La audiencia del 26 de mayo será, en ese marco, la primera oportunidad real para que el empresario —cuya madre Graciela Beatriz Vallejo también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención— tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado.
El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, tras los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.
Según pudo saber , la decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La medida ya fue comunicada oficialmente a la representación diplomática en la Argentina.
La decisión del gobierno de Lula se produce un día después de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL), en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Fue la tercera visita del mandatario argentino a Brasil desde que asumió la Presidencia y, una vez más, no incluyó ningún contacto con el gobierno brasileño. La agenda estuvo centrada exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo.
Durante un discurso de unos 25 minutos, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño. Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”. También acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor de Sergio Massa y cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro.
El acto volvió a agrietar un vínculo ya deteriorado entre ambos mandatarios. Desde que asumió la Presidencia, Milei mantuvo reiterados cruces con Lula y evitó establecer contactos institucionales con el gobierno brasileño, privilegiando su relación política con el bolsonarismo.
Reacciones
La alocución le valió varias respuestas del entorno de Da Silva. El primero en salir al cruce fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, en un comunicado difundido horas después del acto en el estadio Pacaembú.
Luego fue el turno de José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil. En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social “X”, Guimarães cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza. Con un tono irónico, dijo que esperaba que Milei aproveche “su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.
“Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia”, señaló Guimarães.
los insultos que el presidente Javier Milei,Conforme a
POLITICA
“Un desafío grande”: el dato que mira el Gobierno para las próximas elecciones y que podría capitalizar el peronismo
El esquema de elecciones nacionales cada dos años trae algunas dificultades para los oficialismos. Cuando en la Casa Rosada recién terminaban de bajar la guardia tras los comicios legislativos del año pasado para discutir las reformas libertarias, las presidenciales del año próximo ya asoman de manera inevitable y se cuelan en la discusión pública. No son inminentes, pero el solo hecho de su acercamiento ya configura un condicionante en sí mismo. No hay tiempo para el descanso.
Javier Milei quiere la suspensión de las PASO por un sinfín de razones. Pero hay dos motivos que son funcionales a su estrategia económico-política: patea la incertidumbre electoral unos meses para adelante y elimina la ventana que se genera entre las primarias y la primera vuelta, la cual estuvo marcada por fuerte inestabilidad en comicios como los de 2019 y 2023.
El nivel del riesgo país evidencia que el mercado, por ahora, descuenta que no existe una oposición lo suficientemente competitiva como para confrontar seriamente contra el Presidente. Esta semana se vio una leve suba hacia los 440 puntos básicos, pero esa variación se explica más por el deterioro del contexto internacional que por motivos internos.
Muy cerca de Milei tratan de enfatizar que lo primero que pretenden construir es un frente sólido desde el punto de vista macroeconómico: “A partir de ahí es que tenemos que reforzar lo político. Si no existe la primera, no vamos a tener la segunda. Es una condición sine qua non”.
El equipo económico que comanda Luis Caputo parece haber querido dar todas las señales posibles de que el programa financiero tiene cubiertos todos sus compromisos para los vencimientos del año próximo, lo cual configura una señal política en sí misma: no tenerlos podría implicar inestabilidad y, con ello, menores condiciones para lograr una percepción positiva del electorado sobre la situación económica.
Pero al interior de la Casa Rosada afirman que todavía no está resuelto otro frente: el político. Es una esfera que comenzará a ganar mayor preponderancia con el paso de los meses. “Estamos ganando la discusión de la macro, la inflación y la estabilidad; no hay dudas de eso. No así la de la microeconomía. Ahí estamos corriendo de atrás”, confirma un importantísimo miembro del Gobierno.
En el equipo económico se esmeran en decir que no existe algo así como “la micro”. Dicen que la sumatoria de micros configura la macro. Y que esta última está bien.
Pero los responsables de la estrategia política de la Presidencia hacen otra lectura. “Esa discusión no la estamos pudiendo ganar por el siguiente motivo: los sectores que realmente están creciendo y los que están empujando la reactivación son todos los sectores que no tienen que ver con ‘la calle’ y las grandes urbes”.
Se trata de una referencia al funcionamiento del modelo macroeconómico del Gobierno. La consultora financiera más leída en el círculo rojo, 1816, dedicó su briefing semanal a esta cuestión. “Muestra una clara recuperación en forma de K: hay sectores que vuelan y sectores a los que todavía les cuesta traccionar. La actividad agropecuaria y el sector energético crecieron 15% y 27% desde nov-23, respectivamente, la industria, la construcción y el comercio todavía están con niveles inferiores a los del último mes de la era de Alberto Fernández”.
El asunto es que los sectores perjudicados son habituales en los conurbanos más poblados del país: el AMBA, el de Córdoba y el de Santa Fe. “Son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil (el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes consecutivo) y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote que habían experimentado en abril“, afirman.
La pregunta que se hacen quienes miran el clima político es cómo será ese proceso de absorción de la mano de obra que queda desocupada. “Ese es un desafío grande, y la única forma de superar eso es que esté fragmentada la alternativa peronista”, dicen.
Es una novedad significativa: hay quienes al interior de la Casa Rosada ponen parte de la responsabilidad en lo que haga el peronismo. No es que las chances de Axel Kicillof o cualquier candidato de ese espacio se reducen a cero, como afirmó Luis Caputo.
La apuesta principal del Gobierno parece ser el sector de la construcción: primero por el esquema de concesiones y otro por la voluntad de recuperar el crédito hipotecario. El Gobierno cedió finalmente el control de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, potente en el ámbito agro pero con variaciones negativas en términos de puestos de trabajo. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que la cantidad de empleadores se redujo de 50.674 a 47.758 establecimientos. En tanto, se redujeron 15.930 puestos de trabajo.
El acto en donde se hizo el anuncio fue llamativamente amplio. El gobernador Maximiliano Pullaro fue recibido por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. No fue menor que en ese acto estuviera la presidenta provincial de La Libertad Avanza, Romina Diez. Su presencia se entiende porque invitaron a los diputados nacionales de ambas fuerzas, pero el Poder Legislativo no tiene injerencia en asuntos de este estilo: algunos de los que participaron no terminaron de decodificar si fue una marcada de cancha o una demostración de que ambas fuerzas pueden coexistir en un mismo ámbito. Lo cierto es que el Gobierno está encontrando en Pullaro un aliado cada vez más frecuente: no descartan un pacto de no agresión.
Si esta semana que pasó tuvo una foto de la armadora libertaria con el gobernador de su provincia (Santa Fe), en estos días que vendrán se hará una postal para comunicar enfáticamente que no hay un pacto con el cordobés Martín Llaryora. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en su despacho el martes a las 16 a los referentes cordobeses de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso, Gabriel Bornoroni (Diputados) y Luis Juez (Senado). “Será para hablar de temas de la provincia”, confirmaron, aunque el motivo definitivo está en la foto que se difundirá después.
De vuelta a las apuestas económicas del Gobierno, fuentes de diálogo directo con el Presidente están preocupados por los niveles de mora de los hogares. Cifras del Banco Central (BCRA) muestran que ascendió 12,8% durante mayo y que se consolida como la marca más elevada de los últimos 20 años. De ese segmento, preocupa que la irregularidad de los deudores de 18 a 25 años supere el 40%. Porque es un público donde predomina el votante libertario y que, además, es el más codiciado por los bancos.
“Estamos tratando de que los bancos se propongan rescatar a ese público y, especialmente, los que están en Situación 3 o 4. Si se caen del sistema no los recuperás más y son los que, por ejemplo, más deberían estar dispuestos a pedir un crédito”, dijo una fuente de altísimo rango del Gobierno que coordina este tipo de políticas.
Es algo que preocupa sobremanera a diferente tipo de entidades. El Banco Nación (BNA) es el que lidera estas políticas, ofreciendo que clientes de la entidad y de otros bancos puedan consolidar sus deudas, incluidas de las billeteras virtuales. Medidas con un espíritu similar están realizándose desde los bancos de la Ciudad, Córdoba, Provincia y Santa Fe.
Quienes conversan con Milei y tienen fuerte incidencia en la política económica afirman: “Todavía no entendemos por qué los bancos privados no nos ayudan del todo. Tienen que empezar a trabajar como bancos y prestar plata como con los créditos hipotecarios. Si apuntan al público joven con tasas competitivas se van a quedar con un cliente por 20 o 30 años”.
En ese esfuerzo se encuadran diferentes acciones de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda para vender previsibilidad. Es una tarea compleja porque depende de crear un marco de reglas claras hacia las empresas, sobre las cuales el Gobierno pone el peso de generar la reactivación del consumo a través de que exporten o inviertan más. “Nosotros desregulamos, simplificamos, desburocratizamos y abrimos la economía; pero ellos necesitan ser los que den el siguiente paso”, indican en un despacho de la Casa Rosada. Es un pedido que implícitamente también hace el ministro de Economía al enviar al Congreso el segundo proyecto de Inocencia Fiscal, que busca volcar al sistema al menos una parte de los USD 170.000 millones que estiman que están “en el colchón”.
Todo este entuerto es el motivo por el cual hubo una fuerte rabia cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, cometió el furcio de dejar a libre interpretación que el tipo de cambio podía irse a $1800 en cuestión de meses. En rigor, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el BCRA deja la posibilidad de que exista esa cifra para dentro de un año. El techo de la banda está arriba de esa cifra, por lo que existe margen.
Como pocas veces en el último tiempo, la lectura de que se había cometido un furcio grave fue unánime en las alas del Gobierno: significa decir que el dólar tiene margen de crecer cerca de 20% “en los próximos meses”.
“Quienes entendemos del tema sabemos qué quiso decir. Pero nosotros no somos todos. Le estás diciendo al ahorrista que si quiere meter un plazo fijo con los dólares que tiene, tal vez, no le conviene. Es increíble”, se sinceró un importante miembro de la mesa política. Dos integrantes de ese mismo grupo también opinaron, pero el nivel de sus expresiones no son reproducibles para este artículo.
Aunque los modos son diametralmente mejores que los de Manuel Adorni, el perfil bajo y su tono más monocorde hace que sus conferencias no logren instalar temas en agenda. Ravier acusó esta semana al periodismo de haberlo malinterpretado cuando sugirió que Argentina es un “país bananero” (dijo que usó el tiempo condicional cuando, en rigor, no lo utilizó), pero al interior del Gobierno describen que los furcios que viene teniendo son repetidos.
“Se degradó mucho la figura del Vocero Presidencial. En un país normal, con un vocero serio, estas declaraciones serían un verdadero escándalo”, afirmaron desde una área de la comunicación, aunque en todos los despachos más importantes de la Casa Rosada reconocieron que se agarraron la cabeza al ver el clip del dólar viralizado en redes.
La comunicación está en debate no solo en los despachos, sino entre todas las facciones del Gobierno. Temas de similar naturaleza se hablaron en la reunión de mesa política que se hizo la semana pasada. “Los periodistas escriben sobre las internas, pero alguien se lo dice, no es que lo inventan de la nada. Hay que bajar un cambio”, dijo una de sus principales figuras a sus compañeros. Muchos seguían riéndose días después: “Las dos personas que pidieron que dejemos de operarnos entre nosotros son, paradójicamente, quienes más hablan con los periodistas”.
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POLITICA
El techo de cristal: la cantidad de mujeres en puestos jerárquicos de la Administración Pública Nacional cayó de 39% al 22% en cuatro años
El 78% de los cargos en ministerios, secretarías y subsecretarías están ocupados por varones y solo el 22% por mujeres, lo que implica que 8 de cada 10 puestos de alto rango en la Administración Pública Central (APN) están ocupados por hombres. Solo 2 ministerios y el 15% de las secretarías políticas de la estructura estatal centralizada tienen a mujeres en puestos jerárquicos en la actual gestión de Javier Milei.
Así surge de un relevamiento realizado por Infobae de la información publicada en el Mapa del Estado que abarca 194 cargos públicos jerárquicos de Jefatura de Gabinete, 9 ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías, todos organismos que dependen directamente de la Presidencia de la Nación. No se contabilizan los cargos de presidente ni de vicepresidente.
De los 177 puestos cubiertos en abril pasado, 138 corresponden a hombres y solo 39 a mujeres. Todas son designaciones políticas, o sea no son ocupados por empleados de carrera. Otros 17 puestos permanecían vacantes.
Los datos analizados por este medio muestran que la brecha entre hombres y mujeres en la estructura estatal centralizada ha empeorado en los últimos cuatro años.
En octubre de 2022, el 61% de 291 cargos estaba ocupado por hombres y el 39% por mujeres. Al año siguiente, la situación se mantuvo relativamente estable, con 295 cargos, de los cuales el 63% eran ocupados por varones y el 37% por mujeres, según la comparación de las distintas plantas realizada por Infobae.
El “techo de cristal”
La participación femenina en los puestos de mayor rango de la APN es minoritaria en la totalidad de las jurisdicciones, de acuerdo a la Base Integrada de Mapa del Estado con datos actualizados al 30 de abril pasado.
Las mujeres encabezan solo 2 de los 10 ministerios (contabilizando la Jefatura de Gabinete): Sandra Pettovello en Capital Humano y Alejandra Monteoliva en Seguridad. El 80% de los restantes están ocupados por hombres.
La menor proporción de mujeres en cargos de mayor responsabilidad en contraste con el dominio de los hombres en puestos con capacidad real de decisión es conocida como el “techo de cristal”. Se refiere a la barrera invisible que frena el ascenso de las mujeres a puestos altos de decisión, a pesar de que puede haber paridad en los cargos bajos. Revela que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a los niveles más altos de la administración y por ende, alcanzar mejores sueldos.
“Sabemos por el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial que de las cuatro dimensiones que mide el índice de paridad, la política es la más rezagada y difícil de cerrar: a nivel global, apenas se cerró un 22,5% de esa brecha en 2024. Por eso son cruciales las acciones estatales efectivas para acelerar la ruptura del techo de cristal», le dijo Ana Castellani, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, a Infobae.
La gestión de Milei reestructuró el Gabinete, redujo la cantidad de organismos y una de sus primeras decisiones fue disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Primero, el área perdió jerarquía y pasó a depender de la cartera de Justicia y, finalmente, su cierre definitivo se concretó en junio de 2024.
En octubre de 2022, los ministerios eran 19 y las mujeres encabezaban 4 carteras (21%): Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), Trabajo (Raquel Olmos), Salud (Carla Vizzotti) y el Ministerio de las Mujeres, cuya primera titular fue Elizabeth Gómez Alcorta, reemplazada en octubre de ese año por Ayelén Mazzina. La participación femenina se mantuvo en valores similares al año siguiente, último del Frente de Todos.
“Los incrementos de participación durante el gobierno anterior se dieron en el marco de una instrucción presidencial que exigía paridad en los cargos directivos de la Administración Pública”, señaló Castellani, autora del paper “Desigualdad de género en la Administración Pública. Análisis del caso argentino entre 2009 y 2023″, publicado en la revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
“La gestión de Milei desconoce por completo el problema de las brechas de género en cualquiera de sus dimensiones y por eso desmanteló ese entramado normativo generando un retroceso en la participación femenina en cargos de dirección pública”, agregó esta investigadora que estuvo al frente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación en la administración anterior.
El análisis por ministerios
Actualmente, el caso más extremo de nula participación femenina en la gestión actual es el Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, donde ninguno de los cargos está ocupado por una mujer.
A esta cartera le siguen el Ministerio de Seguridad Nacional con apenas una mujer entre 13 cargos (8%) – la ministra Monteoliva-, y el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, con una sola mujer de ocho posiciones jerárquicas (13%).
En el resto de las carteras, la presencia femenina tampoco superó una de cada cuatro posiciones. En el Ministerio de Economía, las mujeres ocupan el 16% de los cargos jerárquicos (7 de 45); en Interior, el 20% (2 de 10 puestos de alto rango); y en la Cancillería, el 22% (2 de 9).
Por su parte, los Ministerios de Salud y el de Desregulación y Transformación del Estado tienen un 25% de presencia femenina en cargos jerárquicos: 4 de 16, y 2 de 8 puestos de alto rango, respectivamente.
Las mayores proporciones de mujeres se concentran en tres organismos, aunque sin alcanzar la paridad. El Ministerio de Capital Humano encabeza el listado con un 37% de representación femenina (7 de 19 cargos).
Le sigue Presidencia de la Nación, con 6 mujeres en 19 puestos jerárquicos ocupados, el 32%. Incluye a la Secretaría General, cuya titular es Karina Milei, y bajo cuya órbita está la subsecretaria de Planificación, María Belén Agudiez; la secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal; la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, María Paula Taddei Farfán; la subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Varela; la subsecretaria de Gestión y Desarrollo Cultural, Florencia Iannello
El mismo porcentaje de representación femenina – 32% – se repite en la Jefatura de Gabinete, con 7 mujeres de los 22 puestos de alto rango.
En comparación con la gestión anterior, la mayor reducción de las designaciones políticas de mujeres en puestos de jerarquía se registra en las secretarías y subsecretarías. En el primer caso, la proporción femenina pasó de 37% en 2022 al 15% en 2026. En tanto, en las subsecretarías descendió del 42% al 25% este año, mientras que los hombres pasaron a concentrar tres de cada cuatro cargos de alto rango (75%).
En lo concerniente a la edad de los funcionarios que ocupan puestos jerárquicos, el promedio es de 51 años, existiendo una dispersión de 8 años de edad entre ministros (58 años) y subsecretarios (50 años). La variable etaria no está discriminada por género.
El universo de la APN
Infobae analizó también el Directorio del Estado, donde figura el listado de todas las personas que trabajan o prestan servicios para la APN, incluyendo la administración central (como los ministerios y las Fuerzas Armadas); la descentralizada, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y otros entes como el PAMI y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El registro contiene 358.974 nombres y discrimina quienes son planta permanente, transitoria, contratados y bajo locación de servicios. De este total, el 61% de agentes son varones y el 39% mujeres.
De ese universo de datos se desprende que en solo 8 organismos de un total de 87 la relación se invierte.
Aquellos que muestran una participación de mujeres mayor del 60 % son la Comisión Nacional Antidopaje (75%); el Banco Nacional de Datos Genéticos (73%); el Instituto Nacional del Teatro (67%); la Comisión Nacional de Valores; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, estas tres últimas con el 64% de participación femenina. Le siguen la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y el Ministerio de Salud, con 63%.
Por otro lado, la mayoría de varones se da en la Prefectura Naval Argentina, donde representan el 80%; la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería Nacional, la Administración Nacional de Aviación y el Estado Mayor del Ejército, todos con el 74% de hombres; y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa con el 70% de integrantes del género masculino.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
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