INTERNACIONAL
Empresas salvadoreñas destacan en resultados y calidad comercial, pero mantienen rezagos en innovación y talento
Las compañías de El Salvador sobresalen por sus resultados económicos y por la calidad de su oferta comercial, aunque enfrentan rezagos en brechas en innovación y talento, ética, responsabilidad corporativa, transformación digital y proyección internacional. Ese fue el diagnóstico presentado por José María San Segundo, CEO de Merco, durante la exposición del Ranking Merco Empresas El Salvador 2026.
El análisis recogió las valoraciones de directivos y expertos sobre las 100 empresas mejor evaluadas del país. Merco se define como un monitor de reputación que incorpora diversas miradas sobre las compañías, más allá de los consumidores y de la conversación en redes sociales.
“Tenemos en cuenta a la sociedad, tenemos en cuenta las redes sociales, pero son los otros puntos”, explicó San Segundo al describir la metodología. La consulta a directivos pidió seleccionar diez empresas, sin incluir a la propia organización ni a otras del mismo grupo, e identificar tres fortalezas y una debilidad entre 18 variables.
Calidad comercial y resultados, los atributos mejor valorados
La calidad de la oferta comercial fue la principal fortaleza señalada por los directivos, con 20,5 puntos, seguida por los resultados económico-financieros, con 20,2. También figuraron el talento, con 16,9; la ética y responsabilidad corporativa, con 16,2; la dimensión internacional, con 13,9, y la innovación, con 12,2.
San Segundo resumió el resultado: “Rentables. Empresas que ganan dinero y que tienen competencia”.
El expositor también mencionó la solvencia, el valor de marca y la calidad de productos como factores que apuntalan la reputación de las compañías en El Salvador. Según indicó, esas ventajas se sostienen en el presente, aunque no garantizan su competitividad futura. “Las marcas de hoy y las utilidades de hoy no nos trabajan el mañana”, advirtió.
El perfil reputacional resultante reflejó saldos positivos en resultados económico-financieros, con 9,9 puntos, y calidad de la oferta comercial, con 6. En cambio, innovación alcanzó un saldo negativo de -14,5, el más bajo entre los seis valores evaluados.
La innovación, con 26.8% de las menciones de debilidad
La mayor brecha de las empresas salvadoreñas aparece en la innovación, que concentró 26.8% de las menciones de debilidad. Le siguieron el talento, con 17,4%; la ética y responsabilidad corporativa, con 17,1%; la dimensión internacional, con 14,8%; la calidad de la oferta comercial, con 13,7%, y los resultados económico-financieros, con 10,3%.
“Nos dicen que no han avanzado suficientemente en transformación digital, que les falta avanzar en responsabilidad social y ambiental, y ojo a la calidad laboral y ojo a las inversiones y planes”, afirmó San Segundo.
El director ejecutivo sostuvo que las compañías deben incorporar este factor en su estrategia de gestión. “Tienen que meterse en la innovación en su ADN”, planteó. También alertó que las fortalezas y debilidades se han profundizado con el tiempo: “Las fortalezas son cada vez más fortalezas, cada vez crecen más, y las debilidades cada vez son más debilidades”. Eso, a juicio del experto, debería funcionar al revés y las compañías deberían enfocarse en mejorar sus debilidades.
El Top 10: mejor en rentabilidad, rezagado en innovación
Las diez compañías mejor ubicadas en el ranking registraron mejores resultados económico-financieros, calidad comercial y dimensión internacional que el resto de las empresas evaluadas. El Top 10 alcanzó 12,3 puntos en resultados, frente a 8,2 del resto; 8,1 en calidad de la oferta, contra 5,9, y 1,4 en dimensión internacional, frente a -1,9.
La diferencia se invirtió en innovación y talento. Las empresas líderes obtuvieron -18,7 puntos en innovación y -2,6 en talento, mientras que el resto marcó -11,4 y 1,1, respectivamente.
“Las grandes empresas cuidan mucho menos el talento, las grandes aún son menos innovadoras todavía”, señaló San Segundo. A su juicio, la innovación es un problema tanto en las compañías de mayor tamaño como en el resto del grupo evaluado. Pero también explicó que esto no solo sucede en El Salvador, sino que ocurre en países como España y en ciudades donde están gigantes empresariales como Florida en Estados Unidos.
Qué calificaciones dieron los expertos a las empresas
La evaluación de expertos mostró diferencias según cada grupo consultado. Las instancias de defensa de los derechos de los consumidores otorgaron una valoración de 75,9 puntos sobre 100. Les siguieron los analistas financieros, con 72,9; los catedráticos del área de empresa, con 70,7; y representantes del Gobierno o sector público, con 70,6.
Los periodistas especializados en información económica calificaron a las empresas salvadoreñas con 68,4 puntos, las organizaciones no gubernamentales con 68,1 y las organizaciones del sector laboral dieron 58,6, la nota más baja.
San Segundo consideró que esos resultados exponen la necesidad de fortalecer el vínculo con los grupos de interés para las empresas.
La comparación presentada por Merco con España y el estado de Florida mostró coincidencias en las fortalezas, concentradas en resultados y calidad comercial. El expositor señaló que El Salvador presenta una brecha más amplia en innovación y dimensión internacional.
Bancoagrícola encabezó los rankings de Merco Empresas y Responsabilidad en El Salvador
Bancoagrícola lideró los rankings Merco Empresas y Merco Responsabilidad El Salvador 2026, presentados el 6 de octubre en San Salvador. La entidad repitió el primer puesto entre las compañías con mejor reputación y también quedó al frente de la clasificación de responsabilidad corporativa.
En el ranking de Merco Empresas, La Constancia ocupó el segundo lugar y Grupo Calleja quedó tercero. El top 10 se completó con Holcim, Grupo Poma, BAC, Walmart, Grupo Siman, Nestlé y AES El Salvador.
Además, la clasificación de Merco Responsabilidad, que evalúa variables ambientales, sociales y de gobernanza, ubicó a La Constancia en el segundo puesto y a Holcim en el tercero. Walmart, BAC, Ternova, AES El Salvador, Grupo Poma, Nestlé y Grupo Calleja integraron las siguientes posiciones.
Entre los liderazgos sectoriales figuraron La Constancia en bebidas, Holcim en cementera, Nestlé en alimentación, Grupo Poma en grupos empresariales, Walmart en retail, Ternova en industria, AES El Salvador en energía y gas, y Telus en tecnologías de la información.
Merco indicó que el ranking de reputación se elaboró a partir de 1,294 encuestas y 16 fuentes de información, mientras que el estudio de responsabilidad reunió 1,328 encuestas, con cinco perspectivas de evaluación y 14 fuentes.
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INTERNACIONAL
Florida GOP hopeful on backing Trump in Iran: ‘This is about ending a long war, not starting a war’
For GOP congressional candidate Dan Green, the military confrontation with Iran isn’t the start of a new war — it’s the long-overdue resolution of a conflict that began in 1979.
Drawing on his own military tours in Iraq, the Navy veteran running in Florida’s 9th Congressional District argues that America is finally settling decades-long strife with Tehran, even as he faces a tough domestic battle over inflation, kitchen-table economics and a 10-year Democrat incumbent in the newly redrawn Orlando-based suburban district.
«I think one thing to know about Iran is that they’ve been at war with us since the 1970s, when they seized our embassy in Tehran and they took our Americans hostage. So to me, this is about ending a long war, not starting a war.
«Whether it’s the Marine Corps barracks in the ’80s when Iran bombed those, the Khobar Towers in Saudi Arabia, and also with my tours in Iraq, the Iranians were killing a lot of our soldiers, sailors, airmen and Marines.
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«So, the question is, what’s the butcher’s bill you’re willing to tolerate of dead Americans? And we also know they plotted to kill and assassinate our president.
«So, to me, this has been a long time coming, but I think what we really need to focus on is how do we get a successful termination of this conflict and stability back in the Middle East?»
Green is running in a district that voted for President Donald Trump by a large margin in 2024, yet the Republicans face headwinds as inflation and energy prices remain a persistent preoccupation for voters. Yet, he remains confident in the appeal of the GOP brand, compared to the Democratic alternative.
«I think the Democrats have a huge problem right now. I don’t think they know what they’re really about,» Green said. «As you know, they have a democratic socialist wing that is rising in power throughout their party, and a lot of moderate members are finding they have to make peace with that, or even liberal members as well.»
He continued: «We’ve got a lot of members getting elected now across the country who are democratic socialists who believe in this radical ideology, who want to frankly destroy our Constitution in so many ways: they want to abolish the U.S. Senate, they want to bring back woke ideology, transgender ideology, and higher taxes. So I think in some ways we know what they are going to bring, but it’s not a good future.»
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Florida’s 9th District, like much of the state, contains a large Latino population, which has been pivotal in shifting the state from purple to red. Green argues that while Republicans must appeal to voters on kitchen table economics, ultimately they need to be the party that upholds the rule of law.
«I think Americans of all backgrounds, regardless of race or ethnicity, are concerned about the cost of living these days. What we’ve been campaigning on is making America affordable again,» Green said. «So these kind of kitchen table issues of grocery prices, gas prices, property insurance rates — they resonate irrespective of background, I would say.
«But the cornerstone of our republic is the rule of law, making sure we adhere to it and we follow it. There are ways of being compassionate with how we do that. There are ways of implementing that law more effectively. At the end of the day, we’re either a nation of laws or we aren’t. And so we need to do what’s required to make sure the law is enforced.»
The 9th District, which stretches from Orlando to the south, has a distinctly conservative bent, which Green argues will enable him to compete against the advantages of incumbency.
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«My opponent is an incumbent and sometimes with that come some advantages; name ID, access to greater resources,» Green said. «But I think the district fundamentally is a conservative district and I think even non-party-affiliated members who aren’t Democrat or Republican tend to be conservative.
«So I think we have a lot of great strength in this district for our campaign. I have worked in the military, I can put a plan together, and we’re executing a good campaign plan to take the seat back and flip it from blue to red.»
Finally, Green said he believes Soto’s votes on economic policies will be key to building a contrasting vision for the voters of the 9th District.
«Well, he’s been re-elected from a portion of our district, not the rest of the district. Most of the district has never voted for him or really seen him,» Green said. «To me, you’ve got a decade of not solving our district’s problems.
«He has voted against eliminating taxes on Social Security. He’s voted against eliminating taxes [on] overtime. He’s voted against eliminating tax on tips. To me, when you have the sort of affordability issue right now, those are not the right votes to take for this district. His values are also not aligned with our voters, as well.
«You know, he voted to not prohibit transgender care. He’s also not done anything to stop insider trading for 10 years… and also, frankly, the democratic socialists are taking over the Democratic Party. You know, a vote for him is a vote for them, and I think that’s not what this district wants.»
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Violence tied to Somali-American gangs in the Twin Cities metro erupted in recent days, with law enforcement recovering nearly 100 casings after a gunfight captured on a resident’s surveillance camera — as officials warn they need help to contain the problem before it escalates.
The warning follows a burst of violence across several Twin Cities suburbs — including a Bloomington shootout that left nearly 100 shell casings and another shooting in Eden Prairie — as law enforcement says the incidents have entered a retaliation cycle and officials race to disrupt the groups before the violence evolves into more entrenched drug- and money-driven crime.
«We have the opportunity to fix it,» Ramsey County Sheriff Bob Fletcher said of a surge in Somali gang violence across the Twin Cities — but warned authorities could be facing a much more difficult problem if the groups escalate the resources they use.
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«It’s early. Once they evolve into drugs, we’re in trouble. Once they evolve into money, more money, we are in trouble,» said Fletcher, whose county is anchored by St. Paul and runs along the west bank of the Mississippi River.
Fletcher estimated that about 300 juveniles are involved and said part of the problem lies in the Somali gangs’ relative novelty to local law enforcement and what he characterized as a reluctance to aggressively prosecute offenders across the river in Minneapolis.
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«We need more people focused on this problem. Because 50 kids in this 300 need to go to jail, 25 need to be prosecuted by the feds for RICO and and another 25 need to be prosecuted at the local level. Take 50 of the most active out of the mix, and we will see dramatic changes,» he said.
He ascribed some of the reticence to neighboring Hennepin County Attorney Mary Moriarty, saying she has not been sufficiently «aggressive» in prosecuting such offenders.
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«One of the misconceptions is that somehow when you prosecute people, put them in jail that you’re destituting them to some terrible life. This is how kids get corrected,» he said.
Moriarty’s office pushed back on the assertion, with spokesman Daniel Borgertpoepping saying the neighboring communities are «looking for solutions» and that Moriarty’s prosecutors «communicate daily with law enforcement [and] will participate in any group that moves us toward sustainable public safety.»
«The way we approach prosecution of violent crime is consistent regardless of the race or ethnicity of those involved,» Borgertpoepping said.
Meanwhile, residents across the metro region expressed outrage to local officials over the violence and what they described as a growing threat to public safety.
Jared Scribner, a resident of nearby Edina, criticized officials for calling the issue «gun violence» and demanded they «confront what is happening even when the facts are politically uncomfortable.»
Scribner said violence associated with the gangs erupted at a local homecoming event and at a park.
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«We don’t need more virtue signaling, yard signs, DEI initiatives, or community conversations that lead to nowhere. We need competent government, accountability, and safe neighborhoods,» he said, also blaming Moriarty’s office for «refu[sing]» to properly address the issue.
He also suggested officials have sometimes generalized the ethnicity of those involved, remarking that it «feels more comfortable for some people to say East African. I don’t even know that that’s a fair term, because 98% of these gang members are Somalians.»
In nearby Bloomington, where about 100 casings were recovered from the scene of a late-night firefight that appeared to involve automatic weapons, Police Chief Booker Hodges took a confrontational tack toward the suspects who remained at large — while warning they do not fit the typical stereotype of gang members.
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«They’re coming from two parent homes, living in apartment buildings with $3,500 a month rent, driving Beamers and Mercedes. They’re not dealing with money. There’s no drugs in the house. They’re purchasing legal firearms,» he said.
«To those of you who did this shooting, you know that I know that you know that I that we know who you are. So my suggestion is: you turn yourself in. Let’s stop playing these games with you running around out here doing all this stuff,» Hodges warned — as the violence draws national attention.
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INTERNACIONAL
Cúpula del sector privado recibe las recomendaciones sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso
La Comisión Interministerial sobre la mina presentó ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) las recomendaciones que entregó al presidente José Raúl Mulino para avanzar hacia un cierre ordenado de la operación.
El documento no adopta una decisión ni autoriza medidas concretas. El presidente deberá analizar las propuestas y definir las instrucciones que correspondan, además de establecer los mecanismos de consulta para las acciones que finalmente se resuelvan.
La comisión planteó que el cierre de la mina debe cumplir tres condiciones: una reducción significativa de la huella ambiental, mayores beneficios financieros para Panamá y el cumplimiento de metas verificables antes de avanzar en cada etapa.
La propuesta oficial busca evitar que el Estado panameño asuma el costo del cierre. Los ministros consideran que mantener el lugar sin una solución integral implica riesgos ambientales, por lo que plantearon controles estrictos, transparencia y participación de la ciudadanía en la supervisión del proceso.
El informe reúne estudios técnicos, visitas y diálogo con sectores locales.
Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, explicó que el material presentado contiene estudios y recomendaciones elaboradas por la Comisión Interministerial. También indicó que el texto no representa una determinación definitiva sobre el futuro de la mina.
Según Moltó, el trabajo incluyó visitas al territorio, encuentros con actores locales y aportes de especialistas.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que la formulación de recomendaciones exige preparación técnica y conversaciones basadas en información. Señaló que la comisión mantendrá la disposición de escuchar propuestas y considerar perspectivas adicionales.
Para Chapman, la discusión sobre el cierre de la mina supone una responsabilidad de gran alcance para el país. La definición que adopte el Ejecutivo deberá contemplar los distintos elementos técnicos, ambientales, financieros y sociales involucrados.
La propuesta ambiental incluye un fondo anual de $100 millones
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que el plan ambiental prevé un cierre ordenado y autofinanciable.
Su planteamiento es que los recursos necesarios para cumplir con ese proceso no salgan de las arcas públicas.
Navarro advirtió que la falta de una solución integral para el lugar puede generar riesgos ambientales. Por ese motivo, propuso establecer mecanismos de fiscalización, medidas de transparencia y veeduría ciudadana durante la ejecución de cualquier decisión.
El ministro también detalló la creación de un fideicomiso de $100 millones anuales para conservación, reforestación y restauración ecológica en Panamá. Ese fondo sería adicional a los recursos destinados específicamente al cierre de la mina.
La comisión no fijó una fecha definitiva para completar el proceso.
Señalaron que el plazo dependerá de los modelos técnicos y financieros que se determinen, así como del cumplimiento de los hitos previstos.
El CONEP pidió soluciones que favorezcan al país y a las comunidades
El presidente del gremio empresarial, Raúl Montenegro, consideró positiva la visita de los ministros porque permitió intercambiar criterios sobre el papel que puede desempeñar el sector privado en el crecimiento y el futuro del país.
“Este acercamiento fortalece la escucha activa con todos los sectores que aportan al crecimiento económico”, dijo Montenegro.
Rubén Castillo, miembro del CONEP, sostuvo que la reunión permitió despejar dudas y compartir puntos de vista sobre los aportes que la organización puede realizar en beneficio del Estado.
Castillo expresó su expectativa de que se alcancen soluciones concretas y de que la decisión presidencial contribuya al desarrollo económico y social de Panamá.
Giovanni Fletcher afirmó que considerar las distintas posiciones de la sociedad puede ayudar a encontrar una salida adecuada para el país y para las comunidades vinculadas al área de la mina.
El representante del CONEP también remarcó la necesidad de contar con un modelo de gestión de recursos que permita aplicar de forma efectiva las medidas que se adopten tras la evaluación presidencial.
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