POLITICA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
La fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, un cargo que se sumaría al de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el dueño del holding Sur Finanzas, la empresa ligada a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta lo solicitado por la fiscal antes del 26 de mayo, fecha en la que el empresario —junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo— será indagado.
La causa que tramita ante ese juzgado se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura ilegal para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones usurarias y luego reciclar las ganancias obtenidas a través de un entramado de sociedades. Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, la firma de contratos de mutuo con intereses que la fiscalía califica de usurarios, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y la celebración de contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita.
El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos, investigados en una causa paralela a cargo del juez Federico Villena —hoy en proceso de unificación con la de Armella por orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata—.
En los más de 40 allanamientos ordenados por Armella se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.
La acusación sostiene que el circuito de lavado se completaba mediante una red de sociedades —Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L.— que permitía mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos, con lo que se dificultaba la trazabilidad del dinero.
El vínculo con la AFA y Tapia
La figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en la causa como el nexo que le abrió a Vallejo las puertas del fútbol argentino. Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La investigación estableció que la propia AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir esas necesidades, y que la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes.
La relación entre Tapia y Vallejo no es solo institucional: los investigadores la describen como personal. El empresario fue construyendo su influencia dentro del fútbol argentino de la mano del titular de la AFA durante el período que va de 2020 a 2025. Tapia no está imputado en la causa de Armella, pero la acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados procesados, detenidos y luego liberados se acojan a la figura del imputado colaborador —oferta que el juez ya formalizó— mantiene su figura en el horizonte de la investigación.
La jueza federal María Servini también investiga a Sur Finanzas, aunque por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.
El nuevo cargo y su alcance
La resolución del 4 de mayo, que Infobae informó en sus aspectos centrales, contiene un pasaje que no fue difundido: la fiscal sostuvo que el aporte de Vallejo a la maniobra de vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude que ejecutaron los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —es decir, desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio del club—, la fiscal Incardona consideró que Vallejo debería responder como partícipe necesario de la defraudación por administración fraudulenta (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal), además de los cargos que ya enfrenta.
La distinción tiene peso procesal: la administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que ese esquema funcionara. Si el juez Armella admite la nueva calificación penal, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una imputación que combina tres figuras penales distintas en concurso real.
La estrategia dilatoria y su costo
Ese escenario se torna más probable a la luz de lo ocurrido el 5 de mayo, cuando el mismo juez rechazó el recurso de reposición que la defensa de Vallejo —a cargo de Pablo Parera— había interpuesto para suspender la audiencia indagatoria. Armella no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.
En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado sostuvo que la defensa pretendía llevar adelante “una apelación encubierta” con el fin de “eludir la inapelabilidad del llamado a indagatoria en particular, y dilatar el proceso en general”. Fue más lejos: impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción procesal que recae directamente sobre la defensa.
Esa condena en costas no es un detalle menor. Implica que el juzgado evaluó que los planteos de la defensa de Vallejo carecieron de sustento jurídico mínimo y que su único efecto práctico fue demorar el avance de la investigación. La fiscal Incardona había señalado en su dictamen que resultaba “contradictorio alegar un agravio irreparable” ante una convocatoria diseñada para garantizar el derecho de defensa del imputado, dado que la indagatoria es, por definición, el acto procesal que permite al acusado ingresar su propia versión al expediente.
Ambos elementos —la ampliación de cargos en reserva y la condena en costas con caracterización de obstrucción— se encadenan con la secuencia que Infobae viene documentando desde marzo. El ultimátum judicial del 5 de mayo —nueva fecha de indagatoria para el 26 de mayo bajo apercibimiento de detención inmediata si no se presenta— es la consecuencia directa de esa acumulación de maniobras procesales frustradas.
Cada recurso rechazado con costas estrecha el margen de la defensa para insistir con planteos similares ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ya avaló la postura del juzgado.
El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora. Esa unificación, sumada a la posible ampliación de la imputación por administración fraudulenta, coloca a Vallejo ante una acusación que, de prosperar en su totalidad, lo vincularía penalmente no solo como presunto lavador de activos, sino como parte activa del vaciamiento de la institución deportiva.
La audiencia del 26 de mayo será, en ese marco, la primera oportunidad real para que el empresario —cuya madre Graciela Beatriz Vallejo también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención— tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado.
Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
Leé también: Video: un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones
Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.
concejal, La Libertad Avanza, san isidro, Abuso sexual
Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
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Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
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El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
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POLITICA
Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior
Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.
Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.
Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.
Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.
En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.
En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.
“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.
No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.
En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.
Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.
Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.
También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.
Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.
Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.
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