A casi diez meses de la primera revelación de sobre las transferencias de la empresa TourProdEnter, que administró los fondos de la AFA en Miami desde 2021, la Justicia argentina todavía no pudo obtener las pruebas de manera directa. La fiscal de instrucción Silvana Russi, que investiga la supuesta defraudación, insistió esta semana ante la jueza Paula Petazzi para que envíe un exhorto a Estados Unidos. El objetivo es conseguir información societaria y financiera de la firma de Javier Faroni, pero también del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Claudio Toviggino, según consta en el expediente.

El ida y vuelta lleva más de dos semanas. El viernes, la jueza Petazzi le respondió a la fiscal que el pedido no cumple con los requisitos que prevé el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos de 1992. “Resulta necesario contar antes con una descripción de los hechos materia de investigación y con una demostración de cómo la producción de las medidas peticionadas permitiría avanzar en la investigación”, argumentó la jueza. Y agregó que las personas apuntadas, es decir, Tapia, Toviggino y Faroni, se “encuentran dentro de un ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido”.

En medio de los tironeos, los abogados de Faroni aprovecharon para reclamar que se frene un eventual pedido de colaboración a los Estados Unidos. Se suma a otra maniobra en curso que pretende invalidar el contenido de los discoveries otorgados por dos jueces de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni.

La fiscal Russi había pedido el exhorto el 28 de septiembre a través de un escrito que resume la causa por defraudación, el supuesto delito precedente del lavado, y varios de los expedientes conexos donde se investiga a los jerarcas de la AFA. En ese momento, explicó que el objetivo de la medida era obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC, que también recaudó el dinero de los sponsors, y de otras dos empresas.

En realidad, la información sobre las transferencias de TourProdEnter está en el expediente desde el primer día. Son más de 3000 páginas reveladas por el 28 de diciembre pasado. Con el exhorto, la fiscal busca obtener la prueba de manera directa.

En el caso de la empresa de Faroni, la fiscal identificó cinco cuentas que ya habían trascendido (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no se conocían en los siguientes bancos: First Citizens Bank & Trust Co; Wells Fargo Bank, NA; y The Bank of New York Mellon.

Estas tres últimas cuentas se identificaron a partir de transferencias que partieron desde el Bank of America.

En ese primer intento, la fiscal sumó a cuatro personajes clave: Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Sobre ellos, pidió información de cuentas bancarias y sus antecedentes penales en Estados Unidos.

En el caso del presidente de la AFA, Russi destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”.

Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de octubre de 2025. En su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.

En el caso de Faroni, Russi destacó su condición de “cotitular y firmante autorizado de TourProdEnter LLC, junto con Erica Gabriela Gillette”, y su vinculación con la empresa Sports NextGen Ltd, ligada a la compra del club italiano Perugia.

El pedido del exhorto derivó en un ida y vuelta entre la fiscal y la jueza Petazzi, ambas del fuero penal ordinario, en el que también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas, pero lo hizo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

La semana pasada, Velasco explicó que esa información “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por ese motivo, no se puede volcar en el expediente judicial; pero aclaró que está suficientemente justificado el pedido de un exhorto.

Con ese dictamen de la Procelac, Russi insistió este martes para que la jueza active los trámites para el proceso de colaboración. El viernes, la jueza planteó sus reparos. Casi a la misma hora, trascendía la noticia de otro exhorto, en este caso a Suiza, ordenado por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa por enriquecimiento contra Tapia para conocer detalles de tres transferencias por casi US$ 190 mil.

El exhorto a Estados Unidos que reclama la fiscal Russi podría demorar meses. De hecho, en febrero, el juez Luis Armella, que en ese momento tenía una de las causas vinculadas a la AFA, ya había ordenado un exhorto para reclamar información de TourProdEnter y las cuatro sociedades creadas por personas oriundas de Bariloche que recibieron casi US$42 millones: Marmasch, Soagu Services, Velp y Velpasalt. La medida no había trascendido hasta ahora.

¿Qué pasó con ese exhorto? “Por el momento, las autoridades competentes no han dado respuesta al exhorto internacional”, respondió la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, a fines de agosto ante una consulta de su colega Russi. En la Justicia hay pocas noticias sobre el derrotero de ese proceso porque esa causa terminó en Campana. “No se recibió nada hasta ahora”, respondió el viernes una fuente judicial ante una consulta de .

La investigación sobre las transferencias de TourProdEnter, que administró al menos US$300 millones hasta fines de 2025, igualmente avanza con el material que aportaron los discoveries. De hecho, hay dos pericias en trámite ante el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. En una de ellas se analizan los movimientos bancarios de la empresa de Faroni. El resultado de esas pericias puede ser clave para el futuro de las causas a nivel local.

Aunque sus intereses personales se alejan cada vez más, Tapia y Toviggino coinciden en algo: están más preocupados por la investigación en la Corte de Miami.

Los tambores de guerra no suenan, ni por casualidad, como en aquellos convulsionados días de fines de marzo de 1982, cuando el gobierno de facto preparaba la incursión militar que llevaría adelante el 2 de abril de ese año.

Pero el vínculo bilateral entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña atraviesa hoy uno de sus períodos más complicados desde aquella guerra, con la soberanía de las Islas Malvinas como inevitable marco de referencia y la polémica por la explotación de recursos naturales por parte de un consorcio británico-israelí como origen y fuente del actual conflicto.

Luego de la inédita denuncia del gobierno de Javier Milei ante el Tribunal del Mar de Hamburgo contra el proyecto Sea Lion, y la durísima respuesta británica, que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas y la definición de la Argentina como “socio no confiable”, el pronóstico del vínculo, coinciden expertos de distintas líneas políticas, es reservado. La relación tendrá en las próximas semanas varios desafíos importantes, como el inicio formal del comercio marítimo entre Malvinas y la localidad chilena de Punta Arenas.

Aunque desde ambas partes relativizan la posibilidad de una escalada, el fantasma del vínculo con Brasil, una serie de agresiones entre los presidentes que terminaron con el retiro de los embajadores de ambos países, asoma en el horizonte de una relación bilateral que desde 2023, ya con Milei en la Casa Rosada, había comenzado a mejorar de manera acelerada. Hasta que el reclamo de soberanía, expresado por el seleccionado de fútbol luego del partido contra Inglaterra en el Mundial, reavivó el sentimiento nacional y obligó al Gobierno a virar en sus posturas públicas, sin paños fríos que permitan encapsular el conflicto.

“Están tratando de presentarnos como los malos de la película, es su estrategia”, afirmaron desde la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, luego de que trascendieran versiones periodísticas según las cuales el gobierno británico pidió a Interpol que no tome en cuenta eventuales pedidos del Gobierno para penalizar a compañías y empresarios vinculados al proyecto Sea Lion. Una presentación que el Gobierno niega haber hecho, más allá de que el proyecto de defensa de la soberanía nacional, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, incluye duras sanciones para las empresas británicas, y abarca también a todas aquellas que “colaboren” con la logística para que la explotación de los recursos pueda llevarse a cabo.

Para el gobierno del laborista Andy Burnham es exactamente al revés. “Quiero ser absolutamente clara: este Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Argentina ejerce coacción económica contra los habitantes de las islas Malvinas. Haremos todo lo necesario para apoyarlos”, dijo el martes ante el parlamento británico Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar. En ese debate, la funcionaria fue más allá. “Lo que resulta especialmente decepcionante es el descarado intento del presidente Milei de utilizar a los habitantes de las islas Malvinas como una especie de instrumento político de cara a las elecciones que se celebrarán en Argentina el próximo año”, sostuvo Kumaran. Y agregó: “No permitiremos que los habitantes de las islas Malvinas sean utilizados como una herramienta de la política interna argentina”.

Según pudo saber , en Londres cayó mal el tuit del asesor presidencial Santiago Caputo, quien afirmó que la “recuperación” de las Islas Malvinas es urgente, ya que, estimó, “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam”, lo que implica “un riesgo inminente para la causa de Occidente”. Un posteo que fue replicado por el propio Presidente. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, que responde a Caputo, fue justamente la encargada de defender en el Congreso el proyecto de soberanía nacional.

Desde la oposición, el foco está puesto en un cambio de postura que también definen como interesado. “Desde que asumió este gobierno advertimos que su política exterior iba a debilitar la posición argentina sobre Malvinas. La admiración de Milei por (Margaret) Thatcher, las declaraciones de la excanciller Diana Mondino sobre la autodeterminación de los kelpers, la visita del ex primer ministro David Cameron a las islas y el acuerdo Mondino-Lammy fueron funcionales a los intereses británicos”, afirmó a este diario el excanciller Santiago Cafiero. “Se reactivó el proyecto petrolero Sea Lion, que había enfrentado las sanciones de los gobiernos peronistas. Ahora el Gobierno corre desde atrás, agitando la bandera de una soberanía que no supo defender”, agregó el excanciller del gobierno de Alberto Fernández.

Desde el kirchnerismo, pero también desde otros sectores de la oposición, afirman que el Gobierno “ya no tiene margen para moderarse”, y estima que la “sobreactuación” podría tener consecuencias. “Temo que si seguimos inflando el conflicto, el próximo paso sea un llamado a embajadores. Ojalá me equivoque”, afirmó a este diario un experimentado diplomático del peronismo. Luego de que Milei confirmara el recurso ante el Tribunal del Mar, Kumaran citó a dar explicaciones a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Y, días después, el embajador en Buenos Aires, David Cairns, abandonó la cena anual del Cari luego de escuchar a Quirno defender los derechos argentinos contra la “ocupación” del Reino Unido sobre Malvinas.

Desde el Pro, aliado del Gobierno, respaldaron la batería de iniciativas oficiales, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la instalación de una base naval en Ushuaia y el proyecto de ley, que contiene aportes de la secretaría de Relaciones Internacionales del partido, que encabeza Fulvio Pompeo. Menos cómodos, según fuentes partidarias, se percibe a los representantes del partido de Mauricio Macri con los ataques al Islam promovidos por Caputo y sus leales de las Fuerzas del Cielo, y la retórica confrontativa del gobierno libertario.

¿Habrá consecuencias económicas? Según el experto en comercio exterior, Marcelo Elizondo, “las sanciones van a generar impacto en las empresas involucradas en Malvinas y su línea de proveedores”. No obstante, el consultor no cree que la ofensiva del gobierno argentino “afecte los negocios en otras áreas y el comercio bilateral, que ciertamente es muy bajo”. Para Elizondo, “las empresas británicas van a preferir diez veces estar en Vaca Muerta que en Sea Lion”.

En línea con esos argumentos, el secretario de Minería, Luis Lucero, participará la semana que viene en Londres de un seminario de la Cámara Minera (CAEM), en el que estarán representantes de Jujuy y Mendoza, entre otras provincias.

El mes próximo, el barco Danstar chileno prevé zarpar desde Punta Arenas hacia Malvinas. “No tenemos intención de abordar, ni de atacar, todo es por la vía diplomática”, matizó Quirno. Pero el clima se enrareció, y nadie se anima a pronosticar los pasos que siguen.